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La Policía Federal brasileña desmontó hoy una gigantesca organización criminal que involucraba a varias de las mayores productoras de carnes del país y que sobornaba a fiscales sanitarios para poder vender carne adulterada, impropia para el consumo y hasta vencida, informaron fuentes oficiales.
Una operación que movilizó a cerca de 1.100 agentes de la Policía Federal en 7 de los 27 estados brasileños detuvo a decenas de acusados de participar en la organización, entre los cuales ejecutivos de empresas como las multinacionales BRF y JBS, que figuran entre las mayores exportadoras mundiales de carnes.
El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización u omitirse totalmente, informó la Policía Federal en un comunicado.
"Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin cualquier fiscalización efectiva de los alimentos", asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.
Entre las irregularidades detectadas en dos años de investigación destaca la venta de carne impropia para el consumo que era adulterada con productos químicos, la comercialización de productos con exceso de agua o almacenados en condiciones inadecuadas en los frigoríficos y el empaque en nuevas embalajes de productos cuyo plazo de validad había vencido.
Los fiscales se omitían incluso en casos en que la carne de los embutidos era mezclada con cartón.
Los superintendentes de los órganos de fiscalización agropecuaria también fueron acusados de determinar el traslado a otros estados de fiscales que no aceptaban participar en las irregularidades.
"Esa conducta permitía que los frigoríficos y las empresas del ramo alimenticio continuasen su actuación delictiva y operasen sin ningún respeto a la legislación vigente", según la Policía Federal.
La organización fue descubierta precisamente porque un fiscal se negó a aceptar las irregularidades y buscó a la Fiscalía para denunciar que lo habían trasladado como castigo por cumplir sus funciones.
El juzgado 14 federal de la ciudad de Curitiba, responsable por la operación, ordenó el arresto de 38 personas, la conducción a la fuerza a comisarías de otras 77 y registros en 194 empresas y residencias de los acusados en los estados de Sao Paulo, Brasilia, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Goiás.
Tales números convierten la llamada "Operación Carne Débil" en la mayor ya realizada por la Policía Federal en su historia, según el comunicado de la institución.
De acuerdo con la Policía, entre los presos figuran ejecutivos de la BRF, empresa fabricante de las marcas de carne Sadia y Perdigao, y la JBS, que produce y exporta las marcas Friboi, Swift y Seara.
El juez responsable por el caso también ordenó el arresto de 1.000 millones de reales (unos 322,6 millones de dólares) de las cuentas y los bienes de los acusados.

El jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo ha reconocido hoy que cobró a ganaderos por realizar trámites que eran gratuitos y ha aceptado una pena de dos años de cárcel, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, y una multa de 3.000 euros.
Este hombre ya había depositado en el Juzgado las cantidades que le habían entregado varios ganaderos, por importe total de 15.886 euros, y que les serán devueltas.
La Audiencia de Cantabria tenía señalado para hoy el juicio contra esta técnico de la Consejería de Ganadería, pero no ha llegado a celebrarse porque había llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena que le reclamaban.
Este hombre ha sido condenado, en una sentencia que ya es firme, por un delito continuado de cohecho, y le aplican las atenuantes de reparación del daño, porque había devuelto el dinero, y de dilaciones indebidas en el proceso.
Además de la pena de dos años de cárcel, el fiscal pedía para él cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, la multa de 3.000 euros y el pago de las costas.
Y todo ello se incluye en la condena que se le impone, después de que este hombre haya dicho en la Sala que está de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, como ya manifestó en el mes de diciembre en una comparecencia previa en el Juzgado.
En el proceso también ha intervenido la acusación que ejerce el Gobierno de Cantabria, que no se ha opuesto a esta conformidad.
El hombre era jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo, donde se tramitaban expedientes de las distintas ayudas económicas a ganaderos y agricultores.
El escrito de la Fiscalía explica que se aprovechó de su condición de funcionario con poder en la gestión de esos expedientes para reclamar durante varios años cantidades económicas a los ganaderos.
Según el fiscal, al pedir dinero el hombre alegaba que la tramitación de los expedientes era complicada, que le "suponía un sobreesfuerzo laboral" o que tenía que hacer alegaciones o recursos.
El Ministerio Público destaca que este técnico no tenía derecho a percibir retribución alguna en ninguno de los casos en los que cobró, y que se aprovechó "bien de la edad" de los ganaderos, de "su desconocimiento absoluto" del procedimiento, o de su "temor racional" a que no se aceptara su petición de ayuda.
Este técnico fue apartado de sus funciones y suspendido cautelarmente durante seis meses durante el tiempo en que duró el expediente administrativo abierto por la Consejería de Medio Rural.
Este departamento trasladó el caso a la Fiscalía y ésta al juzgado de Medio Cudeyo que realizó la instrucción. 

La Guardia Civil investiga a tres personas por presuntos delitos de falsificación documental, intrusismo y estafa a más de sesenta ganaderos zamoranos a los que instalaron equipos de refrigeración que utilizaban un gas prohibido para mantener fría la leche de sus explotaciones.
La investigación ha corrido a cargo del Seprona y se ha prolongado durante ocho meses en los que los agentes han revisado equipos de frío utilizados para refrigeración de leche de explotaciones de la provincia para conocer el alcance de la presunta estafa, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.
En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha inmovilizado en las instalaciones de una empresa de la provincia de León 198 kilos de gases prohibidos y otros 22 kilos de otro gas desconocido.
El Seprona tuvo conocimiento en julio del año pasado de la existencia de instalaciones frigoríficas de explotaciones ganaderas de ovino que no habían podido ser registradas en Industria por falta de documentación que debía aportar la empresa instaladora.
La investigación se centró en una empresa instaladora, que a través de sus trabajadores extendían certificados oficiales falsos, donde se reflejaban que la instalación utilizaba gases permitidos, cuando en realidad la mayoría de los equipos de frío de las explotaciones ganaderas afectadas poseían y usaban gases prohibidos desde el año 2010.
Los empleados de esta empresa, encargados de realizar las certificaciones, carecían de la habilitación necesaria para trabajar con gases refrigerantes y hacer modificaciones en instalaciones eléctricas.
Tras verificar la falsedad de los documentos oficiales que expedían estos trabajadores, el Seprona inspeccionó unas instalaciones que esta empresa disponía en la provincia de León, donde hallaron tres botellas con gas R-409-A (HCFC), prohibido desde el año 2010 tanto su uso como su tenencia, con un peso total de 198 kilos.
Además, encontraron otra botella de 22 kilso de peso de la que no han podido identificar el gas que contenía.
Los ganaderos afectados por las supuestas malas prácticas utilizadas por la empresa instaladora han visto desestimadas sus solicitudes para que Industria autorizara la instalación pese a haber pagado los trabajos realizados a la empresa instaladora.
Los hidroclorofluorocarburos (HCFC), grupo en el que se encuentra el gas hallado en las instalaciones de la empresa investigada, son sustancias destructoras de la capa de ozono.
Los efectos intervenidos y las diligencias instruidas por el Seprona ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Zamora.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona como presunta autora de un robo y tres hurtos cometidos en explotaciones ganaderas de El Torno y El Robledo en los que sustrajo 37 corderos valorados en 3.100 euros.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en un comunicado, la detención de esa persona se ha producido una vez que los agentes de la Benemérita iniciaran una investigación a raíz de la comisión de varios robos de este tipo.

Tras minuciosas inspecciones oculares en los lugares de los hechos, los agentes obtuvieron datos relevantes que permitieron establecer una línea de investigación centrada en una persona vecina de la localidad de El Robledo, que tenía antecedentes policiales por hechos similares.

Como resultado de las pesquisas realizadas, y reunidas las pruebas incriminatorias suficientes, se procedió a la detención de J.P.P.J., de 26 años, como presunto autor de un robo y dos hurtos cometidos en El Robledo, y otro hurto en la localidad de El Torno.

Para cometer estos delitos el detenido fracturaba las cerraduras de las puertas de acceso o bien aprovechaba el descuido de los propietarios de dichas explotaciones para sustraer el ganado.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Ciudad Real para evitar e investigar los robos cometidos en explotaciones agrícolas, ganaderas y en casas de campo de la provincia.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Ciudad Real. 

La Guardia Civil investiga a dos personas por presuntas irregularidades en el etiquetado de 15.000 corderos de origen francés a lo largo de 2016 en una empresa cárnica de Riaza (Segovia), en una estafa que podría sumar 160.000 euros, ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.
Los titulares de la empresa etiquetaron los corderos de origen francés como si fuesen españoles, pudiendo incurrir según la Guardia Civil, en delitos de estafa y falsificación de documento.
La investigación se inició en diciembre de 2016, tras realizar diversas inspecciones en establecimientos dedicados a la venta, almacenamiento, comercio y distribución de alimentos.
La sección del Seprona inició la "Operación Lechazo", al detectar irregularidades en la trazabilidad de los corderos de otros países después examinar los lotes de salida del matadero a la sala de despiece y compararlos con las entradas registradas.
El "modus operandi" consistía en la recepción en el matadero de corderos de origen francés documentados correctamente, los cuales, una vez sacrificados en las instalaciones, podían salir al mercado de dos formas, directamente a terceros, o a través de la sala de despiece pero con etiquetado español.
La diferencia de precio en el mercado entre el cordero francés y el español puede oscilar entre tres y cinco euros por animal a la hora de comprarlos, y entre tres y nueve euros de incremento a la hora de venderlos.
Estas actuaciones se desarrollan en el marco internacional de la Operación Opson VI, de Seguridad Alimentaria, cuya finalidad es la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios, por lo que la Guardia Civil recomienda pedir información en los establecimientos sobre el lugar de procedencia de la carne

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado hoy un nuevo ataque de lobos a una explotación de ovino en la comarca soriana de Pinares, que ha provocado la muerte de cuatro ovejas y la desaparición de un buen número de reses.
La citada organización agraria ha solicitado en un comunicado medidas eficaces a la Junta de Castilla y León que permitan controlar los continuos ataques de lobo que se están produciendo en la zona de Urbión en Soria y que garanticen la convivencia entre la ganadería en extensivo y la fauna silvestre.
El ataque de lobos a la explotación de un ganadero de ovino de Vinuesa se ha producido en la orilla del embalse de la Cuerda del Pozo, en Herreros, la misma zona donde recientemente la Unión de Campesinos de Castilla y León en Soria ya había denunciado otros tres ataques de lobos más.
Los ganaderos de la zona siguen denunciando la desaparición de terneros que no logran localizar, según ha señalado UCCL.
Todo apunta a que se trata de ataques de lobos pero que debido a las características del terreno, los animales no son localizados.
"Cuando un animal es devorado por los lobos y posteriormente por buitres ya es imposible localizar los restos que quedan de nuestros animales", han explicado los ganaderos afectados a UCCL.
La Unión de Campesinos de Castilla y León en Soria ya mantuvo una reunión con el jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta en Soria, José Antonio Lucas, para trasladarle la necesidad de poner en marcha medidas que permita restablecer el equilibrio roto entre la actividad ganadera y la fauna silvestre en la comarca soriana de Pinares.
UCCL ha reclamado de nuevo la necesidad de articular de forma urgente medidas de prevención que incluya el control poblacional del lobo cuando la conflictividad con la ganadería se hace tan patente, así como una compensación de los daños directos y el lucro cesante de forma ágil y eficaz, aspecto clave para garantizar la rentabilidad de estas explotaciones.
"Ahora mismo las indemnizaciones se encuentran muy por debajo de los daños causados a los ganaderos", ha concluido. 

Vecinos de la comarca de Las Hurdes han denunciado ante la Junta de Extremadura y la Guardia Civil la caza ilegal de dos ejemplares de macho montés, de entre 13 y 15 años, en los montes hurdanos.
Según el responsable del periódico digital somosHurdes, Jesús Santos, los restos de los ejemplares de macho montés fueron encontrados por dos personas que caminaban por las proximidades del arroyo de la Zambrana, en la alquería de Castillo, dentro del término municipal de Pinofranqueado.
Días antes del hallazgo se había encontrado en la comarca restos de otro ejemplar en condiciones parecidas.
Santos ha explicado que a las dos piezas se les había seccionado la cabeza y que ésta no se encontraba entre los restos abandonados.
Asimismo, ha subrayado que el propietario del coto donde aparecieron los ejemplares abatidos ha manifestado su voluntad de sumarse a la reclamación formulada por los vecinos.
La zona donde han aparecido los restos de los dos ejemplares no forma parte de una reserva regional y, por ello, la caza de estos animales es ilegal y sancionable. 

El secretario general de Unión de Campesinos Asturianos (UCA), José Ramón García Alba, ha lamentado hoy el fallecimiento de ganaderos en el desempeño de su actividad profesional, y ha reprochado al Principado que no se hayan cumplido acuerdos como los contemplados en el Plan del Lobo.
En relación al fallecimiento esta semana del pastor Rubén Álvarez Rivero, que perdió la vida despeñado al socorrer a sus ovejas atrapadas en una canal en el concejo de Amieva, el dirigente del sindicato agrario considera que los accidentes "no dejan de ser sucesos imprevistos" pero que tienen su origen en un "riesgo".
A su juicio, si el Plan del Lobo "se hubiera cumplido, y se hubieran sacrificado los depredadores en el número adecuado", quizás las ovejas del pastor fallecido "no habrían quedado atrapadas y ahora no serían días de lamentos".
La siniestralidad en el medio rural tiene causas "muy diversas" aunque "algunas son nuevas", sostiene García Alba, que advierte de que los ganaderos de las pequeñas explotaciones "cada día tienen que arriesgar más para obtener unos escasos beneficios".
Añade que las superficies de pasto cada día son más reducidas mientras que se incrementan los precios de los piensos, forrajes, emergía eléctrica y combustibles.
También denuncia que aumentan las "constantes trabas" que los ganaderos sufren para el cobro de las indemnizaciones por daños que sufre su cabaña ganadera.
"No pedimos trato de favor, pero sí reivindicamos que, por lo menos, aquello que se acuerde con la Administración se cumpla, y el Plan del Lobo no lo ha sido". 

La Guardia Civil ha encontrado en una explotación ganadera de la localidad de Imiruri, en el Condado de Treviño (Burgos), más de un veintena de animales muertos y otros en estado de abandono, ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno.
Según dichas fuentes, los efectivos de la Guardia Civil pudieron ver los cadáveres de veintiuna ovejas y dos corderos, algunos de los cuales estaban ya descompuestos.
Los cadáveres de los animales estaban en una zona por donde transcurre el agua y a la que tenía acceso el resto del ganado de la explotación.
Los agentes también ha comprobado que la explotación se encuentra abandonada y ni siquiera había agua en los abrevaderos.
Por ello, la Guardia Civil ha abierto una investigación contra el propietario del establo, un hombre de 67 años, como presunto autor de un delito de abandono de animales con resultado de muerte.

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Quintana de la Serena (Badajoz) como presunto autor de la sustracción de ocho corderos en una explotación ganadera de esta localidad pacense.
Tras la denuncia del propietario de la finca, la Guardia Civil inició una investigación cuyo resultado apuntó a que los animales sustraídos podrían haber sido trasladados a explotaciones de la zona.
A raíz de varias pesquisas, agentes del instituto armado localizaron los ocho corderos en una explotación ganadera del Valle de la Serena, los cuales fueron reconocidos posteriormente por su legítimo propietario. 

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