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Un total de 23 personas participan en el curso de incorporación a la ganadería que organiza el Gobierno regional en la provincia de Guadalajara y se desarrolla en las instalaciones de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
El director provincial del área, Santos López, ha explicado en una nota de prensa que se trata de un curso enmarcado en las acciones formativas obligatorias que tienen que realizar quienes deseen acogerse a las ayudas del Gobierno regional para la incorporación al sector agrícola y ganadero que "este año han contado con la dotación más elevada que se ha dado hasta la fecha para facilitar la incorporación a la agricultura y ganadería".
Los participantes reciben formación teórica y práctica sobre ganadería y entre los contenidos que se abordan están la higiene y bioseguridad de las explotaciones, tipos de explotaciones y pasos necesarios para su puesta en marcha, requisitos medioambientales exigidos, control de enfermedades y buenas prácticas ganaderas, así como información sobre las razas autóctonas de ganado provincial.
Además, el curso incluye la visita a una explotación de ovejas de ordeño y concluirá con la realización de un examen para verificar que los participantes han alcanzado los conocimientos requeridos.
Recordar que durante los meses de marzo y abril tuvo lugar la específica de agricultura y que en la primera semana de octubre se llevará a cabo un curso de agricultura ecológica, requisito para aquellos agricultores que quieran optar a las ayudas de conversión de agricultura convencional a ecológica o a las de mantenimiento.
López ha puesto de manifiesto la importancia de esta formación "para profesionalizar el sector agrícola y ganadero de la provincia y la región" y ha destacado el compromiso del Gobierno regional con la adopción de medidas que "faciliten el relevo generacional en el campo" y que "fomenten que se fije población en el mundo rural al tiempo que se impulsa la economía y se facilita la incorporación al mercado laboral de muchos jóvenes".
Ha recordado, para concluir, que en la provincia han sido 99 los beneficiarios de la última convocatoria de la orden de subvenciones para la incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero que han recibido ayudas por un montante total de 2.774.000 euros. 

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Oviedo y las suecas de Ciencias Agrarias y de Lund, y publicado en la revista "Biological Conservation", ha concluido que la fiabilidad de los protocolos de verificación de ataques de grandes carnívoros al ganado "puede ser elevada".
Los investigadores han tomado como caso de estudio los ataques al ganado ovino en Suecia, y los resultados han concluido que, en el 94 por ciento de los casos, se identificó correctamente la existencia de un depredador.
El investigador de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo, José Vicente López-Bao, ha explicado que la evaluación de la fiabilidad de estos protocolos es "fundamental para crear confianza" en la legitimidad de los programas de compensación de daños, ya que éstos determinan si el propietario del ganado afectado recibe compensación o no.
Para López-Bao, la "frustración y desconfianza" hacia las autoridades encargadas de comprobar si un daño ha sido ocasionado o no por estas especies están relacionadas con el resultado del proceso, y llegan a traducirse en una "desmotivación" para reclamar compensaciones.
El método utilizado, basado en el análisis de muestras de saliva en las mordeduras, es útil en situaciones conflictivas particulares, como los casos de ataques al ganado en áreas de recolonización de estas especies, señalan los investigadores.
Además, indican que es recomendable testar la efectividad de estos protocolos de verificación de manera regular y comunicar los resultados a los principales afectados y al público en general, de cara a "abandonar el status quo que domina muchos de estos programas de compensación de daños.

La Consejería de Agricultura y Ganadería publica hoy la licitación, por 10 millones de euros a ejecutar en cuatro años, de un servicio para asesorar a titulares de explotaciones agrarias y forestales y pymes rurales que prevé llegar a unos 7.000 agricultores y ganaderos cada año.
Según ha detallado hoy la Consejería, a través de un comunicado, se trata de fortalecer la labor desarrollada por las unidades territoriales de la Junta de Castilla y León, y de ayudar al sector para que pueda incrementar la competitividad y rentabilidad de sus explotaciones tanto en temas de alimentación como en sanidad animal, vegetal, fertilización orgánica y mineral, así como a mejorar las técnicas disponibles en cultivos y en cría de ganado, entre otras.
Los diez millones de euros de la puesta en marcha del servicio están cofinanciados por fondos FEADER (53 %), la Junta de Castilla y León (32,9 %) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (14,1 %).
Este servicio de asesoramiento, que constituye una de las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se estima que llegue a unos 7.000 titulares de explotaciones agrarias cada año, que podrán solicitar, voluntariamente, los servicios que precisen.
Las entidades de asesoramiento que pueden optar a la prestación de estos servicios deberán desarrollar una actividad estrechamente vinculada a la agrícola, ganadera, agroalimentaria o forestal en relación con las materias objeto de asesoramiento.
Además, contarán con los medios materiales y personales adecuados, así como acreditarán una experiencia mínima en labores de asesoramiento, formación, divulgación o mejora técnica en los sectores mencionados.
De la misma forma, la entidad deberá proporcionar asesoramiento en lo referente a las obligaciones legales que ha de cumplir el agricultor, ganadero o titular forestal para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y que tienen que ver con las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la condicionalidad y medidas medioambientales, principalmente.
Según las mismas fuentes, la presentación de ofertas por las entidades interesadas se podrá realizar en las dependencias de la Consejería de Agricultura y Ganadería hasta el 20 de octubre.

La organización profesional agraria Asaja de Castilla y León ha pedido hoy a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que anticipe las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes al Programa de Desarrollo Rural, cofinanciado por la UE, el Ministerio y la Junta.
En un comunicado, Asaja ha recordado que la Unión Europea ha autorizado que en el caso de estas ayudas el anticipo pueda alcanzar el 85 por ciento del total, pero ha lamentado que Marcos haya anunciado "a bombo y platillo" el anticipo de las ayudas directas de al PAC, que son íntegramente fondos europeos, mientras que no ha hecho lo mismo en el caso de las ayudas a las que debe aportar dinero.
Para Asaja, esta situación demuestra que la consejera "se muestra generosa y diligente cuando hace política con el dinero de otro, pero que por el contrario no suelta ni un euro para el campo cuando tiene que salir de los presupuestos de la Junta de Castilla y León. "Únicamente invita a la ronda cuando paga otro", ha denunciado esta organización agraria.
Los dirigentes Asaja han recordado que la Consejería aún adeuda a "miles de agricultores" las cantidades correspondientes a estas ayudas al desarrollo rural correspondientes a 2016 y, aunque han reconocido que la normativa europea ampara este retraso en el pago, han sostenido que "nada le impide estar al día con los pagos".
Además, la organización agraria ha planteado que "no es pretexto poner el ejemplo de otras comunidades autónomas que tampoco han pagado con la diligencia debida".

Los representantes del colectivo Asturias Ganadera han exigido una modificación de la Ley de Caza a través de la cual se asegure un sistema de control poblacional eficiente que disminuya el efecto de los depredadores sobre la cabaña ganadera, en especial del lobo.
En una rueda de prensa, este colectivo también ha pedido al consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, que la nueva modificación tenga en consideración de todos los daños reales y la tasación justa de los daños y la celeridad en los pagos.
"Por Ley, no por voluntad política ni por presiones populares. Sólo a través de una ley se pueden exigir cumplimientos normativos, pues es sabido que ni un reglamento ni un plan de gestión aseguran herramientas que permitan forzar su cumplimiento, quedando meramente como una serie de brindis al sol", han subrayado los ganaderos.
Han dicho que llevan años "haciendo propuestas en vano en torno a cómo gestionar los problemas de convivencia del ganado con la fauna salvaje" y han apuntado que al Plan de Gestión del Lobo siempre lo han considerado como "un instrumento deficiente para solucionar los distintos problemas que generan los ataques del cánido a la ganadería extensiva".
"Su mayor debilidad se debe a que un plan de gestión depende siempre de voluntad política y la presión popular para que se avance más o menos en su cumplimiento, al margen de si los términos del plan en cuestión están bien diseñados para solucionar los distintos problemas", han recalcado.
Lo importante, han asegurado, es presentar propuestas consistentes para abordar el problema de raíz, ya que la interlocución ha sido renovada, en relación a Lastra, nuevo consejero, del que esperan una mayor comprensión sobre los problemas del sector cuando se reúnen próximamente.
"No podemos consentir que la actitud de la Consejería de minimizar o negar los daños disuada al ganadero de solicitar compensaciones y se vea obligado a pagar un seguro privado para resarcir sus parte de sus pérdidas", han dicho. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja ha recibido un total de 336 solicitudes de ganaderos que esperan acogerse a la línea de ayudas excepcionales para compensar económicamente la pérdida de pastos por la sequía.
Estas medidas se recogen en el Plan de acción contra la sequía y otros fenómenos meteorológicos que aprobó el Gobierno de La Rioja el pasado 7 de julio, ha recordado hoy el Ejecutivo en una nota.
La directora de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha facilitado hoy este dato, una vez que el pasado 28 de agosto finalizó el plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria de ayudas.
Según ha indicado, se van a gestionar lo antes posible las solicitudes "para poder apoyar económicamente a las explotaciones de ganadería extensiva que están atravesando un año difícil fundamentalmente por la escasez de agua".
Para atender esta línea se ha reservado inicialmente una partida presupuestaria de 500.000 euros.
Miñana ha recordado que esta es una de las acciones consensuadas en la Mesa de trabajo que constituyó esta Consejería junto con las organizaciones agrarias.
Durante este verano, ha explicado, se ha hecho un gran esfuerzo para agilizar la puesta en marcha de las medidas que contempla un plan que "está avanzando a muy buen ritmo" para responder a las necesidades del sector agrario riojano.
En este sentido, además de las ayudas directas para los ganaderos, se ha reforzado el personal técnico para realizar los controles de campo necesarios que permitan asegurar el adelanto del 70 por ciento de los pagos procedentes de la PAC en la segunda quincena del mes de octubre.
Por otro lado, como se acordó en el seno de la Mesa de la Sequía y se incluyó en el plan, se ha incrementado la partida presupuestaria destinada a incentivar la contratación de seguros agrarios como "herramienta realmente eficaz para garantizar la renta a los agricultores y ganaderos".
Ante la problemática de las explotaciones ganaderas, a lo largo del mes de agosto se han celebrado charlas informativas en cada una de las zonas de producción para dar a conocer el seguro de compensación de sequía en pastos.
Miñana se ha mostrado satisfecha por el resultado obtenido, ya que han aumentado significativamente las pólizas de seguro de pastos suscritas por ganaderos y todavía está abierto el plazo de contratación hasta el 5 de septiembre.
Además, se ha modificado el apoyo a las líneas de ganadería aumentando el porcentaje hasta un 65 % en las de producción y reproducción y hasta un 75 % en el de compensación de pastos.
En este momento, la Consejería de Agricultura está ultimando la línea de subvención de intereses de préstamos bonificados que también se comprometió a poner en marcha para atender las necesidades de financiación de las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la sequía y otros fenómenos meteorológicos.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, aseguró que por parte de su departamento se están "haciendo distintos estudios" y habilitando todas las medidas posibles para ayudar a los ganaderos ourensanos a hacer frente a la situación de sequía que padece la provincia, como permitir que se abastezcan de agua en los puntos de recogida del servicio contra incendios.
Vázquez hizo estas declaraciones en el transcurso de la visita que realizó esta mañana a la Oficina Agraria Comarcal de Sarria, acompañada por la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, y del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro.
A preguntas de los periodistas, subrayó que ya hay ganaderos en la provincia de Ourense que "por falta de agua" para sus explotaciones se están abasteciendo mediante cisternas en los puntos de recogida del servicio de extinción de incendios.
"Se les está permitiendo, a pesar de la problemática que tenemos con los incendios", dijo Ángeles Vázquez, de modo que la propia Consellería se ha visto obligado a "habilitar cisternas" para volver a llenar de agua esos puntos de recogida, de forma que siempre estén operativos.
Espera que en los próximos días se "reúna la mesa" que analiza la situación generada por la sequía y que de ahí salgan nuevas medidas, que habrá que adoptar también en acuerdo con el propio "Ministerio" y en función de las zonas que estén en alerta.

Doce organizaciones ecologistas asturianas han calificado de "total despropósito" que Asturias quiera matar dos lobos más en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, con lo que serán seis los ejemplares a abatir en la vertiente asturiana, y cuatro más en su entorno inmediato.
El consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, del Principado, Fernando Lastra, trasladó esta petición ayer en León, durante la reunión que celebró en esa ciudad la Comisión de Gestión del Parque Nacional
Según señalan los colectivos ecologistas en un comunicado, esta decisión del nuevo consejero asturiano se ha tomado "sin consensuar con nadie estas matanzas de las cuatro manadas existentes en la zona".
En su opinión, también supone una "completa falta de respeto a los representantes de entidades sociales" en el patronato del parque, que han visto cómo se modificaban los acuerdos tomados con anterioridad "sin justificación alguna".
Para los ecologistas, estas medidas son reflejo de "una política de gestión del lobo errática e irracional por parte del Principado" que se ve condicionada por las "presiones de algunos representantes del sector ganadero".

La Alianza UPA-COAG dijo ayer que "no va a permitir" que se "criminalice" al sector ganadero por los incendios que se han producido en la provincia de Ávila, cuando en su opinión los responsables de estos fuegos son "terroristas medioambientales".
Esta reacción de la organización agraria se ha producido después de que ayer el alcalde de Hoyocasero (Ávila), Alejandro Picós, vinculó el incendio intencionado que se declaró en su municipio el sábado con la existencia de los lobos, porque en su opinión "la gente está muy harta" de la situación que viven con los cánidos.
"La Alianza UPA-COAG no va a permitir que se ponga en el disparadero, una vez más, como colectivo al sector ganadero cuando se produce algún incendio en nuestra provincia", ha apuntado esta organización en una nota de prensa.
Desde su punto de vista, es "impresentable que se apunte que el problema del lobo podría estar detrás de los incendios", ya que en su opinión "de este modo de manera directa o indirecta se está responsabilizando al conjunto de ganaderos como autores de estos crímenes medioambientales".
En este contexto, aseguró que los ganaderos forman parte del sector "más interesado en proteger un entorno único" y del cual viven.
"Aquellos que dejan caer acusaciones infundadas hacia todo un sector profesional al que relacionan con los incendios son unos irresponsables y desde la Alianza UPA-COAG no vamos a consentir insinuaciones de este tipo", reiteró.
Aseguró que los ganaderos son "las primeras víctimas del fuego perdiendo sus casas, instalaciones, patrimonio e incluso su medio de vida".
Tras lamentar que siendo "los primeros que pierden" en estos casos, sean "los primeros en ser acusados falsamente de provocar los incendios", la Alianza aseguró que son "los únicos que vigilan el monte los 365 días del año y sus animales son las únicas herramientas que lo limpian durante todas las estaciones del año".
La organización agraria mostró su "agradecimiento" a todos los que participaron en las labores de extinción de "estos terribles incendios" que en su opinión "sólo puede ser obra de terroristas medioambientales, desalmados y trastornados". 

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pide que se de al lobo el mismo trato al norte del Duero que el que recibe al sur del río, que deje de ser especie cinegética y la Junta de Castilla y León se haga cargo de las primas de los seguros para cubrir sus daños.
Así lo ha afirmado a Efe el coordinador de esta organización agraria en Burgos, Félix Arribas, para el que la posibilidad de cazar a los lobos al norte del Duero no es una medida efectiva para proteger a los ganaderos.
Ha argumentado en este sentido que, cuando se produce un ataque, hay que solicitar un permiso para una batida que, en esos casos, se suele conceder, pero cuando se va a cazar ya han pasado varios días y es muy difícil encontrar a los que han atacado al ganado.
Además, mientras al sur del Duero es la Junta de Castilla y León la que paga los seguros que cubren los daños que sufren los ganaderos, al norte del Duero son los ganaderos los que tienen que asumir esos costes, en ocasiones muy elevados, sobre todo donde los ataques son más frecuentes, porque encarecen las pólizas.
Arribas ha asegurado que este año se están incrementando los ataques de lobos en las comarcas burgalesas de Las Merindades, donde en los últimos meses han sufrido al menos nueve ataques, y en la Sierra de la Demanda, con al menos cuatro ataques registrados.
Arribas ha lamentado que con el actual sistema sean los agricultores los que terminen pagando una protección de los animales salvajes que debería ir acompañada de un mayor control de las administraciones.
Ha explicado que "si estos animales son un bien de la sociedad es la sociedad la que debe costear los daños que ocasionan, igual que los ganaderos se hacen cargo de los daños que ocasionan sus animales".
Ha reconocido que los ataques de los lobos son la parte más llamativa de este problema, pero ha recordado que también se producen daños en las explotaciones ganaderas por ataques de buitres y que los agricultores sufren en sus cultivos los daños que provoca la falta de control de poblaciones de conejos, jabalíes o corzos.

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