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La inminente publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras el apoyo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, de los nuevos Reglamentos sobre Medicamentos Veterinarios y Piensos Medicamentosos fue uno de los temas tratados en el encuentro mantenido entre Anne Bucher, directora general de la DG Santé de la Comisión Europea, y una delegación de la Federación Europea de Sanidad Animal (AnimalhealthEurope), formada por su presidente, Wijnand De Brujin, al que acompañaban los vicepresidentes, Santiago de Andrés, director general de Veterindustria, Hans Günter Dietrich, la secretaria general, Roxane Feller, y el tesorero, Dominique Derveux.

Los nuevos Reglamentos van a marcar el futuro del sector en la UE en los próximos años, lo que sin duda supondrá un arduo trabajo de aplicación e implementación dada la copiosa normativa que contienen éstos, según estimaron los representantes de ambas instituciones en el transcurso de la reunión que se celebró el pasado 28 de noviembre en Bruselas, que también trató otros asuntos de interés como fue el relacionado con el ‘Brexit’ y sus consecuencias, según señala Veterindustria.

Otro de los asuntos que concitó el interés de la reunión, fue el de la aparición y diseminación de resistencias antimicrobianas, asunto en el que AnimalhealthEurope reafirmó su compromiso en la lucha contra las mismas, a la vez que enumeró las iniciativas que los miembros de la federación llevan a cabo en este terreno tanto en sus respectivos países como a nivel europeo e internacional.

En el caso de nuestro país, Veterindustria realiza diversas actuaciones tanto a nivel de patronal y a través de la Fundación Vet+i que lidera, como en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), y otros organismos e instituciones públicas y privadas. En este sentido, destaca el portal ‘Vetreponsable’, una iniciativa que promueve el uso responsable de los medicamentos veterinarios, de manera especial de los antibióticos, a través de acciones de comunicación y formación dirigida a los profesionales veterinarios, los productores y los dueños de animales de compañía.

Miércoles, 05 Diciembre 2018 11:47

¿Un gran hermano para los mataderos españoles?

Las imágenes difundidas recientemente sobre el manejo de corderos en un matadero de Segovia ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de obligar por ley a colocar cámaras de vigilancia en estas instalaciones, convertidas en algo parecido a un "gran hermano" que todo lo vea.
Fuentes de la industria cárnica y organizaciones animalistas y de los consumidores, consultadas, no son coincidentes en sus opiniones, pero sí en la disposición al diálogo para intentar alcanzar una solución que evite casos como los denunciados.
La Unión Europea (UE) es la que dictamina las leyes relativas al bienestar animal en el momento del sacrificio y España adaptó el Reglamento comunitario con un Real Decreto de 2014 en el que se recogen aspectos específicos sobre la formación del personal, la matanza de emergencia o la comercialización de productos de equipamiento de sujeción y aturdimiento.
En ninguno de ellos se menciona ni obliga a la instalación de cámaras de videovigilancia que graben estos procesos y es ahí donde discrepan las fuentes consultadas.
Desde la industria cárnica, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice) señala que no se oponen a la instalación de cámaras , "si eso contribuye a una mejora del control", pero tienen "dudas" de si es necesario, ya que la Ley comunitaria exige una presencia "permanente" de los servicios veterinarios oficiales en los mataderos para "vigilar" que se respetan los requisitos.
En esa línea, recuerdan que la normativa española y europea es la "más exigente del mundo", "es cumplida por todas" las empresas y, "si existe algún caso excepcional" de malas prácticas, el sector es el "primero en condenarlo" y en exigir "que se vigilen y sancionen".
Y apuntan que están abiertos al "debate y análisis" de este asunto, "lógicamente de la mano de la autoridad competente".
Fuentes de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) consideran -en la misma línea- que el uso de cámaras "con la finalidad de control" "no tiene mucho sentido", pues "ya existen métodos de control públicos y privados" que "garantizan el cumplimiento legislativo".
Los veterinarios oficiales "tienen que estar presentes" y son los encargados de "velar" que estas instalaciones aplican de forma correcta la legislación, añaden.
Las empresas, según Fecic, "invierten muchos recursos" tanto humanos como económicos para que sus instalaciones y procesos se llevan a cabo "en todo momento" según la normativa; e incluso mataderos "en muchas ocasiones" tienen que superar auditorías de certificación o del propio cliente que son "más exigentes" aún.
La organización en defensa de los animales Equalia fue la que difundió las imágenes del matadero de Segovia y ha lanzado una campaña de recogida de firmas para obligar por ley a la instalación de videovigilancia, que ya ha conseguido 25.000 rúbricas.
Su portavoz, Silvia Mayorga, defiende esta acción al entender que los consumidores "tienen derecho" a saber con "transparencia" si se cumple la normativa existente.
Tras afirmar que su asociación "no está en contra de la ganadería, ni de su industria", Mayorga defiende que se hagan "las cosas mejor" para que casos como el de Segovia no ocurran.
A su juicio, la instalación de cámaras "ayudaría en general a todos" porque su visionado "puede garantizar el correcto comportamiento" en las instalaciones.
Para el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, es "clave" la petición de Equalia para "garantizar" que se cumplen los protocolos durante el sacrificio de los animales, un asunto que consideran sensible para los consumidores, ya que este tipo de cuestiones "inquieta a buena parte" de la ciudadanía.
Además de la videovigilancia, Sánchez es partidario de realizar más inspecciones "y sin aviso" para "que no se pueda prevenir al posible infractor".

 

Juan Javier Ríos- EFE

 

 

La Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha publicado su tercer informe resumido sobre el seguimiento de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en la Unión Europea. El informe proporciona resultados sobre los datos recopilados por todos los Estados miembros de la UE, Islandia, Noruega y Suiza para 2017.

Los principales hallazgos son:

- En 2017 no se notificaron casos de EEB clásica en bovinos (de los 1.312.714 animales analizados) en la Unión Europea. Se notificaron seis casos de EEB atípica.

- Hubo 933 casos de tembladera en ovejas (de 314,547 analizados) y 567 en cabras (de 117,268 analizados) en la UE.

- No se han notificado casos de enfermedad de desechos crónicos en ninguno de los 3,585 cérvidos analizados (por ejemplo, renos, alces y alces) en la UE. Sin embargo, se notificaron 11 casos de CWD en Noruega: nueve en renos salvajes, uno en alces y, por primera vez, uno en ciervos.

 

Informe completo (en inglés): https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5492 

DEHESA ASOCIACION

La Federación Española de la Dehesa celebra la sentencia europea tras años de trabajo y lucha por un trato justo para la Dehesa.

* La Unión Europea reconoce la singularidad de la Dehesa con una histórica sentencia que anula una sanción de 263 millones a España.

* La Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) y el conjunto de sus organizaciones y entidades han celebrado la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, que reconoce la singularidad de la dehesa y anula la sanción impuesta a España por supuestas irregularidades en pagos por ayudas a la Dehesa, cantidad que el Gobierno de España había repercutido en once comunidades autónomas.

La Presidenta de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), María Pía Sánchez, ha mostrado su satisfacción con esta decisión judicial europea señalando el inmenso trabajo y lucha incansable de la federación y de todas sus entidades asociadas para lograr un trato justo para la dehesa, fruto de esfuerzos compartidos. “Un reconocimiento claro, incluso a nivel judicial, de la singularidad de la dehesa y de la necesidad de que este ecosistema sea reconocido y tratado de manera diferencial en la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que está en marcha”, ha señalado. “Es una gran noticia para este ecosistema que es modelo de desarrollo sostenible para España”, añadía Sánchez en declaraciones a los medios. Esta decisión judicial tiene lugar tras el recurso de anulación que en su día presentó España, a instancias,

entre otros, de la Junta de Extremadura y de Fedehesa, contra la decisión de la Comisión Europea de excluir de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados con cargo a los fondos FEADER y FEAGA, y que afecta a las superficies de pastos permanentes declaradas en las campañas 2009 a 2013. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea publicaba hace unos días una sentencia que estima parcialmente la demanda que España interpuso contra la decisión de la Comisión Europea de aplicar una importante corrección financiera en relación con la admisibilidad de las superficies de pastos declaradas en el marco de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC 2009-2013). Esta corrección ascendía a más de 260 millones de euros para dicho período y penalizaba especialmente a las superficies de pasto arbustivo y a las superficies de pasto arbolado declaradas en España para el cobro de las ayudas de la PAC.

En concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos tipos de superficie, como es la superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma. Para el Tribunal ha quedado demostrado que su admisibilidad como superficie para el uso ganadero es superior a la de otros tipos de pasto arbolado, por lo que en ningún caso debería recibir una corrección de esa magnitud. Por otro lado, la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie, en cuyo caso la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los pagos ejecutados en dicha superficie, considerando el Tribunal que dicho cálculo no se ajusta a Derecho.

De esta forma, la decisión del Tribunal supone una reducción de la corrección financiera inicial, así como un reconocimiento a las superficies de los pastos arbustivos y arbolados mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son utilizados por los productores en sus explotaciones de ganadería extensiva en todo el territorio nacional. Desde España siempre se ha considerado que la citada corrección era desproporcionada y que no se estaba teniendo en cuenta el importante valor ambiental y forrajero de los pastos arbustivos mediterráneos, cuyo uso se estaba penalizando. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó una demanda para impugnar dicha sanción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El importe más elevado correspondía a la comunidad autónoma de Extremadura

De los 263 millones de euros de sanción impuesta al conjunto de España, el suroeste (Extremadura y Andalucía) era el más perjudicado con un 55% del importe total, correspondiendo casi un total de 80 millones a Extremadura, siendo el mayor importe del reparto entre once regiones debido a los 1,7 millones de hectáreas de dehesa afectadas en el territorio extremeño. En este sentido, el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Raúl Cabello, ha calificado esta decisión europea de “sensata, justa y positiva para el conjunto de sectores que en este ecosistema conviven, puesto que supone un avance en el reconocimiento real de un patrimonio español como es la Dehesa, cuya singularidad y complejidad debe estar presente en la normativa europea a través de un respaldo específico y un trato diferencial, favoreciendo su preservación y conservación de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria”. A su vez ha destacado la importancia de la Dehesa para Extremadura, puesto “que este ecosistema agrosilvopastoral y ganadero es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, siendo sustento de numerosos pueblos y comarcas, generando empleo y riqueza, y en definitiva, actuando como anclaje para el mantenimiento del medio rural”, concluía Cabello.

La peste de los pequeños rumiantes es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la peste de los pequeños rumiantes. Después de la erradicación exitosa del virus de la peste bovina, la FAO y la OIE lanzaron un programa para controlar y erradicar esta enfermedad. La peste de los pequeños rumiantes está hoy presente en muchos países tropicales donde el mantenimiento de la cadena de frío para el transporte de muestras es una de las principales barreras para el procesamiento oportuno. En este sentido, el transporte de muestras en papel de filtro es un método simple y rentable, sin embargo, se requiere validación y optimización para adaptar completamente este enfoque.

Por esa razón, se ha realizado un estudio cuyo objetivo fue evaluar y validar el uso de papel de filtro en el diagnóstico serológico de la peste de los pequeños rumiantes. Tras varias muestran y la validación de las analizadas con la técnica Elisa, los resultados demuestran que los papeles de filtro son un método de transporte aceptable y rentable de muestras de sangre total para su uso posterior en el análisis serológico.

Un artículo sobre este estudio se ha publicado en la revista Small Ruminant Research y está firmado por los siguientes autores: Emeli Torsson, Muhammad Abubakar, Karin Alvasen, Shumaila Manzoor, Nils Roos, Tebogo Kgotlele, Aamer Bin Zahur, Gerald Misinzo, Mikael Berg y Jonas Johansson Wensman.

La organización agraria UPA pidió a la Comisión Europea (CE) que promueva una normativa para obligar a incluir el origen de los alimentos en el etiquetado, una iniciativa que busca luchar contra el fraude alimentario y fomentar la información al consumidor.
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, defendió que parte de los "fraudes alimentarios" que se detectan en territorio comunitario podría evitarse con una normativa más exigente en este sentido, una idea que recoge la iniciativa ciudadana europea "¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu comida".
Se trata de un texto registrado el pasado octubre por la CE que, si recoge más de un millón de firmas de un mínimo de siete países europeos (45.000 en España), obliga al Ejecutivo comunitario a dar una respuesta.
"Si se etiquetan los alimentos en origen se va a acabar con el fraude, vamos a saber de dónde proceden los alimentos y con qué criterios de producción se han hecho, lo que dará seguridad total a los consumidores de que lo que están comiendo son alimentos de calidad, seguros y producidos con todos los estándares que se marca la UE", afirmó.
Roche argumentó que, aunque en los últimos años "se ha avanzado" a nivel comunitario y nacional -con la Ley de la Cadena Alimentaria (2013)- en cuanto a la transparencia y la trazabilidad, hay "muchas lagunas" que dejan abierta la puerta al fraude, "especialmente en productos elaborados", como el vino, el aceite o los quesos, defendió.
"Se ha avanzado pero no lo suficiente en cuanto al etiquetado de alimentos. No hay una normativa que exija ni obligue al etiquetado de alimentos en origen. Un consumidor puede consumir una manzana y una pera y no saber cuál es el origen", agregó.
Pese a que la UE ha ampliado el registro de Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas (IGP) protegidas, que suma ya unos 1.430 productos, "no todo se comercializa" con estas referencias, recordó.
Por ello, el representante de esta asociación agraria estimó que este asunto "se podría comenzar a incluir" en las prioridades de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo debate sobre su próxima reforma (a partir de 2020) ya ha comenzado.
"Desgraciadamente en el planteamiento que hay por parte de la CE no aparece nada de esto", subrayó, en relación a la propuesta que está sobre la mesa, y que los países ya debaten y tienen que empezar a negociar.
Por otro lado, Roche lamentó la "incertidumbre" que genera esta próxima reforma por el retraso que pueda producirse en la aprobación del Marco Financiero Plurianual (MFF), debido a las elecciones europeas del próximo mayo, que condiciona el importe destinado a la PAC y en cuya primera propuesta se prevé un recorte general del 5 % a esta política. 

El director del Centro de Regulación Genómica (CRG), Luis Serrano, presentó hoy en el Parlamento Europeo (PE) el proyecto MycoSynVac, que desarrolla una vacuna sintética contra bacterias del género "Mycoplasma" en animales de granja para reducir la cantidad de antibióticos en la cadena alimentaria.
Durante la conferencia "Investigación e innovación europeas en nuestra vida diaria", que tuvo lugar en la sede de la Eurocámara en Bruselas, Serrano explicó cómo, a partir de la idea de que en el cuerpo humano "hay más bacterias que células", se desarrollan proyectos basados en emplear las bacterias "buenas" como vehículo de defensa.
"Las pequeñas bacterias son el mejor soporte, se puede hacer ingeniería con ellas para detectar problemas en el organismo, segregar moléculas (...) y curar al paciente", afirmó el investigador.
El objetivo de su proyecto parte de una bacteria hallada en el pulmón humano, de la que eliminan el material genético que no es necesario pero en la que mantienen su "armazón" para introducir después los componentes de la bacteria patógena que afecta a los animales y crear de forma efectiva una vacuna sintética.
Posteriormente, esta bacteria convertida en vacuna se inyecta a los animales de granja y con una única dosis se les inmuniza contra diferentes afecciones, aseguró Serrano.
El científico comparó su trabajo con la estructura de los coches, y señaló que, si bien todos comparten una misma plataforma con las ruedas o el motor, luego se añaden otros componentes que son los que marcan la diferencia entre un modelo de automóvil u otro.
Su proyecto se basa en el "armazón" de una bacteria del pulmón humano que es inocua para los animales y ejerce así como una vacuna, "entrenando" a los anticuerpos naturales del animal para hacer frente a la enfermedad cuando se contagia.
Se trata de una solución que busca también reducir el uso de antibióticos en animales de granja, empleados en muchos casos para aumentar la producción de leche y carne y que acaban entrando en los productos alimentarios que se venden al consumidor.
Además, recordó Serrano, "ya hay personas muriendo porque hay bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles".
"Es indispensable que se mejoren las vacunas, reduciendo la necesidad de antibióticos, y reducir el uso de antibióticos en humanos y animales desarrollando nuevas terapias", afirmó. 

Los gobiernos de la Unión Europea han dado el último paso para aprobar las nuevas normas sobre medicamentos veterinarios y piensos medicados, que entre otras novedades limita el uso de antibióticos en ganadería y fortalecen el marco de controles y vigilancia farmacológica. Las normativas deben ser ahora firmadas por las dos instituciones europeas con poderes legislativos (Parlamento Europeo y Consejo de la UE). Sus disposiciones, sin embargo, no se aplicarán totalmente hasta finales de 2021, según publica La Vanguardia.

El objetivo de las mismas es mejorar la lucha contra la resistencia a los antibióticos y mejorar la disponibilidad y seguridad de los medicamentos veterinarios y los piensos medicados. En concreto, limitan el uso de antibióticos en animales que todavía no están enfermos pero pueden correr el riesgo de estarlo, tanto en el caso de profilaxis como metafilaxis. Además, reserva el uso de antibióticos ‘críticos’ para el tratamiento de humanos, con el objetivo de que no pierdan su efectividad.

Por otro lado, las nuevas reglas establecen los criterios y obligaciones para las empresas dedicadas a comercializar piensos medicados.

MINISTRO LUIS PLANAS

España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en el Consejo de Ministros la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.

Se establecen así las prioridades de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar.

En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores

España apoya la reforma de la PAC, ya que una política tan importante debe reflejar los grandes desafíos globales, particularmente los ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario.

Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.

España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

PLAN ESTRATÉGICO COMÚN

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

PAGOS DIRECTOS

España es uno de los Estados miembros que apuestan firmemente por los pagos directos, ya que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores.

Además, para impulsar el relevo generacional en la agricultura y luchar contra el despoblamiento del medio rural, se apoya el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial.

En relación con las explotaciones medianas y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los mercados y la falta de rentabilidad, se apoyará la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Otro aspecto de interés en el marco de la negociación de la reforma es la nueva arquitectura medioambiental. España apuesta por un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello es necesario preservar el presupuesto de la PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.

Por otra parte, España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening”) dentro de la línea de base de la “Condicionalidad” actual. Una integración que deberá realizarse sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

También se apoya la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

AYUDAS ASOCIADAS Y APOYOS SECTORIALES

En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento.

También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Por otra parte, considera necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola.

RELEVO GENERACIONAL E IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER

Para facilitar el relevo generacional, España aboga desde la posición española por el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la igualdad de género, prioridad transversal de primer orden en toda la acción del Gobierno, resulta esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC

El informe destaca la importancia de la simplificación de la PAC para los Estados miembros y, sobre todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido.

Para ello España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, España aboga por la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

CALENDARIO

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

 

La organización agraria UPA ha pedido a la Unión Europea (UE) que prohíba la apertura de macrogranjas porque son perjudiciales para "todos", excepto "para el bolsillo de los cuatro magnates que están detrás".
Según ha señalado en un comunicado, esta es la idea que han defendido durante la jornada "La cara oculta de la carne low-cost", que se celebra hoy en el Parlamento Europeo y donde han incidido en que este tipo de instalaciones generan productos y empleo "de peor calidad" y son "menos sostenibles" social y medioambientalmente.
UPA ha pedido ante los europarlamentarios "sensatez" y que la UE prohíba este modelo de producción; una demanda que, además, quiere extender al resto de administraciones. 

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