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El Ministerio de Agricultura está trabajando en el borrador de una nueva norma básica para adoptar actuaciones sanitarias en especies cinegéticas y de fauna silvestre en relación con la tuberculosis, según publica la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama). “El Ministerio admitiría así, de alguna manera y como ha defendido nuestra organización durante estos años, que el papel de la fauna silvestre como fuente de contagio de la tuberculosis bovina a la ganadería merecía de la adopción de medidas específicas y urgentes, porque el aumento de la incidencia de la enfermedad está demostrando que lo hecho hasta ahora no era suficiente”, señala la organización agraria.

La nueva norma, que de salir adelante prevé un horizonte de entrada en vigor en enero de 2019, introduce el elemento de la salud pública en el tratamiento de este problema, lo que permitiría que las actuaciones se decidan a nivel del Estado. Al mismo tiempo admite que la tuberculosis presenta implicaciones también sobre la economía, la biodiversidad y la calidad de las especies cinegéticas.

El Ministerio considera que las medidas incluidas en el Programa de Erradicación de la Tuberculosis no son suficientes, al actuar solamente sobre el ganado bovino, y que deben ampliarse a otras especies domésticas y silvestres y contar con la implicación de todos los actores y agentes implicados: administraciones, sectores ganaderos, cinegéticos, conservacionistas, científicos…

La norma establecería una nueva estructura de actuación, de manera que se identifican los factores de riesgo que en un determinado espacio contribuyen a hacer más peligrosa la enfermedad. Estos factores de riesgo incluyen estudios sobre presencia de especies silvestres sensibles, factores ambientales, evidencias de transmisiones entre ganado y fauna salvaje, estado de la enfermedad en el ganado, sistemas de manejo…

En función de la combinación de estos factores cada comarca o unidad epidemiológica se clasificaría en función de su nivel de riesgo (bajo, moderado o especial) y las medidas a implantar serían proporcionadas a dicho nivel, que afectarían tanto al ganado doméstico como a fauna cinegética y silvestre.

 

 

Los medicamentos veterinarios están sometidos a una estricta regulación con el objetivo de garantizar su calidad, seguridad y eficacia. En los últimos años, ha surgido una creciente demanda por parte de los ciudadanos del posible uso de medios electrónicos, especialmente Internet, para facilitar la adquisición de estos medicamentos, según recuerda el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios limita la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos a los medicamentos no sujetos a prescripción. Con el Real Decrero 544/2016se regula la venta legal al público, realizada a distancia, de medicamentos veterinarios de lícito comercio en España, elaborados industrialmente, no sujetos a prescripción veterinaria, por correspondencia y por procedimientos electrónicos por parte de oficinas de farmacia y establecimientos comerciales detallistas de medicamentos veterinarios que notifiquen a las autoridades de las Comunidades Autónomas en las que están ubicadas, el inicio de este nuevo canal de comercialización. Todas las dispensaciones estarán asesoradas por el farmacéutico responsable del centro dispensador que efectúa la venta, con objeto de preservar la seguridad de su utilización.

Aspectos destacados

La dispensación al público de los medicamentos se realizará exclusivamente por:

- Las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que además serán las únicas autorizadas para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

- Los establecimientos comerciales detallistas autorizados, siempre que cuenten con un servicio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y dispensación de estos medicamentos.

No podrán venderse a distancia:

- Las fórmulas magistrales.

- Los preparados oficinales.

- Las autovacunas de uso veterinario.

- Los medicamentos veterinarios que no hayan sido autorizados de acuerdo con la normativa aplicable.

- Los medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria (según lo establecido en el Artículo 37 Real Decreto Legislativo 1/2015).

- Los medicamentos veterinarios que no se encuentren autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios e inscritos en el Registro de Medicamentos Veterinarios, o que no estén autorizados de conformidad con lo dispuesto en las normas europeas, que establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinarios y que regulan la Agencia Europea de Medicamentos.

 

La Guardia Civil ha detenido en Villaviciosa de Odón a dos personas por presuntamente maltratar a los animales de su explotación ganadera, y por su supuesta implicación en delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.
Fue a raíz de la comunicación de un vecino, que alertó del abandono de varios animales en una finca situada en la Cañada Pirrucas, cuando el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de Tres Cantos comenzó las pesquisas.
Cuando los agentes ubicaron la finca, procedieron a inspeccionarla en coordinación con veterinarios de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, y descubrieron una veintena de cabras en avanzado estado de descomposición que podrían llevar meses abandonadas, por lo que los veterinarios declinaron la opción de realizar una necropsia a los animales.
Durante la inspección los especialistas del Seprona localizaron varios crotales -etiquetas que llevan prendidos de las orejas algunos animales de granja- que permitieron identificar la explotación ganadera y a sus legítimos propietarios.
Una vez localizados los dueños de la explotación, se les citó en calidad de investigados por abandono de los animales, cuyos restos fueron retirados por una empresa autorizada de la Comunidad de Madrid.

Jueves, 02 Agosto 2018 12:00

“HORARIO DE VERANO, SI O NO”

 

Desde hace décadas, en algunos países desde 1970 con la crisis del petróleo, la Unión Europea puso en marcha el horario de verano, cambiando la hora desde finales de marzo hasta octubre y alargando así una hora de luz en la jornada. Desde 1980 se rige por la directiva 2000/84 CE.

Actualmente el ahorro de energía es marginal, según reconoce la Unión Europea. En aspectos como la salud de las personas no presentan aspectos concluyentes, aunque cada vez hay más protestas entre los ciudadanos por el estrés que genera el cambio.

También se estima beneficioso el horario de verano para: las tareas agrícolas, el turismo y, añado yo, para la vida social en invierno, pues no es igual la salida de los colegios y del trabajo con luz solar que cayendo la noche.

La Unión Europea ha lanzado una consulta a ciudadanos y colectivos como empresas sobre su opinión y se puede responder antes del 15 de agosto. Puedes hacerlo entrando en: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es 

Aunque las fechas son muy vacacionales, creo que la cosa merece la pena porque somos muchos los que sufrimos el cambio.

Está clara mi opinión, en cualquier caso, con el mismo horario todo el año.

 

Francisco Marcén

 

El Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-Uscal) recurrirá las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Castilla y León que afectan al personal sanitario no integrado en Sacyl por los agravios comparativos con los sanitarios asistenciales y la falta de equiparación salarial.
Un grupo de sanitarios se ha concentrado, convocados por Sivecal-Uscal, ante la Delegación Territorial de la Junta en Palencia para reivindicar "una salud pública no discriminada".
El sindicato ha pedido, a través de un comunicado, que desaparezca "la discriminación" que existe entre este personal sanitario, veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, que no está integrados en Sacyl y que prestan sus servicios en la Administración de la Junta de Castilla y León y el del Sacyl.
Asimismo el sindicato, que representa mayoritariamente a los veterinarios, ha reiterado su intención de seguir luchando para lograr el reconocimiento de su experiencia profesional tanto para el sistema de acceso a la función pública como en el desarrollo profesional de todo el personal sanitario independientemente del departamento administrativo en el que realice sus funciones.
De igual manera, y ante el agravio que ha supuesto la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, se ha acordado elevar a los tribunales de justicia el acuerdo del Consejo de la Función Pública por el se aprueban dichas Relaciones, y que afectan a unos 16.800 funcionarios y en concreto de los 1.200 de veterinarios.
El sindicato ha lamentado que no se haya alcanzado ningún acuerdo en la última Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, celebrada el pasado día 26 de julio, ya que no se ha conseguido ninguna mejora para las 156 plazas de Agricultura y Ganadería y no van a mejorar tampoco las plazas de sanitarios de los servicios territoriales ni centrales de la Consejería de Sanidad.
Según ha denunciado hoy este sindicato ni veterinarios ni farmacéuticos van a poder optar a ninguna de las plazas de las Secciones de Promoción de la Salud de los Servicios Territoriales de Sanidad.
Con todo, han incidido en que las nuevas RPT no cubren las carencias estructurales, ni satisfacen las múltiples necesidades funcionales que tienen los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León.
También han subrayado la falta de equiparación salarial entre los funcionarios del propio cuerpo y los agravios comparativos con los sanitarios asistenciales.
Por todo ello han advertido que se están planteando "llevar a cabo medidas sindicales más drásticas que las adoptadas hasta la fecha".

 

El objetivo de la orden es permitir dicha entrada de forma controlada y con carácter excepcional para la fiesta religiosa de El Aid Kabir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial APA/791/2018 que puntualiza y completa determinados aspectos de la orden publicada el pasado 6 de junio, por la que se establecían los requisitos legales para la entrada de corderos en la ciudad de Melilla, con motivo de la fiesta religiosa de El Aid Kabir. El objetivo es permitir dicha entrada de una forma controlada y con carácter excepcional para la citada festividad religiosa.

En concreto, la nueva orden introduce elementos nuevos y complementa algunos aspectos de la norma anterior. Así, además de las explotaciones de producción y reproducción, se incluyen el matadero, los centros de concentración y las explotaciones de operadores tratantes como explotaciones a las que pueden también dirigirse los animales, siempre que estén registradas y autorizadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se mantiene el resto de requisitos establecidos en la orden modificada. De esta forma, los animales deberán venir acompañados de un certificado sanitario oficial, de acuerdo al modelo acordado con las autoridades del Reino de Marruecos, y serán controlados antes de su entrada por los servicios veterinarios de control de frontera españoles

Además, la entrada de los animales deberá notificarse en cualquier caso tanto al punto de control en frontera como a la Ciudad Autónoma de Melilla, como mínimo 72 horas antes de su entrada, de forma que se garantice un control de los animales importados.

PUBLICADO EN FEAGAS

 

 

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                                                                  FOTO: bmbq.uma.es

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) ha apuntado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que los organismos obtenidos mediante edición del genoma (mutagénesis) constituyen organismos modificados genéticamente (OGM) "pone en riesgo" el avance científico.
En un comunicado, Asebio ha señalado que el dictamen judicial afecta al "impacto positivo" que la aplicación de los avances conseguidos con estas técnicas supondrían para la ciencia, el desarrollo y la innovación en Europa.
A su juicio, podrían dificultar la materialización de los beneficios que suponen las técnicas de edición del genoma y una pérdida de competitividad "considerable" de Europa frente a otros continentes que ya las utilizan.
Según Asebio, estas técnicas tienen "múltiples aplicaciones" como el enriquecimiento de nutrientes y el aumento de la resistencia a plagas de cultivos, lo que ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático.
Además, se está investigando su uso en el desarrollo y producción de nuevos tratamientos y terapias para múltiples enfermedades "que podrían salvan millones de vida", ha indicado.
La organización ha defendido que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembro establezcan un diálogo "proactivo" con la sociedad para concienciarla de los beneficios que producen estas técnicas para su vida diaria y su entorno.

 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que el consumo de leche cruda entraña riesgos para la salud elevados, según ha apuntado en un comunicado tras la aprobación en Cataluña del decreto 163/201, de 17 de julio, que permite su comercialización.
De acuerdo a la OCU, la leche cruda -sin tratamiento térmico- puede contener bacterias patógenas y su consumo puede ocasionar problemas graves, especialmente en niños, embarazadas y personas mayores, entre ellos casos de meningitis bacteriana.
En referencia a la indicación de hervir la leche para evitar riesgos que se recoge en el decreto catalán, la OCU cree que "la seguridad en el consumo no debería recaer en los consumidores" y que las autoridades son las responsables de garantizar la seguridad alimentaria por encima de cualquier otro factor.
En este sentido, OCU ha defendido que la comercialización por pequeños productores, de proximidad y alejados de las grandes cadenas de comercialización, no puede nunca estar ajena a la seguridad alimentaria.
Actualmente, el Gobierno estudia regular mediante un real decreto los requisitos para la comercialización de leche cruda, teniendo en cuenta los últimos dictámenes científicos.
Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han recordado, además, que la venta de leche cruda está permitida en la Unión Europea en los términos que establece el Reglamento CE 853/2004.

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La Asamblea General del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Uscal) ha acordado pedir el cese del secretario general de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Eduardo Cabanillas, “ante la nueva agresión que para este colectivo sanitario ha supuesto la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada por el mismo y que mantiene a los facultativos sanitarios en niveles y complementos impropios de las funciones que desarrollan y en clara discriminación con el resto del personal de la Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y León”.

Según señala el sindicato en un comunicado, la situación discriminatoria afecta al personal de las secciones provinciales de Sanidad Animal, de Ayudas Ganaderas, de los laboratorios provinciales de Sanidad Animal o de los servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, entre otros.

En general, “la decepción” que ha supuesto la presentación de los borradores con las modificaciones de las Relaciones de los Puestos de Trabajo (RPT) de todos los funcionarios de la Junta de Castilla y León “está resultando especialmente sangrante para los 1.200 veterinarios adscritos a las Consejerías de Sanidad, Agricultura y Ganadería, y en menor medida en Medio Ambiente”, indica el sindicato. 

El problema, insisten, es que esta nueva RPT no corrige los agravios entre sanitarios asistenciales y no asistenciales y tampoco equipara los puestos de trabajo de los propios servicios veterinarios.

Por ello, “tras observarse unas modificaciones sin alicientes ni funcionales ni retributivos, los veterinarios han comprobado cómo una vez más se les sigue discriminando con el resto del personal de la Administración Sanitaria y de la misma categoría profesional”.

Así, una vez ratificada la petición de cese del máximo responsable de personal de la Consejería de Agricultura, desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León aseguran que continuarán las movilizaciones que recorrerán el resto de la Comunidad, después de las concentraciones realizadas en Valladolid León.

Por Ángel Espínola en Animal´s Health

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la medida cautelar dictada por el tribunal que suspende el aprovechamiento cinegético del lobo hasta la temporada 2018-2019.
La medida, que afecta a tres temporadas cinegéticas, entre 2016 y 2019, fue solicitada por la asociación conservacionista Ascel y estimada en su día por el TSJ, según informó ayer esa asociación en un comunicado.
De esta forma, el TSJ, que impone las costas del recurso a la Junta de Castilla y León, anula el plan de aprovechamientos del lobo en los territorios cinegéticos situados al norte de Duero, donde el lobo tiene un tratamiento distinto al del sur de ese río.
Ascel presentó hace un año un recurso judicial contencioso-administrativo contra el plan de aprovechamiento cinegético de la especie diseñado por el Gobierno regional y en base a ese recurso el tribunal acordó la medida cautelar de suspender la caza.
Frente a esa medida, la Junta de Castilla y León se mostró contraria pero el TSJ, en un auto emitido el pasado 6 de julio, ha desestimado los argumentos del Gobierno regional para reclamar que no se paralizara el aprovechamiento cinegético del lobo.
Ascel ha resultado que en el auto el TSJ ha advertido de que el lobo no puede ser considerado una especie cinegética y no puede ser objeto de caza.
También cecordó que el lobo es una especie protegida por la normativa europea y nacional y, si bien es posible su gestión, ésta debe "garantizar la conservación de la especie".
El Tribunal Superior de Justicia ha acordado la suspensión de la caza del lobo como medida cautelar porque si no se podrían ocasionar perjuicios de difícil reparación.
Ascel ha aprovechado la nueva resolución del TSJ, que viene a corroborar otra anterior emitida por ese tribunal el pasado mes de mayo, para pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. 

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