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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió hoy mantener abiertas dos peticiones en defensa del lobo ibérico hasta que no se reciba más información del Gobierno español y de las propias investigaciones de la Eurocámara al respecto.
Las quejas ciudadanas se refieren a la situación de la especie, que lamentan no se proteja adecuadamente, especialmente al norte del río Duero, vulnerando, según las peticiones, varias leyes europeas como la Directiva Habitat.
María Dolores Leirado, en nombre de la asociación Lobo Marley, explicó en la comisión parlamentaria "la necesidad urgente de proteger al lobo ibérico y denunciar las ilegalidades en España contra la especie".
Leirado denunció "falta de interés" de la institución por una causa "que crea graves daños y que van en aumento, como el de las matanzas de lobos".
Su reclamo fue apoyado por los eurodiputados Florent Marcelessi y Xabier Benito (Podemos), que ensalzaron la importancia de una especie emblemática que consideraron puede coexistir con la ganadería extensiva y es además de importancia para la sostenibilidad de sus ecosistemas.

Una veintena de ganaderos y 70 expositores comerciales participan en la décima edición de la Feria de Ganado del Valle de Alcudia, conocida con el nombre de "La Cuerda", que se celebra a partir de esta tarde en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Una de las actividades más destacadas es la celebración la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real de cereal, bovino y ovino, que se reunirá mañana para fijar los precios para el nuevo periodo.
Asimismo, hay una demostración del uso de drones en agricultura y ganadería, demostraciones de esquileo a tijera, herraje de caballos, enjaezamiento de un caballo de picar y pasacalles de caballos.
También se la presentará el libro "Almodóvar del Campo, imágenes y recuerdos" del fotógrafo Juan de Ávila Martínez, habrá festivales folclóricos, visitas guiadas al Museo Palmero y a la muestra "Los quijotes de Almodóvar y Palmero", teatro de calle con la compañía La Cantera Producciones y el espectáculo Tierra de Jauja.
El programa de actividades, que incluye también sesiones de toreo de salón a cargo de Manuel Amador y Rubén Pinar, incluye una novillada picada que se celebrará el sábado, en la que intervendrán los jóvenes espadas Ángel Jiménez, Emilio Bresó y David Salvador, que lidiarán ejemplares de la ganadería de Dolores Rufino.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, ha abogado hoy en Malta por aplicar "un enfoque integrado" para actuar sobre infraestructuras, banda ancha y servicios a la población e incide en la necesidad del relevo generacional, "prioritaria" para España.
Orellana participa en la reunión informal de directores generales de Desarrollo Rural, organizada por la Presidencia maltesa de la Unión Europea los días 23 y 24 de marzo en Malta, para abordar la problemática de los jóvenes , ha informado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un comunicado.
En este marco, se analiza qué medidas se pueden impulsar para frenar el éxodo rural y "hacer que el medio rural sea un lugar atractivo para los jóvenes".
En este sentido, Orellana ha remarcado que este reto "es una cuestión prioritaria para España", dados los elevados índices de despoblamiento y envejecimiento de la población.
Ha abogado por "movilizar todos los instrumentos y fondos europeos disponibles" y, asimismo, la directora entiende que "las medidas que se tomen deben ir mucho más allá de las ayudas de un determinado pilar de la Política Agrícola Común".
Ha manifestado la importancia de ofrecer los servicios a la población de los pueblos porque "el objetivo es aumentar la calidad de vida de los jóvenes en las zonas rurales y que éstas sean lugares donde desempeñar una actividad profesional adecuadamente remunerada, a través de explotaciones competitivas y rentables".
Al mismo tiempo, ha incidido en la innovación, el conocimiento, el asesoramiento y el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación como esenciales para garantizar el relevo generacional.
La directora general apuesta por implantar completos "itinerarios integrales" de acceso a la actividad, para que los jóvenes puedan optar, de una manera sencilla, al conjunto de herramientas y apoyos procedentes de los distintos fondos europeos y nacionales.
A su juicio, el relevo generacional debe ser "uno de los elementos centrales en la configuración de la próxima PAC".
A lo largo de estas jornadas, los 28 Estados miembro debaten acerca de la incidencia del reto demográfico en el futuro de las zonas rurales y sobre cómo la PAC puede contribuir al mantenimiento y la fijación de la población.

Jero Díaz Galán

La dehesa, ese ecosistema único creado por el hombre hace miles de años, se enfrenta en las últimas décadas a la enfermedad de la seca, un mal que puede ponerla en peligro y para el que, treinta años después de que saltaran la primeras alarmas, sigue sin existir "una estrategia clara de control".
Así lo indica, la coordinadora de un proyecto integral para el control de esta enfermedad que provoca el decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques, María del Carmen Rodríguez, representante del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).
Se trata de definir diferentes técnicas de control de la seca en encinas y alcornoques que, manejadas de forma integrada, permitan desarrollar estrategias de prevención y mitigación de los daños que esta enfermedad ocasiona en la dehesa, principalmente en Extremadura y Andalucía.
Aunque las primeras señales de alarma en torno a este mal surgieron en 1987 o 1988, no fue hasta los años 90 cuando se identifica el patógeno causante de la enfermedad, la "phytophthora cinnamomi", un hongo que daña la raíz del árbol y que, "una vez que se ha establecido en el suelo, es muy difícil de erradicar", ha explicado María del Carmen Rodríguez.
Desde entonces, la progresión de la seca ha ido a más. Así, según el Observatorio de La Dehesa de la Junta de Extremadura, mientras en el año 2000 se contabilizaron en la región 450 focos con síntomas de decaimiento o seca, actualmente existen más de 5.000 focos.
Además, se estima que el ritmo de crecimiento anual de la enfermedad en la región puede estar en torno al 0,16 por ciento, lo que "no es ninguna broma", según Rodríguez.
La investigadora de Citycex se niega a utilizar términos como "cáncer de la dehesa" por el miedo o la alarma que pueden generar, pero reconoce que, si la seca no se mitiga o controla de alguna forma, sí puede suponer un peligro para este ecosistema.
De hecho, también reconoce que los propietarios de fincas afectadas por la enfermedad "están muy preocupados", porque "agobia mucho el encontrarte con que esto va avanzando y que en un tiempo se te van 50 o 100 hectáreas de una dehesa".
En las investigaciones sobre la seca, en las que Extremadura es líder, hay todavía muchas incógnitas, aunque ya se sabe, según María del Carmen Rodríguez, que "hay factores que están asociados y que están favoreciendo el daño", entre los que se encuentran "el envejecimiento de la dehesa, la falta de regeneración, factores de gestión y de manejo".
Ello va asociado "a episodios de sequía quizás un poco más prolongadas o más frecuentes que en otras ocasiones, seguidas de episodios de lluvias fuertes".
En este proyecto trabajan 24 investigadores de distintos ámbitos pertenecientes a este centro y al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Andalucía, así como de las universidades de Extremadura y Córdoba y la empresa Tragsa.
Se aborda así el problema de forma multidisciplinar por parte de fitopatólogos, biotecnólogos o expertos en producción forestal o mejora vegetal, con un presupuesto de 496.000 euros, financiados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Rodríguez considera que la seca es "un problema tan complejo que no va tener una solución única" y reconoce que hasta el momento lo único que han podido hacer es recomendar medidas para que no haya dispersión del patógeno.
En ese sentido, ha manifestado que los productos químicos que se han podido probar consiguen una rehabilitación del árbol, pero no una eliminación de la infección y se ha mostrado convencida de que "no va a haber una producto mágico que controle la enfermedad".
Por ello, ha explicado que las investigaciones se centran ahora en "programas para seleccionar material de encina y alcornoque resistente o tolerante a la enfermedad, junto con la búsqueda de otras especies que pueden ser acompañantes y puedan actuar como barrera que impida la propagación, al ser especies resistentes".
Rodríguez explica que trabajan concretamente con pino silvestre, higuera, acebuche y algarrobo para intercalar estas especies en la dehesa como barrera que impida la dispersión de la seca.
A pesar de la complejidad del problema, dice ser optimista y se muestra convencida de que, "si esto se aborda de forma conjunta, como se está haciendo, con investigadores especializados en distintas áreas, en contacto con los propietarios y con los gestores, sí se pueden poner a punto medidas que de alguna manera nos permitan convivir con la enfermedad".
En ese sentido, Carmen Rodríguez aboga por asumir que tanto en la dehesa como en los sistemas agrícolas hay determinados patógenos que están establecidos y son difíciles de erradicar, por lo que se trata de "ver cómo podemos convivir con esto de manera que nuestra producción no descienda o se mantenga en unos niveles sostenibles". 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Ortiz, ha anunciado que "estamos ultimando el decreto de Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (Reafa) en el que se integrará el de titularidad compartida". El decreto, cuyo plazo de consulta pública previa acabó el 3 de marzo, se encuentra en fase de tramitación "muy avanzada", según Ortiz. Durante su intervención en el Parlamento, ha recordado la necesidad de avanzar desde la bases para lograr una igualdad real y efectiva, sin trabas, eliminando las diferentes condiciones ideológicas, educacionales, culturales y productivas que afectan a hombres y mujeres.

En este sentido, la consejera ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ponga en marcha medidas fiscales que hagan "atractiva" la Ley de Titularidad Compartida y facilite a las mujeres el acceso real a la cotitularidad de las tierras. Ortiz ha aclarado que el registro será el instrumento que proporcione respaldo jurídico a las mujeres que deseen acceder a la cotitularidad o formalizar la función que ya vienen desempeñando sin el justo reconocimiento, pero debe ir acompañado de incentivos que favorezcan el reconocimiento de la participación de la mujer en la actividad agraria, consiguiendo que compense la inscripción en el mismo. Carmen Ortiz ha puesto como ejemplo que en la actualidad la solicitud de la titularidad compartida de una explotación conlleva la duplicidad del pago de ciertos impuestos.

Por ello, la representante del Gobierno andaluz ha recalcado la importancia de complementar herramientas como este registro con otras actuaciones como las que enmarca el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agraria y Pesquera aprobado en enero en Consejo de Gobierno. Entre otras, incluye la priorización, por ejemplo, en las líneas de ayudas de la Consejería a las mujeres inscritas en el registro.

La consejera destacó también el peso del sector agrario andaluz, "el más potente de España" al concentrar la cuarta parte del valor de la producción agraria y un tercio de la renta agraria nacional. Ortiz ha puesto en valor también el aumento de un 7,1% de este último índice en Andalucía en 2016 con respecto a 2015, alcanzando el pasado año los 8.800 millones de euros de renta.

 

Extremadura recurrirá ante el Tribunal Supremo la multa 79 millones de euros relativa a la cuantificación de la superficie de pastos que conllevan ayudas de la Unión Europea, según ha anunciado hoy la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal
La Comisión Europea impone la multa al Estado español, que la ha derivado a las comunidades autónomas, Andalucía, Castilla la Mancha y Castilla y León, además de Extremadura, ha señalado a pregunta de los periodistas
"Extremadura va a pelear esta sanción como ya lo hizo con la anterior", ha aseverado la consejera.
En esta ocasión se refiere a las campañas de la Política Agraria Común (PAC) de 2010, 2011, 2012 y 2013 en relación con la cuantificación de la superficie de pastos.
Pero el Ministerio de Agricultura ya derivó otra sanción a la Junta de Extremadura de 10 millones respecto a los años 2007 y 2008, ha precisado la consejera.
"Consideramos que debe ser el Reino de España quien pague la sanción porque, además, es a él a quien Europa pone la multa y luego ellos la derivan a las comunidades autónomas", ha subrayado.
Además del recurso ante el Tribunal Supremo, la Junta, ha indicado García Bernal, ha presentado ante el Ministerio y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo una modificación para el futuro de la PAC en la dehesa.
A su juicio, el problema está en que según los reglamentos de la Unión Europea y la aplicación que ha hecho el Estado, "no han contado los pastos de debajo de las encinas, cuando allí pastan todos los animales de la dehesa".
"Nos equiparan a un bosque nórdico y no tenemos nada que ver", ha concluido la titular de Agricultura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy nueve resoluciones en las que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) precisa la multa que corresponde a nueve comunidades autónomas a propósito del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La cuantía de la multa comunitaria, que asciende a un total de 262,8 millones de euros, la asumirán las comunidades autónomas, según el acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero.
La multa más abultada corresponde a Extremadura (79.740.309,96), seguida de la de Andalucía (69.509.696,47 euros), Castilla y León (58.030.003,90), Castilla-La Mancha (33.160.317,06), Comunidad Valenciana (4.958.450,97), Cantabria (6.417.977,68), Asturias (2.338.442,36), Aragón (441.099,01) e Islas Baleares (204.604,30).
La sanción se refiere a los pagos de las ayudas de pastos del periodo 2010/14 y se debe a que la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada.

Este programa operativo impulsado por la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Terraprima, Gestiona Global y la Universidad de Extremadura, aporta soluciones innovadoras para el mejor aprovechamiento del agua de lluvia como adaptación al cambio climático con un destacado impacto en la economía.

Según ha señalado el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas, Raúl Cabello Bravo, en la presentación oficial de este grupo operativo en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura lo que se pretende es dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el sector agroganadero como es la adaptación al nuevo escenario de escasez de lluvias y concentración e intensidad de las pluviometrías en cortos espacios de tiempo.

Según Cabello es primordial adaptarse a este novedoso escenario, de manera que se aproveche y explote adecuadamente el recurso hídrico, siendo necesario implementar soluciones técnicas que permitan una mejor recogida, almacenamiento y gestión del agua de lluvia de manera segura, teniendo en cuenta además factores de carácter sanitario. El principal objetivo del proyecto es el desarrollo y testeo de sistemas innovadores para una recogida, almacenamiento y aprovechamiento eficientes del agua en el campo extremeño, sistemas que además eviten o reduzcan una evaporación del agua embalsada tan alta como se está dando en los últimos períodos estivales por el aumento de temperaturas, contribuyendo a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades entre la ganadería extensiva y la fauna salvaje, aspecto de destacada importancia a nivel sectorial, ha manifestado.

Por su parte la Presidenta de Terraprima, Silvia de Aguirre Prieto, señalaba que el proyecto pretende construir dos sistemas novedosos como es un aljibe inteligente low cost, basado en una bomba alimentada por placas solares hasta bebedero “inteligente, y un sistema de retardo de la evaporación de charcas usando residuos del corcho, para un mejor aprovechamiento y gestión del agua en las distintas fincas, detectándose y seleccionándose posibles soluciones que están dando frutos en otros países del mundo y que podrían ser adoptadas en la región extremeña. Debido a las importantes consecuencias que el cambio climático está teniendo en el sector agroganadero extremeño, este conjunto de sistemas innovadores para el mejor aprovechamiento del agua de lluvia tendrá un gran impacto en la economía. Es por tanto clave emplear medidas innovadoras y de bajo coste para absorber perturbaciones tan alarmantes como son la escasez de lluvias y el incremento de temperaturas en las explotaciones ganaderas, que además suponga una mejora en términos sanitarios, así como una mayor eficiencia y seguridad en el suministro de un recurso tan imprescindible y valioso como es el agua, empleando el modelo “Cradle to Cradle” para el ecosistema de la dehesa., basado en la aplicación de técnicas y métodos con soluciones mejoradas y saludables para el conjunto de la sociedad, concluía.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho sobre la decisión del Ejecutivo central de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos, que "si Rajoy lo hizo mal, que lo pague Rajoy".
Durante su intervención este sábado en el acto de entrega de los premios Clara Campoamor que concede anualmente el PSOE, Díaz ha asegurado que los andaluces no van a pagar esa multa, para "que lo sepa" el presidente del Ejecutivo.
Ha argumentado que el Gobierno central puso unas condiciones para que los agricultores pudieran acceder a las ayudas a zonas de pasto y "se equivocó", lo que ha supuesto una multa de más de 200 millones de euros de la Comisión Europea.
"En vez de reconocer que se equivocaron, nos han dado tres días para que los gobiernos autonómicos paguemos nuestra parte de lo que a ellos les han multado y les exigen a Andalucía 67 millones de euros", ha señalado.
"Cuando un político actúa mal, que se haga cargo, que se responsabilice y que dé la cara", ha declarado Díaz, tras asegurar que la comunidad no pagará dicha multa.
El Gobierno andaluz acordó el pasado lunes recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Gobierno central de desviar a las comunidades la multa de 262,8 millones de euros que impuso la Comisión Europea.
La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal "de forma tardía e inadecuada" el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso, según explicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
Junto con Andalucía, las principales comunidades afectadas son Extremadura, que tendría que devolver 79,6 millones de euros; Castilla y León (57,6 millones), y Castilla-La Mancha (32,1).

Este programa cuenta como agentes de innovación con la Universidad de Extremadura y Gestiona Global y será presentado mañana martes a las 09:00 horas en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Badajoz), en unas jornadas del grupo sobre Agricultura, Biodiversidad y Resiliencia en el sector agrario y ganadero.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha resuelto la primera convocatoria a la creación y funcionamiento de grupos operativos en el marco de la innovación en los sectores agrario y forestal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo seleccionados 32 grupos operativos que pasarán a formar parte de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola. Uno de estos grupos seleccionado es el proyecto “Agricultura Convergente y Resiliente” cuyo núcleo central tiene su base en una problemática común al ámbito cinegético y el ecosistema de la dehesa donde coexisten multitud de especies y fauna, como es el deterioro de la biodiversidad como consecuencia de una explotación escasamente sostenible del recurso agroganadero en la región extremeña. La idea del proyecto es la identificación, promoción e implementación de buenas prácticas agroganaderas innovadoras para una mejor conservación de de la biodiversidad en los ecosistemas, mejorando el estado de ésta en ecosistemas que integran aprovechamiento cinegético, agroganadero u otros sectores afectados como puede ser el turismo de naturaleza.

Implementación de buenas prácticas agroganaderas y cinegéticas para mejorar la biodiversidad de la fauna menor en Extremadura.

En Extremadura, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones de Europa, los aprovechamientos agroganaderos en extensivo se desarrollan en un territorio muy bien conservado desde el punto de vista agroambiental, gracias a los usos tradicionales del suelo para la explotación de los recursos naturales del mismo (agrosilvicultura). Así, se encuentran grandes extensiones de terreno que, además de producir materias primas agrícolas o ganaderas de excelente calidad, también producen otro tipo de recursos aprovechables de forma directa como son los relacionados con la fauna salvaje asociada al mismo (especies de caza). Íntimamente ligado a esta fauna cinegética y a este paisaje agrosilvícola se encuentran otros grupos de animales (como por ejemplo especies esteparias, carnívoros, etc.) que poseen una gran diversidad y valores ecológicos que también pueden ser objeto de aprovechamiento indirecto, mediante el turismo de observación o de naturaleza.

En muchas ocasiones esa mezcla de recursos y aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, turísticos y medioambientales, entra en conflicto de intereses por la falta de acuerdo entre los diferentes titulares de los aprovechamientos, al compartir la custodia de un mismo territorio, es por ello que este proyecto denominado “Agricultura Convergente y Resiliente” pretende demostrar que las medidas implementadas acordadas entre las partes para los distintos aprovechamientos, en este caso, agricultura, ganadería, caza (como aprovechamiento forestal no maderable) y conservación, pueden aportar mayores beneficios al colaborar en la gestión conjunta de un mismo territorio, respecto a la gestión independiente que actualmente se viene realizando. Como consecuencia de estas actuaciones, la calidad del hábitat agrícola aumentará, haciéndolo también la capacidad de carga del medio y, por tanto, la biodiversidad. La metodología de actuación de este proyecto incluye un importante número de buenas prácticas para la sostenibilidad en la explotación agraria y ganadera del terreno con respecto a la fauna salvaje, así como para la resiliencia ante el cambio climático y buenas prácticas cinegéticas para fomentar la biodiversidad.

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