La Junta de Andalucía quiere dar una vuelta de tuerca a su programa de tuberculosis caprina. Desde hace unos años, esta comunidad autónoma líder en ganado caprino cuenta con un programa de lucha contra esta enfermedad, al que se acogen voluntariamente los ganaderos que así lo consideran. Sin embargo, la administración autonómica está considerando diversas herramientas para conseguir que aumente el número de ganaderos que quieren participar en este programa y, de esta forma, contribuir a la mejora de la sanidad de la cabaña.
Teniendo en cuenta que hacer obligatorio el programa puede suponer problemas para muchas ganaderías, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía está a la espera de que la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) incluya a la tuberculosis caprina como enfermedad de declaración obligatoria y, de esta forma, se puedan destinar ayudas públicas a los ganaderos que están en el programa y deban sacrificar a los animales que den positivo. De esta forma, se considera desde la administración que se ampliaría el número de ganaderos que acceden a este programa para obtener una calificación de sus explotaciones, lo que redunda en un beneficio a la hora de vender genética.
Los objetivos del programa de erradicación de tuberculosis caprina son los siguientes: asegurar un alto nivel de salud pública y seguridad alimentaria; mejorar la competitividad, cohesión y crecimiento económico de las zonas rurales; promover prácticas de manejo en instalaciones ganaderas caprinas que eviten o dificulten la transmisión de enfermedades; facilitar el comercio de la ganadería caprina andaluza.
Los ganaderos participantes en el programa deben cumplir los siguientes requisitos: estar indemne u oficialmente indemne de brucelosis; pertenecer a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) o tener un veterinario responsable del programa; cumplir medidas de bioseguridad y de manejo apropiadas para la obtención de la calificación; los ganaderos que se acojan al programa de calificación están obligados a ejecutarlo durante al menos cinco años.
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