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La organización agraria COAG y la entidad "Entrepueblos" han elaborado un informe sobre el tratado de libre comercio CETA (UE-Canadá) en el que concluyen que "sólo" el 15 % de las Denominaciones de Origen (DOP) y de las Indicaciones Geográficas (IGP) quedarán protegidas con dicho acuerdo.
En dicho informe técnico, se detalla que actualmente hay 1.308 sellos con DOPs e IGPs de productos agroalimentarios incluidos en el registro europeo, de los que 176 quedarían protegidos con los términos actuales del CETA.
Además, tras el análisis de la normativa comunitaria y canadiense y de los textos del tratado, COAG y Entrepueblos concluyen que la "gran perjudicada" del CETA en materia agraria será la ganadería de la carne de vacuno, el porcino y el lácteo.
Según han remarcado, el acuerdo permitirá una entrada adicional de carne de vacuno en la UE a arancel 0 %, lo que ejercerá una "fuerte presión a la baja" en los precios del mercado interno de carne de vacuno a nivel comunitario y estatal.
Y ello, "sin olvidar", según el informe, que esta carne entrará "libremente" en la UE "habiendo sido tratada previamente en origen con desinfectantes de canales como el ácido láctico (habitualmente utilizado en los mataderos canadienses) o con tratamientos alternativos al agua limpia o el agua potable, como el agua caliente reciclada.
Otra preocupación, a juicio de estas dos organizaciones, es la "posible entrada de carne y leche" producida con hormonas en Canadá, lo que "además de suponer una competencia desleal, pone en cuestión la seguridad alimentaria en Europa".
El texto del CETA, por otro lado, "respeta" las disposiciones sanitarias y fitosanitarias de la UE y Canadá pero tiene el objetivo de "armonizar" éstas y el "resto de la normativa en la medida de lo posible".
En base a estas conclusiones, COAG ha pedido a "todos" los grupos políticos que voten en contra de su ratificación en el Pleno de Congreso de los Diputados.

El director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, ha resaltado que el nuevo reglamento comunitario de zootecnia "va a marcar un hito" en la regulación de los aspectos zootécnicos y genealógicos de la cría de ganado.
Miranda ha subrayado, durante la inauguración de una jornada informativa sobre este asunto, que es la primera vez que a nivel comunitario se cuenta con un acto único en el que se establecen todas las condiciones al respecto, ha informado hoy el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un comunicaco.
En su intervención, ha señalado que el objetivo "fundamental" de este reglamento es "evitar" la existencia de obstáculos técnicos al comercio de animales reproductores y de su material reproductivo.
No obstante, esta norma recoge "un trato diferencial" para aquellas razas en peligro de extinción, cuestión que resulta "de gran importancia" para España, que tiene reconocidas 134 razas en esa situación.
Asimismo, ha destacado que los Libros Genealógicos se integran en los denominados programas de cría, como un pilar más de las actuaciones necesarias para la conservación y mejora de las razas, y no como objetivo independiente y diferenciado a los mismos.
Por otra parte, Miranda ha señalado que otro de los elementos destacables del reglamento es el establecimiento de un sistema de control oficial.
Ha precisado que España ya ha avanzado en este terreno al contar con la figura del Inspector de Raza, que verifica el cumplimiento de la actual normativa.
Ha resaltado la importancia de estas iniciativas "para demostrar" ante la Comisión Europea la "rigurosidad y buen hacer" tanto del conjunto de la cadena de operadores como de las administraciones públicas.
Por último, ha avanzado que el Departamento ya trabaja en definir un nuevo real decreto con aspectos de aplicación sobre el Reglamento comunitario de Zootecnia.

El Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria establece protocolos de organización y actuación que se deben poner en marcha ante la sospecha y/o confirmación de una EDO incluida en el anexo I del Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. Con este plan de alerta se da cumplimiento al Real Decreto 1440/2001, por el que se establece el sistema de alerta sanitaria veterinaria en España.

El plan define la estructura de los diferentes órganos que van a participar en el desarrollo de las actuaciones y establece sus responsabilidades en relación a la gestión de la alerta sanitaria declarada.

Esta estructura está constituida por órganos que se pueden agrupar en tres categorías: órganos de decisión, órganos asesores y órganos de ejecución.

Una vez notificado el foco por la CCAA, se ponen en marcha de forma inmediata las medidas de control y erradicación incluidas en la legislación de lucha y en el Manual práctico de operaciones específico para la EDO confirmada. En la puesta en marcha de estas medidas interviene el Centro Nacional de Crisis, grupos de expertos y el Sistema de Intervención Rápida. El Comité Rasve pone en marcha, de forma paralela, medidas en el resto del territorio nacional para evitar la difusión de la EDO a otras zonas.

Documento completo:

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/plancoordestatalalertasanitvetmayo2016_tcm7-419269.pdf

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó hoy que los productos puramente vegetales, como la leche de soja o la mantequilla de tofu, no pueden comercializarse bajo denominaciones como "leche" o "mantequilla", que están reservadas a los productos de origen animal.
La corte con sede en Luxemburgo resolvió así la disputa entre la empresa alemana Tofutown, especializada en productos vegetales sustitutivos de lácteos, y la asociación del mismo país Verband Sozialer Wettbewerb, que lucha contra la competencia desleal.
Esta asociación consideraba que la publicidad de Tofutown infringía la normativa de la Unión sobre las denominaciones de la leche y los productos lácteos y la demandó ante un tribunal regional alemán, que optó por solicitar al TJUE una interpretación de la norma europea.
En su sentencia, el Tribunal indica que la legislación comunitaria reserva la denominación "leche" a aquella de origen animal, de la misma forma que las expresiones "nata", "chantilly", "mantequilla", "queso" y "yogur" se deben emplear solo en el caso de productos derivados de la leche.
Las normas comunitarias detallan ciertas excepciones para productos que tradicionalmente emplean la palabra "crema" sin tener un origen animal, como sucede con el término francés "crème de riz" (harina de arroz) o cuando se refieren a ciertas bebidas alcohólicas y sopas.
Sin embargo, la soja y el tofu no figuran en esta lista de excepciones, por lo que el Tribunal determinó que estas denominaciones "no pueden ser utilizadas legalmente para designar un producto puramente vegetal".
Pese a que Tofutown alegó que no empleaba las denominaciones de forma aislada (no comercializaba "mantequilla", sino "mantequilla de tofu"), el TJUE asegura que el hecho de añadir menciones descriptivas o explicativas no impide "con certeza" el riesgo de que el consumidor se confunda.

Mercedes Salas

El ponente del Parlamento Europeo (PE) sobre las modificaciones en curso de la Política Agrícola Común PAC), Paolo de Castro, confía en que las normas sobre las ayudas a los pastos en 2018 recojan las demandas de España y reconozcan en el cálculo de ayudas especificidades como la dehesa.
El eurodiputado italiano subraya, en una entrevista con Efeagro, que hay posibilidades para que prosperen las peticiones españolas sobre la definición de pastos dentro de la negociación del "Reglamento Ómnibus", que debaten las instituciones de la Unión Europea (UE) y que incluye cambios sobre la PAC.
El informe que está ahora sobre la mesa en la Eurocámara recoge enmiendas de eurodiputadas españolas -PP y PSOE- para que al denominar los "pastos permanentes" se reconozca la especificidad del bosque mediterráneo y de ecosistemas como la dehesa.
Dicho reconocimiento influye en el coeficiente de "admisibilidad" que determina los beneficiarios de las ayudas.
La Comisión de Agricultura del PE ha aprobado esta enmienda, junto a un centenar más, en un informe que -una vez ratificado por el Pleno- pasará a ser negociado con el Consejo de la UE (Gobiernos); De Castro confía en que "salga adelante todo el paquete" y se aplique en 2018.
El europarlamentario socialista -vicepresidente de la Comisión de Agricultura del PE- recalca que el Reglamento Ómnibus es "una oportunidad única" para introducir en la PAC ajustes que la simplifiquen y favorezcan al agricultor o ganadero "sin tocar el presupuesto".
Entre ellos, destaca instrumentos frente a crisis de mercados -como mutuas o seguros de rentas- o un empuje para que cambien las leyes de Competencia de la UE, con vistas a combatir las "malas prácticas" y a que el agricultor tenga más poder de negociación frente a industrias o distribución.
De Castro afirma que esta negociación puede ser un "precedente" para la gran reforma de la PAC que se avecina y que se aplicará después de 2020; el problema, a su juicio, está en que "muchos ministros (de Agricultura) no están de acuerdo" con el alcance de las propuestas y "habrá que convencerlos".
Respecto al calendario, explica que el PE aprobará su posición -posiblemente la próxima semana-; en julio, empezarán las reuniones a tres bandas (con la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE), con el fin de que haya acuerdo en octubre y los países tengan tiempo para que el Ómnibus entre en vigor en 2018.
En su opinión, muchos agricultores están de acuerdo con esta revisión por implicar la simplificación de la burocracia o el "greening" de la PAC (condiciones ambientales para las ayudas).
Otro punto de discusión es la definición de "agricultor activo", pues el PE quiere que no se toque, porque "ya hubo muchos debates en la última reforma sobre aquello de que las ayudas beneficiaban a los campos de golf", pero la CE pretende más flexibilidad.
Sobre el temor de recortes de los fondos agrícolas a causa del "brexit", cree que serán "menores de lo que la gente dice".
En ese sentido, recuerda el llamado "cheque británico", en vigor desde 1984 y negociado por la entonces primera ministra Margaret Thatcher, como fórmula para compensar a ese país por los escasos fondos agrícolas que recibía, lo que ha supuesto un pago "año tras año" de fondos al Reino Unido.
No obstante, admite que habrá una descompensación para el presupuesto de la UE de 6.000 o 7.000 millones de euros, pero esa merma "debería reflejarse" en todas las políticas y no solo en la PAC, pues no es comprensible "que el agricultor pague el 'brexit'".

La Unión Extremadura ha exigido a las administraciones competentes que el reglamento Omnibus recoja la superficie de dehesa y bosque mediterráneo como "pastables" y no se descuenten de la superficies total de pastos permanentes.
En una rueda de prensa, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha asegurado que, de no reflejar de manera explícita esta situación, en el futuro "se producirán nuevos malentendidos y otra batería de sanciones a agricultores y ganaderos de la región".
Cortés ha recordado que la región deberá pagar una multa de 10,4 millones de euros por no descontar, en el periodo 2007-2008, la superficie que ocupan encinas y alcornoques a la destinada al aprovechamiento como pastos.
Además, Extremadura se enfrenta a otra sanción de 80 millones de euros por no aplicar estos descuentos durante el periodo 2009-2013, ha advertido.
El responsable de La Unión ha mostrado su rechazo a las declaraciones de algunos cargos de la Administración que afirman que, tanto la Comisión Europea como el Parlamento, han reconocido el error y se va a rectificar en el Reglamento Omnibús que entrará en vigor la campaña que viene.
En este sentido, ha aseverado que, en el informe publicado el pasado 12 de mayo por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que informa de las modificaciones propuestas y las enmiendas aprobadas, propone "exactamente la misma definición que en el reglamento causante de dichas multas", ha precisado Cortés.
Cortés ha pedido que no se hagan declaraciones "en base a promesas" y ha exigido que en los reglamentos tanto de la Comisión como del Parlamento "las superficies ocupadas por encinares y otras especies compatibles con la alimentación animal como pastos permanentes".
Por último, ha instado a las administraciones regionales, nacionales y comunitarias a ser claros en las definiciones "para evitar las situaciones descritas".
"Si la superficie de dehesa se computa como superficie pastable, que se ponga en el reglamento, y si no, que se ponga claro también", ha añadido. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha insistido hoy en la voluntad que hay en la Unión Europea (UE) para que el lobo y la ganadería extensiva coexistan y se ha referido a la próxima visita de técnicos europeos para analizar el problema.
El consejero, que ha recorrido las obras de reparación de la red de abastecimiento de la mancomunidad Cabeza de Horno, en Villaseco de los Reyes (Salamanca), ha incidido en el compromiso de técnicos europeos de desplazarse antes del verano a explotaciones afectadas por ataques de lobos en Castilla y León
En declaraciones a los periodistas y tras tildar de "tremendamente fructífero" su viaje ayer a Bruselas para analizar esta cuestión, ha insistido en que los técnicos ya conocen las posiciones enfrentadas de ganaderos y de ecologistas pero de lo que se trata es de que conozcan "de primera mano y a viva voz los problemas" de los productores.
El objetivo es alcanzar una solución para la que, según sus palabras, no es imprescindible la modificación de las directivas europeas relativas a la protección del lobo porque "hay margen en la interpretación y en las excepciones al carácter estrictamente protegido del lobo al sur del Duero".
En Castilla y León el lobo es especie cinegética, esto es cazable, al norte del Duero, y protegida al sur de ese cauce.
Tras remarcar que la UE "quiere ser parte de la solución del problema", ha criticado la proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso de los Diputados para proteger al lobo en el conjunto del territorio nacional.
En su opinión, "quien haya apoyado la PNL, demuestra que desconoce totalmente la realidad del territorio" puesto que "está bien aprobarlo desde los despachos de Madrid, pero hay que venir al territorio a explicar porqué".
La texto contó con el respaldo de Unidos Podemos, PSOE y Esquerra Republicana, con la abstención de Ciudadanos y del PNV y el voto en contra del PP contrario a lo que sucedió con la aprobada hace unos meses en el Parlamento autonómico "por 73 de los 84 procuradores en Cortes de Castilla y León".
En ella se recoge que "el lobo al sur del Duero tiene que ser una especie gestionable, que no puede ser estrictamente protegida, y que hay que dar responsabilidad y flexibilidad a las autoridades de Castilla y León para manejar adecuadamente la gestión del lobo", ha recordado el consejero.
Ha defendido que en la comunidad autónoma se ha hecho una buena conservación del lobo pasando de "los 400 animales de los años 1980 a los más de 1.600 que hay ahora".
Finalmente y respecto a las indemnizaciones a los ganaderos por los ataques de lobos, ha afirmado que se están abonando a los 23 días cuando antes se tardaba un año y anunciado que se van a mejorar las cuantías

El sindicato agrario UUAA ha reclamado hoy una ley de bienestar animal adaptada a la realidad del ámbito rural donde muchos animales, especialmente perros, desempeñan trabajos en los que pueden resultar heridos.
En una nota informativa, UUAA, siglas de Unións Agrarias, ese refiere así al anteproyecto de ley en proceso de tramitación parlamentaria que establece sanciones de 5.001 a 30.000 euros para casos de maltrato animal, pero que no hace distinción explícita de esta categoría delictiva de las lesiones sufridas por los especímenes como consecuencia de su trabajo.
Según UUAA, de aprobarse el texto actual podría generar situaciones "absurdas" como la obligación de que los perros protejan el rebaño que pastorean mientras llevan un bozal o que sus dueños puedan ser sancionados si resultan heridos en batidas de animales peligrosos para el ecosistema rural tales como el jabalí.
Para el sindicato agrario, esta ley está "concebida para mascotas en entornos urbanos", donde puede ser "más o menos acertada para regular la tenencia y evitar el maltrato de los perros de compañía", pero no para las especificidades del contexto rural gallego.
Puede ser "lógico sancionar a un maltratador de un animal", pero "no es lógico no hacer distinción clara en la ley de lo que es maltrato de otras situaciones con posibles daños", indica UUAA, cuyos miembros han iniciado contactos con grupos parlamentarios para reclamar una modificación del texto antes de su aprobación.
"Esta nueva norma, de no enmendarse en el Parlamento, abre aún más la puerta a este tipo de sanciones" y aumenta la presión "sobre la actividad del rural", ya que criminaliza en la práctica "el uso de perros de trabajo", señala UUAA.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar de la multa de 6,4 millones de euros impuesta a Cantabria por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea en las subvenciones por pastos.
En un auto difundido hoy, el TS suspende cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros que impuso a Cantabria el pago de esa cuantía, al igual que hizo la semana pasada con las multas impuestas a Extremadura, Galicia y La Rioja.
Cantabria argumentó el "pernicioso efecto" que tendría no suspender el pago sobre los datos macroeconómicos de la Hacienda Pública de la comunidad autónoma y el "devastador escenario" en el que situaría a la administración regional para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y para hacer frente a los pagos de las ayudas a agricultores y ganaderos de 2016, 2017 y 2018.
El abogado del Estado no se ha opuesto a la petición al recordar que España, en coordinación con las comunidades autónomas, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa contra la decisión de la UE de la que deriva esta multa por pastos, por considerarla desproporcionada y no ajustada a derecho. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha calificado hoy de "razonable" que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado la suspensión cautelar de la multa de Bruselas a varias autonomías por incumplir la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.
"Compartimos la resolución del Tribunal Supremo, es razonable, pero ahora hay que esperar hasta que se produzca la decisión final", ha declarado a los medios de comunicación el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, al término de una reunión entre los Gobiernos y viticultores de España y Francia.
La suspensión cautelar afecta a la sanción financiera comunitaria que concierne a Extremadura, Galicia, Castilla y León, y La Rioja.
Para Cabanas, ahora hay que "ser prudentes" y esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que determinará exactamente si la multa "es adecuada o no".
De momento, ha añadido, no se aplicará la "corrección financiera" a las autonomías y, una vez que se tengan las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal comunitario, "se tomarán las decisiones" sobre dicha penalización.
Según recogen los respectivos autos, el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa de Bruselas por los pastos es "desproporcionada y no ajustada a derecho".
Fuentes judiciales han apuntado a Efeagro que se espera que el Supremo resuelva próximamente las peticiones cautelares interpuestas por otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana

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