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La Unión de Campesinos de Castilla y León ha decidido secundar las manifestaciones por una pensión digna convocadas por UGT y CCOO, por considerar que la pérdida de poder adquisitivo en el último año repercute en mayor medida en los pensionistas del medio rural y en el desarrollo de muchos pueblos.
La UCCL denunció hace unos meses que la pensión media de un agricultor o ganadero es un 41,2 por ciento más baja que la de otros sectores, según ha informado la organización en un comunicado.
Los jubilados pensionistas del campo reciben 709,85 euros frente a la media de 1.208,40 euros que reciben el resto de jubilados, a lo que hay que añadir la falta de acceso a los servicios públicos con lo que si cuentan en las zonas urbanas.
Unión de Campesinos pide a las fuerzas políticas que busquen nuevas fuentes de financiación que garanticen la sostenibilidad del sistema y unas pensiones dignas para los jubilados del campo.
Las propuestas de UCCL consisten en la subida de la base máxima de cotización hasta el sueldo medio de los trabajadores, el menor ingreso de las tarifas planas y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y progresivamente, las prestaciones por supervivencia.
Además la organización agraria pide que se persigan las elevadas tasas de economía sumergida y de empleo irregular para que la recogida de impuestos y el gasto en protección social resulte eficaz, ambos respecto al PIB.
La organización hace un llamamiento a todas las organizaciones agrarias a sumarse a las protestas del próximo domingo 15 de abril ya que considera "les afecta a todos por igual". 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) le notificó ayer al Gobierno de Colombia que no perdió el estatus como país libre de aftosa luego de la incautación de 15 animales, ingresados de manera ilegal desde Venezuela y que tenían la enfermedad, informó el presidente Juan Manuel Santos.
"Por la diligencia y la forma tan eficaz con la que se actuó, hoy nos informaron que no solo no perdimos el estatus sino que nos felicitaron por la forma en la que las autoridades funcionaron", dijo Santos en una alocución televisada.
El Gobierno notificó ayer a la OIE que en el este del país fueron incautados 15 animales que tenían fiebre aftosa, por lo que fueron sacrificados.
"Quisiera felicitar a usted y todo su equipo por la transparencia por la que se ha llevado este caso y la eficacia de todas las medidas de control que han puesto en marcha para detectar la introducción ilegal de animales a su país. (...)", indicó la OIE en un correo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), manifestó el mandatario.
Por lo anterior, precisó, "nuestras exportaciones de carne, que por fortuna están creciendo en forma acelerada y penetrando otros mercados, están a salvo".
El pasado 11 de diciembre la OIE restituyó a Colombia el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación tras superar el brote de la enfermedad registrado ese año.
En agosto de 2017, el ICA, máxima autoridad sanitaria del país, dio por concluido el brote de aftosa detectado a finales de junio pasado en varias regiones.
Ese brote, que se originó en ganado ingresado en Colombia desde Venezuela, obligó a las autoridades a sacrificar más de 3.300 animales.
El ministro de Agricultura aclaró ayer que en casos como el de los 15 animales sacrificados en Arauca "la OIE procede a suspender el estatus sanitario al país mientras se logra demostrar que es un caso foráneo". 

 

Ecologistas en Acción y WWF denuncian que el plan para la regulación de la población del lobo de Asturias, apoyado por Cantabria y Castilla y León, permite el abatimiento de ejemplares durante todo el año y no solo por funcionarios sino también por cazadores autorizados en el Parque Picos de Europa.
EA y WWF, organizaciones integrantes del Consejo de la Red de Parques Naturales, denuncian en un comunicado que el plan presentado hace pocas semanas por las administraciones gestoras en el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa para diezmar la población de lobos, es "totalmente contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales".
Esta situación se produce justo cuando se cumple un siglo de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa, denuncian las organizaciones ecologistas.
Y señalan que el Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa, promovido por Asturias se ha realizado sin la "más mínima justificación científica o técnica".
Según los ecologistas, se basa únicamente en una presunta "enorme demanda social" no cuantificada.
Denuncian que el plan prevé incrementar la persecución del lobo hasta alcanzar niveles "tolerables", aspecto que tampoco se cuantifica en el documento.
EA y WWF manifiestan que el plan no se apoya en ningún dato técnico ni informe oficial ni aval alguno de la comunidad científica que justifique la decisión y a espaldas a la sociedad.
Solo toma en cuenta, al parecer, opiniones de determinados alcaldes y ganaderos, y descarta la "eficacia de las medidas de compensación y prevención" y responsabiliza al lobo del declive de la ganadería extensiva dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.
El plan contempla, además, según las organizaciones, que en caso de saturación de población de lobos dentro del Parque Nacional, podrían "exportarse" ejemplares a espacios colindantes causando un "nivel de daños impredecible", lo que justificaría mantener a raya sus poblaciones dentro del espacio protegido.
Las propuestas del nuevo plan suponen continuar con la política de eliminación de camadas y el aumento de la caza de ejemplares adultos con armas de fuego hasta que se considere necesario, aseguran.
Además, recoge que en caso de producirse daños reiterados al ganado, el protocolo permite aparte de los "cupos de extracción" fijados cada año, matar ejemplares en cualquier época del año.
Para ello, se autorizará no solo a los funcionarios del Parque Nacional, sino también a cazadores autorizados ajenos a este espacio.
EA y WWF denuncian además que la decisión sobre el cupo de lobos a matar o sobre la realización de los controles excepcionales, se pretende dejar en manos del Comité Técnico y de la Comisión de Gestión.
Este Comité estaría formado por las tres regiones autonómicas firmantes, un representante de la Administración General del Estado -con voz pero sin voto- y un representante de los propios ayuntamientos del Parque Nacional.
Los ecologistas consideran un "grave incumplimiento, a sabiendas, de la legislación básica de Parques Nacionales". 


La reducción es una de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar los efectos de la sequía y de otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2017

La Orden supone una rebaja de la base imponible del orden de 580 millones de euros para el sector agrario

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se fijan los Índices de Rendimiento Neto en la declaración del IRPF para estimación objetiva (módulos), que recogen las propuestas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de minoración en la presión fiscal para agricultores y ganaderos afectados, entre otros motivos, por la sequía.

El régimen de estimación objetiva agraria (o de módulos) del IRPF es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos de nuestro país, siendo el elegido por en torno a un millón de declarantes. Las reducciones de módulos aprobadas en la Orden publicada hoy se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.

De esta forma, las reducciones establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2017 de los agricultores y ganaderos, son las siguientes:

Sectores ganaderos:

- Ovino y caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche extensivo de 0,26 a 0,18

La mayor parte de estas minoraciones se establecen para dar respuesta a la sequía que afectó a grandes áreas de la Península Ibérica, reduciéndose el módulo de las producciones ganaderas extensivas para compensar la reducción de la disponibilidad de pastos 

A partir de la información fiscal y agraria disponible, se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con respecto a un año sin reducciones, una rebaja de la base imponible del orden de 580 millones de euros.

La Orden, cuya publicación se ha adelantado en casi un mes frente a la publicación de la orden del ejercicio 2016, puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4479.pdf

 

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) ha pedido a la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural mayor información y más "clara" sobre los trámites para inscribirse en la Ley de Titularidad Compartida, que data de 2011, ante los problemas detectados en su aplicación.
Es la principal solicitud que han realizado la presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, y la directora de la Oficina Nacional de Titularidad Compartida en la Explotación Agraria (Agrotc), Mariani Fuentes, en la reunión mantenida hoy en Toledo con el director general de Desarrollo Rural, Javier Carmona.
En atención a los periodistas, previa a la cita, la directora de Agrotc ha explicado que la oficina, abierta en octubre de 2017, que ha atendido en estos cinco meses unas 200 consultas, la mayoría de Castilla-La Mancha, presta un servicio de información "gratuita" a nivel nacional y ha editado una "guía" para facilitar el registro y alta en la Ley de Titularidad Compartida.
Mariani Fuentes ha reprochado que "llevamos seis años y ninguna Administración se ha tomado en serio el trabajo" de ayudar a las mujeres en los trámites para sumarse a la Ley, por la dificultad que entraña "la interpretación de la ley" nacional y que luego se ha aplicado de manera particular cada comunidad autónoma.
Aquí, Fuentes ha aludido a la falta de "preparación suficiente" del personal responsable de la Administración nacional y regional para aplicar la ley por las particularidades que se aplican en cada región y que afecta, en particular, a determinar el registro concreto, como vitícola, ganadero o de ayuda a pago acoplado, entre otros, y la especificidad de cada solicitante, incluida la edad.
Unos problemas, según Fuentes, que hacen que "la explotación agrícola pierda la posibilidad de recibir las ayudas cuando era de un titular único y que, ahora, la mujer tenga menos subvenciones y derechos antes de iniciar los trámites y las frena a la hora de registrar la Titularidad Compartida".
"La reunión, por tanto, es para avisar a la Administración regional de los problemas que están teniendo las mujeres, de qué forma se pueden solucionar, para que se vea más protegida y se pueda aumentar el registro", que en Castilla-La Mancha es de 137 titularidades, la segunda región en número tras Castilla y León.
La presidenta nacional de Amfar ha incidido, precisamente, en la "importante desinformación" para darse de alta, ante la distinta forma de aplicar la Ley nacional por parte de cada Autonomía y eso que "en Castilla-La Mancha fue una de las primeras en que se abrió el registro", en abril de 2012, y "fue todo un hito histórico" para profesionalizar el trabajo agrario de las mujeres, ha subrayado.
Lola Merino ha remarcado, también, los "obstáculos" que se observan para que las mujeres accedan a la Titularidad Compartida, de ahí la creación de la Agrotc, con sede en Membrilla (Ciudad Real), para poder acceder de forma precisa y real "a las subvenciones a las que tienen derecho".
Unas ayudas que "se están perdiendo por la doble titularidad" que, ha sentenciado, viene dado "por una mala interpretación de la ley y es lo que queremos poner en conocimiento de la Consejería para que esa figura de titularidad tenga buen reflejo en la región".

 

El sindicato Unió de Pagesos ha instado hoy a la Consellería de Agricultura a que sancione a los propietarios de peros que ataquen al ganado, un problema que los ganaderos califican de "grave" y afecta a la supervivencia del sector.
"Creemos que se han de establecer las oportunas sanciones para los propietarios de perros que no cumplan la normativa y se lleven a cabo controles periódicos para asegurar su cumplimiento, con incidencia especial en las zonas rurales", ha indicado el sindicato por medio de un comunicado.
Unió de Pagesos ha matizado que lo que pide es el cumplimiento y la aplicación de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los animales que viven en el entorno humano.
"Si esta ley fuera realmente aplicada la mayor parte de ataques de perros desaparecerían", ha señalado.
En este sentido, Unión de Pagesos ha valorado la iniciativa de la Consellería de Agricultura de impulsar la difusión de un protocolo de actuaciones ante los ataques de perros a los animales de producción ganadera y que, con estas diligencias hayan sido identificados los perros de 37 ataques y se hayan realizado 17 peritaje
Unió de Pagesos ha apuntado que los perros deben ser controlados por los municipios con campañas de información dirigidas a los propietarios, y con la aprobación o revisión de las ordenanzas municipales para regular la tenencia de canes e "impedir la situación de descontrol actual".
También propone este sindicato que estas ordenanzas contemplen una tasa fiscal dirigida a hacer frente a los gastos de los ayuntamientos, incluidos los que se deriven de dar apoyo económico y material a los ganaderos afectados por los ataques. 

 

El Colegio de Veterinarios de las Islas Baleares (Covib) ha celebrado hoy su asamblea general ordinaria y ha informado de que el año pasado impuso nueve sanciones a veterinarios por casos de mala práctica tras recibir el informe correspondiente de la comisión deontológica.
Dos de los casos fueron sancionados con siete meses de inhabilitación en todo el territorio español y un tercero recibió una sanción de dos meses de inhabilitación.
Del resto, tres fueron amonestados y otros tres apercibidos. Esta comisión, además, abrió el año pasado siete nuevos expedientes que siguen su curso.
El presidente del Covib, Ramón García, ha insistido a los asistentes a esta asamblea sobre la necesidad de comunicar estos casos de mala praxis porque deterioran la imagen de la profesión veterinaria.
También ha pedido denunciar otras situaciones como los casos de intrusismo o maltrato animal en los que la profesión veterinaria también se ve dañada.
García ha explicado en su informe anual que en las Islas Baleares hay 644 veterinarios colegiados a 31 de diciembre de 2017, la cifra más alta jamás alcanzada, y el año pasado se colegiaron 62 veterinarios y 19 se dieron de baja.
Por lo que respecta a centros veterinarios, en Baleares hay 142 clínicas, 36 consultorios, 4 hospitales veterinarios y 182 centros de asistencia veterinaria.
El Covib otorgó 68 becas formativas durante el 2017 dotadas en total con 18.000 euros.
Finalmente, el presidente del Covib ha querido dar la enhorabuena a los servicios de seguridad alimentaria de la administración autonómica, en su mayoría formados por profesionales veterinarios, por su trabajo como garantes de la salud pública, una labor que "muchas veces es muy poco visible socialmente".
También ha lamentado la carencia de profesionales dedicados a la seguridad alimentaria en el archipiélago.

El día 24 de Marzo en Jaraíz de la Vera (Cáceres) desde QueRed en colaboración con HNV-Link Pastoreando La Vera y gracias a la financiación de "Trashumancia y Naturaleza" y "Fundación Mava", organizamos la "Jornada informativa sobre Normativa Sanitaria en Pequeñas Queserías". 

El objeto de esta jornada no es otro que el de presentar las posibilidades que ofrecen los reglamentos sanitarios a las pequeñas queserías y especialmente las recogidas en dos nuevos instrumentos normativos: la Guía Europea de Buenas Prácticas de Higiene y el Documento para la Mejora del Paquete de Higiene en Queserías de Campo y Artesanas.

Contaremos como ponentes con Ángel Nepomuceno, inspector sanitario experto en lácteos y en flexibilidad, y Remedios Carrasco, experta en normativa sanitaria en pequeñas queserías.

Estas jornadas están dirigidas principalmente a principiantes y futuros/as queseros/as que podrán inscribirse hasta la noche del 2 1de marzo.

 Las plazas son limitadas y tendrán preferencia de participación los ganaderos/as en régimen extensivo.

 

- La Dehesa como sistema ganadero donde conviven en equilibrio inestable especies arbóreas, arbustivas, pastizales y tierras de labor para satisfacer las necesidades alimenticias del ganado ha sido maltratada por las políticas públicas.

- El importe medio de las fincas de dehesa percibido en la PAC oscila entre 40 € - 50 €/ha, situándose muy por debajo de cultivos como el algodón que se prima en torno a 1.000 € la hectárea, la remolacha con 500 €/ha o el olivar que percibe una cuantía de entre 300 € - 700 € /ha, en función de las regiones y los derechos adquiridos por el titular.

- El “Reglamento Ómnibus” aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, reconoce a los árboles y arbustos como productores de alimento para los animales, no pudiéndose restar admisibilidad en las hectáreas incluidas en la PAC.dehesaZ

La Dehesa como sistema ganadero donde conviven en equilibrio inestable especies arbóreas, arbustivas, pastizales y tierras de labor con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias del ganado que sustenta, ha sido maltratada por las políticas públicas puesto que no está considerada acorde a sus especificidades y características propias, quedando por tanto desprotegida. Una de las consecuencias de la inexistencia administrativa de la Dehesa ha sido la dificultad de su encuadre en las Políticas Agrarias Comunitarias (PAC) que la ha llevado a ser considerada como una agregación de categorías (tierras arables por un lado y pastos permanentes por otro). De este modo, para el cálculo de la superficie elegible a efectos de los derechos de pago se sumaban las distintas categorías, descontando de dicho cálculo los árboles (encinas y alcornoques) y el matorral bajo el argumento que se trataba de superficie forestal y por tanto quedaba excluida de la PAC, ya que ésta solamente comprende las superficies agrarias. El ajuste podía llegar en muchos casos a ser de extraordinaria importancia y desproveer de la ayuda comunitaria a la mayor parte de la superficie de la Dehesa, mediante la fórmula incoherente de cuantos más árboles, menos superficie con derecho a ayuda, lo que se denomina Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP). Consecuencia de todo esto ha sido la no existencia de la categoría de Dehesa para el cálculo de los derechos de pago básico, existiendo tres categorías como son tierras arables, pastos permanentes y cultivos permanentes. De estas categorías los cultivos permanentes, tales como almendros, olivos y otros cultivos, en función de la región en la que se ubiquen y de los derechos que tuvieran en el período de referencia, tienen asignada una subvención para complementar la renta, pudiendo llegar a cifras significativas; por ejemplo el cultivo del algodón para la campaña 2017 se prima con un importe de 995,63 € por hectárea, mientras que en el caso de la remolacha la subvención para la misma campaña es de 499,92 €/ha. El sector del olivar percibe una cuantía de entre 300 € y 700 € por hectárea en función de las regiones y los derechos adquiridos por su titular. En este sentido, y muy diferente es el cálculo de las ayudas que reciben las dehesas, puesto que al no tener categoría propia, se calcula como suma de las categorías a las que ésta pertenece, siendo tierras arables y pastos permanentes de los que se excluyen las superficies arbóreas y el matorral, por aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos anteriormente citado.

Como por definición la mayor parte de las dehesas son pastos permanentes la ayuda que reciben oscila entre 60 € y 80 € por hectárea, descontando toda la superficie ocupada por árboles o arbustos por no considerarse terreno agrario sino forestal. De forma que las fincas de dehesa vienen percibiendo un importe medio que oscila entre 40 € - 50 €/ha. Esta escasa ayuda que reciben las dehesas españolas y su reducción por aplicación del CAP, ha complicado una situación ya de por sí muy difícil, puesto que los costes anuales a los que tiene que hacer frente el propietario de dehesa son realmente importantes y están relacionados con el mantenimiento: cercados, podas, arreglo de caminos, puntos de agua y desmontes, entre otros, siendo gastos comunes a la mayoría de las propiedades, lo que supone una importante inversión. Una de las consecuencias más claras si examinamos la tendencia de la propiedad a medio plazo se observa como solamente pueden mantener sus dehesas en óptimas condiciones quienes realmente no viven de manera directa de ellas y por lo tanto pueden destinar los ingresos procedentes de la PAC a su mantenimiento, dado que el valor de las producciones obtenidas es mínimo y en ocasiones insuficiente para pagar la mano de obra y los insumos necesarios.dehesa 2

Ante esta situación que condenaba progresivamente a la Dehesa a desaparecer como medio de vida y de tradición de múltiples oficios, se plantea con el inmenso trabajo de la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura (AGEDREX), la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo así como por distintas entidades y organizaciones del sector agroganadero y forestal dos asuntos muy importantes, y de destacado interés:

- Conseguir la eliminación del CAP para la Dehesa que descontaba la proyección de la copa del árbol sobre el suelo y el matorral arbustivo. En la Dehesa, la mejor hierba crece bajo el árbol y además tanto los quercus como muchas plantas arbustivas son comestibles para el ganado (bellota y ramón es un fruto) y así está demostrado en un riguroso trabajo realizado desde la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, que ha sido remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

- Lograr que la Dehesa como sistema de alto valor natural, con una superficie muy concreta y determinada, tenga la consideración de categoría propia dentro de la normativa comunitaria y en base a su importancia económica, social, cultural y medioambiental se le reconozca una ayuda equivalente al déficit estructural calculado en base a los costes anuales de mantenimiento que de acuerdo a diversos estudios desarrollados (como el de la Fundación Savia), se cifra en torno a 150-200 euros por hectárea, y que podría aplicarse a partir del año 2020 con la nueva PAC.

Respecto a los dos objetivos marcados, y en referencia a la eliminación del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), la Federación Española de la Dehesa con el apoyo decisivo de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, asociaciones agroganaderas, forestales, de montaña y la colaboración explícita de gobiernos autonómicos (especialmente Extremadura y Andalucía), unido a la visita del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, a una dehesa de la provincia cordobesa (Valle de los Pedroches), se han conseguido apoyos conjuntos y comunes cuyos frutos se han materializado en la reforma del Reglamento Ómnibus aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, trasladado a la normativa nacional mediante el Real Decreto 27/2018 de 26 de enero, el cual reconoce a los árboles y arbustos como productores de alimentos para los animales, no pudiendo restar admisibilidad en aquellas hectáreas perceptoras de ayudas PAC.

El Reglamento Ómnibus establece un plazo límite hasta el 31 de marzo de 2018 para que los Estados Miembros comuniquen a la Comisión cualquier decisión sobre esta cuestión, dándoles la libertad de decidir sobre la misma. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene actualmente la oportunidad de apoyar firmemente al ecosistema de la Dehesa, reclamando las hectáreas injustamente restadas por un CAP incorrecto, reconocido como injusto y que debe corregirse para la aplicación de la PAC en los siguientes años. Desde la Federación Española de la Dehesa y sus organizaciones miembros, se está solicitando expresamente al Gobierno de España que se aplique la corrección del CAP correspondiente, según los criterios actuales sin restar árboles y arbustos a la parte del territorio nacional que sea procedente, fundamentalmente de dehesa, con el fin de que se reconozcan y corrijan los derechos de PAC a los propietarios afectados. Aunque la administración estatal no va a elaborar una nueva capa en el SIGPAC fijando un coeficiente de admisibilidad de pastos justo y correcto, se prevé que tampoco va a dotar económicamente a la superficie restada, pero sí está obligada a admitir que el productor que reclame revisión del coeficiente de admisibilidad, mediante alegaciones al SIGPAC en su declaración de la PAC 2018, tendrá que ser atendido incrementándole el número de hectáreas de su expediente aunque no por ello se vea incrementada la cuantía económica que recibe actualmente. Respecto a la consideración de una categoría especial para la dehesa dentro del primer pilar (pagos directos) hay que indicar que sin una ayuda que cubra el déficit estructural de la Dehesa cuantificado en un importe similar al expuesto anteriormente (en torno a 150-200 € por hectárea) la dehesa no es viable económicamente y por tanto acabará siendo un territorio exclusivo de aquellos que realmente no están directamente relacionados con este ecosistema. Este será el segundo asunto en el que estas entidades y organizaciones centraremos la atención y esfuerzos porque es difícilmente entendible que cuenten con mayor protección cultivos como el olivar, el almendro o la remolacha que producen frutos cuyo valor de mercado es muy superior al de los productos obtenidos en la dehesa, siendo ésta un ecosistema de alto valor natural según declaración de la Unión Europea, un ejemplo de biodiversidad y de elemento de lucha contra el cambio climático que genera empleos muy diversos (directos e indirectos), fijando población en el medio rural, y siendo en definitiva un emblema paisajístico de España y del mundo, reservorio de tradición y cultura propia.

Este documento ha sido elaborado con el análisis, argumentaciones y aportaciones de: · Dña. Maria Pía Sánchez Fernández - Presidenta de la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA)-. · D. Jesús Castaño Nieto - Presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) y Vicepresidente de la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA)-. · D. Raúl Cabello Bravo - Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura (AGEDREX)-.

La fundadora de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y diputada del PP, Carmen Quintanilla, afirmó que las mujeres del campo "ya han roto parte del sistema patriarcal pero aún queda trabajo por hacer".
Quintanilla recordó, que "el 30 % de la sociedad rural todavía piensa que las mujeres deben quedarse en casa cuidando de sus hijos".
En sus 35 años al frente de la Afammer, la mayor organización de este tipo en España, Quintanilla ha conseguido "poner de moda ser de pueblo", según explicó durante su visita a la ONU, donde participa, como cada año, en la Comisión sobre la Situación Social y Jurídica de la Mujer.
"Las mujeres rurales españolas ya han roto parte del sistema patriarcal y son las que más pequeñas y medianas empresas crean", defendió la diputada, que insiste en la importancia de acabar con la brecha digital de género.
"En 2020, más de 800.000 puestos de trabajo quedarán sin cubrirse en Europa y será en parte por falta de mujeres candidatas cualificadas, y es por eso que es importantísimo el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, un mundo donde siguen infrarepresentadas", apuntó.
Quintanilla pronunciará este jueves su discurso en la ONU, donde volverá a poner como ejemplo la ley de cotitularidad compartida en las explotaciones que España aprobó en 2011, y que permite que las mujeres sean cotitulares con sus maridos.
Esta norma implica que las mujeres compartan al 50 % los beneficios de la explotación, estén aseguradas a la Seguridad Social y, en caso de separación, tengan derecho a una indemnización por los años trabajados sin remuneración.
Pese a la ley, que solo Francia y Bélgica tienen en Europa, las mujeres solo son titulares del 29 % de las explotaciones, lo que Quintanilla achaca a las reticencias de muchos hombres que piensan que sus esposas "les van a quitar las tierras".
"En España, las leyes han roto toda forma de discriminación" sobre el papel, señala Quintanilla, que advierte de que estos esfuerzos caerán en saco roto si no se aplica la "corresponsabilidad" y se entiende que "el trabajo de la casa no es cosa de mujeres, y la capacidad de cuidar y cambiar pañales también es cosa de hombres".
Para ello se creó el Plan de Promoción Rural, dotado con 23 millones de euros, y que contempla 85 medidas para mejorar la corresponsabilidad, la conciliación, la calidad del empleo de las mujeres, la lucha contra la violencia de género y la representatividad de la mujer en las cooperativas agrarias.
En los consejos rectores de las cooperativas agrarias y ganaderas, la presencia femenina es anecdótica, de un 3 %, una cifra que muestra una vez más "la infrarrepresentación de la mujer en todos los puestos de decisión", comentó.
Para Quintanilla, uno de los mayores retos del campo es retener a sus jóvenes talentos, ya que la España rural tiene "la generación de mujeres mejor formadas de la historia", pero hay una "huida ilustrada" a la que se debe poner fin, ofreciendo "nuevos empleos y oportunidades para que tengan las mismas oportunidades que en el medio urbano".
Y es que "si no se cuenta con ellas, los pueblos desaparecerán, y con ello la idiosincrasia del mundo rural", remató Quintanilla, que acaba de ser nominada por el Comité de Mujeres de Distinción, un organismo dependiente de Naciones Unidas, para el premio TOP 5 en reconocimiento de su trabajo en Afammer. 

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