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El Departamento de Agricultura de Cataluña hizo ayer efectivo el pago de los importes correspondientes a la campaña 2018 de la ayuda de mejora y fomento de prados y pastos naturales en zonas de montaña y la ayuda de mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la biodiversidad.
Según ha informado hoy este departamento, el importe total del pago en relación con la ayuda del fomento de prados y pastos naturales es de 43.541,68 euros a 47 beneficiarios de 10 comarcas y tiene un impacto sobre 2.117 hectáreas.
Por su parte, la bonificación para la mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la diversidad es de 39.076,40 euros, y se ha hecho efectivo a 18 beneficiarios de 7 comarcas, con un impacto sobre 540 hectáreas.
El objetivo de las ayudas es fomentar la introducción o continuación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección y mejora del medioambiente.
Asimismo, también se pretende fomentar la conservación del paisaje y sus características, recursos naturales, la tierra y la diversidad genética, con el fin de conseguir los objetivos comunitarios en materia de agricultura y medio ambiente.
Estas ayudas, con compromisos a cinco años vista, se enmarcan dentro del PDR.cat2020, y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

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El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará mañana un pago de 2,8 millones de euros en ayudas a la mejora de explotaciones agrarias y, antes de que finalice 2018, prevé haber abonado 13 millones de euros para tal fin.
Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de los planes de mejora de explotaciones agrarias que, presentado por el grupo popular, se ha celebrado hoy en el pleno del Parlamento autonómico.
Un debate que ha finalizado con el rechazo de las Cortes de Castilla-La Mancha a la propuesta de resolución del PP de instar al Gobierno regional a cumplir los compromisos de pago establecidos en las convocatorias de 2016 y 2018 para las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
También proponía establecer un calendario de pago y garantizar presupuesto en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para abonar las ayudas resueltas positivamente.
Martínez Arroyo ha explicado que estas subvenciones se abonan una vez que los profesionales han hecho la inversión y han solicitado la certificación correspondiente y ha aseverado que "se va a pagar todo", a medida que los agricultores y ganaderos vayan pidiendo dichas certificaciones.
El consejero ha adelantado que mañana se va a hacer un pago de 2,8 millones de euros para la mejora de explotaciones agroganaderas y ha añadido que antes de que acabe el año se habrán abonado, previsiblemente, 13 millones de euros.
Asimismo, ha negado que haya "insuficiencia presupuestaria" -como ha asegurado el PP- para hacer frente a los compromisos del PDR y ha señalado que, a diferencia de lo que ocurría en la anterior legislatura, ahora los jóvenes reciben 27.000 euros "directamente" para su incorporación al sector sin tener que hacer una inversión previa.
Ha añadido que se han abonado 19,5 millones de euros de la convocatoria de 2016 a todos los jóvenes y que no hay "ni uno solo que no haya cobrado las ayudas".
Martínez Arroyo ha detallado que en la convocatoria de 2016 se aprobaron 1.218 solicitudes de ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos y 2.140 de planes de mejora.
Y ha agregado que en la primera línea se van a invertir 36 millones de euros y, en el segundo caso, 71 millones, lo que supone, ha dicho, "tres veces más" que en la legislatura del PP.
De igual modo, ha recordado que en 2018 se ha sacado una segunda convocatoria para la que se han recibido 3.128 solicitudes de mejora de explotaciones y 1.650 de jóvenes, que tienen de plazo hasta mayo de 2019 y junio de 2019, respectivamente, para justificar sus inversiones.
Sin embargo, la parlamentaria del PP Lola Merino ha criticado que, a día de hoy, el Gobierno regional tenga a los agricultores y ganaderos esperando para cobrar los 71 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2016, al tiempo que ha considerado "imposible" que abone los más de 42 millones de la convocatoria de 2018 porque, como ha advertido, "no tiene dinero".
Por su parte, el diputado socialista Emilio Sáez ha afirmado que los 'populares' "no están en disposición de criticar" el volumen de pago de planes de mejora, dado que éste ha sido 5,5 veces superior al del anterior mandato.
Además, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha achacado el hecho de que aún no se hayan pagado estas ayudas a "una razón administrativa", ya que el plazo de solicitudes ha estado abierto hasta el 12 de noviembre y "no ha dado tiempo a justificarlas", a la vez que ha pedido explicaciones de por qué el año pasado el presupuesto abonado fue de "cero euros", según los datos de los que dispone.

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En cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, se valorará por primera vez la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las entidades solicitantes

El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se convocan para el año 2019 las ayudas que, con un presupuesto global máximo de 350.000 euros, financiarán a Asociaciones y Organizaciones Ganaderas de Razas Puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por primera vez, y en cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, entre los criterios de adjudicación se valorará la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las entidades solicitantes.

Estas ayudas, gestionadas por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se enmarcan en su decidida política de apoyo a la cadena de valor agroalimenaria, desde la ganadería de calidad, pasando por la biodiversidad en el entorno rural y hasta alcanzar una alimentación sana y sostenible, pilares básicos que se recogen en el Plan Estratégico de Ganadería y Alimentación (PEGA) que marca las líneas generales de actuación en estos campos para la presente legislatura.

Están destinadas a las Asociaciones Ganaderas que gestionan los Libros Genealógicos de razas puras, ejecutando los programas de mejora (conservación o selección), difundiendo y promocionando la raza y haciendo un control de rendimientos y una evaluación de su valoración genética.

Asimismo, estas asociaciones deben difundir los resultados obtenidos y ayudar en la comercialización de los animales y sus productos, permitiendo alcanzar una mayor eficacia en la producción y una mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas, con la progresiva aplicación de programas innovadores y de nuevas tecnologías. También colaboran en el desarrollo e impulso de las zonas rurales y de agricultura de montaña del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los gastos subvencionables son:

Organización y participación en certámenes ganaderos

Creación o mantenimiento de libros genealógicos

Pruebas de calidad genética o rendimiento del ganado

Presentación y valoración de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes para acogerse a esta convocatoria de 2019 será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Se presentarán por canal electrónico. Las especificaciones para la tramitación de la solicitud, las declaraciones responsables y demás documentación están disponibles en las siguientes direcciones: http://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ (castellano) / http://www.euskadi.eus/laguntzak_naep/ (euskera).

En cuanto a los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, la determinación de la cuantía concreta de cada subvención se realizará dentro de los límites, y con la aplicación de los criterios de cuantificación recogidos en el decreto. La presencia de mujeres en los órganos de dirección de la asociación se valorará con 15 puntos.

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El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado una tasa de reembolso de la disciplina financiera del 1,37 % para devolver a agricultores y ganaderos españoles, a partir del 1 de diciembre, 56 millones de euros deducidos de los pagos directos para la reserva de crisis agrícola, que no ha sido utilizada al completo.
El FEGA ha calculado dicho coeficiente tras la publicación ayer del Reglamento de Ejecución 2018/1848 de la Comisión, que fija el techo de los importes de los créditos que serán prorrogados del ejercicio financiero 2018 en 56.644.658 euros para España, 444 millones para el conjunto de los agricultores y ganaderos europeos.
El coeficiente provisional de reembolso establecido por el FEGA se aplicará a los pagos superiores a 2.000 euros para los beneficiarios sujetos a la reducción de la disciplina financiera en el ejercicio financiero 2019.
La Comisión Europea (CE), a propósito del reglamento comunitario publicado ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), precisaba en un comunicado que "a pesar de que el sector agrícola y ganadero enfrentó situaciones críticas este año, como el clima extremo durante el verano, no ha sido necesario utilizar la reserva de crisis en 2018".
La CE detalla que con el presupuesto disponible de la Política Agrícola Común (PAC) se han financiado medidas de apoyo adicionales tomadas para enfrentar la difícil situación del mercado en ciertos sectores, como las frutas y hortalizas, lácteos y enfermedades animales.
"Los daños causados por las condiciones climáticas adversas durante esta primavera y verano han sido abordados por otras medidas disponibles para ayudar a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias", añade.
La decisión implica que los Estados miembros pueden reembolsar a los agricultores los montos deducidos de los pagos directos de este año a partir del 1 de diciembre.
Este sistema de reembolso de pagos y de reserva de crisis fue implantado en 2013, en la última reforma de la PAC, y se aplica a todos los Estados comunitarios excepto Croacia, el último país en adherirse al a UE, en ese mismo año, debido a su "proceso de incorporación gradual". 

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Por primera vez el Gobierno Vasco valorará la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones ganaderas de razas puras que opten a la convocatoria de ayudas de 2019.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado hoy la orden por la que se convocan las subvenciones a estas asociaciones para la mejora de las razas puras, que tiene una dotación para el próximo año de 350.000 euros.

En cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, en los criterios de adjudicación "se valorará" con quince puntos la presencia de mujeres en los órganos directivos de las entidades solicitantes de las subvenciones.

Concretamente las ayudas están destinadas a asociaciones que gestionan los libros genealógicos de razas puras, que ejecutan programas de mejora y hacen controles de rendimiento y evaluaciones genéticas.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado tres sentencias en las que declara que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios a explotaciones ganaderas por ataques de lobos y la condena a indemnizar con una cantidad casi cuatro veces superior a la fijada por la Administración regional.
En las tres resoluciones, fechadas este mes y las primeras que dirime el Tribunal Superior madrileño sobre este asunto, se estiman parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los tres ganaderos, que reclamaban indemnizaciones más elevadas.
Contra ellas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Comunidad tiene intención de recurrirlas, han adelantado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En una de las sentencias, dictada por la Sección número 10 de lo Contencioso-administrativo del TSJM el 6 de noviembre, a la Comunidad de Madrid deberá indemnizar con 10.571 euros a Luis González Santiuste, ganadero de Prádena del Rincón, por un ataque de lobos a su explotación ocurrido en 2015 y en el que murieron 24 cabras.
De la cantidad anterior se han descontado las ayudas recibidas por el ganadero por parte de la Administración regional para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos y que según González suman la cantidad de 3.780 euros.
En la sentencia, el TSJM considera que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad por el carácter de "especie protegida del lobo al sur del Duero y, por tanto, el ganadero no debe soportar el daño causado por sus ataques".
Para cuantificar el daño, el informe pericial aportado por el ganadero, elaborado por un ingeniero de Montes, establecía dos valoraciones: una por el valor intrínseco del daño y perjuicio (40.389 euros); y la otra, por sustitución del animal (14.351 euros).
El informe elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, reducía el valor intrínseco del daño y perjuicio a 2.137 euros, aunque le acabó concediendo al ganadero 3.780 euros.
El tribunal se inclinó por la valoración más baja del ganadero tras descartar la primera por considerar que utilizaba una fórmula "estereotipada basada en afirmaciones generales y no en datos concretos, objetivos y verificables".
Y rechazó la valoración de la Comunidad por calificarla de "contradictoria" al concluir que "el importe de los daños reclamados por González asciende a 2.137 euros", mientras que las ayudas concedidas por los daños ocasionados por lobos en la explotación fueron más altas.
Es decir, la Administración regional "ha abonado unas ayudas superiores al valor del daño sufrido por el recurrente", añade la sentencia, en la que se recoge que la Comunidad de Madrid "no ha aprobado hasta la fecha un plan de gestión del lobo, como el que existe en otras comunidades autónomas".
Luis González ha destacado a Efe la importancia de estas sentencias porque "sienta un precedente" para otros ganaderos cuyas explotaciones se vean o se hayan visto afectadas por ataques de lobos, y así "pierdan el miedo a reclamar" indemnizaciones "más justas".
Ha lamentado además la decisión de la Comunidad de recurrir porque, en su opinión, solo va a retrasar el cobro de las ayudas.
Desde octubre de este año, la Consejería de Medio Ambiente ha elevado a 300.000 euros el presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones de ganaderos por ataques de lobos o buitres.
La partida hasta septiembre era de 250.000 euros, de los cuales no se han gastado 95.370 euros, han indicado fuentes de la consejería.

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MINISTRO LUIS PLANAS

España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en el Consejo de Ministros la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.

Se establecen así las prioridades de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar.

En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores

España apoya la reforma de la PAC, ya que una política tan importante debe reflejar los grandes desafíos globales, particularmente los ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario.

Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.

España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

PLAN ESTRATÉGICO COMÚN

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

PAGOS DIRECTOS

España es uno de los Estados miembros que apuestan firmemente por los pagos directos, ya que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores.

Además, para impulsar el relevo generacional en la agricultura y luchar contra el despoblamiento del medio rural, se apoya el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial.

En relación con las explotaciones medianas y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los mercados y la falta de rentabilidad, se apoyará la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Otro aspecto de interés en el marco de la negociación de la reforma es la nueva arquitectura medioambiental. España apuesta por un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello es necesario preservar el presupuesto de la PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.

Por otra parte, España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening”) dentro de la línea de base de la “Condicionalidad” actual. Una integración que deberá realizarse sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

También se apoya la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

AYUDAS ASOCIADAS Y APOYOS SECTORIALES

En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento.

También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Por otra parte, considera necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola.

RELEVO GENERACIONAL E IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER

Para facilitar el relevo generacional, España aboga desde la posición española por el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la igualdad de género, prioridad transversal de primer orden en toda la acción del Gobierno, resulta esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC

El informe destaca la importancia de la simplificación de la PAC para los Estados miembros y, sobre todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido.

Para ello España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, España aboga por la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

CALENDARIO

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

 

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Carreteras sin tráfico, calles desiertas y locales sin colas. Puede parecer el paraíso para los que viven en la aglomeración de las grandes ciudades, pero se ha convertido en la amenaza de la España vacía, un riesgo de desaparición que afecta a tres de cada cinco municipios.

Más del 60 por ciento de los ayuntamientos tienen menos de mil habitantes y solo concentran el 3,2 por ciento de la población. La mayoría de los españoles vive en las grandes ciudades, mientras el medio rural se queda despoblado, aunque no solo los pueblos, también algunos núcleos urbanos que son capital de provincia.

Todas las comunidades están afectadas en mayor o menor medida por este fenómeno que, junto al envejecimiento y la población flotante, constituye uno de los tres vértices del problema demográfico. Un auténtico "reto" para las administraciones públicas, sean del tamaño y del color político que sean.

Hay siete autonomías en las que más de la mitad de su municipios no pasan de los mil habitantes. En Castilla y León hay más de 2.000 localidades que no superan esta cifra de población, el 89 por ciento del total de ayuntamientos.

En Aragón, los pequeños municipios suponen casi el 86 por ciento del total, y en La Rioja, un 84 por ciento.

También son significativos los casos de Castilla-La Mancha y Navarra, ambas con casi un 70 por ciento, y Extremadura y Cataluña, con un 56 y un 52 por ciento, respectivamente.

Son localidades que, en conjunto, agrupan a menos del 10 por ciento de la población de la comunidad, excepto en Castilla y León y Castilla-La Mancha, porque la mayoría de los habitantes se concentran en las ciudades.

Un verdadero "éxodo rural" en pleno siglo XXI con una multitud de municipios que han perdido población en la última década, según advierte la comisionada para el reto demográfico, Isaura Leal, dependiente del Ministerio de Política Territorial, quien ha explicado a Efe que el problema no está en el mapa municipal.

No se trata del número de municipios existente, un total de 8.124 que considera adecuado para la extensión de territorio, sino una cuestión de prestación de servicios y de igualdad de oportunidades, que solo se puede solucionar trabajando "de una forma conjunta" entre todas las administraciones, ha asegurado.

Y es que casi un 53 por ciento del territorio nacional tiene riesgo de despoblación, sobre todo en el ámbito rural.

El Gobierno trabaja con el resto de administraciones para tener elaborado una estrategia nacional ante el reto demográfico en la primavera, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, con un "buen nivel de colaboración y voluntad de diálogo" por todas las partes, según Leal.

De momento, con este objetivo de solucionar los problemas poblaciones, ya está abierta una línea de ayudas de 80 millones de euros, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) del Fondo Social Europeo 2014-2020, para el empleo juvenil en municipios de menos 5.000 habitantes.

También se ha aprobado un plan para proporcionar cobertura de internet de banda ancha al 90 por ciento de los municipios de este tamaño antes del 1 de enero de 2020.

El objetivo es dar igualdad de oportunidades y servicios en todas las partes del territorio y, de esta manera, garantizar la libertad de elegir donde cada uno quiere vivir.

Actualmente el peso poblacional se centra en las grandes ciudades, las de más de 50.000 habitantes. Se trata de 145 núcleos en toda España en los que reside más de la mitad de la población total.

Las capitales de provincia tienen en conjunto casi 15 millones de habitantes, lo que supone que una de cada tres personas vive en una de estas localidades, el 32 por ciento del total.

Sin embargo, Madrid supera estas cifras, ya que el 72 por ciento de los habitantes de la comunidad, tres de cada cuatro, reside en la capital, que cuenta con 3,2 millones de personas. En Barcelona, con 1,6, millones, el porcentaje se reduce hasta el 30 por ciento.

En comunidades uniprovinciales, la capital es el gran polo de atracción, como Baleares, Navarra y La Rioja. En Palma viven más de 400.000 personas, el 37 por ciento de la población del archipiélago balear, mientras que en Logroño vive casi la mitad de los riojanos, un total de 151.000 personas.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de municipios de más de 50.000 habitantes, con el porcentaje de población sobre el total de la comunidad, así como los de menos de 1.000 habitantes y el porcentaje poblacional, según los datos del INE de este año:

                   CCAA             Munic. más         % de                Munic. menos            % sobre

                                        50.000 hab          poblac.                 1.000 hab                 total

                   ================================================================

                   Andalucía            29                 50,9                         217                       1,4

                   Aragón                 2                 55                            627                      11,3

                   Asturias                4                 60,5                           18                        0,9

                   Baleares               1                 36,3                             6                        0,3

                   Canarias               8                 52                                1                          0

                   Cantabria              2                38,6                            36                        3,2

                   Cast. y L.              9                44                           2.003                      18,5

                   Cast.-LM               6                27,3                           641                        7,9

                   Cataluña              23               53,9                           489                         2,6

                   C. Valenc.            25               45,5                            224                        1,8

                   Extremadura          3               28,5                            217                        9,8

                   Galicia                   7               36,5                             33                         0,9

                   Madrid                 22               85                                47                         0,3

                   Murcia                   4               55,8                               3                         0,1

                   Navarra                 1               30,8                            189                         8,5

                   País Vasco             6               46,5                             101                        2,2

                   La Rioja                1               47,9                             146                        8,9

                   ==============================================================

                   TOTAL                  145            52,6                          4.998                        3,2

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El Departamento de Agricultura ha hecho efectivo el pago de los importes correspondientes a las ayudas a la ganadería ecológica de la campaña de 2017, así como el pago restante de la ayuda a las Zonas con Limitaciones Naturales.
Según han informado desde Agricultura, estas ayudas se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Cataluña PDR.cat2020 y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
El importe total de los pagos es de 5.126.928,29 euros para la ganadería ecológica, de los que se beneficiarán 531 ganaderos de 30 comarcas, y 6.651.042,76 euros del 60% restante de la ayuda a las Zonas con Limitaciones Naturales, con 4.989 beneficiarios de 35 comarcas y con un impacto de 302.710 hectáreas.
En cuanto a las ayudas para la ganadería ecológica, el departamento de Agricultura asegura que el objetivo es compensar el lucro cesante y el incremento de costes asociados a prácticas respetuosas con el medio ambiente que soportan los operadores ecológicos.
Por su parte, la subvención para las Zonas con Limitaciones Naturales tiene la misión de asegurar un uso continuado de las tierras agrarias, contribuir al mantenimiento de una comunidad rural viable, que posibilite la conservación del campo, y mantener y fomentar sistemas agrarios sostenibles con especial consideración hacia las exigencias medioambientales.

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Agricultura, que destinará 170.000 euros para esta medida de apoyo, establece un plazo de solicitud hasta el próximo 23 de noviembre

La directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja, María Jesús Miñana, junto con la jefa de servicio de Gestión de Mercados, María José Soriano, ha avanzado la apertura de una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los ganaderos para la adquisición de dispositivos de localización y monitorización, “una herramienta que permitirá simplificar la gestión diaria de las explotaciones, al facilitar información útil sobre la ubicación exacta del ganado, de sus movimientos, e incluso datos sanitarios sobre el estado de los animales”.

El ganadero accederá a la información a través de una aplicación en su móvil, “que permite además recibir alarmas de aviso sobre situaciones que no son las habituales, por ejemplo, cuando un animal sale de una zona limitada, o si su temperatura es más elevada, o tiene una actividad mayor o menor de lo normal”, según ha detallado Miñana. En este sentido, ha destacado la apuesta decidida del Ejecutivo riojano que va a destinar este año 170.000 euros para “incorporar las nuevas tecnologías en el sector ganadero como factor de competitividad”.

Por otro lado, el uso de estos dispositivos de geolocalización servirá también a la Consejería para conocer de forma más exhaustiva cuales son las zonas de mayor actividad ganadera en la comunidad autónoma, y poder definir los futuros planes estratégicos y las políticas de mejora de pastizales en el medio natural riojano.

María Jesús Miñana ha precisado que 395 explotaciones ganaderas riojanas podrían beneficiarse de esta nueva línea de ayudas: 182 son de bovino, 168 de ovino, 13 de caprino y 32 de equino. En conjunto, el censo alcanza las 16.150 vacas, 85.215 ovejas, 3.580 cabras y 1.525 caballos.

Solicitudes hasta el 23 de noviembre

El Boletín Oficial de La Rioja publica la convocatoria de ayudas que establece un plazo de diez días, hasta el próximo 23 de noviembre, para presentar la solicitud. Los beneficiarios serán explotaciones ganaderas de bovino, ovino, caprino y equino, con domicilio fiscal en La Rioja, que estén inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas con fecha de 1 de enero, y que suscriban el compromiso de mantenerse de alta en el registro tres años más tarde. Además, deben contar con un censo mínimo de más de 100 hembras reproductoras en ovino y caprino, y más de 20 en bovino y equino.

La directora de Agricultura y Ganadería ha explicado que el importe máximo de ayuda que se establece por explotación será de 2.200 euros. En este sentido, se subvenciona con 110 euros cada dispositivo que debe reunir unos mínimos requisitos técnicos: monitorización de la posición del animal las 24 horas, control de su nivel de actividad y temperatura superficial, una duración mínima de la batería de 6 meses y al menos dos años de garantía.

La convocatoria fija también un mínimo de dos dispositivos subvencionables, no pudiendo superar el 2% del censo establecido en la Orden para el ganado ovino y caprino, ni el 12% en el caso del bovino y equino.

El abono de la ayuda se realizará una vez dictada la resolución de concesión y tendrá carácter de pago anticipado. Los beneficiarios tendrán un plazo de tres meses para aportar la documentación que justifique la adquisición de los dispositivos. “Se ha optado por esa fórmula para agilizar la compra y colocación, ya que es durante el invierno cuando los animales se tienen en las cuadras o en pastos cercanos a los municipios”, ha indicado Miñana.

La aplicación de las TIC en el sector agrario es uno de los objetivos definidos dentro del marco de políticas públicas de I+D+i del Gobierno de La Rioja. Tanto la RIS3 como el Plan Regional contemplan desde hace años entre sus medidas la implantación de soluciones TIC en sectores tradicionales, como es el caso de la ganadería. Por otro lado, la Agenda Digital de La Rioja, define desde 2017 la estrategia riojana para el apoyo, desarrollo e implementación de las TIC en La Rioja y contempla el sector agrario como uno de los prioritarios en los que invertir.

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