Brasil asegura que sus controles sanitarios y ambientales garantizan su carne

Brasil aseguró hoy que sus controles sanitarios y ambientales son "rigurosos" y que la investigación abierta a una veintena de plantas cárnicas se centra en asuntos "burocráticos", que no ponen en duda la calidad de sus productos.
"Lo que se investiga no es la calidad de los productos ni su condición sanitaria, sino la conducta de unos agentes públicos ligados a la fiscalización, a asuntos burocráticos", garantizó el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, en una teleconferencia con corresponsales extranjeros.
Reiteró además que, de las 4.837 plantas cárnicas que existen en el país, son investigadas solamente 21 y "ninguna por la calidad de sus productos, sino por cuestiones burocráticas de pocos fiscales que ya han sido separados de sus cargos".
Según Maggi, las dudas sobre la calidad surgieron por la forma en que la Policía Federal, responsable de las investigaciones, presentó el caso el pasado viernes, cuando informó sobre el desmantelamiento de una mafia de adulteración de carnes.
Además de ventilar diversas irregularidades en el procesamiento de las carnes, la Policía Federal dijo que una treintena de agentes fiscalizadores eran sobornados por empresas a fin de permitir que carnes no adecuadas para el consumo llegaran a las mercados.
"La forma en que se planteó insinuó que se investigaba la calidad del producto y no es verdad. Se investigan procesos burocráticos", afirmó Maggi.
"Se dijo que se usaban carnes no permitidas en embutidos y no es verdad. Se confundió el posible uso de embalajes de cartón con la posibilidad de que el cartón fuera mezclado con carne y tampoco es verdad, así como es mentira que se usaran sustancias cancerígenas", insistió.
Esa misma afirmación fue hecha por la Policía Federal tres días después de desatado el escándalo, mediante una nota oficial.
"Los hechos se relacionan directamente con el desvío de conducta profesional practicados por algunos funcionarios y no representa un mal funcionamiento generalizado del sistema de integridad sanitaria brasileño", sostuvo el organismo policial.
Maggi reiteró que la mayor preocupación del Gobierno es probar a los importadores de carnes brasileñas que no existen problemas de calidad, aunque volvió a admitir que el asunto acarrearle al país parte de su credibilidad y una importante pérdida de mercados.
Según sus cálculos, el escándalo puede costarle a Brasil, uno de los mayores exportadores de carnes del mundo, un 10 % de su mercado externo y pérdidas en torno a los 1.500 millones de dólares anuales.
Aún así, explicó que mantendrá contactos con todos los países que adquieren carnes brasileñas, a fin de intentar minimizar el impacto el impacto y demostrar la "excelencia" de los productos.
En ese sentido, celebró que la mayoría de los clientes de Brasil en los mercados globales ha aceptado el "autoembargo" que el propio Ministerio de Agricultura impuso a las firmas investigadas, a las que les ha cancelado temporalmente la licencia de exportación.
Según dijo el ministro, actualmente hay unos 5.000 contenedores, cuyo peso no precisó, embarcados en alta mar y con destino a muchos de los países importadores, entre los que figuran algunos de los que han suspendido por completo sus operaciones con Brasil.
"Los estamos rastreando y, según el caso, regresarán al país, aunque la mayoría es de plantas que no son investigadas, por lo que esperamos que sean recibidos", indicó.
El ministro citó como otra prueba de los estrictos controles que se aplican en Brasil las sanciones anunciadas hoy por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) a 15 frigoríficos y una veintena de haciendas por comercializar ganado criado en áreas de protección ambiental o desforestadas ilegalmente.
Entre las firmas multadas está JBS, que figura entre las mayores exportadoras de carnes de Brasil y también entre las 21 investigadas por la supuesta adulteración de sus productos.
"Esa acción demuestra claramente que nuestras políticas de control a la deforestación funcionan y sirve para resaltar que el sistema de fiscalización es efectivo" y detecta las irregularidades que puedan ocurrir, indicó el ministro.

Eduardo Davis