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Unos 60 corderos han muerto calcinados a consecuencia del incendio registrado en una granja situada en el término de Utiel, han informado hoy fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Durante la extinción del incendio explotó una bombona de butano que causó heridas de carácter leve (quemaduras de primer grado) a tres bomberos que, tras ser atendidos por los servicios médicos, pudieron seguir trabajando.
El siniestro se inició, por causas no precisadas, alrededor de las 20 horas en una granja situada en la pedanía Calderón, en el termino de Utiel.
En la extinción del incendio, que quedó controlado alrededor de la una de la madrugada, han intervenido unidades de los parques de Requena y Sinarcas, que han permanecido refrescando el perímetro durante toda la noche. 

La Guardia Civil, en el marco de la Operación "Merinas", ha detenido a dos personas, un hombre de 47 años y una mujer de 41, como presuntos autores de ocho delitos de hurto de ganado ovino y ha conseguido recuperar varias cabezas de ganado sustraídas.
La operación es fruto de la investigación llevada a cabo por el Equipo ROCA de Cáceres en el marco del plan contra el robo en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Los hechos se remontan a finales del pasado mes de marzo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en varias explotaciones ganaderas de la provincia de Cáceres (Campo Lugar, Moraleja, Arroyomolinos, Torremocha, Alia) y otras de la provincia de Badajoz, se habían sustraído un total de 37 cabezas de ganado ovino.
Los autores de los hechos tan solo sustraían una o dos cabezas de ganado de las mejores que podían sustraer en cada explotación ganadera, una forma de actuar que llevó a la Guardia Civil a determinar que podría tratarse de otros ganaderos, según informa la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres en una nota de prensa.
El Equipo ROCA de Cáceres sospecha que el ganado sustraído pudiera estar en el interior de una explotación ganadera en el término municipal de Cáceres, por lo que realizan una laboriosa inspección en dicha finca con apoyo del Seprona de la Guardia Civil.
Así, comprueban la titularidad de 534 animales ovinos, mediante la lectura del crotal electrónico de forma individualizada.
Como resultado de la inspección, fueron localizadas ocho cabezas de ganado ovino de las 37 sustraídas en los últimos meses de diferentes explotaciones ganaderas de Extremadura y se procedió a la detención de los propietarios de la explotación inspeccionada. 

Los bomberos de Monforte de Lemos extinguieron la pasada noche un incendio que calcinó un cobertizo para animales en el lugar de A Pena, en el municipio lucense de Pantón, un fuego que provocó la muerte de dos ovejas.
Según informó la Central de Atención a Emergencias (CAE) del 112, no hubo que lamentar daños personales.
El fuego calcinó toda la hierba que los propietarios guardaban en el recinto y los equipos de emergencias tampoco pudieron hacer nada por salvar a los dos animales que murieron en el incendio.
Fue el propio dueño quien avisó a las 23:30 horas de que le estaba ardiendo la cuadra en la que guardaba a sus ovejas.
El 112 movilizó a los bomberos y a la Guardia Civil, que a la una de la madrugada confirmaron la extinción del fuego.

En la operación, la Guardia Civil ha recibido el apoyo técnico de la Junta de Castilla y León y del Consejo Regulador de la IGP de Corderos de la comunidad y a los presuntos autores se les ha investigado por delitos contra la propiedad industrial y la falsificación.
La operación ha tenido tres fases, una eminentemente técnica, para obtener pleno conocimiento de cómo funciona la IGP y dos fases operativas, con la detección de irregularidades en la no selección de los corderos y con la investigación de diversos operadores.
En la primera fase se detectó un presunto delito de falsificación de documento por parte de dos etiquetadores que, al parecer, no efectuaban la selección de los corderos y mentían a la IGP en relación a los registros documentales a través de los que se lleva el control y trazabilidad de los corderos seleccionados.
Además, repartían las etiquetas y vitolas a operadores comerciales sin controlar los estándares de calidad de la IGP, llegando a disponer uno de estos seleccionadores de hasta 3.500 vitolas de más que habría distribuido a su criterio y fuera del control del consejo regulador.
Los agentes han intervenido esta fase 482 etiquetas y 712 vitolas a operadores que no debían poseerlas.
En la segunda fase, detectaron irregularidades en un operador que mezcló hasta 7.500 corderos al año amparados por la IGP y no amparados por la misma.
Por último se detectaron irregularidades en el registro informático de la IGP a lo largo de los años 2013 y 2014, motivo por el que se procedió a recibir declaración al anterior director técnico de la IGP, como autor de un supuesto delito de falsificación de documento.
La Identidad Geográfica Protegida (IGP) de Cordero de Castilla y León es una marca de calidad que en su pliego de condiciones, entre otros aspectos, salvaguarda la calidad del cordero en relación a pesos y cantidad de grasas, así como que las reses pertenezcan a las razas churra, castellana y ojalada.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a D.J.P., de 23 años y vecino de Solana del Pino, como presunto autor de un delito continuado de hurto, al haber sustraído 56 ovejas de diversas explotaciones ganaderas cercanas a la suya.
Los hurtos, según ha informado hoy la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, fueron cometidos en varias explotaciones ganaderas anexas a la que el detenido regenta pertenecientes todas ellas al termino municipal de Solana del Pino.
Los hechos se fueron produciendo desde finales del pasado mes de marzo y se prolongaron hasta el inicio de este mes.
El presunto autor sustraía el ganado aprovechándose del descuido de sus propietarios, ya que todos los animales pastaban juntos al estar las explotaciones cercanas las unas con las otras y al ser recogidas siempre se mezclaba entre ellas, no devolviendo las que no le correspondía.
Posteriormente, manipulaba las diferentes marcas que tenían las ovejas para convertirlas en propias.
Con la detención del autor se han recuperado un total de 56 ovejas valoradas en 5.600 euros.
Las diligencias instruidas, junto con el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Puertollano. 

Una explotación ganadera de Castillejo de Iniesta (Cuenca) ha sufrido en la noche del domingo al lunes el robo de 15 corderos y una furgoneta, en la que los ladrones cargaron los animales para llevárselos.
Según ha explicado Natividad Soriano, hermana del dueño de la explotación, los ladrones entraron en la noche del domingo en la explotación, ubicada a unos 500 metros del casco urbano de Castillejo de Iniesta, y tras forzar las puertas cargaron los animales en una furgoneta Citröen C-15 azul marino, matrícula CU-3340-I, y se los llevaron.
Soriano ha recordado que también hace un año sufrieron un robo similar en otra explotación de la que se llevaron hasta 20 animales, y aunque han puesto una denuncia ante la Guardia Civil, les han dado pocas esperanzas de poder encontrar los corderos.
Ha lamentado la situación en que quedan los pequeños ganaderos como su hermano, "que no han cobrado la subvención todavía, y si encima de roban, apaga y vámonos". 

Efectivos del servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Monzón y Huesca han detenido a la propietaria de una explotación ganadera de la comarca de La Litera (Huesca) como presunta autora de un delito de maltrato animal al dejar morir por inanición a 346 cabras.
La intervención se llevó a cabo en el marco de la operación Maximus, encaminada a la detección, control de actividades y conductas ilícitas relacionadas con el bienestar animal en el ámbito ganadero, informan fuentes del instituto armado en una nota de prensa.
Fruto de estas inspecciones en granjas y explotaciones ganaderas, los agentes se personaron en una granja caprina de La Litera en cuyo registro la Guardia Civil localizó 346 cabras fallecidas por inanición en diferentes estados de descomposición y 36 ejemplares en condiciones deplorables, encerradas sin comida ni agua y a las que se procedió de forma urgente a facilitarles alimento.
Tras detener a la propietaria, una mujer de 47 años, los agentes dieron aviso a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario de la Diputación General de Aragón (DGA) para que se tomasen las medidas encaminadas a garantizar la supervivencia y bienestar de los pocos ejemplares que quedaban vivos.
Igualmente se realizaron gestiones con el Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA en Huesca para coordinar la retirada y destrucción de los cadáveres.
Según dichas fuentes, el pasado año, en el desarrollo de la operación Maximus, se detuvo o imputó a un total de seis personas por sendos ilícitos de maltrato animal.
Las diligencias instruidas, junto con la detenida, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón, que decretó la libertad con cargos de la ganadera. 

La Policía Federal brasileña desmontó hoy una gigantesca organización criminal que involucraba a varias de las mayores productoras de carnes del país y que sobornaba a fiscales sanitarios para poder vender carne adulterada, impropia para el consumo y hasta vencida, informaron fuentes oficiales.
Una operación que movilizó a cerca de 1.100 agentes de la Policía Federal en 7 de los 27 estados brasileños detuvo a decenas de acusados de participar en la organización, entre los cuales ejecutivos de empresas como las multinacionales BRF y JBS, que figuran entre las mayores exportadoras mundiales de carnes.
El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización u omitirse totalmente, informó la Policía Federal en un comunicado.
"Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin cualquier fiscalización efectiva de los alimentos", asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.
Entre las irregularidades detectadas en dos años de investigación destaca la venta de carne impropia para el consumo que era adulterada con productos químicos, la comercialización de productos con exceso de agua o almacenados en condiciones inadecuadas en los frigoríficos y el empaque en nuevas embalajes de productos cuyo plazo de validad había vencido.
Los fiscales se omitían incluso en casos en que la carne de los embutidos era mezclada con cartón.
Los superintendentes de los órganos de fiscalización agropecuaria también fueron acusados de determinar el traslado a otros estados de fiscales que no aceptaban participar en las irregularidades.
"Esa conducta permitía que los frigoríficos y las empresas del ramo alimenticio continuasen su actuación delictiva y operasen sin ningún respeto a la legislación vigente", según la Policía Federal.
La organización fue descubierta precisamente porque un fiscal se negó a aceptar las irregularidades y buscó a la Fiscalía para denunciar que lo habían trasladado como castigo por cumplir sus funciones.
El juzgado 14 federal de la ciudad de Curitiba, responsable por la operación, ordenó el arresto de 38 personas, la conducción a la fuerza a comisarías de otras 77 y registros en 194 empresas y residencias de los acusados en los estados de Sao Paulo, Brasilia, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Goiás.
Tales números convierten la llamada "Operación Carne Débil" en la mayor ya realizada por la Policía Federal en su historia, según el comunicado de la institución.
De acuerdo con la Policía, entre los presos figuran ejecutivos de la BRF, empresa fabricante de las marcas de carne Sadia y Perdigao, y la JBS, que produce y exporta las marcas Friboi, Swift y Seara.
El juez responsable por el caso también ordenó el arresto de 1.000 millones de reales (unos 322,6 millones de dólares) de las cuentas y los bienes de los acusados.

El jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo ha reconocido hoy que cobró a ganaderos por realizar trámites que eran gratuitos y ha aceptado una pena de dos años de cárcel, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, y una multa de 3.000 euros.
Este hombre ya había depositado en el Juzgado las cantidades que le habían entregado varios ganaderos, por importe total de 15.886 euros, y que les serán devueltas.
La Audiencia de Cantabria tenía señalado para hoy el juicio contra esta técnico de la Consejería de Ganadería, pero no ha llegado a celebrarse porque había llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena que le reclamaban.
Este hombre ha sido condenado, en una sentencia que ya es firme, por un delito continuado de cohecho, y le aplican las atenuantes de reparación del daño, porque había devuelto el dinero, y de dilaciones indebidas en el proceso.
Además de la pena de dos años de cárcel, el fiscal pedía para él cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, la multa de 3.000 euros y el pago de las costas.
Y todo ello se incluye en la condena que se le impone, después de que este hombre haya dicho en la Sala que está de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, como ya manifestó en el mes de diciembre en una comparecencia previa en el Juzgado.
En el proceso también ha intervenido la acusación que ejerce el Gobierno de Cantabria, que no se ha opuesto a esta conformidad.
El hombre era jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo, donde se tramitaban expedientes de las distintas ayudas económicas a ganaderos y agricultores.
El escrito de la Fiscalía explica que se aprovechó de su condición de funcionario con poder en la gestión de esos expedientes para reclamar durante varios años cantidades económicas a los ganaderos.
Según el fiscal, al pedir dinero el hombre alegaba que la tramitación de los expedientes era complicada, que le "suponía un sobreesfuerzo laboral" o que tenía que hacer alegaciones o recursos.
El Ministerio Público destaca que este técnico no tenía derecho a percibir retribución alguna en ninguno de los casos en los que cobró, y que se aprovechó "bien de la edad" de los ganaderos, de "su desconocimiento absoluto" del procedimiento, o de su "temor racional" a que no se aceptara su petición de ayuda.
Este técnico fue apartado de sus funciones y suspendido cautelarmente durante seis meses durante el tiempo en que duró el expediente administrativo abierto por la Consejería de Medio Rural.
Este departamento trasladó el caso a la Fiscalía y ésta al juzgado de Medio Cudeyo que realizó la instrucción. 

La Guardia Civil investiga a tres personas por presuntos delitos de falsificación documental, intrusismo y estafa a más de sesenta ganaderos zamoranos a los que instalaron equipos de refrigeración que utilizaban un gas prohibido para mantener fría la leche de sus explotaciones.
La investigación ha corrido a cargo del Seprona y se ha prolongado durante ocho meses en los que los agentes han revisado equipos de frío utilizados para refrigeración de leche de explotaciones de la provincia para conocer el alcance de la presunta estafa, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.
En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha inmovilizado en las instalaciones de una empresa de la provincia de León 198 kilos de gases prohibidos y otros 22 kilos de otro gas desconocido.
El Seprona tuvo conocimiento en julio del año pasado de la existencia de instalaciones frigoríficas de explotaciones ganaderas de ovino que no habían podido ser registradas en Industria por falta de documentación que debía aportar la empresa instaladora.
La investigación se centró en una empresa instaladora, que a través de sus trabajadores extendían certificados oficiales falsos, donde se reflejaban que la instalación utilizaba gases permitidos, cuando en realidad la mayoría de los equipos de frío de las explotaciones ganaderas afectadas poseían y usaban gases prohibidos desde el año 2010.
Los empleados de esta empresa, encargados de realizar las certificaciones, carecían de la habilitación necesaria para trabajar con gases refrigerantes y hacer modificaciones en instalaciones eléctricas.
Tras verificar la falsedad de los documentos oficiales que expedían estos trabajadores, el Seprona inspeccionó unas instalaciones que esta empresa disponía en la provincia de León, donde hallaron tres botellas con gas R-409-A (HCFC), prohibido desde el año 2010 tanto su uso como su tenencia, con un peso total de 198 kilos.
Además, encontraron otra botella de 22 kilso de peso de la que no han podido identificar el gas que contenía.
Los ganaderos afectados por las supuestas malas prácticas utilizadas por la empresa instaladora han visto desestimadas sus solicitudes para que Industria autorizara la instalación pese a haber pagado los trabajos realizados a la empresa instaladora.
Los hidroclorofluorocarburos (HCFC), grupo en el que se encuentra el gas hallado en las instalaciones de la empresa investigada, son sustancias destructoras de la capa de ozono.
Los efectos intervenidos y las diligencias instruidas por el Seprona ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Zamora.

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