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rebaño abandonado LORCA

La Guardia Civil investiga a los propietarios de una granja de Lorca en la que los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) han encontrado un centenar de cabras y ovejas desnutridas y en un deplorables estado de salubridad junto a una treintena de cadáveres de ovino y caprino.
La explotación ganadera está ubicada en un paraje rural cerca de la rambla del río Amir y el Seprona acudió a la finca tras recibir una denuncia ciudadana sobre el estado en el que se encontraban los animales.
En su interior hallaron dispersos por el recinto numerosos restos de animales muertos en diferentes estados de putrefacción, algunos de ellos momificados y otros con evidencias de una muerte reciente.
Los cadáveres estaban diseminados por el recinto y algunos de ellos se encontraban en los rediles en los que se alojaba ganado vivo en evidente estado de desnutrición.
Junto a veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Lorca la Guardia Civil examinó la documentación de la granja que desveló otras irregularidades como la falta de rotal de identificación a una decena de los rumiantes.
Contra los dos varones propietarios de la granja la Guardia Civil ha abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal que ya ha remitido al Juzgado de Instrucción de Lorca que ha asumido el caso.
El Seprona ha tramitado además varias propuestas de sanción administrativa por irregularidades en la documentación de la granja y de los animales.

El gran incendio forestal de Gran Canaria, que acabó con 1.300 hectáreas de suelo "rígido y ganadero", ha provocado la inutilización de pozos de agua que abastecen la actividad agroganadera, motivo por el que numerosos granjeros han tenido que abandonar sus pastos habituales.
Así lo han explicado este jueves los representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias) en una conferencia de prensa, al considerar que Gran Canaria se encuentra ante "un nuevo desafío para la actividad agroganadera tras al fuego".
El incendio ha promovido una "situación inestable" en relación al riego de los pastos de los ganaderos canarios, sobre todo, en aquellos cultivos más sensibles como las hortalizas o las papas, que ahora mismo "se hallan deshidratados y es casi imposible recuperarlos".
La catástrofe, que ya se encuentra en su fase de control, devastó los pastos y la comida de los animales, lo que supondrá "un grave problema para generar alimentos de producción local", ha subrayado el presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández.
Asimismo, el fuego obligó a desplazar a más de 4.000 cabezas de ganado y generó una situación crítica con respecto al mantenimiento hídrico de la isla, ya que afectó a la infraestructura de las tuberías de riego y habrá que repararlas para mantener tanto los pastos como los ganados.
"El incendio ha sido una verdadera catástrofe que ha provocado una lacra de deforestación y deshidratación de Gran Canaria", ha explicado el presidente La Unión de Asociaciones de La Reserva de La Biosfera de Gran Canaria, Cristóbal Sánchez, que, a su juicio, es el motivo por el que el incendio ha sido en esta ocasión tan voraz.
La organización profesional agraria ha convocado una cumbre con el presidente del Cabildo insular y con el presidente del Gobierno regional para reflexionar acerca de las medidas que han de tomar para evitar que otro incendio de esta magnitud afecte a la isla.
Ambos ponentes han atribuido la dimensión del fuego originado en Valleseco a "la nefasta gestión del territorio", de ahí a que hayan considerado que es necesario "cambiar la normativa tan pesada que obstaculiza el uso de los recursos forestales".
Hernández ha asegurado que el Plan Insular de Organización, promovido por el Cabildo, no había incluido a ningún ingeniero técnico agrícola y que, de ahí, sea "necesario" una modificación del mismo.

ocupación granjasLos Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de explotaciones ganaderas por parte de animalistas, en que se podrían imponer sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes del gobierno catalán, las consellerías de Interior y Agricultura ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada la problemática de las ocupaciones de grupos de animalistas en explotaciones ganaderas para protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena de casos.

En concreto, según las fuentes, el protocolo prevé que haya una actuación coordinada con los Mossos y los Agentes Rurales, de forma que estos últimos puedan acudir en caso de denuncia por ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma paralela a la vía penal abierta por los Mossos d'Esquadra.

Además, Agricultura también está estudiando una modificación de la Ley de Bienestar Animal para blindar el actual régimen sancionador por infracciones como la ocupación de las explotaciones ganaderas, que fija sanciones de entre 6.000 hasta 100.000 euros.

En los últimos meses se han detectado media docena de ocupaciones en explotaciones ganaderas y en mataderos por parte de activistas animalistas que están en contra de la producción animal actual.

Según Agricultura, este tipo de protestas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los animales, ya que representan un factor de estrés muy elevado.

Además, suponen un incumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidas en la norma vigente, lo que podría acarrear una multa por vía administrativa.

Para evitar la ocupación de este tipo de explotaciones, la consellería de Agricultura ha editado un díptico en que recomienda disponer de una valla en el perímetro de toda la granja, cerrar en todo momento los accesos al lugar, aunque haya personal trabajando dentro, y únicamente abrir cuando sea estrictamente necesario para la entrada o salida de camiones o personas.

Si se detecta la entrada de personal ajeno a la explotación, Agricultura recomienda llamar al teléfono de emergencias 112, facilitando la ubicación exacta del lugar, el número aproximado de personas que hay en la explotación, detallando qué están haciendo y dónde, y la identificación de los vehículos.

Además, también recomienda evitar cualquier tipo de enfrentamiento o cualquier relación con los ocupantes.

Una vez los activistas estén dentro de la finca, y que los Agentes Rurales hayan levantado acta por vía administrativa, la Generalitat recomienda interponer una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, haciendo constar si se han cargado en las redes sociales imágenes de la protesta.

Según Agricultura, en la denuncia se debe hacer constar si se ha robado algún animal. 

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha expresado este martes su satisfacción por el anuncio de la Generalitat de que prepara un protocolo para sancionar los casos de ocupaciones de explotaciones ganaderas por parte de animalistas.

Asaja ha hecho público un comunicado en el que expresa su agradecimiento por estas medidas a causa de los "graves perjuicios" que las ocupaciones representan para el sector ganadero, que se ve obligado a cumplir medidas para garantizar la "bioseguridad" y evitar contagios de enfermedades como la peste porcina.

Esta entidad contrapone las medidas que el sector ganadero debe cumplir "obligatoriamente", mientras los "animalistas pueden entrar a tocar el ganado y estresarlo", vulnerando sus derechos y el bienestar animal.

La presidenta de Asaja, Rosa Pruna, ha considerado que "ya era hora de adoptar estas medidas y sanciones y llevar ante los tribunales estas actuaciones".

Los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de explotaciones ganaderas por parte de animalistas, en que se podrían imponer sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes del gobierno catalán, las consellerías de Interior y Agricultura ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada la problemática de las ocupaciones de grupos de animalistas en explotaciones ganaderas para protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena de casos

La Guardia Civil de Ávila investiga a una persona por al parecer dejar morir a más de 40 animales en una explotación ganadera de su propiedad situada en la provincia abulense, entre ellos cabras, perros y aves.
Según han explicado fuentes de la Benemérita en nota de prensa, el pasado 19 de julio los agentes localizaron en esa explotación, cuya ubicación no se precisa, una decena de cadáveres de cabras y perros, que según las investigaciones podrían haber estado encerrados "sin comida ni agua más de veinte días".
La investigación determino que el presunto autor había dejado morir a 37 cabras, cinco perros y "un número indeterminado de aves".
Dos burros y un macho cabrío fueron encontrados con vida en esa misma explotación aunque en un "grave estado de desnutrición", han explicado las mismas fuentes.
Esos animales fueron acogidos "en cuarentena" por ganaderos de la zona y se encuentran a la espera de que la autoridad competente decida su destino.
Las actuaciones fueron llevadas a cabo por el Seprona, con el apoyo de una Unidad Veterinaria y de un Ayuntamiento abulense que no se precisa y que ha sido el que se ha hecho cargo de la retirada de los cadáveres y también de la desinfección de la explotación y de las fincas cercanas.
Y es que "se había producido una plaga de insectos transmisores, como pulgas, entre otros, originada a causa del abandono de los animales", de acuerdo a la misma fuente, que ha añadido que la explotación carecía de cualquier control sanitario, licencia o documentación. 

guardia civil 1

La Guardia Civil ha instruido diligencias a tres personas que están siendo investigadas, dos de Cantabria y otra de Vizcaya, por un presunto delito de estafa y usurpación de estado civil, por la adquisición de 582 quesos que no habían sido abonados a la fábrica.
Estos productos estaban siendo vendidos al por menor en los mercadillos, según señala en una nota de prensa la Guardia Civil, que ha denominado esta operación como "Quesucu".
Por estos hechos se ha procedido a investigador a un hombre y una mujer vecinos de Guriezo, ambos de 44 años, así como a otro hombre vecino de Ortuella (Vizcaya), de 42 años.
La identidad de este último figura como la que realizó el pedido de la mercancía acordando el pago aplazado que no se llegó a hacer.
La investigación comenzó el pasado 23 de junio cuando componentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Laredo interceptó un vehículo en las inmediaciones del mercadillo de Oriñón (Castro Urdiales), que transportaba en el maletero varias cajas con quesos.
Los ocupantes del vehículo eran el hombre y la mujer residentes en Cantabria y que en el presente año ya habían sido detenidos por la Guardia Civil dentro de una operación en la que se desarticuló un grupo organizado que presuntamente causó cerca de 75.000 euros de perjuicio económico a cinco empresas de ámbito nacional por el denominado "timo del nazareno"
Al no poder acreditar la legal tenencia de los quesos que transportaban, con facturas u otros documentos, los agentes intervinieron esa mercancía para intentar averiguar su procedencia.
Los efectivos de la Guardia Civil comenzaron entonces una investigación en la que averiguaron que los quesos procedían de una empresa de Ciudad Real.
Con los datos aportados por el instituto armado, la empresa informó que esa mercancía procedía de un pedido de 582 quesos de oveja curados y semicurados valorados en casi 18.000 euros, realizado a mediados de mayo de este año, y que no había sido pagado por la parte compradora.
De igual forma se pudo saber que esta mercancía había sido transportada a Vizcaya, donde fue recogida.
Los agentes sospecharon que podían encontrarse ante un nuevo caso del conocido "timo del nazareno", consistente en la adquisición de productos a empresas con engaño para posteriormente revenderlos sin haber pagado la mercancía recibida.
De esta forma se pudo averiguar la identidad del solicitante del pedido, un hombre residente en Vizcaya.
También se constató que uno de los que había retirado el envío de los quesos era el vecino de Cantabria, el cual se hizo pasar por el residente de Vizcaya, cometiendo en ese acto un presunto delito de usurpación de estado civil.
Finalmente se instruyeron diligencias a los dos hombres y a la mujer como presuntos autores de un delito de estafa por la adquisición de los 582 quesos sin haber sido pagados.
La investigación continúa para la recuperación de los quesos, así como para averiguar si hubiera otras empresas que pudieran haber sido víctimas del timo por estas personas.

listeriosis en quesos

                                                                                                           FOTO: actu.fr

El consumo de queso contaminado con listeria y fabricado por la compañía Fromagère de la Brie ha causado en Francia dos muertes, mientras que otras cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas, informó este miércoles el diario "Le Parisien".
El primer fallecimiento por listeriosis se produjo el 3 de mayo y la víctima fue una mujer de 64 años residente en Yonne, en el centroeste de Francia.
En el registro efectuado en su domicilio se encontró en la nevera un queso de leche cruda contaminado con listeria y producido por esa empresa.
En el segundo caso, según anunció este lunes la agencia sanitaria de la región de Alta Francia, la infección, que se transmite principalmente por la ingestión de alimentos contaminados, provocó que una mujer embarazada perdiera al bebé.
Los ministerios de Sanidad y Agricultura de Francia anunciaron el pasado 10 de abril la retirada de quesos de Fromagère de la Brie tras hallar restos de la bacteria en esos productos.
El director de la empresa, Philippe Bobin, anunció en "Le Parisien" un día después su intención de dimitir "en quince días" y de encontrar un comprador para ayudar a salvaguardar los 65 puestos de trabajo.

Un hombre está investigado en Gran Canaria acusado de causar la muerte de varios animales en una finca de su propiedad, debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias y falta de alimentación en la que estaban, ha informado la Guardia Civil.
En la finca, situada en la zona conocida como Rosiana, había cuatro animales muertos (una cabra, una oveja, un cordero, y una gallina), un perro no tenía agua ni comida y un cerdo estaba atado con cuerda de pequeñas dimensiones sin refugio, se informa en un comunicado.
Asimismo, varias gallinas estaban dispersas por la parcela sin alimentación, y todos los animales estaban desnutridos por falta de atención, sin alimentación, ni agua y en condiciones higiénico-sanitarias deficientes.
Los agentes rescataron con vida un cerdo, un perro, diez gallinas y un pavo y fueron trasladados al centro temporal de recogida de animales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

La Guardia Civil ha destapado, a partir de una investigación iniciada en Burgos, una trama de administración irregular de medicamentos en animales, que se extendía también a la provincia de Palencia, ha detenido a una persona e investigada a otras doce presuntamente implicadas en distinto grado.
Según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, en el marco de la denominada Operación 'Sperandia', se ha detenido al dueño de una comercial veterinaria e investigado a otras doce personas, entre ellos cinco ganaderos, por su presunta participación, en distinto grado de autoría, en delitos contra la salud pública, falsedad documental, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició el pasado agosto en el ámbito de la operación Pangea XI, coordinada por la Guardia Civil en el marco de Europol y dedicada a la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos.
A raíz de una inspección llevada a cabo por el Seprona en un comercio dedicado a actividades veterinarias en Burgos, se descubrió que expedían recetas a nombre de explotaciones ganaderas "inactivas" del País Vasco y Cantabria.
Sin embargo, llamó la atención que esas explotaciones no eran las destinatarias reales de los medicamentos, bien porque su titular no poseía ya la explotación que figuraba en las recetas o por no ser cliente de esa comercial.
Las pesquisas demostraron que estas recetas eran validadas por tres veterinarios diferentes, los cuales al parecer firmaban las recetas a solicitud del dueño de la comercial sin realizar tratamiento alguno a los animales.
Tras las primeras investigaciones se verificó que casi 500 medicamentos habían salido de la comercial con destino desconocido, amparados por la firma de veterinarios que finalmente han sido investigados por falsedad de documento oficial y pertenencia a grupo criminal.
El siguiente paso de la investigación fue averiguar el destino de estos y otros medicamentos, cuya administración es exclusiva de veterinarios, que ha concluido con cinco ganaderos de las provincias de Burgos y Palencia investigados por intrusismo profesional.
Finalmente, ha sido detenido J.C.N.F. (45), e investigados L.MM (32), S.T.S. (42), S.A.G. (69), F.T.A. (71), L.M.N.T. (56), F.A.C. (61), J.L.C.R. (64), A.C.D.(58) F.J.C.D. (62), F.B.R.(65), A.H.V.(22) , J.P.M.(39).
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, donde han sido entregadas las diligencias y coordinada por la Sección del Seprona de la Comandancia de Burgos.
También han colaborado la Diputación Foral de Vizcaya, la Junta de Castilla y León, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Consejo de Colegio de Veterinarios de España.
Según la Guardia Civil, las irregularidades señaladas conllevan un uso indebido de medicamentos sujetos a prescripción veterinaria sin un adecuado control, supervisión y responsabilidad de profesionales sanitarios, tanto en la dispensación de medicamentos (farmacéuticos), como en la prescripción de dichos medicamentos (veterinarios).
Al operar de este manera, se podrían ocasionar graves e innecesarios riesgos para la sanidad animal, la salud humana y el medio ambiente.

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Córdoba a tres personas, de 73, 51 y 26 años, como supuestos autores de un delito de robo de 21 corderos en una explotación ganadera de la zona norte de la provincia cordobesa.
El instituto armado ha explicado en una nota que las investigaciones se iniciaron el pasado febrero tras observar los agentes un vehículo ocupado por dos personas, en un camino de acceso a una explotación ganadera.
Al considerarlo sospechoso, los agentes lo trataron de interceptar y solicitaron la colaboración de más agentes hasta comprobar que los ocupantes del vehículo habían supuestamente cometido un robo de corderos en dicha explotación.
El avance de las gestiones permitió a los investigadores sospechar que los corderos sustraídos pudieran ocultarse en una explotación ganadera ubicada en las inmediaciones de esta capital.
Una vez localizada e inspeccionada, en la que se encontraban el titular y dos familiares del mismo, localizaron en una de las instalaciones 21 corderos, cuya lícita procedencia no pudieron acreditar ninguna de estas tres personas, por lo que fueron intervenidos.
Tras comprobar que los corderos eran los mismos que habían sido sustraídos en el robo de la zona norte de la provincia, se procedió a la detención de lo tres sospechosos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza. 

Los Mossos d'Esquadra han denunciado administrativamente al propietario de una explotación ganadera de Ulldecona por el abandono de cadáveres de ovejas, informa este jueves la policía de la Generalitat.
Los agentes fueron informados este lunes 26 de febrero de que cuatro cadáveres de ovejas habían sido tirados en un tubo de desagüe de la autopista AP-7 a su paso por Ulldecona.
A partir de estos hechos los policías iniciaron indagaciones e identificaron la explotación ganadera de la que habían salido los cadáveres.
Ayer miércoles los agentes inspeccionaron la explotación ganadera, donde detectaron otros cadáveres de ovejas en el interior de unas fosas ubicadas en unos terrenos adjuntos.
Los agentes denunciaron el mismo miércoles al propietario de la explotación por una infracción de la Ley 8/2003 de sanidad animal, concretamente por el abandono de cadáveres de animales que puedan causar un riesgo para la sanidad animal, salud pública o puedan contaminar el medio ambiente.
Se da la circunstancia de que el denunciado es reincidente en este tipo de infracción. 

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