Bruselas propone recortar un 5 % los fondos para la Política Agraria Común 2021-27

LAS OPAS RECHAZAN CUALQUIER RECORTE Y PIDEN QUE LOS FONDOS SE DESTINEN A LOS GANADEROS Y AGRICULTORES PROFESIONALES

La CE presentó ayer su propuesta de presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027, en la que recoge una reducción de los fondos dedicados a la Política Agraria Común (PAC) y a la Política de Cohesión, ambas en torno al 5%, respecto al marco financiero precedente.

En general, la propuesta global de la Comisión Europea (CE) pide elevar el presupuesto total de la UE para el período 2021-2027 al 1,11 % de la renta nacional bruta conjunta, frente al 1,03 % actual.
El que será el primer presupuesto plurianual sin el Reino Unido aumentará así su volumen hasta los 1,279 billones de euros (en precios corrientes) en compromisos de gasto para los próximos siete años, frente a los 1,083 billones que se presupuestaron en el marco 2014-2020.
Este aumento, junto con recortes en ciertas partidas, debe permitir paliar el agujero de más de 12.000 millones que dejará el "brexit" y la necesidad de 10.000 millones anuales para nuevas tareas.
Respecto al marco financiero anterior, disminuyen las partidas dedicados a la Política Agraria Común (PAC) y a la Política de Cohesión, sobre el 5 % en cada caso, "para reflejar la nueva realidad de la Unión Europea a 27", según dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Pese a ello, ambas políticas se mantienen como pilares del presupuesto y copan cerca de un 65 % del mismo, frente al 73 % en el marco actual.
La partida más voluminosa es la de "Cohesión y Valores" con 442.412 millones de euros (34,6 % del total) de los que 273.000 millones se destinarán a Fondos Estructurales y de Cohesión y 101.000 millones al Fondo Social Europeo.
Le sigue la de Recursos Naturales y Medio Ambiente con 378.920 millones de euros (29,6 %), de los que el grueso se destinará a la Política Agraria Común: 365.000 millones de euros para pagos directos y medidas de desarrollo rural.
La partida de mercado único, innovación y digital, donde se engloban, entre otros, el programa Horizonte 2020, está dotada con 187.400 millones de euros (14,6 % del total).
La Comisión propone aumentar de forma importante los fondos destinados a inmigración, seguridad, defensa y acción exterior.
En concreto, asigna 123.000 millones a las actividades de acción exterior y vecindad, 34.900 millones a la gestión de las fronteras e inmigración, y 27.500 millones de euros a seguridad, defensa y respuesta ante crisis.
Estas tres partidas, que antes se englobaban en solo dos -Europa Global y Seguridad y Ciudadanía- pasan a representar en conjunto un 14,5 % del total, frente al 8 % que suponían en el marco anterior (84.000 millones).
Por otro lado, la Comisión propuso introducir un mecanismo que permita a la Unión "suspender, reducir o restringir" el acceso a los fondo comunitarios a aquellos países donde se detecten deficiencias en el Estado de Derecho, de forma "proporcionada" a la gravedad de los fallos.
Además, Bruselas quiere crear dos nuevos fondos dotados con 55.000 millones de euros en total para impulsar la integración de la eurozona.
Por una parte, plantea un mecanismo con hasta 30.000 millones para dar préstamos en condiciones ventajosas a los países que atraviesen crisis para que puedan mantener su nivel de inversión pública.
Por otro, propone un nuevo programa con 25.000 millones para apoyar a los países que quieran hacer reformas estructurales, con vistas también a potenciar la convergencia de aquellos que quieran unirse a la eurozona.
Le propuesta de la CE servirá de punto de partida para la negociación entre los 27 Estados miembros.
El Ejecutivo querría cerrar un acuerdo -que deberá ser validado por la Eurocámara- antes de las elecciones de mayo de 2019, pero las capitales ya han advertido de que esto será difícil.

Las organizaciones agrarias también han mostrado su oposición a este planteamiento y piden que no haya recortes y los fondos que queden vayan destinados exclusivamente a los agricultores y ganaderos profesinales.

La Unión de Uniones presentó ayer un documento en el que defiende una PAC "verdaderamente simplificada" así como "unas normas que vayan encaminadas a las personas, a los agricultores y ganaderos profesionales y no a los llamados agricultores de sofá".
Ha insistido en que no piden más financiación, sino una mejor distribución, lo que pasaría por "una reforma profunda en las reglas del juego, tanto definiendo la figura del agricultor activo de manera efectiva como una ordenación en la cadena alimentaria".
En su opinión, esta ordenación debería ir encaminada a proteger más a los eslabones débiles, la prohibición de prácticas desleales -como la venta a pérdidas, no contemplada en la reciente propuesta de Directiva de la Comisión- así como evitar la concentración de grandes empresas para impedir la creación de monopolios y productores cautivos, ha puntualizado en el comunicado.
Ha destacado que la PAC supone para el país 6.500 millones anuales que van destinados al medio rural y "estos recursos financieros deben ir a quien trabaja en el campo y en la explotación, huyendo también de los derechos históricos, cuando puedan no estar justificados en la actualidad".
Considera que las ayudas deberían ir encaminadas "a mejorar la renta de los agricultores y ganaderos", aunque "su base fundamental debería alimentarse de un reparto equilibrado del valor añadido generado a lo largo de la cadena alimentaria, por lo que sería necesaria una reforma profunda en este sentido".
Por otra parte, ha destacado que un 36 % de los beneficiarios de la PAC tiene más de 65 años y se constata que las pensiones que percibe el sector "no son suficientes para obtener una jubilación digna" para retirarse y facilitar el relevo de nuevas generaciones.
La organización cree que la nueva PAC y los Estados miembro deben también" remover algunos obstáculos" que se encuentran los jóvenes en su incorporación al sector, como el tratamiento fiscal de las ayudas.