La Junta de CyL ve "muy positiva" la suspensión cautelar de la multa por los pastos.

Redacción oviespana.com25/05/2017

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León considera "muy positiva" la suspensión cautelar de la multa de 58 millones de euros por parte del Tribunal Supremo y espera que en una resolución definitiva admita su recurso en relación con el Coeficiente de Admisibilidad Pastos (CAP).
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la multa por importe de 58 millones de euros que, procedente de la Unión Europea, el Gobierno repercutió a Castilla y León por incumplimientos en la aplicación del CAP a la hora de pagar ayudas a ganaderos.
Esta resolución suspende en la práctica el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 que aprobó la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a varias autonomías españolas, entre ellas Castilla y León, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad.
El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas, consideró ayer como "muy positiva" la resolución del Tribunal Supremo dada la cuantía de la multa impuesta, 58 millones de euros, que evita una "repercusión directa" sobre las arcas de la comunidad autónoma.
Después de advertir que aún falta la resolución judicial definitiva, el secretario general ha señalado que el alto tribunal no podía tratar a Castilla y León de manera diferente a otras comunidades, cuando un día antes había mostrado su conformidad con la suspensión cautelar a Extremadura, expuesta a una multa de 79,7 millones, Galicia -7,7 millones- y La Rioja -4 millones-.
Par reclamar la suspensión cautelar, la Consejería de Agricultura y Ganadería arguyó que su denegación ocasionaría una perturbación grave y daños irreparables a los intereses generales, con lo que se perdería la finalidad del recurso.
Cabanillas ha insistido en que el recurso de Castilla y León, cuyo resolución definitiva no se producirá previsiblemente antes de un año, se basa en que el Gobierno de la Nación no puede repercutir la multa impuesta por la UE en las comunidades autónomas, puesto que es el coordinador de la política agrícola nacional.
Este es uno de los argumentos que espera la Consejería de Agricultura que el Tribunal admita para la suspensión de la multa a la Comunidad autónoma.

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