El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma para ofrecer un marco “jurídico único, moderno y compatible” con la legislación comunitaria.
En la norma se crean nueve Corporaciones de Derecho Público para todos los Consejos Reguladores existentes, los cuales han comunicado su voluntad de acceder a esta fórmula. Uno de ellos es Idiazabal.
Se establece, para todas las DOP o IGP supra-autonómicas “presentes o futuras”, un régimen jurídico idéntico, independientemente del tipo de producto que regulen, ya sean de origen vínico, o de origen agroalimentario no vínico, con unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión.
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