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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado una excepción, durante el estado de alarma, del cumplimiento de los tiempos de descanso que hay que hacer en el transporte o movimiento de animales establecidos en el capítulo V del anexo I del Reglamento CE 1/2005.

La Orden TMA/279/2020 que recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) apunta que es conveniente flexibilizar lo relativo a las horas de viaje y descanso de los animales, en línea con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre.

En esta última resolución, se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

La normativa publicada hoy en el BOE apunta también que es preciso, a fin de garantizar el abastecimiento, permitir la utilización de las autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores que no hayan podido renovarse.

En concreto, amplía la vigencia de las autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales y los certificados de formación de los conductores o cuidadores cuya fecha de expiración se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la finalización del estado de alarma. 

Dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días adicionales.

La Orden también dispone que los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a pesar de no haber sido sellados por la autoridad competente hasta siete días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo

 

Ya es firme la sentencia del TSJ que anuló parte del Decreto sobre condiciones ambientales para granjas

 · La norma que anuló la sentencia del TSJ facilitaba las explotaciones de tipo familiar de profesionales y jóvenes. Su anulación dificulta este trámite, con consecuencias negativas sobre el empleo y la población en las zonas rurales

 · Las instalaciones que se hayan creado o iniciado en base al Decreto 4/2018, tendrán que iniciar un nuevo trámite para su legalización (licencia ambiental)

Una vez conocido que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contra la Sentencia 576/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló el artículo 6 del Decreto 4/20181, COAG insiste en que, como ya advirtió en su día (ver comunicado COAG-CyL de 23 de mayo de 2019) las repercusiones más negativas no recaerán sobre las macrogranjas, sino que al contrario de la valoración realizada por los promotores del recurso, Ecologistas en Acción, las más perjudicadas serán las explotaciones de tipo familiar.

Recordemos que mediante el Decreto 4/2018 la Consejería de Medio Ambiente pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a las actividades e instalaciones a las que afecta el artículo 6 y que pretendan ubicarse en Castilla y León o modificar sus capacidades. A las instalaciones que antes del Decreto 4/2018 requerían para su funcionamiento una licencia ambiental otorgada por el ayuntamiento, tras el mismo les bastaba con una comunicación a dicho ayuntamiento.

La flexibilidad introducida por el Decreto no menoscaba la salvaguarda del medioambiente; de hecho esta norma introdujo en algunos aspectos condiciones más restrictivas. En ningún caso hay que olvidar que las instalaciones ganaderas siguen estando obligadas a cumplir determinadas distancias a núcleos de población, masas de agua, pozos, normas de gestión de purines, etc., y sin perjuicio de que la normativa sectorial pueda ser más estricta para algunos sectores.

La decisión del Tribunal Supremo convierte en firme la sentencia del TSJ, provocando consecuencias negativas porque no va a aportar mayores garantías medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar las cargas administrativas y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes. En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la confirmación de la sentencia dificultar el asentamiento de proyectos, la mayoría impulsados por profesionales y por jóvenes en explotaciones pequeñas y medianas de tipo familiar, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo y la población en las zonas rurales.

Por otra parte, se crea un enorme problema para las explotaciones que se acogieron al Decreto 4/2018 y que en base a este en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron a presentar comunicación al ayuntamiento. COAG recomienda a los afectados que se informen en sus respectivos ayuntamientos del procedimiento a seguir para obtener la legalización de sus instalaciones.

Por último, hemos de aclarar que, contrariamente a lo que se informa desde Ecologistas en Acción, ni la sentencia 576/2019 ni la actual decisión del TS tienen absolutamente ninguna afectación práctica sobre la macrovaquería de Noviercas, ya que este proyecto siempre ha estado fuera del ámbito de aplicación del art. 6 del Decreto 4/2018 y precisa de evaluación de impacto ambiental.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentó durante la pasada semana en una reunión sectorial la necesidad de realizar una modificación e la normativa alrededor del sistema Letra Q, en todo lo que se refiere al control de la calidad y trazabilidad de la leche, tanto de vaca como de pequeños rumiantes, para establecer una serie de controles sanitarios.

Por lo que se refiere a las explotaciones, los controles que se realizarán en la propia granja serán una inspección visual, control de temperatura, limpieza del tanque y de la sala de ordeño, prueba de acidez y estabilidad al alcohol en el caso de sospecha de deterioro microbiológico y una prueba de antibióticos ‘in situ’ en caso de sospecha. También se tomarán muestras de leche para analizar la bacteriología, las células somáticas y la presencia de residuos de antibióticos, además de otros aspectos como la grasa, la proteína, el extracto seco y el punto crioscópico.

Además de una mejora en el programa de gestión del sistema Letra Q, se prevé que se establezcan una serie de alertas que recibirá el ganaderos, consistentes en positivos a residuos de antibióticos en muestra de tanque y de cisterna, superación del límite máximo establecido para el recuento de colonias de gérmenes y también en el caso de superar el límite máximo para el recuento de células somáticas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que las explotaciones ganaderas intensivas de Castilla y León requieren de licencia ambiental previa, en contra de lo aprobado por la Junta hace dos años mediante decreto, según ha informado este jueves Ecologistas en Acción.

En un comunicado, los ecologistas han precisado que el Supremo no ha admitido el recurso de la Junta contra la sentencia del TSJCYL que en mayo pasado ya anuló que las explotaciones ganaderas de la Comunidad no requieran de esa licencia ambiental previa.

Como ya sucediera tras el fallo del TSJCyL, Ecologistas ha recordado que eso supone que todas las "explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".

Además, "cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta", ha sostenido la formación ecologista.

En la práctica, "todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en los dos últimos años mediante una simple comunicación a la Administración deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la desregulación confirmada ahora ilegal", de acuerdo a las mismas fuentes.

La Asociación de Ferias Españolas, AFE, ha celebrado su asamblea en la que sus miembros, por unanimidad, han reelegido a Xabier Basañez, para conducir y representar a la asociación los cuatro próximos años en la Junta Directiva, de la que Feria de Zaragoza forma parte.

En esta reunión, además, se ha aprobado extender la duración de los mandatos presidenciales a cuatro años, limitando el número máximo de mandatos a dos; se han analizado las actividades y eventos más relevantes de 2019, así como el cierre contable, y la aprobación del presupuesto para 2020.

La reelección de Xabier Basañez como presidente conlleva el nombramiento y ratificación, por parte de la Asamblea General, de los demás miembros de la Junta Directiva. En este sentido, las entidades feriales con representación en la Junta son las de: Barcelona, Bilbao, Don Benito, Elche, Gijón, Las Palmas, Madrid, Málaga, Torre Pacheco, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El nombramiento también implica el respaldo de los socios a la gestión llevada a cabo en estos últimos años y a los planes de futuro trazados por las diferentes comisiones de trabajo. En este sentido, el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, continuará al frente de la de Formación.

Todos los miembros han valorado positivamente el ejercicio de este año, tanto para AFE como para el sector en su conjunto, con parámetros de signo creciente en las ferias celebradas en 2019.

La Asociación de Ferias Españolas, fundada en 1964, agrupa actualmente a 26 miembros (incluyendo cinco empresas proveedoras de la industria ferial como socios colaboradores), que representan más del 90 por ciento de la actividad del sector, la cual supone más de 4.000 millones de euros de impacto económico conjunto anual.

En 2020 está prevista la celebración de alrededor de 700 eventos organizados por los socios de AFE, de los cuales la mayor parte son ferias comerciales y congresos. España es uno de los principales países de Europa en materia de ferias, junto con Alemania, Italia, Francia, Turquía y Reino Unido.

Mediante el Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios, se adaptó la normativa en dicho ámbito a los cambios introducidos al respecto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, y en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Con la experiencia adquirida desde su aplicación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) considera que se hace necesario llevar a cabo una revisión del mismo con la intención de regular los procedimientos de autorización e inscripción de los productos zoosanitarios, simplificándolos y haciéndolos más eficaces. Asimismo, deben incorporarse a la normativa una serie de novedades que inciden en el Registro de Productos Zoosanitarios como son la efectiva utilización de los medios electrónicos.

Por otra parte, se clarifica el ámbito de aplicación del Real Decreto, considerándose, dentro del mismo, a los reactivos de diagnóstico de las enfermedades de los animales, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y ciertos productos para la higiene, cuidado y manejo de los animales y cierto material de utillaje zoosanitario (diluyentes y conservantes de óvulos, semen y embriones que no contengan sustancias con acción medicamentosa, excepto aquellas sustancias cuya acción sea la de preservación del producto y no tengan registro en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

De esta forma, el MAPA ha abierto consulta pública de un Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y de higiene, cuidado y manejo de los animales y material de utillaje zoosanitario.

Las alegaciones, observaciones, sugerencias u opiniones que se realicen al respecto deberán dirigirse por correo electrónico a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA hasta el próximo 6 de febrero.

 

Documento completo: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rdprodszoosanitariosparanuevaaudiencia_tcm30-523969.pdf 

El plazo para presentar solicitudes de autorización del uso de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) en la alimentación de aves carroñeras permanecerá abierto desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de 2020.
Así lo refleja una resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 38/2015, de 17 de marzo, que regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano en Extremadura.
Las solicitudes pueden cumplimentarse en la aplicación Arado de la Consejería, con la asesoría de las Oficinas Comarcales Agrarias, y también estarán disponibles en la web:https://ciudadano.gobex.es/.
En el caso de aquellas explotaciones ganaderas autorizadas en 2019, se renovarán automáticamente las solicitudes, por lo que no tendrán que volver a presentarlas, siempre que continúen cumpliendo los requisitos.
Agricultura recuerda que esta autorización para alimentación de aves necrófagas en explotaciones ganaderas no implica la sustitución del sistema de retirada de cadáveres, que en ciertas circunstancias seguirán retirándose de las fincas como es en el caso de los animales sacrificados dentro del Programa Nacional de Erradicación de enfermedades de ganado o ante episodios de muertes masivas por sospecha de alguna enfermedad.
El Real Decreto 526/2014, recoge la lista de enfermedades en animales de declaración obligatoria y regula la comunicación en los casos en que se emplean medicamentos veterinarios que no pueden entrar en la cadena alimentaria de la fauna silvestre.
Para este tipo de explotaciones, la Dirección General de Agricultura y Ganadería recuerda que existe una línea especial de seguros con Enesa para la retirada de ganado ovino.
La Administración regional solicita máxima colaboración a las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones agrarias y cooperativas agroganaderas en la difusión del Decreto 38/2015 y el plazo de presentación para acogerse a la autorización del uso de Sandach. 

Por su compromiso por mejorar de forma continua la seguridad y la salud en el trabajo que ofrece a sus empleados.

Nanta ha recibido el Premio a la Prevención de Riesgos Laborales 2018 que otorga la Comunidad Autónoma de Castilla y León en reconocimiento a las empresas, instituciones y personas comprometidas con la puesta en marcha de prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de la calidad y seguridad laboral en los centros de trabajo.

Concretamente ha sido en esta ocasión la fábrica de Nanta en Pobladura del Valle, provincia de Zamora, el centro galardonado en la categoría A de este premio que otorga la Consejería de Empleo castellano leonesa a “Empresas y entidades que acrediten prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de la seguridad y salud laboral en sus centros de trabajo”.

El acto de entrega se ha celebrado hoy, viernes 13 de diciembre, en Salamanca y durante el mismo Óscar Gorostiaga Liebana, director de la planta de producción de Nanta en Pobladura del Valle, ha recibido el galardón de manos de Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de organizaciones empresarial es de Castilla y León (CECALE). Gorostiaga ha manifestado tras recibirlo su satisfacción por este reconocimiento a la labor que la compañía viene realizando en el área de seguridad y salud en el trabajo. “Un reconocimiento a nuestro esfuerzo -ha dicho- por controlar e identificar todos los riesgos relacionados con la salud y la seguridad de sus trabajadores, por reducir de forma exponencial la tasa de accidentes de cualquier tipo y proporcionar la máxima calidad y seguridad para los clientes, los trabajadores y la comunidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una disminución de costes a medio y largo plazo”.

Nanta cuenta desde 2009 con el certificado OSHAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), un estándar desarrollado en el Reino Unido con reconocimiento mundial para ayudar a toda la empresa a mejorar de forma continua la seguridad y la salud en el trabajo que ofrece a sus empleados.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Ganado Caprino de Raza Pura (Cabrandalucía) celebró el pasado 28 de noviembre una Asamblea Extraordinaria, donde además de tratar diversos asuntos propios de la Federación, se renovaron los cargos de la Junta Directiva, con cambios en los altos cargos de la entidad, destacando el nombramiento como presidente de la entidad del ganadero almeriense Francisco Javier García Cervilla, mientras que el anterior presidente, Manuel Gutiérrez Vázquez, pasa a desempeñar las labores de secretario.

En la Nueva Junta Directiva hay dos miembros de cada una de las cuatro asociaciones de Cabrandalucía de cabras de aptitud láctea: Asociación Nacional de Criadores de Caprino de Raza Murciano-Granadina (Caprigran), Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida (Acriflor), Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña (Cabrama) y Asociación de Criadores de Caprino de Raza Payoya (Acapa). Las otras dos asociaciones integrantes de la Federación son la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Blanca Andaluza (Ablanse) y la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Negra Serrana o Castiza (Ancca).

 

Nueva Junta Directiva

- Presidente. Francisco Javier García Cervilla. Raza Murciano-Granadina (Caprigran). Vícar (Almería).

- Vicepresidente. José María González Castro. Raza Payoya (Acapa). Grazalema (Cádiz).

- Secretario. Manuel Gutiérrez Vázquez. Raza Florida (Acriflor). Puebla de Cazalla (Sevilla).

- Tesorero. Manuel Salcedo Martín. Raza Malagueña (Cabrama). Árdales (Málaga).

- Vocal. Arturo Barroso Caballero. Raza Murciano-Granadina (Caprigran). El Jau (Granada).

- Vocal. José García Carrasco. Raza Florida (Acriflor). Aguadulce (Sevilla).

- Vocal. Danielle Hinojo Antille. Raza Payoya (Acapa). Prado del Rey (Cádiz).

- Vocal. Antonio Vera de la Rosa. Raza Malagueña (Cabrama). Alhaurín el Grande (Málaga).

UPA-UCE Extremadura ha exigido durante la reunión del Grupo de Trabajo de Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), que se lleven a cabo las medidas necesarias para que el seguro de pastos se convierta en una "garantía real" para afrontar los problemas que padecen actualmente los ganaderos extremeños en sus explotaciones.
Además, señalan que los datos aportados por Agroseguro en el mes de octubre siguen sin recoger la realidad que se vive en el campo extremeño, ya que el satélite solo detecta sequía en dos decenas cuando la situación que se ha vivido ha sido de "sequía extrema" durante todo el mes.
Por este motivo, han indicado que ya han presentado más de 50 reclamaciones individuales por parte de ganaderos a Agroseguro, que ponen de manifiesto el mal funcionamiento del seguro, según señalan en una nota.
Por ello, UPA-UCE ha propuesto una serie modificaciones con respecto a esta línea para que no siga generando problemas a los ganaderos que, actualmente, no están obteniendo respuestas ante las adversidades.
En primer lugar, esta organización agraria ha planteado que los datos del satélite se contrasten con peritaciones zonales para asegurar que efectivamente reproducen la realidad.
Además, los representantes de UPA-UCE han propuesto la modificación de la curva de sequía, ya que la introducción de los datos de los últimos años derivado del problema por el cambio climático hace que a pesar de que las explotaciones estén viviendo una sequía extrema, en base a la curva se considere situaciones normales.
Por otro lado, también han dejado claro la necesidad de suprimir determinadas categorías establecidas en el seguro como es el modelo estándar, que ha demostrado su ineficacia en los últimos años, y que además genera confusión a los ganaderos.
El principal problema que tiene este seguro, según la UPA-UCE, es que se ha convertido en una línea cara porque ha subido mucho el coste para los ganaderos en los últimos años y, sin embargo, se han reducido sus prestaciones.
Por ello, plantean que exista un mayor apoyo presupuestario por parte de las dos administraciones a esta línea con el objetivo de convertirla en más atractiva para los ganaderos y que sirva realmente para paliar las adversidades climáticas que sufren las explotaciones.
Desde UPA-UCE Extremadura dejan claro que apuestan por el seguro de sequía en pastos porque es el único instrumento que tiene el ganadero para afrontar las pérdidas, pero para ello se tiene que producir una revisión de seguros de este tipo para dar mejores respuestas ante la problemática innegable del cambio climático. 

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