La Xunta de Galicia habilitará mataderos móviles para ovino y caprino

En Galicia hay más de 20.000 explotaciones de caprino y ovino, muchas de ellas pequeñas ganaderías que no les compensa llevar los corderos y cabritos a sacrificar por el excesivo de costos, como viaje y tarifas de 10-30 euros por animal que se cobran en los mataderos gallegos.

Esa situación lleva a que casi un 70% de los sacrificios sean irregulares. Ovica viene demandando en los últimos años la puesta en marcha de mataderos móviles que permitan los sacrificios en las cercanías de las granjas, a fin de regularizar el sector y ofrecerle mayores garantías de calidad y trazabilidad a los consumidores.

La petición del sector ovino y caprino para la habilitación en Galicia de un sistema de mataderos móviles tiene perspectivas finalmente de hacerse realidad. El director general de Ganadería, José Balseiros, anunció que la Xunta está dispuesta a adaptar a Galicia el sistema sueco de matadero móvil, consistente en un camión equipado de sala de sacrificio, sala de despiece y zona frigorífica, todo ello controlado por un veterinario oficial.

La idea es que el sistema funcione a modo de una ITV móvil, prestando servicio en la cercanía de las explotaciones

El sistema tiene para Balseiros una serie de beneficios claros. “Con este método, el ganado se sacrifica a pie de la explotación, aumentando el bienestar animal, se mejora la trazabilidad de la carne, se evita la falta de garantías sanitarias y se puede mejorar la rentabilidad de las granjas” y añadió “Es un sistema que tendría un coste, pero puede ser asumible, el problema está en la falta de una normativa específica. Llevamos dos años esperando por un decreto ministerial que sigue sin publicarse. Si no saliera, miraríamos de poner el sistema en marcha adaptándonos a la normativa comunitaria”, explicó.

Balseiros se mostró dispuesto a compartir con el resto de grupos parlamentarios los prototipos de matadero móvil que se podrían adaptar a Galicia y abogó por un mayor asociacionismo del sector ovino, de cara a que “sea menor el impacto económico de la prestación del servicio”.