Apag denuncia el incumplimiento de los plazos de retirada de animales muertos

La organización Apag Extremadura Asaja ha denunciado hoy que las empresas autorizadas para la retirada, transporte y destrucción de los animales muertos en el campo no cumple su cometido ni los plazos fijados, por lo que ha exigido a la Junta que actúe.
En una nota, critica que el sistema es "ineficaz" dado en ocasiones transcurren semanas desde la fecha en la que se da el parte del siniestro hasta la retirada del animal.
Por ello, insta a la Administración regional a obligar a estas empresas a poner los medios necesarios para que el servicio de recogida de animales muertos funcione "con la frecuencia requerida y la eficacia necesaria".
En caso de incumplimiento, propone que se sancione a la empresa operadora o se le retire la autorización, pues "no se puede consentir que estas empresas ganen dinero a costa de los ganaderos sin que estos reciban el servicio contratado".
Debido a esta situación, advierte, los profesionales se arriesgan también a ser sancionados por no cumplir con normativa de sanidad animal y con la normativa aplicable en materia de subproductos de origen animal (Sandach).
Según recuerda, los ganaderos extremeños que contraten pólizas de retirada de cadáveres "MER" tienen la obligación de contratar a una de las distintas empresas operadoras de acuerdo con la relación que suministra Agroseguro.
Estas empresas tienen que cumplir unas condiciones y requisitos técnicos mínimos para realizar la recogida, el transporte y la destrucción o transformación de cadáveres de animales muertos en las explotaciones, recibiendo por sus servicios una contraprestación económica que sufraga el ganadero.
Entre estas condiciones se establece que los días de servicios son de lunes a sábado y con una frecuencia de retiradas de cadáveres que van de las 24 horas a 72 horas desde la recepción del aviso.
Estos plazos, establecidos por resolución general de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, son incumplidos "una y otra vez" por las empresas operadoras "sin que la Consejería de Medio Ambiente haga nada por remediarlo", según denuncia APAG.
Mientras tanto, lamenta, los ganaderos tienen que ver como se pudre el animal muerto en su explotación hasta que el camión de retirada de cadáveres pasa por su explotación.