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La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, ha abogado hoy en Malta por aplicar "un enfoque integrado" para actuar sobre infraestructuras, banda ancha y servicios a la población e incide en la necesidad del relevo generacional, "prioritaria" para España.
Orellana participa en la reunión informal de directores generales de Desarrollo Rural, organizada por la Presidencia maltesa de la Unión Europea los días 23 y 24 de marzo en Malta, para abordar la problemática de los jóvenes , ha informado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un comunicado.
En este marco, se analiza qué medidas se pueden impulsar para frenar el éxodo rural y "hacer que el medio rural sea un lugar atractivo para los jóvenes".
En este sentido, Orellana ha remarcado que este reto "es una cuestión prioritaria para España", dados los elevados índices de despoblamiento y envejecimiento de la población.
Ha abogado por "movilizar todos los instrumentos y fondos europeos disponibles" y, asimismo, la directora entiende que "las medidas que se tomen deben ir mucho más allá de las ayudas de un determinado pilar de la Política Agrícola Común".
Ha manifestado la importancia de ofrecer los servicios a la población de los pueblos porque "el objetivo es aumentar la calidad de vida de los jóvenes en las zonas rurales y que éstas sean lugares donde desempeñar una actividad profesional adecuadamente remunerada, a través de explotaciones competitivas y rentables".
Al mismo tiempo, ha incidido en la innovación, el conocimiento, el asesoramiento y el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación como esenciales para garantizar el relevo generacional.
La directora general apuesta por implantar completos "itinerarios integrales" de acceso a la actividad, para que los jóvenes puedan optar, de una manera sencilla, al conjunto de herramientas y apoyos procedentes de los distintos fondos europeos y nacionales.
A su juicio, el relevo generacional debe ser "uno de los elementos centrales en la configuración de la próxima PAC".
A lo largo de estas jornadas, los 28 Estados miembro debaten acerca de la incidencia del reto demográfico en el futuro de las zonas rurales y sobre cómo la PAC puede contribuir al mantenimiento y la fijación de la población.

El Gobierno de Navarra ha autorizado, ayudas de 1,4 millones al pastoreo sostenible de ovino y a la gestión de pastizales de la Red Natura 2000.
En concreto ha autorizado un compromiso de gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 a 2022 de ayudas al pastoreo sostenible de ovino por un importe total de 500.000 euros, y compromisos de gasto plurianuales correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021 para la ayuda a la gestión sostenible de los pastizales montanos por un importe de 905.000 euros.
En el primer caso los beneficiarios son ganaderos de ovino que han de asumir compromisos para la conservación y mejora de los hábitats de interés y de las poblaciones de avifauna como respetar las vedas de invierno, de forma que entre el 1 de noviembre y el 31 de enero no se podrá realizar aprovechamiento ganadero, y de verano, entre el 1 de junio y el 31 de agosto.
Asimismo, deben asumir la obligatoriedad de pastoreo durante veinte días mínimo entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
El fomento y control del pastoreo en las diferentes épocas de año, tiene como objetivo aprovechar al máximo los períodos de mínima afección sobre hábitats y especies, además de evitar el efecto negativo que podría conllevar el pastoreo en las fechas en que más sensible es la vegetación,
Por lo que respecta a la ayuda a la gestión sostenible de los pastizales montanos de la Red Natura 2000 en Navarra, el importe total asciende a 905.000 euros, con el 31 % de los importes de gasto financiados con cargo al FEADER.
La conservación y mejora de los hábitats forestales no arbolados de la red Natura 2000 en Navarra es uno de los objetivos de protección y mantenimiento que se recogen en los planes de gestión de las distintas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) aprobadas.
Según precisa el Ejecutivo foral, la envergadura de las zonas de pastoreo y la complejidad del manejo ganadero hace ciso continuar con el apoyo económico que permita concluir los objetivos de los proyectos de Ordenación de pastos, mientras en otras ZEC se dan ya las condiciones para implantar un modelo de gestión más sostenible de sus pastizales.
En abril de 2016 se autorizó un gasto de 750.000 euros para el periodo 2016-2020 para la implementación de estas ayudas y mediante Resolución 637/2016, de 9 de agosto, de la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó la convocatoria y las bases reguladoras para concesión de subvenciones para la gestión sostenible de los pastizales montanos de la red Natura 2000 para el periodo 2016-2020.
Al no cumplirse las expectativas planteadas debido a que la convocatoria "se lanzó muy tarde" se abre ahora una nueva

Los senadores del PP de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación han mantenido hoy una reunión para estudiar la posibilidad de elaborar una normativa comunitaria para buscar una protección a la cadena agroalimentaria de ataques intencionados.
En un comunicado, el Grupo Popular en el Senado ha informado de que a la reunión han asistido la europarlamentaria del GPP, Esther Herranz y miembros de la plataforma Food Defense Soluciones.
El portavoz del PP en la citada Comisión del Senado, Diego Sánchez Duque, ha señalado que el objetivo es actualizar el reglamento sobre la exigencia a las exportaciones de alimentos a la altura de EE.UU.
Así, ha recordado que tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, "surgieron preocupaciones por la posibilidad de introducir intencionadamente agentes biológicos, químicos o radiológicos en la cadena alimentaria".
Fue cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Bioterrorismo para mejorar la habilidad de prevención y respuesta en este país ante un ataque terrorista con agentes biológicos.
En esta línea, el portavoz del PP ha recalcado que "el nuevo reto de la industria alimentaria, sin duda, es la defensa ante los ataques intencionados".
Por ello, ha valorado que ya haya empresas del sector con planes de prevención específicos para la defensa ante este tipo de ataques.
Por su parte, el portavoz de Pesca del PP en el Senado, Miguel Fidalgo, ha explicado que "los planes conocidos como 'Food Defense' -Planes de defensa de alimentos-, son un concepto importado de EE.UU. y exigido en este país como requisito legal".
Por ello, ha abogado por que Europa ponga en marcha de manera coordinada una normativa de este tipo "para garantizar la seguridad de todos". 

Jero Díaz Galán

La dehesa, ese ecosistema único creado por el hombre hace miles de años, se enfrenta en las últimas décadas a la enfermedad de la seca, un mal que puede ponerla en peligro y para el que, treinta años después de que saltaran la primeras alarmas, sigue sin existir "una estrategia clara de control".
Así lo indica, la coordinadora de un proyecto integral para el control de esta enfermedad que provoca el decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques, María del Carmen Rodríguez, representante del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).
Se trata de definir diferentes técnicas de control de la seca en encinas y alcornoques que, manejadas de forma integrada, permitan desarrollar estrategias de prevención y mitigación de los daños que esta enfermedad ocasiona en la dehesa, principalmente en Extremadura y Andalucía.
Aunque las primeras señales de alarma en torno a este mal surgieron en 1987 o 1988, no fue hasta los años 90 cuando se identifica el patógeno causante de la enfermedad, la "phytophthora cinnamomi", un hongo que daña la raíz del árbol y que, "una vez que se ha establecido en el suelo, es muy difícil de erradicar", ha explicado María del Carmen Rodríguez.
Desde entonces, la progresión de la seca ha ido a más. Así, según el Observatorio de La Dehesa de la Junta de Extremadura, mientras en el año 2000 se contabilizaron en la región 450 focos con síntomas de decaimiento o seca, actualmente existen más de 5.000 focos.
Además, se estima que el ritmo de crecimiento anual de la enfermedad en la región puede estar en torno al 0,16 por ciento, lo que "no es ninguna broma", según Rodríguez.
La investigadora de Citycex se niega a utilizar términos como "cáncer de la dehesa" por el miedo o la alarma que pueden generar, pero reconoce que, si la seca no se mitiga o controla de alguna forma, sí puede suponer un peligro para este ecosistema.
De hecho, también reconoce que los propietarios de fincas afectadas por la enfermedad "están muy preocupados", porque "agobia mucho el encontrarte con que esto va avanzando y que en un tiempo se te van 50 o 100 hectáreas de una dehesa".
En las investigaciones sobre la seca, en las que Extremadura es líder, hay todavía muchas incógnitas, aunque ya se sabe, según María del Carmen Rodríguez, que "hay factores que están asociados y que están favoreciendo el daño", entre los que se encuentran "el envejecimiento de la dehesa, la falta de regeneración, factores de gestión y de manejo".
Ello va asociado "a episodios de sequía quizás un poco más prolongadas o más frecuentes que en otras ocasiones, seguidas de episodios de lluvias fuertes".
En este proyecto trabajan 24 investigadores de distintos ámbitos pertenecientes a este centro y al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Andalucía, así como de las universidades de Extremadura y Córdoba y la empresa Tragsa.
Se aborda así el problema de forma multidisciplinar por parte de fitopatólogos, biotecnólogos o expertos en producción forestal o mejora vegetal, con un presupuesto de 496.000 euros, financiados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Rodríguez considera que la seca es "un problema tan complejo que no va tener una solución única" y reconoce que hasta el momento lo único que han podido hacer es recomendar medidas para que no haya dispersión del patógeno.
En ese sentido, ha manifestado que los productos químicos que se han podido probar consiguen una rehabilitación del árbol, pero no una eliminación de la infección y se ha mostrado convencida de que "no va a haber una producto mágico que controle la enfermedad".
Por ello, ha explicado que las investigaciones se centran ahora en "programas para seleccionar material de encina y alcornoque resistente o tolerante a la enfermedad, junto con la búsqueda de otras especies que pueden ser acompañantes y puedan actuar como barrera que impida la propagación, al ser especies resistentes".
Rodríguez explica que trabajan concretamente con pino silvestre, higuera, acebuche y algarrobo para intercalar estas especies en la dehesa como barrera que impida la dispersión de la seca.
A pesar de la complejidad del problema, dice ser optimista y se muestra convencida de que, "si esto se aborda de forma conjunta, como se está haciendo, con investigadores especializados en distintas áreas, en contacto con los propietarios y con los gestores, sí se pueden poner a punto medidas que de alguna manera nos permitan convivir con la enfermedad".
En ese sentido, Carmen Rodríguez aboga por asumir que tanto en la dehesa como en los sistemas agrícolas hay determinados patógenos que están establecidos y son difíciles de erradicar, por lo que se trata de "ver cómo podemos convivir con esto de manera que nuestra producción no descienda o se mantenga en unos niveles sostenibles". 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición del sábado, 18 de marzo, el Real Decreto que contiene los controles oficiales a los que se someten las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supraautonómico.
El decreto incluye la creación de un sistema unificado de información de operadores de dichas figuras de calidad diferenciada, que queda adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que será el responsable de su funcionamiento coordinado.
El Real Decreto recoge ocho artículos, entre los que se incluyen las actuaciones de control oficial a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), aspectos como controles específicos de DOPs e IGPs, y la delegación de tareas de control oficial.
El texto se adapta al reglamento comunitario sobre esta materia y otorga a la Dirección General de la Industria Alimentaria la responsabilidad de decidir cuál es el sistema de control adecuado para cada DOP e IGP. 

La sectorial de ovino y caprino, organizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) a principios del mes de marzo, facilitó a los asistentes información sobre algunos aspectos relevantes en el sector.

Una de esas informaciones versa sobre la exportación e importación de quesos. Así, España vendió durante el pasado año 2016 un total de 75.360 toneladas de queso, mientras que adquirió a otros países un total de 246.459 toneladas, lo que generó un importante déficit comercial.

También se aportaron los datos sobre los países a los que más queso se vende desde España, que están en su entorno geográfico mediterráneo en sus tres primeros puestos (Italia, Portugal y Francia), y a los que más se compra, con algo más de protagonismo del norte continental.

Exportación

Lista de los cincos primeros países con volumen y porcentaje del total de exportaciones:

- Italia. 18.480 toneladas. 25% del total.

- Portugal. 16.890 toneladas. 22% del total.

- Francia. 13.635 toneladas. 18% del total.

- Estados Unidos. 9.039 toneladas. 12% del total.

- Alemania. 2.727 toneladas. 4% del total.

Importación

Cinco primeros países con volumen y porcentaje del total:

- Alemania. 66.544 toneladas. 27% del total.

- Francia. 64.176 toneladas. 26% del total.

- Países Bajos. 39.604 toneladas. 16% del total.

- Italia. 20.503 toneladas. 8% del total.

- Dinamarca. 19.844 toneladas. 8% del total.

La lengua azul, como cabía esperar en invierno por el descenso de la actividad del mosquito, ha bajado en su actividad en las últimas semanas. De hecho, se van a cumplir dos meses sin que se hayan notificado casos de lengua azul en el territorio peninsular.

El último foco de lengua azul, y único del presente ejercicio 2017, se confirmó el pasado 27 de enero, según consta en la información oficial de la página web de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Este foco se localizó en el municipio de Guillena, perteneciente a la provincia de Sevilla.

 

La Consejería de Medio Rural cántabra ha publicado una nueva orden que regula las normas de control sanitario y el desarrollo de las campañas de saneamiento de la cabaña, bovina y caprina para adecuarlas a los programas nacionales de erradicación de enfermedades.
Según Medio Rural, las medidas contenidas en la orden hasta ahora vigente, de 2014, han permitido "avanzar favorablemente" en la erradicación de determinadas enfermedades pero los planes nacionales recogen medidas adicionales que deben ser incluidas en la normativa autonómica, para seguir progresando en el saneamiento de la cabaña ganadera de Cantabria.
La orden, publicada hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, declara obligatorias las campañas contra la tuberculosis, la brucelosis, la leucosis y enzoótica y la perineumonía contagiosa del ganado bovino, así como las de brucelosis ovina y caprina.
Son obligatorias en todas las explotaciones bovinas entre las fechas que establezca el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal y afectará a todos los animales.
Las fechas serán comunicadas a la comisión local de seguimiento que se constituirá en cada municipio y que actuará como órgano de cooperación y participación de los sectores implicados en el desarrollo de las campañas.
Todas las explotaciones deben ser objeto de al menos una prueba anual de investigación de tuberculosis y dos pruebas de brucelosis bovina, a partir de las edades que se recogen en la orden.
Los titulares de las explotaciones tendrán derecho a contrastar o verificar el resultado de las pruebas realizadas en laboratorios oficiales o por veterinarios oficiales o autorizados,
Se podrá hacer con carácter previo, solicitando una muestra adicional que será precintada y conservada por el Servicio de Laboratorio y Control (SELYC) de la Dirección General de Ganadería o tras la comunicación del resultado, pidiendo pruebas de contraste de la muestra.
La orden recoge las normas para el sacrificio de todo animal que de positivo, que se separarán y aislarán del resto del rebaño y que deberán ser sacrificados en un plazo no superior a quince días una vez notificado.
El resto de los animales de explotación que no sea obligatorio sacrificar, podrán ser objeto de marcaje mediante un sistema de identificación que garantice en todo momento la trazabilidad de los animales.
En cuanto a las indemnizaciones por sacrificio obligatorio, se establece que la Consejería de Medio Rural emitirá la resolución de concesión de la ayuda en el plazo máximo de seis meses desde la presentación del acta de indemnización firmada por el titular de la explotación. 

Técnicos y veterinarios de una Turquía se forman en el centro aragonés

Desde hace varios años, el área de brucelosis del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón forma a investigadores y técnicos de países como Asia, África y Latinoamérica en la que ésta enfermedad sigue siendo usual. 

La brucelosis es una de las zoonosis más extendidas del mundo. Una enfermedad que se transmite de animales a humanos con graves consecuencias para la salud pública y que conlleva importantes pérdidas económicas para los ganaderos. En España, la enfermedad está prácticamente erradicada y bajo control, pero en muchos países, habitualmente en vías de desarrollo, las granjas de ovino, bovino y porcino están en constante peligro de verse infectadas. La problemática de estas zonas se acrecienta al no tener los profesionales y técnicos la formación adecuada para diagnosticar correctamente la enfermedad y aplicar las medidas de control adecuadas.

Recientemente un grupo de técnicos de laboratorio y veterinarios procedentes de una empresa de bovino lechero de Turquía, han estado realizando en el CITA una estancia para formarse, tanto en el diagnóstico serológico de la enfermedad como en el diagnóstico bacteriológico. Los investigadores especializados en Brucelosis, Pilar María Muñoz y José María  Blasco, de la Unidad de Tecnología en Producción y Sanidad Animal del CITA, han sido los responsables de la instrucción de estos técnicos, que han  estudiado como cultivar las bacterias de Brucella e identificarlas mediante técnicas bioquímicas y de biología molecular. También han aprendido  las estrategias básicas para controlar y erradicar la enfermedad en las granjas que pudieran verse afectadas.

El grupo de brucelosis del CITA es un referente nacional e internacional en el diagnóstico y control de la brucelosis animal. Los investigadores del grupo han participado en numerosas misiones de formación en países en vías de desarrollo financiadas por organismos internacionales como la UE, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El Gobierno ha aprobado hoy en consejo de ministros un Real Decreto que regula el sistema de control oficial al que se someten las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma.
La iniciativa, propuesta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por objetivo "desarrollar" la normativa vigente sobre figuras de calidad diferenciada supraautonómicas.
En el documento figuran, entre otros conceptos, el reconocimiento de consejos reguladores -incluyendo los que sean corporaciones de derecho público-, la creación de un sistema unificado de información de operadores que faciliten la supervisión y la definición de las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en el control de este tipo de figuras legales.
Además, precisa la tasa que se debe pagar a la AICA como contrapartida por sus trabajos "de inspección y control oficial" en este ámbito.
El Real Decreto aprobado hoy se adapta así al reglamento comunitario sobre esta materia y otorga a la Dirección General de la Industria Alimentaria la responsabilidad de decidir cuál es el sistema de control adecuado para cada DOP e IGP.
Desde el Ministerio han recordado que estas figuras legales son "reflejo de la calidad de las producciones y elaboraciones del sector agroalimentario español" y suponen un elemento clave "para reforzar su competitividad y su capacidad de internacionalización". 

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