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El sistema tiene por objetivo fomentar y compensar económicamente las prácticas de las explotaciones agrarias que más benefician a la sociedad

Los investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Tamara Rodríguez y Alberto Bernués, y la investigadora de la Universidad de Zaragoza, Ana María Olaizola, han desarrollado un sistema de pagos por servicios de los ecosistemas que permite reconocer económicamente a los agricultores y ganaderos su contribución objetiva a la provisión de servicios ambientales a la sociedad. Este diseño del sistema de pagos por servicios ambientales y los resultados aplicados a la agricultura y ganadería mediterránea han sido publicados en la revista científica Ecosystem Services.

Este novedoso sistema de pagos por servicios de los ecosistemas está basado en evidencias científicas, es completamente operativo y fácil de usar a través de una hoja de cálculo. Su diseño es genérico y por tanto adaptable a diferentes sistemas agrarios y objetivos ambientales. Asimismo, recoge las opiniones de diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo sostenible de la actividad agraria. Por todo ello, su incorporación podría aumentar la legitimidad de la futura PAC, siguiendo el criterio de asignar “dinero público para servicios públicos”.

En el sistema de pagos, los investigadores cuantifican los beneficios de las distintas prácticas agrarias de las explotaciones sobre el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la captura de carbono, y la provisión de alimentos de calidad. En la segunda etapa, se asigna el presupuesto disponible a dichas prácticas agrarias de acuerdo a la política establecida (p. ej. minimizar el riesgo de incendios, favorecer la conservación de las especies silvestres de interés, etc.). Para que los pagos sean efectivos, deben acompañarse de un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, en explotaciones de ovino y mixtas ovino-cultivos de Aragón, el sistema reveló que el pastoreo adaptado a la capacidad de carga del ecosistema y la gestión de la vegetación semi-natural son fundamentales para la prevención de incendios forestales, entre otros servicios ambientales.

La sostenibilidad de la agricultura y la ganadería se han convertido en un tema central en el debate público y científico. El sistema de producción de alimentos es hoy día uno de los principales contribuyentes a la degradación del medio ambiente (contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.). Sin embargo, determinados sistemas de producción y sus prácticas agrarias pueden proporcionar beneficios ambientales a la sociedad conocidos como servicios de los ecosistemas (p. ej. prevenir incendios forestales o secuestrar carbono en los suelos, entre otros). La mayoría de estos servicios se consideran de carácter “público”. Los mercados convencionales no son adecuados para su gestión y, por lo tanto, los agricultores no tienen incentivos para proporcionarlos.

Las políticas públicas, como la PAC, deberían corregir estos fallos del mercado; sin embargo, su efectividad está fuertemente cuestionada: la legitimidad de los pagos directos (ausencia de requisitos de producción, falta de objetivos sociales claros o distribución desigual entre beneficiarios), la necesidad de mejorar el greening o “pago verde” y la escasa eficiencia de las medidas agroambientales. En este contexto, tanto los agricultores y ganaderos como los responsables de las políticas necesitan herramientas para establecer objetivos ambientales concretos y una distribución justa de las subvenciones a las explotaciones agrarias.

 

Foto 4 El Fornazo webLos bajos precios de la leche, la importación de lechazos, la falta de clarificación en la identificación y el nulo relevo generacional están sentenciando a muerte a una de las principales razas autóctonas de Castilla y León, la churra, una raza que marca la diferencia en calidad y pierde atractivo en rentabilidad.

Tanto, que en el último año se han quedado en el camino 26 explotaciones de raza churra asociadas a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra ANCHE, en la que está inscrita el 45% de la cabaña churra de Castilla y León, comunidad en la que pace casi el cien por cien de esta raza ovina, una de las más primitivas de la Península Ibérica.

Las cifras facilitadas por esta asociación son sangrantes: ANCHE contaba con 367 ganaderías de raza churra inscritas en Castilla y León en 2010, una cifra que ha ido bajando progresivamente año tras año hasta quedarse justo en la mitad en 2017, con 184 explotaciones, y rebasar ese umbral en 2018 con tan solo 159 ganaderías.

El descenso en el número de cabezas también da que pensar. Del millón y medio de ovejas churras que había en Castilla y León hace quince años a las 360.000 actuales, 162.084 inscritas en ANCHE.

Con todo, la churra es la raza de ovino más importante de Castilla y León, tanto por la cantidad como por la calidad y sin embargo su caída al vacío parece imparable, porque "la sangría" que se está produciendo en el ovino en general se acentúa aun más en las razas autóctonas como la churra.

"No hemos tocado fondo, pero llevamos camino, porque la caída es constante y la raza podría llegar a desaparecer", asegura a EFE el presidente de ANCHE, Mariano Paramio, que además es ganadero de churra en Villerías de Campos (Palencia) y elabora quesos con la leche de sus ovejas.

La explicación es sencilla: "la fabricas de leche pagan por cantidad y no por calidad" y la churra es una raza que produce menos cantidad de leche (las razas foráneas cuatriplican la producción de las autóctonas) pero de una gran calidad, explica Paramio.

Esta forma "poco racional" de trazar las líneas del mercado ha derivado en un exceso de producción que la industria no puede absorber y este "exceso de leche" lo pagan las razas que menos cantidad de leche producen aunque sea de una calidad muy superior.

"Queremos que se valore la calidad de la leche para estabilizar la producción y garantizar la supervivencia de la raza churra", resume Paramio.

Es más, considera que esa incapacidad para valorar la calidad de la leche y la carne de esta raza puede llegar a provocar la desaparición de la oveja churra, a pesar de todo el potencial que tiene.Foto 02-04-14

Además, esta falta de atractivo redunda en el nulo relevo generacional ya que las autóctonas, como la churra, se consideran "equivocadamente" menos rentables porque dan menos leche, aunque a la larga, la producción de leche en la churra es más estable a lo largo del año y la vida útil de cada animal más larga, con lo que "las diferencias no son tan grandes en rentabilidad, pero son abismales en la calidad", insiste Paramio.

Lo del lechazo ya es otro cantar. El churro es un producto de una calidad extraordinaria, capaz de seducir al consumidor pero incapaz de convencerlo de que la diferencia se paga.

En este sentido los ganaderos reconocen que su asignatura pendiente pasa por conquistar al consumidor, que conozca y reconozca la diferencia, que identifique al ganadero, al comercio y al restaurante que tiene lechazo churro, y que lo demande.

"Si el consumidor demanda el lechazo churro, el productor tendrá que cubrir esa oferta", explica Paramio, advirtiendo que actualmente el churro solo supone entre el 15 y el 20 por ciento de los lechazos que hay en el mercado.

Pero además, en la lucha para hacer más atractiva la churra al productor y al consumidor se abre otro frente: el de la importación de lechazos que indebidamente se cuelgan la vitola de Tierra de Sabor, aumentando así la confusión y el riesgo de pagar gato por liebre.

En este escenario ANCHE trabaja desde 1973 para sostener y garantizar la continuidad de la cabaña churra, por la calidad de su carne y de su leche, pero también porque su desaparición supondría la pérdida de una parte importante del patrimonio de Castilla y León. EFE

 

El Departamento de Agricultura de Cataluña hizo ayer efectivo el pago de los importes correspondientes a la campaña 2018 de la ayuda de mejora y fomento de prados y pastos naturales en zonas de montaña y la ayuda de mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la biodiversidad.
Según ha informado hoy este departamento, el importe total del pago en relación con la ayuda del fomento de prados y pastos naturales es de 43.541,68 euros a 47 beneficiarios de 10 comarcas y tiene un impacto sobre 2.117 hectáreas.
Por su parte, la bonificación para la mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la diversidad es de 39.076,40 euros, y se ha hecho efectivo a 18 beneficiarios de 7 comarcas, con un impacto sobre 540 hectáreas.
El objetivo de las ayudas es fomentar la introducción o continuación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección y mejora del medioambiente.
Asimismo, también se pretende fomentar la conservación del paisaje y sus características, recursos naturales, la tierra y la diversidad genética, con el fin de conseguir los objetivos comunitarios en materia de agricultura y medio ambiente.
Estas ayudas, con compromisos a cinco años vista, se enmarcan dentro del PDR.cat2020, y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Investigadores de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de Universidad de Vic (UVic-UCC) han puesto en marcha un proyecto para identificar cómo se adaptan al cambio climático las personas que se dedican a la ganadería extensiva en España.
La iniciativa la llevan a cabo la directora de la Cátedra, Marta Rivera, y los investigadores Marina Di Masso, Elisa Oteros y Feliu López, así como Elsa Valera, del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (Creda-UPC-IRTA).
El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que trabaja para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, actuar ante el cambio climático e impulsar la economía verde.
El estudio parte de la evidencia de que la ganadería extensiva en el Mediterráneo es "un sector marginado, a menudo tachado de obsoleto, que ve su viabilidad muy amenazada, pero que a la vez muestra una gran capacidad de adaptación", explica Marta Rivera.
Un ejemplo sería la utilización de recursos que de otro modo no se utilizarían, como las zonas de pasto de montaña que, según Feliu López, "contribuyen a la conservación del paisaje, su biodiversidad y la identidad cultural, y ayudan a controlar los incendios forestales, regular los ciclos del agua y la calidad del suelo".
También es una muestra la generación de "productos alimenticios locales con tradición cultural, de gran calidad y más saludables, que cada vez son más apreciados".
Por ejemplo, apunta López, "cada vez hay más evidencias que apuntan a que la carne de animales de pasto es más cardiosaludable".
Los investigadores trabajarán hasta junio de 2019 para profundizar en el análisis de estas y otras estrategias de adaptación al cambio climático que, según López, "se basan en el conocimiento tradicional" de los ganaderos extensivos.
"El estudio aportará una mirada social a la realidad de este colectivo en un contexto de cambio global e identificará las principales fuerzas de cambio de este sector en toda España, con especial atención a la zona del Mediterráneo donde las proyecciones de cambio climático son muy preocupantes", ha especificado Rivera.
La base del estudio serán las entrevistas que se harán a informantes clave de toda España, como técnicos de asociaciones ganaderas y de la administración pública, así como a los propios ganaderos.
El análisis de estas entrevistas, junto con una revisión de la bibliografía previa, permitirán obtener unas conclusiones que se presentarán en el marco de unas jornadas organizadas en el marco del proyecto para la Oficina Española del Cambio Climático.

DEHESA ASOCIACION

La Federación Española de la Dehesa celebra la sentencia europea tras años de trabajo y lucha por un trato justo para la Dehesa.

* La Unión Europea reconoce la singularidad de la Dehesa con una histórica sentencia que anula una sanción de 263 millones a España.

* La Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) y el conjunto de sus organizaciones y entidades han celebrado la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, que reconoce la singularidad de la dehesa y anula la sanción impuesta a España por supuestas irregularidades en pagos por ayudas a la Dehesa, cantidad que el Gobierno de España había repercutido en once comunidades autónomas.

La Presidenta de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), María Pía Sánchez, ha mostrado su satisfacción con esta decisión judicial europea señalando el inmenso trabajo y lucha incansable de la federación y de todas sus entidades asociadas para lograr un trato justo para la dehesa, fruto de esfuerzos compartidos. “Un reconocimiento claro, incluso a nivel judicial, de la singularidad de la dehesa y de la necesidad de que este ecosistema sea reconocido y tratado de manera diferencial en la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que está en marcha”, ha señalado. “Es una gran noticia para este ecosistema que es modelo de desarrollo sostenible para España”, añadía Sánchez en declaraciones a los medios. Esta decisión judicial tiene lugar tras el recurso de anulación que en su día presentó España, a instancias,

entre otros, de la Junta de Extremadura y de Fedehesa, contra la decisión de la Comisión Europea de excluir de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados con cargo a los fondos FEADER y FEAGA, y que afecta a las superficies de pastos permanentes declaradas en las campañas 2009 a 2013. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea publicaba hace unos días una sentencia que estima parcialmente la demanda que España interpuso contra la decisión de la Comisión Europea de aplicar una importante corrección financiera en relación con la admisibilidad de las superficies de pastos declaradas en el marco de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC 2009-2013). Esta corrección ascendía a más de 260 millones de euros para dicho período y penalizaba especialmente a las superficies de pasto arbustivo y a las superficies de pasto arbolado declaradas en España para el cobro de las ayudas de la PAC.

En concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos tipos de superficie, como es la superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma. Para el Tribunal ha quedado demostrado que su admisibilidad como superficie para el uso ganadero es superior a la de otros tipos de pasto arbolado, por lo que en ningún caso debería recibir una corrección de esa magnitud. Por otro lado, la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie, en cuyo caso la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los pagos ejecutados en dicha superficie, considerando el Tribunal que dicho cálculo no se ajusta a Derecho.

De esta forma, la decisión del Tribunal supone una reducción de la corrección financiera inicial, así como un reconocimiento a las superficies de los pastos arbustivos y arbolados mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son utilizados por los productores en sus explotaciones de ganadería extensiva en todo el territorio nacional. Desde España siempre se ha considerado que la citada corrección era desproporcionada y que no se estaba teniendo en cuenta el importante valor ambiental y forrajero de los pastos arbustivos mediterráneos, cuyo uso se estaba penalizando. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó una demanda para impugnar dicha sanción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El importe más elevado correspondía a la comunidad autónoma de Extremadura

De los 263 millones de euros de sanción impuesta al conjunto de España, el suroeste (Extremadura y Andalucía) era el más perjudicado con un 55% del importe total, correspondiendo casi un total de 80 millones a Extremadura, siendo el mayor importe del reparto entre once regiones debido a los 1,7 millones de hectáreas de dehesa afectadas en el territorio extremeño. En este sentido, el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Raúl Cabello, ha calificado esta decisión europea de “sensata, justa y positiva para el conjunto de sectores que en este ecosistema conviven, puesto que supone un avance en el reconocimiento real de un patrimonio español como es la Dehesa, cuya singularidad y complejidad debe estar presente en la normativa europea a través de un respaldo específico y un trato diferencial, favoreciendo su preservación y conservación de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria”. A su vez ha destacado la importancia de la Dehesa para Extremadura, puesto “que este ecosistema agrosilvopastoral y ganadero es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, siendo sustento de numerosos pueblos y comarcas, generando empleo y riqueza, y en definitiva, actuando como anclaje para el mantenimiento del medio rural”, concluía Cabello.

El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará mañana un pago de 2,8 millones de euros en ayudas a la mejora de explotaciones agrarias y, antes de que finalice 2018, prevé haber abonado 13 millones de euros para tal fin.
Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de los planes de mejora de explotaciones agrarias que, presentado por el grupo popular, se ha celebrado hoy en el pleno del Parlamento autonómico.
Un debate que ha finalizado con el rechazo de las Cortes de Castilla-La Mancha a la propuesta de resolución del PP de instar al Gobierno regional a cumplir los compromisos de pago establecidos en las convocatorias de 2016 y 2018 para las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
También proponía establecer un calendario de pago y garantizar presupuesto en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para abonar las ayudas resueltas positivamente.
Martínez Arroyo ha explicado que estas subvenciones se abonan una vez que los profesionales han hecho la inversión y han solicitado la certificación correspondiente y ha aseverado que "se va a pagar todo", a medida que los agricultores y ganaderos vayan pidiendo dichas certificaciones.
El consejero ha adelantado que mañana se va a hacer un pago de 2,8 millones de euros para la mejora de explotaciones agroganaderas y ha añadido que antes de que acabe el año se habrán abonado, previsiblemente, 13 millones de euros.
Asimismo, ha negado que haya "insuficiencia presupuestaria" -como ha asegurado el PP- para hacer frente a los compromisos del PDR y ha señalado que, a diferencia de lo que ocurría en la anterior legislatura, ahora los jóvenes reciben 27.000 euros "directamente" para su incorporación al sector sin tener que hacer una inversión previa.
Ha añadido que se han abonado 19,5 millones de euros de la convocatoria de 2016 a todos los jóvenes y que no hay "ni uno solo que no haya cobrado las ayudas".
Martínez Arroyo ha detallado que en la convocatoria de 2016 se aprobaron 1.218 solicitudes de ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos y 2.140 de planes de mejora.
Y ha agregado que en la primera línea se van a invertir 36 millones de euros y, en el segundo caso, 71 millones, lo que supone, ha dicho, "tres veces más" que en la legislatura del PP.
De igual modo, ha recordado que en 2018 se ha sacado una segunda convocatoria para la que se han recibido 3.128 solicitudes de mejora de explotaciones y 1.650 de jóvenes, que tienen de plazo hasta mayo de 2019 y junio de 2019, respectivamente, para justificar sus inversiones.
Sin embargo, la parlamentaria del PP Lola Merino ha criticado que, a día de hoy, el Gobierno regional tenga a los agricultores y ganaderos esperando para cobrar los 71 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2016, al tiempo que ha considerado "imposible" que abone los más de 42 millones de la convocatoria de 2018 porque, como ha advertido, "no tiene dinero".
Por su parte, el diputado socialista Emilio Sáez ha afirmado que los 'populares' "no están en disposición de criticar" el volumen de pago de planes de mejora, dado que éste ha sido 5,5 veces superior al del anterior mandato.
Además, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha achacado el hecho de que aún no se hayan pagado estas ayudas a "una razón administrativa", ya que el plazo de solicitudes ha estado abierto hasta el 12 de noviembre y "no ha dado tiempo a justificarlas", a la vez que ha pedido explicaciones de por qué el año pasado el presupuesto abonado fue de "cero euros", según los datos de los que dispone.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado una tasa de reembolso de la disciplina financiera del 1,37 % para devolver a agricultores y ganaderos españoles, a partir del 1 de diciembre, 56 millones de euros deducidos de los pagos directos para la reserva de crisis agrícola, que no ha sido utilizada al completo.
El FEGA ha calculado dicho coeficiente tras la publicación ayer del Reglamento de Ejecución 2018/1848 de la Comisión, que fija el techo de los importes de los créditos que serán prorrogados del ejercicio financiero 2018 en 56.644.658 euros para España, 444 millones para el conjunto de los agricultores y ganaderos europeos.
El coeficiente provisional de reembolso establecido por el FEGA se aplicará a los pagos superiores a 2.000 euros para los beneficiarios sujetos a la reducción de la disciplina financiera en el ejercicio financiero 2019.
La Comisión Europea (CE), a propósito del reglamento comunitario publicado ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), precisaba en un comunicado que "a pesar de que el sector agrícola y ganadero enfrentó situaciones críticas este año, como el clima extremo durante el verano, no ha sido necesario utilizar la reserva de crisis en 2018".
La CE detalla que con el presupuesto disponible de la Política Agrícola Común (PAC) se han financiado medidas de apoyo adicionales tomadas para enfrentar la difícil situación del mercado en ciertos sectores, como las frutas y hortalizas, lácteos y enfermedades animales.
"Los daños causados por las condiciones climáticas adversas durante esta primavera y verano han sido abordados por otras medidas disponibles para ayudar a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias", añade.
La decisión implica que los Estados miembros pueden reembolsar a los agricultores los montos deducidos de los pagos directos de este año a partir del 1 de diciembre.
Este sistema de reembolso de pagos y de reserva de crisis fue implantado en 2013, en la última reforma de la PAC, y se aplica a todos los Estados comunitarios excepto Croacia, el último país en adherirse al a UE, en ese mismo año, debido a su "proceso de incorporación gradual". 

La población censada en municipios rurales ha descendido un 9 % entre los años 2000 y 2017, y en ese periodo solo ha aumentado en las regiones de Madrid y Canarias, según el "Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2017".
El estudio, difundido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), apunta que solo el 16,5 % de la población (7.686.815 personas) estaba censada en los 6.678 municipios denominados rurales, cuya superficie representa el 84,2 % de la extensión total del territorio español.
Mientras que entre 2000 y 2017 la población total española (46.572.132 habitantes) creció un 15 %, en los municipios rurales de menor tamaño (menos de 5.000 habitantes) el recorte se hace más evidente, con un -10,2 %.
La densidad media de la población del medio rural en España era el pasado año de 18,1 habitantes por kilómetro cuadrado; en las zonas urbanas alcanzaba los 489,8 habitantes/km2.
Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población rural en 2017 son Extremadura (50 %) y Castilla-La Mancha (45 %), seguidas de Castilla y León (37 %), Aragón (32 %), Comunidad Foral de Navarra (28 %) y Galicia (26 %).
Agricultura destaca que el 24 % de la población de Andalucía es rural y que, al ser la región más poblada de España, es la que más habitantes rurales aporta al total (1,97 millones de personas).
En el lado contrario se sitúan las regiones de Madrid (2 %), País Vasco (5 %), Cataluña (7 %) y la Comunidad Valenciana (8 %), con el menor porcentaje de población rural.
A lo largo de estos 18 años, la población rural tan solo ha aumentado en la Comunidad de Madrid (+5 %) y en Canarias (+17 %).
Y los mayores descensos los encabezan Baleares (-40 %), Región de Murcia (-23 %), Galicia (-18 %) y Principado de Asturias (-17 %).
En Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, el descenso se ha situado en la horquilla del 15 % al 11 %, por encima de la media española (-9 %); la pérdida de población rural ha sido más suave -entre un -5 % y -1 %- en Cataluña, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco.
El informe constata una mayor disminución del número de personas censadas en el medio rural en la segunda mitad del periodo analizado (entre 2008/17) que en la primera (2000/08).
Todas las regiones "son menos rurales" en 2017 que en 2000 y las que "más se han urbanizado" son Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Región de Murcia, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra.

Granada cuenta con una nueva asociación de agricultores, ganaderos y productores que nace con el objetivo de revitalizar, transformar, modernizar y rejuvenecer al sector de la zona norte de esta provincia.
Las entidades asociativas que se van a integrar en esta asociación aglutinan a más de 8.000 personas de los municipios de Baza, Benamaurel, Caniles, Castril, Cúllar, Cuevas del Campo, Freila, Huéscar y Orce, ha informado hoy la Junta, cuyo delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Manuel García Cerezo, ha asistido a su constitución.
Durante su intervención, García Cerezo ha destacado el papel de la agricultura y la ganadería en la economía provincial, que alcanzó los 1.600 millones de euros en 2017, lo que representa el 7% del PIB de la provincia.
La Consejería de Agricultura tiene entre sus objetivos la promoción de políticas dirigidas a mejorar la competitividad de la agricultura, la ganadería y la agroindustria, así como restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas agrarios, según García Cerezo, que ha abogado por evitar que los jóvenes abandonen el campo.
Para frenar el despoblamiento. la Junta ha puesto en marcha medidas orientadas a la participación, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades, la innovación y la cooperación entre territorios, el relevo generacional y la modernización, transformación de las pequeñas y medias empresas, entre otras. 

La organización agraria UPA ha pedido a la Unión Europea (UE) que prohíba la apertura de macrogranjas porque son perjudiciales para "todos", excepto "para el bolsillo de los cuatro magnates que están detrás".
Según ha señalado en un comunicado, esta es la idea que han defendido durante la jornada "La cara oculta de la carne low-cost", que se celebra hoy en el Parlamento Europeo y donde han incidido en que este tipo de instalaciones generan productos y empleo "de peor calidad" y son "menos sostenibles" social y medioambientalmente.
UPA ha pedido ante los europarlamentarios "sensatez" y que la UE prohíba este modelo de producción; una demanda que, además, quiere extender al resto de administraciones. 

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