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Ante la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del proyecto de decreto sobre zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos, que pasan de 67 a 387 municipios de Castilla y León, la organización Asaja ha expresado su disconformidad, por no compartir los criterios que se han tenido en cuenta ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación.

 

Los mismos estudios oficiales reconocen que, aún en el caso de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación “difusa”, que no obedece a un patrón único identificable. Por ejemplo, se incluyen zonas en las que abunda la ganadería y otras en las que no, zonas en las que existe una agricultura más intensiva y otras en las que no. Por lo tanto, la propia administración reconoce que no hay relación directa entre la contaminación por nitratos y la ganadería o la agricultura más intensiva.

 

Asaja tampoco está de acuerdo con muchas de las medidas correctoras, que “resultan cuando menos de eficacia dudosa y que supondrán un freno a la productividad de las explotaciones”, y apunta también a un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas.

 

Esta propuesta aumenta en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340,62 kilómetros cuadrados a 14.414,11 kilómetros cuadrados.  Esto supone tener una figura de protección de las aguas sobre el 15% de la superficie de la Comunidad. Pero mucho más significativo es que se extiende hasta el 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León.

 

Asaja señala que la actividad agrícola es la única actividad económica en la mayor parte de nuestro territorio. En general es poco productiva, lo que exige optimizar los recursos empleados, por lo que el ahorro de costes es un factor determinante. Por ello, el agricultor no hace aportaciones de abonado por encima de lo necesario, porque sería un lastre para su productividad y menos cuando hay sequía, porque perjudica agronómicamente y en regadío la modernización es continua, sustituyendo sistemas obsoletos para evitar escorrentías y pérdidas de nutrientes.

 

Asaja hace una defensa especial de la ganadería, actividad que es fundamental para la economía y que es la que más población fija todo el año. Castilla y León tiene una baja carga ganadera, y el uso del abono orgánico en la amplia superficie agrícola de la Comunidad Autónoma no tiene por qué suponer un problema medioambiental. Por ejemplo, la carga ganadera de porcino en Cataluña es de 240 cerdos/km2, y en Aragón 166, mientras que en Castilla y León es de 42. Además de la gran extensión de la comunidad, hay ya unas exigentes normas de gestión de residuos.

 

El Gobierno ha restablecido los tiempos de descanso en el transporte de animales, después de haberlos eliminado en marzo en el marco de la lucha contra la covid-19, según lo publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El Ministerio de Sanidad ha derogado el artículo 2 de una orden ministerial del 24 de marzo por la que se establecen medidas en relación con el transporte de animales, concretamente la eliminación de los tiempos de descanso de la normativa sobre protección de los animales durante el transporte. 

El Ministerio justifica que entonces se suspendió la obligatoriedad del cumplimiento de los tiempos de descanso en un momento en el que la actividad de la hostelería y la restauración era "prácticamente nula" y resultaba difícil para los transportistas encontrar lugares para realizar las paradas establecidas de forma precisa. 

Destaca que el impacto de esa medida ha sido "muy limitado", porque los movimientos de animales dentro del territorio nacional "raras veces alcanzan los periodos máximos establecidos en la normativa europea". 

Además, la excepción tampoco eximía a los transportistas de la obligación de atender a las necesidades de los animales durante los viajes. 

La derogación de ese punto busca garantizar el cumplimiento estricto de la normativa de la Unión Europea, según la orden publicada en el BOE, elaborada a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

No obstante, se mantiene todo lo relativo a la vigencia de las autorizaciones establecidas en el normativa veterinaria sobre transporte de animales debido a que todavía no se han restablecido con normalidad determinados servicios administrativos.

 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes una resolución de la Dirección General de Política Forestal por la que autoriza cinco nuevas acciones cinegéticas excepcionales por daños en producciones agrícolas y ganaderas, todas para jabalí.

La Junta de Extremadura ha recibido peticiones de protección a la producción agrícola y ganadera del sector primario por los daños producidos por algunas especies cinegéticas ante el incremento de la incursión de fauna cinegética y predadora en sus explotaciones debido, entre otros factores, a la menor presencia humana.

Esto, unido a las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, provocó la aprobación de la resolución de 16 de abril de 2020 de Política Forestal por la que se adoptaban medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de alarma por el covid-19.

Dicha resolución establecía la prórroga de las autorizaciones de control de predadores, con métodos homologados y vigentes en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma y durante el desarrollo de la misma.

Asimismo, se establece un procedimiento para autorizar, con carácter excepcional, la realización de acciones cinegéticas siempre que las mismas estén destinadas a evitar daños en superficies agroganaderas, con el objeto de que no se dañen los cultivos ni se propaguen enfermedades entre la cabaña ganadera.

En consecuencia, la Dirección General ha resuelto favorablemente cinco nuevas solicitudes de acciones cinegéticas, que se suman a las 21 autorizadas desde el pasado 30 de abril.

Éstas se llevarán a cabo en los términos municipales de Badajoz, Magacela, Puebla de la Reina, Alconchel y Campanario.

Las acciones por daños a producciones agrícolas o ganaderas por la especie jabalí se realizarán en la modalidad de aguardo o espera desde puesto fijo y por un número máximo de dos cazadores.

Las acciones se realizarán en horario nocturno y con el empleo de luz artificial como medida de seguridad. 

 

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen, para agricultores y ganaderos afectados por la sequía del pasado año, los módulos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el año 2019. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación calcula que la aplicación de esta norma en el sector agrario supone una rebaja de la base imponible del orden de 614 millones de euros para el sector agrario, la mayor cifra del último quinquenio y aproximadamente el triple de la de 2018.

El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos españoles. A este sistema de tributación se acogen voluntariamente cerca de un millón de declarantes. Las reducciones de módulos aprobadas se traducen en una disminución proporcional de la base imponible de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF 2019.

En el caso concreto de los pequeños rumiantes, se producen las siguientes reducciones:

-      Ovino de carne extensivo. De 0,13 a 0,09.

-      Ovino de leche. De 0,26 a 0,18.

-      Caprino de carne extensivo. De 0,13 a 0,09.

-      Caprino de leche. De 0,26 a 0,18.

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado una excepción, durante el estado de alarma, del cumplimiento de los tiempos de descanso que hay que hacer en el transporte o movimiento de animales establecidos en el capítulo V del anexo I del Reglamento CE 1/2005.

La Orden TMA/279/2020 que recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) apunta que es conveniente flexibilizar lo relativo a las horas de viaje y descanso de los animales, en línea con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre.

En esta última resolución, se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

La normativa publicada hoy en el BOE apunta también que es preciso, a fin de garantizar el abastecimiento, permitir la utilización de las autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores que no hayan podido renovarse.

En concreto, amplía la vigencia de las autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales y los certificados de formación de los conductores o cuidadores cuya fecha de expiración se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la finalización del estado de alarma. 

Dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días adicionales.

La Orden también dispone que los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a pesar de no haber sido sellados por la autoridad competente hasta siete días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo

 

Ya es firme la sentencia del TSJ que anuló parte del Decreto sobre condiciones ambientales para granjas

 · La norma que anuló la sentencia del TSJ facilitaba las explotaciones de tipo familiar de profesionales y jóvenes. Su anulación dificulta este trámite, con consecuencias negativas sobre el empleo y la población en las zonas rurales

 · Las instalaciones que se hayan creado o iniciado en base al Decreto 4/2018, tendrán que iniciar un nuevo trámite para su legalización (licencia ambiental)

Una vez conocido que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contra la Sentencia 576/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló el artículo 6 del Decreto 4/20181, COAG insiste en que, como ya advirtió en su día (ver comunicado COAG-CyL de 23 de mayo de 2019) las repercusiones más negativas no recaerán sobre las macrogranjas, sino que al contrario de la valoración realizada por los promotores del recurso, Ecologistas en Acción, las más perjudicadas serán las explotaciones de tipo familiar.

Recordemos que mediante el Decreto 4/2018 la Consejería de Medio Ambiente pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a las actividades e instalaciones a las que afecta el artículo 6 y que pretendan ubicarse en Castilla y León o modificar sus capacidades. A las instalaciones que antes del Decreto 4/2018 requerían para su funcionamiento una licencia ambiental otorgada por el ayuntamiento, tras el mismo les bastaba con una comunicación a dicho ayuntamiento.

La flexibilidad introducida por el Decreto no menoscaba la salvaguarda del medioambiente; de hecho esta norma introdujo en algunos aspectos condiciones más restrictivas. En ningún caso hay que olvidar que las instalaciones ganaderas siguen estando obligadas a cumplir determinadas distancias a núcleos de población, masas de agua, pozos, normas de gestión de purines, etc., y sin perjuicio de que la normativa sectorial pueda ser más estricta para algunos sectores.

La decisión del Tribunal Supremo convierte en firme la sentencia del TSJ, provocando consecuencias negativas porque no va a aportar mayores garantías medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar las cargas administrativas y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes. En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la confirmación de la sentencia dificultar el asentamiento de proyectos, la mayoría impulsados por profesionales y por jóvenes en explotaciones pequeñas y medianas de tipo familiar, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo y la población en las zonas rurales.

Por otra parte, se crea un enorme problema para las explotaciones que se acogieron al Decreto 4/2018 y que en base a este en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron a presentar comunicación al ayuntamiento. COAG recomienda a los afectados que se informen en sus respectivos ayuntamientos del procedimiento a seguir para obtener la legalización de sus instalaciones.

Por último, hemos de aclarar que, contrariamente a lo que se informa desde Ecologistas en Acción, ni la sentencia 576/2019 ni la actual decisión del TS tienen absolutamente ninguna afectación práctica sobre la macrovaquería de Noviercas, ya que este proyecto siempre ha estado fuera del ámbito de aplicación del art. 6 del Decreto 4/2018 y precisa de evaluación de impacto ambiental.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentó durante la pasada semana en una reunión sectorial la necesidad de realizar una modificación e la normativa alrededor del sistema Letra Q, en todo lo que se refiere al control de la calidad y trazabilidad de la leche, tanto de vaca como de pequeños rumiantes, para establecer una serie de controles sanitarios.

Por lo que se refiere a las explotaciones, los controles que se realizarán en la propia granja serán una inspección visual, control de temperatura, limpieza del tanque y de la sala de ordeño, prueba de acidez y estabilidad al alcohol en el caso de sospecha de deterioro microbiológico y una prueba de antibióticos ‘in situ’ en caso de sospecha. También se tomarán muestras de leche para analizar la bacteriología, las células somáticas y la presencia de residuos de antibióticos, además de otros aspectos como la grasa, la proteína, el extracto seco y el punto crioscópico.

Además de una mejora en el programa de gestión del sistema Letra Q, se prevé que se establezcan una serie de alertas que recibirá el ganaderos, consistentes en positivos a residuos de antibióticos en muestra de tanque y de cisterna, superación del límite máximo establecido para el recuento de colonias de gérmenes y también en el caso de superar el límite máximo para el recuento de células somáticas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que las explotaciones ganaderas intensivas de Castilla y León requieren de licencia ambiental previa, en contra de lo aprobado por la Junta hace dos años mediante decreto, según ha informado este jueves Ecologistas en Acción.

En un comunicado, los ecologistas han precisado que el Supremo no ha admitido el recurso de la Junta contra la sentencia del TSJCYL que en mayo pasado ya anuló que las explotaciones ganaderas de la Comunidad no requieran de esa licencia ambiental previa.

Como ya sucediera tras el fallo del TSJCyL, Ecologistas ha recordado que eso supone que todas las "explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".

Además, "cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta", ha sostenido la formación ecologista.

En la práctica, "todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en los dos últimos años mediante una simple comunicación a la Administración deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la desregulación confirmada ahora ilegal", de acuerdo a las mismas fuentes.

La Asociación de Ferias Españolas, AFE, ha celebrado su asamblea en la que sus miembros, por unanimidad, han reelegido a Xabier Basañez, para conducir y representar a la asociación los cuatro próximos años en la Junta Directiva, de la que Feria de Zaragoza forma parte.

En esta reunión, además, se ha aprobado extender la duración de los mandatos presidenciales a cuatro años, limitando el número máximo de mandatos a dos; se han analizado las actividades y eventos más relevantes de 2019, así como el cierre contable, y la aprobación del presupuesto para 2020.

La reelección de Xabier Basañez como presidente conlleva el nombramiento y ratificación, por parte de la Asamblea General, de los demás miembros de la Junta Directiva. En este sentido, las entidades feriales con representación en la Junta son las de: Barcelona, Bilbao, Don Benito, Elche, Gijón, Las Palmas, Madrid, Málaga, Torre Pacheco, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El nombramiento también implica el respaldo de los socios a la gestión llevada a cabo en estos últimos años y a los planes de futuro trazados por las diferentes comisiones de trabajo. En este sentido, el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, continuará al frente de la de Formación.

Todos los miembros han valorado positivamente el ejercicio de este año, tanto para AFE como para el sector en su conjunto, con parámetros de signo creciente en las ferias celebradas en 2019.

La Asociación de Ferias Españolas, fundada en 1964, agrupa actualmente a 26 miembros (incluyendo cinco empresas proveedoras de la industria ferial como socios colaboradores), que representan más del 90 por ciento de la actividad del sector, la cual supone más de 4.000 millones de euros de impacto económico conjunto anual.

En 2020 está prevista la celebración de alrededor de 700 eventos organizados por los socios de AFE, de los cuales la mayor parte son ferias comerciales y congresos. España es uno de los principales países de Europa en materia de ferias, junto con Alemania, Italia, Francia, Turquía y Reino Unido.

Mediante el Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios, se adaptó la normativa en dicho ámbito a los cambios introducidos al respecto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, y en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Con la experiencia adquirida desde su aplicación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) considera que se hace necesario llevar a cabo una revisión del mismo con la intención de regular los procedimientos de autorización e inscripción de los productos zoosanitarios, simplificándolos y haciéndolos más eficaces. Asimismo, deben incorporarse a la normativa una serie de novedades que inciden en el Registro de Productos Zoosanitarios como son la efectiva utilización de los medios electrónicos.

Por otra parte, se clarifica el ámbito de aplicación del Real Decreto, considerándose, dentro del mismo, a los reactivos de diagnóstico de las enfermedades de los animales, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y ciertos productos para la higiene, cuidado y manejo de los animales y cierto material de utillaje zoosanitario (diluyentes y conservantes de óvulos, semen y embriones que no contengan sustancias con acción medicamentosa, excepto aquellas sustancias cuya acción sea la de preservación del producto y no tengan registro en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

De esta forma, el MAPA ha abierto consulta pública de un Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y de higiene, cuidado y manejo de los animales y material de utillaje zoosanitario.

Las alegaciones, observaciones, sugerencias u opiniones que se realicen al respecto deberán dirigirse por correo electrónico a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA hasta el próximo 6 de febrero.

 

Documento completo: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rdprodszoosanitariosparanuevaaudiencia_tcm30-523969.pdf 

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