La población de lobos es estable desde hace 4 años según el Principado de Asturias.

La población de lobos en el Principado se mantiene estable desde el año 2013, según los datos que maneja la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos en el plan de gestión de la especia, que prevé abatir este año un máximo de 45 ejemplares para controlar su crecimiento.
"En la actualidad, la población de lobos estimada en los ciclos naturales de 2015 y 2016 es de 37 y 38 manadas o grupos familiares, respectivamente, que se mantienen estables respecto a los años 2013 y 2014", señaló ayer la Consejería en un comunicado.
El programa de actuaciones de control del lobo en el periodo 2017-2018 fue presentado ayer por el director de Recursos Naturales, Manuel Calvo.
El nuevo texto da cumplimiento al II Plan de Gestión del Lobo del Principado de Asturias, que obliga a elaborar programas anuales y define los cupos de extracción estimados para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica.
En este caso, se mantienen los 45 ejemplares a abatir, la misma cifra que en el periodo anterior.
Estos límites se fijan en función de los datos poblacionales recogidos y la evolución del número de daños y del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres y los métodos a emplear en cada caso.
En cuanto a los casos de daños que se produjeron en todo tipo de ganado y principalmente en ovino y equino, se ha observado un descenso en los dos últimos años ya que en 2015 se produjeron 4.212 daños y en 2016 bajaron a 3.494.
El plan pretende conservar la especie en el contexto geográfico de la población noroccidental ibérica y realizar una gestión favorable a los intereses de los ganaderos asturianos, tanto minimizando los daños que el animal pueda causar como compensando económicamente los que produzca.
Los ejemplares de lobo podrán abatirse en reservas regionales durante cacerías de otras especies legalmente autorizadas, siempre bajo supervisión del personal de la Guardería del Medio Natural y sin posibilidad de que los cazadores se queden con los ejemplares.
El nuevo documento prevé también la realización de controles de población allí donde su presencia comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, teniendo como prioridad reducir al máximo posible los daños por ataques de la especie.