Un técnico de Ganadería, inhabilitado y con 2 años de cárcel al admitir sobornos

El jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo ha reconocido hoy que cobró a ganaderos por realizar trámites que eran gratuitos y ha aceptado una pena de dos años de cárcel, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, y una multa de 3.000 euros.
Este hombre ya había depositado en el Juzgado las cantidades que le habían entregado varios ganaderos, por importe total de 15.886 euros, y que les serán devueltas.
La Audiencia de Cantabria tenía señalado para hoy el juicio contra esta técnico de la Consejería de Ganadería, pero no ha llegado a celebrarse porque había llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena que le reclamaban.
Este hombre ha sido condenado, en una sentencia que ya es firme, por un delito continuado de cohecho, y le aplican las atenuantes de reparación del daño, porque había devuelto el dinero, y de dilaciones indebidas en el proceso.
Además de la pena de dos años de cárcel, el fiscal pedía para él cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, la multa de 3.000 euros y el pago de las costas.
Y todo ello se incluye en la condena que se le impone, después de que este hombre haya dicho en la Sala que está de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, como ya manifestó en el mes de diciembre en una comparecencia previa en el Juzgado.
En el proceso también ha intervenido la acusación que ejerce el Gobierno de Cantabria, que no se ha opuesto a esta conformidad.
El hombre era jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo, donde se tramitaban expedientes de las distintas ayudas económicas a ganaderos y agricultores.
El escrito de la Fiscalía explica que se aprovechó de su condición de funcionario con poder en la gestión de esos expedientes para reclamar durante varios años cantidades económicas a los ganaderos.
Según el fiscal, al pedir dinero el hombre alegaba que la tramitación de los expedientes era complicada, que le "suponía un sobreesfuerzo laboral" o que tenía que hacer alegaciones o recursos.
El Ministerio Público destaca que este técnico no tenía derecho a percibir retribución alguna en ninguno de los casos en los que cobró, y que se aprovechó "bien de la edad" de los ganaderos, de "su desconocimiento absoluto" del procedimiento, o de su "temor racional" a que no se aceptara su petición de ayuda.
Este técnico fue apartado de sus funciones y suspendido cautelarmente durante seis meses durante el tiempo en que duró el expediente administrativo abierto por la Consejería de Medio Rural.
Este departamento trasladó el caso a la Fiscalía y ésta al juzgado de Medio Cudeyo que realizó la instrucción.