El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el proyecto de Ley de representatividad del sector agrario y la creación del Consejo Agrario. El objeto de la norma es regular el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal. Serán las más representativas las que obtengan, al menos, el 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, al menos un 5% en seis comunidades autónomas.
La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, órgano de carácter consultivo adscrito al MAGRAMA y cuya finalidad es asesorar en las cuestiones de interés general agrario y rural.
La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas al efecto o mediante voto por correo. Se instalará una mesa de consulta en cada capital de provincia, y tantas mesas comarcales como sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial; las mesas incluyen un máximo de 1.400 electores.
Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta -que se realizará en todo el territorio nacional de forma simultánea- por correo o de modo presencial en la mesa correspondiente a su demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno o Delegación de Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales y en las ciudades autónomas.
El proyecto destaca, además, la ampliación del censo de votantes, respecto al tradicional de Cámaras Agrarias, a todos los profesionales de la agricultura.
El Consejo Agrario estará compuesto por diez consejeros nombrados por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que será su presidente. Entre sus funciones, el Consejo informará sobre los desarrollos del Departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración, así como sobre la situación social y económica del sector agrario. En este sentido, formulará recomendaciones para la adopción de las medidas que consideren necesarias para la mejora de calidad de vida del sector agrario.
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