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Personal especializado de la Junta de Castilla y León ha abatido un ejemplar de lobo en el municipio abulense de San Martín de la Vega del Alberche (177 habitantes), situado en la vertiente norte de la Sierra de Gredos, a 50 kilómetros de la capital.
Se trata del tercer cánido abatido en la provincia de Ávila desde el inicio de año, después de que la patrulla especializada matara el primero en Tornadizos de Ávila el pasado mes de febrero y el segundo a mediados de marzo, también en San Martín de la Vega del Alberche.
Este tercer lobo fue abatido el pasado domingo, según han informado hoy fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, que han señalado que este año existe autorización para matar a cuatro cánidos en esta provincia.
La actuación se realizó en esta zona de la comarca agraria de Gredos, donde fue abatido un ejemplar de lobo macho, como medida de control establecida por el Plan de Conservación y Gestión del Lobo.
Es una medida autorizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante los continuos ataques que vienen sufriendo las explotaciones ganaderas de esta zona de la provincia abulense.
Desde la Administración autonómica se señala que se trata de una medida excepcional, teniendo en cuenta el carácter estrictamente protegido del lobo al sur del Duero, y como complemento a las medidas que ya se vienen poniendo en práctica para compatibilizar la existencia de la especie al sur del Duero con la actividad ganadera".
Dichas medidas van desde la asistencia técnica a los ganaderos para la tramitación de ayudas, hasta la construcción de cercados móviles y fijos para el ganado, pasando por la entrega de perros mastines y la compensación de daños.
La comarca agraria de Gredos sufrió en 2016 más de 180 ataques de lobo, con más de 200 reses afectadas, mientras que en el conjunto de la provincia, el número de ataques superó los 800.

Se trata del tercer lobo abatido este año en la provincia de Ávila, tras los que tuvieron lugar en el primer trimestre del año en Tornadizos de Ávila y San Martín de la Vega del Alberche.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición del sábado el Real Decreto que aumenta las indemnizaciones por sacrificio de animales dentro de los programas de lucha, control o erradicación de la tuberculosis, la brucelosis, la lengua azul y las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Este Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del viernes pasado, supone la modificación de un decreto anterior y, entre las principales novedades, se encuentra la actualización de las cuantías a percibir por los ganaderos, "dada la situación actual sanitaria".
En concreto, la ayuda se incrementa al 85 % del valor de los animales, así como la cuantía máxima por explotación en caso de vaciado sanitario.
Además, abre la posibilidad de que el Estado pueda subvencionar hasta el 50 % en función de las disponibilidades presupuestarias, del gasto previsto o realizado por las comunidades autónomas.
El Real Decreto recoge la modificación de algunos aspectos de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario.
La normativa entró en vigor ayer, por lo que ya se aplica a los sacrificios obligatorios o vaciados sanitarios que sean ordenados por las autoridades competentes.

Se eleva la cuantía máxima a percibir por explotación en caso de repoblación por sacrificio obligatorio de todos los animales presentes en una explotación ganadera, en caso de sospecha o confirmación de una enfermedad, conocido como vaciado sanitario

Se aplicará a los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto por el que se incrementan los porcentajes de indemnización por sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control y erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiforme.

También se elevan las cuantías máximas de las subvenciones a percibir por explotación en caso de repoblación por sacrificio obligatorio de todos los animales presentes en una explotación ganadera, decretado por la autoridad competente en caso de sospecha o confirmación de una enfermedad, conocido como  vaciado sanitario.

El gasto en indemnizaciones, que se financia por el Estado (hasta el 50 % en función de las disponibilidades presupuestarias) y las comunidades autónomas, es, a su vez, cofinanciado por la Unión Europea en un 50 %.

Con esta actualización de las cuantías se contribuye al correcto funcionamiento de los programas de erradicación, reduciendo las posibilidades de contagio y manteniendo la sanidad de los animales y se responde a la demanda de las organizaciones agrarias y de los propios ganaderos.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una Orden por la que se establecen las bases para el Programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en Caprinos y el Programa de Calificación Sanitaria de los Caprinos. El asunto de los vacíos sanitarios ha sido uno de los más llamativos y que más polémica han despertado, ya que han surgido voces, como la de la organización agraria Unión de Uniones, que aseguran que se desprotege al ganadero ante las decisiones de la administración.

A continuación, se recogen los principales parámetros de esa normativa.

 Programa de control

Todas las explotaciones de reproducción y producción que alojen animales de la especie caprina en la Comunidad Autónoma de Extremadura deberán someterse al menos a un control anual frente a la tuberculosis. Así, de forma rutinaria se aplicará la Intrademotuberculinización de comparación (IDTBc), en caprinos de seis meses o más de edad. No obstante, se aplicará la Intradermotuberculinización sencilla (IDTBs) en los caprinos de 45 días o más de rebaños sometidos a programa de calificación de tuberculosis.

Aquellas explotaciones que hayan obtenido un resultado no favorable, con reaccionantes positivos, se someterán al menos a una nueva prueba de diagnóstico dentro del periodo anual de la Campaña de Saneamiento Ganadero, debiendo transcurrir antes de realizar la nueva prueba un mínimo de 60 días desde la eliminación de los reaccionantes positivos.

Si se comparten pastos o instalaciones con bovinos, se realizarán actuaciones de control cuando los animales de la especie vacuna también sean sometidos a pruebas.

 Programa de calificación

Por otra parte, los titulares de explotaciones caprinas podrán adscribirse al programa de calificación de la tuberculosis. La inclusión de la explotación caprina en el programa de calificaciones obliga al titular de la explotación a la ejecución del programa de calificaciones. El titular se debe comprometer a mantener adecuadamente identificados a sus animales. En el caso de convivencia de más de un rebaño caprino, será necesario que todos los titulares de los rebaños de la comunal soliciten acogerse al programa de calificación.

En el caso de pastos comunales donde los titulares que lo soliciten supongan un mínimo del 50 % de las explotaciones y/o del 50 % de los animales de la comunal, en tal caso, la obtención de la máxima calificación de los rebaños será obligatoria para el resto de titulares del pasto comunal.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería, si la evolución epidemiológica de la enfermedad es favorable, podrá ordenar de oficio la inclusión de todas las explotaciones caprinas de un municipio, de una comarca ganadera, de la provincia o de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el programa de calificación de tuberculosis, con objeto de calificar TC3 a todos los rebaños caprinos.

 Paratuberculosis

El programa de vacunación anual frente a la enfermedad de la Paratuberculosis, que pretenda efectuarse en un rebaño, se llevará a cabo sobre los animales menores de 6 meses y deberá ser notificado por el titular de la explotación caprina a la Oficina Veterinaria de Zona de su comarca en el mes de diciembre anterior al año de vacunación, con objeto de que la autoridad competente pueda planificar adecuadamente la realización de las pruebas de diagnóstico oportunas. En los casos excepcionales en los que sea necesario la vacunación de animales adultos (mayores de 6 meses) deberá motivarse a la autoridad competente mediante un informe emitido por el veterinario responsable de la explotación.

Se permitirá la vacunación frente a la Paratuberculosis, de aquellos rebaños que previamente no lo habían notificado, cuando se detecten casos de sintomatología en un rebaño y se precise aplicar la vacunación, siempre y cuando se notifique mediante escrito debidamente motivado a la autoridad competente acompañado, igualmente, del informe emitido por el veterinario responsable de la explotación.

 Vacío sanitario

La autoridad competente podrá autorizar, de oficio o a solicitud del titular de la explotación caprina, el vacío sanitario en una explotación caprina cuando concurran uno o varios de los siguientes condicionantes:

a) Positividad de animales superior al 15 %.

b) Se hayan notificado casos de zoonosis en personas relacionadas con la explotación afectada.

c) La explotación comercializa leche para la elaboración de productos lácteos a base de leche cruda.

d) Los caprinos afectados conviven con bovinos.

e) Criterios epidemiológicos evidencien un riego de difusión de la enfermedad a otros animales de especies sensibles a la enfermedad o posible contagio a las personas.

Serán objeto de vacío sanitario todos los caprinos de la explotación afectada. La autoridad competente también podrá determinar que el vacío sanitario afecte a animales de la misma especie de otros rebaños considerados infectados por mantener relación epidemiológica con la explotación afectada, e incluso determinar la inclusión en el vacío sanitario de otras especies de la misma u otras explotaciones que mantengan igualmente relación epidemiológica con los caprinos afectados.

Tras el vacío sanitario, no se podrá reutilizar los pastos hasta transcurridos 90 días desde la salida del último animal de la explotación, previa comprobación de las labores obligatorias de limpieza y desinfección establecidas en el artículo 8.8 de la presente orden.

Los titulares tendrán derecho a una indemnización compensatoria por el sacrificio de sus animales de acuerdo al baremo oficial de indemnización establecido.

La Junta de Extremadura ha declarado la emergencia cinegética por motivos de protección del medio natural y de sanidad animal, el problema de la tuberculosis, lo que supone ampliar determinados cupos de caza en algunas comarcas respecto a la resolución anterior, de junio de 2016.
La nueva resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha 2 de octubre, ha sido publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Los datos y análisis detallados en el Plan General de Caza de Extremadura reflejan un incremento general de las poblaciones de ciervos y jabalíes y una anómala expansión de ciervos y jabalíes fuera de las áreas que habían constituido su hábitat tradicional.
Esto ha propiciado, según el texto de la resolución, que se constituyan poblaciones estables de estas especies en comarcas en las que la caza menor asociada y complementaria de los usos tradicionales agroganaderos era su inequívoca seña de identidad.
A ello añade que se ha producido un considerable aumento de prevalencia de la tuberculosis tanto en la fauna silvestre como doméstica.
Asimismo, los datos ofrecidos por la Unidad de Patología Infecciosa de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura constatan, en relación con la tuberculosis, la existencia de riesgos de contagio por contacto entre las especies cinegéticas de caza mayor, principalmente el ciervo y el jabalí, y la ganadería doméstica, y viceversa.
Esa unidad ha aportado otros datos que confirman la existencia de otros factores relacionados con la gestión de ganado y cinegética, y la nutrición y aportes vitamínicos que pueden ser determinantes en la prevención, desarrollo y evolución de la enfermedad, señala la resolución.
Según la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), la principal modificación es el incremento de cupos en monterías y ganchos de partes abiertas de cotos de caza mayor en las comarcas Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Alcántara-Alagón y en la subcomarca "Sierra de Azuaga".
La emergencia afecta a todas las comarcas cinegéticas, según dice Fedexcaza en su página web, que precisa que hay medidas generales para todas ellas y específicas para algunas comarcas. 

El trabajo técnico de redacción de la normativa sobre el nuevo programa de tuberculosis caprina, que va a poner en marcha la Junta de Andalucía, ya está finalizado. Por lo tanto, los trámites han pasado del Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a los servicios jurídicos de la administración regional, para que emitan el correspondiente informe.

Después llegará el momento para que sea elevado a las altas instancias de la Junta de Andalucía y aprobado por el Consejo de Gobierno, previsiblemente en el mes de septiembre, por lo que se trabaja con la previsión de que esta normativa pueda ser aplicable ya en el mes de octubre. Por lo tanto, se adelanta en un mes las previsiones que se tenían en un principio.

La gran diferencia de este programa de tuberculosis caprina respecto a la normativa anterior es que se incluirán indemnizaciones en el sacrificio de animales para estimular la colaboración de los ganaderos en este plan que quiere controlar una de las enfermedades que tiene una mayor influencia en el ganado caprino de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda ha emprendido una campaña para actualizar el registro de las instalaciones frigoríficas de explotaciones ganaderas, por lo que técnicos de la Dirección General de Industria se han reunido con responsables de la Alianza UPA-COAG.
Según ha informado Aurelio Pérez, responsable de ganadería de UPA-COAG, se ha tratado de una reunión informativa a petición de la organización agraria después de que varios ganaderas hayan recibido la comunicación de que se van a efectuar inspecciones técnicas de sus instalaciones frigoríficas.
Pérez ha indicado que, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Industria, puede haber inscritas unas 8.000 instalaciones de este tipo pero, según los datos que maneja la organización agraria, este número se puede reducir a la mitad, debido a que en los últimos años se han producido cierres de explotaciones ganaderas.
Las explotaciones ganaderas que cuentan con este tipo de instalaciones frigoríficas son principalmente las dedicadas a la producción láctea, para las cuales es necesario contar con tanques de frío para el almacenamiento de leche.
Además de dar de baja en el registro informático a las explotaciones ganaderas que han desaparecido, la campaña también servirá para dar de alta a las nuevas y para llevar a cabo una inspección técnica de las instalaciones y comprobar los permisos de cada una de ellas.
Aurelio Pérez ha asegurado que algunos ganaderos, principalmente de la provincia de Salamanca, ya han recibido comunicación de que se va a inspeccionar su instalación frigorífica. 

El sector de la industria de sanidad y nutrición animal cuenta con un nivel de regulación muy exigente que permite garantizar en nuestro país los intereses generales de la sociedad, contribuyendo a que la misma pueda contar con unos medicamentos y productos zoosanitarios de la más alta excelencia, contando Europa con uno de los sistemas más robustos a nivel mundial.

Los medicamentos veterinarios tienen que ser autorizados por parte de las autoridades nacionales o europeas competentes antes de su llegada al mercado. Un proceso cuya exhaustividad es análoga a la que se aplica en humana llegando incluso a los 10 años, y que empieza cuando el laboratorio comienza la investigación del nuevo medicamento, elaborándose un dossier con los resultados de estudios muy complejos que se presenta ante el registro correspondiente, que es evaluado por expertos independientes para poder obtener la autorización de comercialización del medicamento.

En este sentido, existen diferentes procedimientos de autorización de medicamentos veterinarios en los que intervienen las autoridades regulatorias, siendo a nivel europeo la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y, en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que certifican que los medicamentos cumplen con los estándares científico-técnicos requeridos por la normativa vigente para demostrar su calidad, seguridad y eficacia.

Seguridad tanto para animales como para las personas y el medio ambiente que debe estar basada en que los medicamentos veterinarios son seguros para el consumidor de alimentos de origen animal y que el manejo de estos medicamentos no debe suponer ningún riesgo para los profesionales veterinarios o personas que tengan contacto con ellos. Del mismo modo, deben demostrar que su aplicación en los animales no tendrá ningún efecto adverso en los mismos y que son seguros para el suelo o los acuíferos, etc.

En lo que se refiere a la calidad, los medicamentos veterinarios deben demostrar que no se deterioran y son estables al menos hasta su fecha de caducidad. Por último, la eficacia permite asegurar que las propiedades de los mismos se corresponden con las especificaciones que aparecen en el prospecto y que durante todo el tiempo de duración del producto o medicamento, éste mantendrá su eficacia contra la patología correspondiente.

El medicamento veterinario continúa estando regulado una vez que está en el mercado y hasta el final de su vida comercial, esto incluye cualquier cambio o renovación en el mismo así su supervisión a través del sistema español de farmacovigilancia veterinaria y el control de posibles defectos de calidad.

Los laboratorios fabricantes asimismo tienen que estar previamente autorizados por la autoridad competente para poder desarrollar la actividad productiva a través de un sistema riguroso y común en toda la Unión Europea, que garantiza que todos los medicamentos que hay en el mercado europeo han sido fabricados únicamente por fabricantes autorizados, cuyas actividades son inspeccionadas regularmente por las autoridades competentes, incluso cualquier cambio en la fabricación ha de ser evaluado y aprobado por las autoridades. Igualmente están altamente regulados todos los procesos de fabricación y la calidad de las sustancias activas empleadas.

Es por ello que Veterindustria desde su nacimiento considera que los procesos de regulación contribuyen de manera directa a que la sociedad pueda disponer de medicamentos de sanidad y nutrición animal con total seguridad y confianza, pues las normas que regulan el sector son el fruto del trabajo y la colaboración entre las distintas administraciones nacionales y europeas y la propia industria, siendo un ejemplo de esto, la actual reforma normativa sectorial que se lleva a cabo en la Unión Europa y que se estima podría terminar en 2018 y en la que la patronal española de sanidad y nutrición animal tiene un papel activo, en coordinación con la federación europea IFAH-Europa.

 

Una reforma iniciada en 2014 que tiene entre otros objetivos mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios, reducir las cargas administrativas, mejorar el funcionamiento del mercado interno de los medicamentos veterinarios, incrementar la competitividad y la innovación en la industria de sanidad y luchar contra las resistencia a los antibióticos y que pone a su vez en valor el exigente y exhaustivo marco normativo de un sector tan importante y estratégico como es el de la sanidad y nutrición animal.

El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha afirmado hoy que los recursos de inconstitucionalidad presentados por Unidos Podemos y el Defensor del Pueblo contra la Ley de Montes del Principado no van dirigidos contra esta normativa, si no contra miles de ganaderos.
"Es un recurso contra miles de ganaderos de Asturias, no contra la Ley, es un recurso contra una decisión legítima de la Junta donde todos, salvo Podemos, votaron a favor", ha afirmado el portavoz de Ganadería del PP en el parlamento asturiano.
El TC admitió ambos recursos, que cuestionan la modificación de la Ley de Montes del Principado que suprime los acotamientos al pastoreo en terrenos quemados por incendios forestales.
La modificación de la norma fue aprobada por el Parlamento asturiano el pasado 24 de marzo a propuesta del PP y con el apoyo del resto de los grupos, a excepción de Podemos.
Venta ha asegurado que en el PP están tranquilos porque la nueva normativa que impulsó esta formación se ha hecho "desde la máxima pulcritud legal" puesto que a lo largo de su tramitación ningún letrado de la Cámara puso objeción alguna.
"Hay algunos que dicen que consultan y que dicen que las leyes tienen que ser participativas, pero que, cuando ven un cuorum casi absoluto en la Junta, como no les gusta, recurren ante el Constitucional", ha señalado Venta en referencia a Podemos.
En cualquier caso, ha afirmado que están "confiados y tranquilos" ante una ley que va a ser una realidad "por mucho que algunos se empeñen en hacer doblar la rodilla a quien defiende los intereses de los ganaderos".
Venta también ha acusado al Gobierno asturiano de seguir sin dar respuesta a los ganaderos ante los ataques de los lobos
"Los ganaderos están hartos, desesperados y con el vaso a punto de rebosar por los ataques del lobo", ha señalado en unas declaraciones remitidas por el PP a raíz de la visita efectuada por Venta a la Fista del Pastor, en la Vega de Enol.
Para el diputado popular, el Gobierno debe de "dejar de tomar el pelo a los ganaderos y actuar de forma clara" para evitar los ataques en la zona de Picos de Europa, algo que, según el PP, se consigue "haciendo disminuir la población de lobos".
Venta también ha defendido, tal y como hizo ayer IU, el proyecto del tren cremallera hasta los Lagos, una iniciativa que hace años ya plantearon los populares y que, en su opinión, puede convertirse en un atractivo turístico más que servirá para preservar mejor este paraje natural. 

La puesta en marcha del control lechero oficial en Castilla y León ha supuesto un importante aumento para el número de ovejas sometidas a control. Desde la puesta en marcha de 2009 de la nueva normativa que reguló los centros autonómicos para unificar los controles privados que se realizaban hasta la fecha, el número de ovejas sometidas a control lechero en la principal comunidad autónoma de este subsector ganadero ha pasado de 112.736 a 138.936 ejemplares, lo que significa un incremento porcentual del 23,2%, según cifras de la Unión de Asociaciones Ganaderas de Castilla y León (Uagcyl), entidad gestora del Centro Autonómico de Control Lechero de esta región.

Por razas, la distribución de animales es la siguiente: Assaf (85.802), Churra (33.325), Lacaune (13.575), Castellana (5.271) y Manchega (963). Se da la circunstancia de que el incremento que se ha registrado en la raza Assaf es la principal responsable de este aumento.

Por lo que respecta al número de explotaciones que participan en Control Lechero Oficial, se ha pasado de 202 a 176 ganaderías, debido a la reducción de 35 ganaderías que se ha producido en la raza Churra desde el año 2009. Las explotaciones por razas son las siguientes: Assaf (108), Churra (53), Lacaune (8), Castellana (6) y Manchega (1).

 

 

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