Extremadura no pagará las sanciones de la UE sobre los pastos desde la campaña de 2014.

Redacción oviespana.com16/06/2017

Extremadura no pagará más sanciones de la UE por el coeficiente de la superficie de pastos a partir de la campaña de 2014 pero tendrá "dificultades" para pagar la primera multa de 10 millones de euros y aún está pendiente de que el Tribunal de Justicia comunitario dictamine sobre una segunda de 79.
Así lo ha dicho hoy en Mérida, en una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte de la Asamblea regional, la directora general de Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta, María Yolanda García.
Según ella, se ha trabajado en la defensa de la dehesa, de su consideración y adecuado encaje en la PAC y que se ha logrado que la Comisión Europea excluya a Extremadura de nuevas sanciones.
Ha precisado que las líneas de actuación que se han llevado a cabo por el Gobierno autonómico han sido la defensa en los procedimientos de investigación de las campañas 2014/2015 y 2015/2016, la validación de la Comisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos y propuestas de mejora de la norma comunitaria.
También el análisis y la puesta en funcionamiento de una capa específica de explotaciones de dehesa, que contenga superficies adehesadas y otras parcelas de uso ganadero.
En líneas generales, ha reiterado que la primera corrección financiera fue impuesta en 2015 relativa a los pagos de 2008 y 2009, por la que España fue sancionada con 20 millones de euros y en este caso, el Gobierno repercutió a Extremadura el 50% de la sanción.
Ha añadido que la Junta mostró su disconformidad dado que se cumplieron las normas comunitarias y las instrucciones del Gobierno y ha agregado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) no aplicó el coeficiente de pastos en toda España en la creación del Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias.
A su juicio, el Ejecutivo central "entendió que no era obligatorio y su criterio fue que los árboles que sirven de alimento para el ganado deben ser admisibles".
Por esto, el Gobierno autonómico llevó el caso al Supremo por la vía contenciosa administrativa ya que entendía que fuera el FEGA a quien le correspondiera abonar la sanción, pero una sentencia conocida el mes pasado recogió la corresponsabilidad de la sanción entre la Administración autonómica y el Gobierno central.
No obstante, Yolanda García ha añadido que durante los años a los que se refiere la sanción y en lo sucesivo se han abonado correctamente las ayudas agrarias, y los ganaderos no han percibido "indebidamente" ningún importe.
En cuanto a la segunda sanción impuesta por la UE porque entiende que ha habido una incorrecta aplicación de las ayudas de la PAC en las superficies de pastos relativas a los años 2010 al 2014 y cuyo importe total asciende a 270 millones de euros de los que corresponderían 79 a Extremadura.
En este sentido, se interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y se ha solicitado que la sanción la asuma el Estado y no las comunidades autónomas y la suspensión temporal de la ejecución.
"El Tribunal Supremo ha accedido a esta petición y, por tanto, no habrá que hacer efectiva la sanción hasta que no se resuelvan estos procedimientos judiciales", ha agregado.
Como aclaración, la directora general ha reiterado que en el caso de la primera sanción el Gobierno no recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE mientras que en la segunda, gracias a las exigencias de las regiones mas afectadas sí lo ha hecho, y que "el recurso está pendiente de sentencia".
Por su parte, la diputada del PP María Auxiliadora Correa ha dicho que la situación es "difícil" para la región y que un gobierno regional del PSOE remitió datos incorrectos de desembocaron en la primera sanción de la UE, mientras que la de Podemos Irene de Miguel ha señalado que hay que defender la dehesa y ha manifestado su preocupación por cómo se pagarán las sanciones

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