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Esta línea de aportaciones tiene como finalidad aumentar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas gallegas y modernizar el sector

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan las ayudas para el fomento de las razas autóctonas de Galicia para el año 2019. De esta forma, el departamento que dirige José González mantiene su compromiso con la conservación de estas especies, apostando por su protección y defensa.

Esta línea de aportaciones, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, tiene como finalidad aumentar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas gallegas y modernizar el sector en materia de genética, sanidad y producción animal. También busca una mejora de la eficiencia de los sistemas productivos agrarios y de las calidades en este tipo de producciones, ya que las razas autóctonas son un claro ejemplo de recurso genético fundamental en la preservación de ecosistemas y pastos.

Los posibles beneficiarios de estas ayudas son todas aquellas organizaciones o asociaciones de criadores de las razas autóctonas gallegas, que estén oficialmente reconocidas para la gestión del libro genealógico de las razas autóctonas españolas por la comunidad autónoma gallega. Las actuaciones a subvencionar son la creación o mantenimiento de libros genealógicos, incluyendo los gastos derivados de su actividad, los del local u oficinas, la actualización, adquisición y mantenimiento de ordenadores y material informático, así como la contratación y gastos de personal técnico y administrativo.

También serán subvencionables los gastos que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a la conservación in situ de la misma, así como la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente y las pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado.

El plazo para solicitar estas aportaciones es de un mes y deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

jose maria barrios

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para pedir al Gobierno que apoye la creación de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, con sede en Zamora, para que sea referente a nivel nacional e internacional y sirva para el impulso de calidad y de innovación del sector lácteo español.
Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), nn cuanto a la producción de leche de oveja, España ocupa el primer puesto, con entre el 15% y el 17% del total en los últimos años, y el segundo de leche de cabra, entre el 20% y el 22% del total producido anualmente.
Castilla y León produce el 64,4% de leche de oveja española. Dentro de esta Comunidad Autónoma, Zamora es la provincia líder del ovino español, con 365.000 ovejas censadas como productoras de leche, y en torno a 90 millones de litros producidos en el año 2016. Esto supone un 31% de la producción de Castilla y León, y un 16% de la producción de toda España.
José María Barrios ha destacado que el proyecto de Zamora10 para la creación de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas ha recibido el apoyo de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora y, además, cuenta con la total implicación del sector lácteo de la provincia de Zamora, con el apoyo de FENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas), de la INLAC (Organización Interprofesional Láctea), y de la Federación Castellano Leonesa de Industrias Lácteas.
El diputado por Zamora ha añadido que “la mayor prueba de la necesidad, la demanda y el interés de la creación de esta Escuela es que el pasado 30 de noviembre Zamora10 abrió el plazo de inscripción para los dos primeros módulos con los que va a empezar a funcionar la Escuela el próximo mes de enero, y en 24 horas se cubrieron las 40 plazas, creándose además una lista de espera con nuevas preinscripciones”.
La PNL del Partido Popular pretende “que a todos estos apoyos se sume ahora el del Gobierno de España, ya que es el único que no se ha pronunciado al respecto” para apoyar un proyecto cuyo objetivo final es la creación de una escuela en la que se imparta una formación de calidad, con titulación homologada y reconocida a todos los efectos educativos y legales, y que englobe todos los niveles formativos, abierta a todo tipo de alumnos, tanto profesionales que quieran mejorar su formación en el sector como alumnos que busquen dedicarse profesionalmente al sector lácteo, quesero, ovino y caprino.

José María Barrios ha concluido en la web Zamora24horas.com, que esta escuela contribuirá a potenciar en Zamora un sector clave para el progreso y el desarrollo de la provincia, para la creación de empleo y para el asentamiento de la población en el medio rural.

 

 

El Gobierno de Cantabria extenderá en 2019 los pagos por daños del lobo a toda la comunidad autónoma, que hasta ahora se limitaban a la reserva regional de caza Saja, mediante una nueva póliza de seguro.
Así lo confirmó el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, al presidente de la Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado de Razas Cárnicas, Lorenzo González y a Evaristo Canales, ganadero del Alto Asón, durante una reunión de la que informó el Gobierno en una nota.
Jesús Oria recordó que la modificación de la Ley de Caza está incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que actualmente se está tramitando en el Parlamento y que, una vez aprobada, dará soporte legal a los planes de gestión de especies como el lobo.
El consejero explicó que este plan de gestión contemplará que el Gobierno regional se hará cargo de los daños que produzca esta especie en toda la región y permitirá poner en marcha ayudas para la adopción de medidas preventivas.
También incluirá una nueva línea de apoyo a la ganadería extensiva en zonas con presencia de lobo mediante un pago por servicios ambientales, que será independiente del pago de los daños que produzca.
El objetivo de esta medida es compensar los costes adicionales que supone mantener ganado en zonas con lobo y reconocer el papel fundamental que juega la ganadería extensiva para la conservación de la biodiversidad y los paisajes de Cantabria.
Según el consejero, que estuvo acompañado en la reunión por el director general del Medio Natural, Antonio Lucio, si se cumple el calendario de aprobación de la modificación de la Ley de Caza, el proyecto del Plan de Gestión saldrá a información pública a principios de enero, con lo que su aprobación definitiva se prevé para la segunda mitad de febrero o principios de marzo.
Tras la reunión, Lorenzo González comunicó que el objetivo principal es que el lobo no mate a los animales pero, que cuando esto sucede, "al menos minimizar las pérdidas". 

El Departamento de Agricultura de Cataluña hizo ayer efectivo el pago de los importes correspondientes a la campaña 2018 de la ayuda de mejora y fomento de prados y pastos naturales en zonas de montaña y la ayuda de mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la biodiversidad.
Según ha informado hoy este departamento, el importe total del pago en relación con la ayuda del fomento de prados y pastos naturales es de 43.541,68 euros a 47 beneficiarios de 10 comarcas y tiene un impacto sobre 2.117 hectáreas.
Por su parte, la bonificación para la mejora de pastos en zonas de montaña para la protección del paisaje y la diversidad es de 39.076,40 euros, y se ha hecho efectivo a 18 beneficiarios de 7 comarcas, con un impacto sobre 540 hectáreas.
El objetivo de las ayudas es fomentar la introducción o continuación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección y mejora del medioambiente.
Asimismo, también se pretende fomentar la conservación del paisaje y sus características, recursos naturales, la tierra y la diversidad genética, con el fin de conseguir los objetivos comunitarios en materia de agricultura y medio ambiente.
Estas ayudas, con compromisos a cinco años vista, se enmarcan dentro del PDR.cat2020, y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará mañana un pago de 2,8 millones de euros en ayudas a la mejora de explotaciones agrarias y, antes de que finalice 2018, prevé haber abonado 13 millones de euros para tal fin.
Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de los planes de mejora de explotaciones agrarias que, presentado por el grupo popular, se ha celebrado hoy en el pleno del Parlamento autonómico.
Un debate que ha finalizado con el rechazo de las Cortes de Castilla-La Mancha a la propuesta de resolución del PP de instar al Gobierno regional a cumplir los compromisos de pago establecidos en las convocatorias de 2016 y 2018 para las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
También proponía establecer un calendario de pago y garantizar presupuesto en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para abonar las ayudas resueltas positivamente.
Martínez Arroyo ha explicado que estas subvenciones se abonan una vez que los profesionales han hecho la inversión y han solicitado la certificación correspondiente y ha aseverado que "se va a pagar todo", a medida que los agricultores y ganaderos vayan pidiendo dichas certificaciones.
El consejero ha adelantado que mañana se va a hacer un pago de 2,8 millones de euros para la mejora de explotaciones agroganaderas y ha añadido que antes de que acabe el año se habrán abonado, previsiblemente, 13 millones de euros.
Asimismo, ha negado que haya "insuficiencia presupuestaria" -como ha asegurado el PP- para hacer frente a los compromisos del PDR y ha señalado que, a diferencia de lo que ocurría en la anterior legislatura, ahora los jóvenes reciben 27.000 euros "directamente" para su incorporación al sector sin tener que hacer una inversión previa.
Ha añadido que se han abonado 19,5 millones de euros de la convocatoria de 2016 a todos los jóvenes y que no hay "ni uno solo que no haya cobrado las ayudas".
Martínez Arroyo ha detallado que en la convocatoria de 2016 se aprobaron 1.218 solicitudes de ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos y 2.140 de planes de mejora.
Y ha agregado que en la primera línea se van a invertir 36 millones de euros y, en el segundo caso, 71 millones, lo que supone, ha dicho, "tres veces más" que en la legislatura del PP.
De igual modo, ha recordado que en 2018 se ha sacado una segunda convocatoria para la que se han recibido 3.128 solicitudes de mejora de explotaciones y 1.650 de jóvenes, que tienen de plazo hasta mayo de 2019 y junio de 2019, respectivamente, para justificar sus inversiones.
Sin embargo, la parlamentaria del PP Lola Merino ha criticado que, a día de hoy, el Gobierno regional tenga a los agricultores y ganaderos esperando para cobrar los 71 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2016, al tiempo que ha considerado "imposible" que abone los más de 42 millones de la convocatoria de 2018 porque, como ha advertido, "no tiene dinero".
Por su parte, el diputado socialista Emilio Sáez ha afirmado que los 'populares' "no están en disposición de criticar" el volumen de pago de planes de mejora, dado que éste ha sido 5,5 veces superior al del anterior mandato.
Además, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha achacado el hecho de que aún no se hayan pagado estas ayudas a "una razón administrativa", ya que el plazo de solicitudes ha estado abierto hasta el 12 de noviembre y "no ha dado tiempo a justificarlas", a la vez que ha pedido explicaciones de por qué el año pasado el presupuesto abonado fue de "cero euros", según los datos de los que dispone.

En cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, se valorará por primera vez la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las entidades solicitantes

El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se convocan para el año 2019 las ayudas que, con un presupuesto global máximo de 350.000 euros, financiarán a Asociaciones y Organizaciones Ganaderas de Razas Puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por primera vez, y en cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, entre los criterios de adjudicación se valorará la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las entidades solicitantes.

Estas ayudas, gestionadas por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se enmarcan en su decidida política de apoyo a la cadena de valor agroalimenaria, desde la ganadería de calidad, pasando por la biodiversidad en el entorno rural y hasta alcanzar una alimentación sana y sostenible, pilares básicos que se recogen en el Plan Estratégico de Ganadería y Alimentación (PEGA) que marca las líneas generales de actuación en estos campos para la presente legislatura.

Están destinadas a las Asociaciones Ganaderas que gestionan los Libros Genealógicos de razas puras, ejecutando los programas de mejora (conservación o selección), difundiendo y promocionando la raza y haciendo un control de rendimientos y una evaluación de su valoración genética.

Asimismo, estas asociaciones deben difundir los resultados obtenidos y ayudar en la comercialización de los animales y sus productos, permitiendo alcanzar una mayor eficacia en la producción y una mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas, con la progresiva aplicación de programas innovadores y de nuevas tecnologías. También colaboran en el desarrollo e impulso de las zonas rurales y de agricultura de montaña del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los gastos subvencionables son:

Organización y participación en certámenes ganaderos

Creación o mantenimiento de libros genealógicos

Pruebas de calidad genética o rendimiento del ganado

Presentación y valoración de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes para acogerse a esta convocatoria de 2019 será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Se presentarán por canal electrónico. Las especificaciones para la tramitación de la solicitud, las declaraciones responsables y demás documentación están disponibles en las siguientes direcciones: http://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ (castellano) / http://www.euskadi.eus/laguntzak_naep/ (euskera).

En cuanto a los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, la determinación de la cuantía concreta de cada subvención se realizará dentro de los límites, y con la aplicación de los criterios de cuantificación recogidos en el decreto. La presencia de mujeres en los órganos de dirección de la asociación se valorará con 15 puntos.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado una tasa de reembolso de la disciplina financiera del 1,37 % para devolver a agricultores y ganaderos españoles, a partir del 1 de diciembre, 56 millones de euros deducidos de los pagos directos para la reserva de crisis agrícola, que no ha sido utilizada al completo.
El FEGA ha calculado dicho coeficiente tras la publicación ayer del Reglamento de Ejecución 2018/1848 de la Comisión, que fija el techo de los importes de los créditos que serán prorrogados del ejercicio financiero 2018 en 56.644.658 euros para España, 444 millones para el conjunto de los agricultores y ganaderos europeos.
El coeficiente provisional de reembolso establecido por el FEGA se aplicará a los pagos superiores a 2.000 euros para los beneficiarios sujetos a la reducción de la disciplina financiera en el ejercicio financiero 2019.
La Comisión Europea (CE), a propósito del reglamento comunitario publicado ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), precisaba en un comunicado que "a pesar de que el sector agrícola y ganadero enfrentó situaciones críticas este año, como el clima extremo durante el verano, no ha sido necesario utilizar la reserva de crisis en 2018".
La CE detalla que con el presupuesto disponible de la Política Agrícola Común (PAC) se han financiado medidas de apoyo adicionales tomadas para enfrentar la difícil situación del mercado en ciertos sectores, como las frutas y hortalizas, lácteos y enfermedades animales.
"Los daños causados por las condiciones climáticas adversas durante esta primavera y verano han sido abordados por otras medidas disponibles para ayudar a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias", añade.
La decisión implica que los Estados miembros pueden reembolsar a los agricultores los montos deducidos de los pagos directos de este año a partir del 1 de diciembre.
Este sistema de reembolso de pagos y de reserva de crisis fue implantado en 2013, en la última reforma de la PAC, y se aplica a todos los Estados comunitarios excepto Croacia, el último país en adherirse al a UE, en ese mismo año, debido a su "proceso de incorporación gradual". 

Por primera vez el Gobierno Vasco valorará la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones ganaderas de razas puras que opten a la convocatoria de ayudas de 2019.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado hoy la orden por la que se convocan las subvenciones a estas asociaciones para la mejora de las razas puras, que tiene una dotación para el próximo año de 350.000 euros.

En cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, en los criterios de adjudicación "se valorará" con quince puntos la presencia de mujeres en los órganos directivos de las entidades solicitantes de las subvenciones.

Concretamente las ayudas están destinadas a asociaciones que gestionan los libros genealógicos de razas puras, que ejecutan programas de mejora y hacen controles de rendimiento y evaluaciones genéticas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado tres sentencias en las que declara que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios a explotaciones ganaderas por ataques de lobos y la condena a indemnizar con una cantidad casi cuatro veces superior a la fijada por la Administración regional.
En las tres resoluciones, fechadas este mes y las primeras que dirime el Tribunal Superior madrileño sobre este asunto, se estiman parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los tres ganaderos, que reclamaban indemnizaciones más elevadas.
Contra ellas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Comunidad tiene intención de recurrirlas, han adelantado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En una de las sentencias, dictada por la Sección número 10 de lo Contencioso-administrativo del TSJM el 6 de noviembre, a la Comunidad de Madrid deberá indemnizar con 10.571 euros a Luis González Santiuste, ganadero de Prádena del Rincón, por un ataque de lobos a su explotación ocurrido en 2015 y en el que murieron 24 cabras.
De la cantidad anterior se han descontado las ayudas recibidas por el ganadero por parte de la Administración regional para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos y que según González suman la cantidad de 3.780 euros.
En la sentencia, el TSJM considera que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad por el carácter de "especie protegida del lobo al sur del Duero y, por tanto, el ganadero no debe soportar el daño causado por sus ataques".
Para cuantificar el daño, el informe pericial aportado por el ganadero, elaborado por un ingeniero de Montes, establecía dos valoraciones: una por el valor intrínseco del daño y perjuicio (40.389 euros); y la otra, por sustitución del animal (14.351 euros).
El informe elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, reducía el valor intrínseco del daño y perjuicio a 2.137 euros, aunque le acabó concediendo al ganadero 3.780 euros.
El tribunal se inclinó por la valoración más baja del ganadero tras descartar la primera por considerar que utilizaba una fórmula "estereotipada basada en afirmaciones generales y no en datos concretos, objetivos y verificables".
Y rechazó la valoración de la Comunidad por calificarla de "contradictoria" al concluir que "el importe de los daños reclamados por González asciende a 2.137 euros", mientras que las ayudas concedidas por los daños ocasionados por lobos en la explotación fueron más altas.
Es decir, la Administración regional "ha abonado unas ayudas superiores al valor del daño sufrido por el recurrente", añade la sentencia, en la que se recoge que la Comunidad de Madrid "no ha aprobado hasta la fecha un plan de gestión del lobo, como el que existe en otras comunidades autónomas".
Luis González ha destacado a Efe la importancia de estas sentencias porque "sienta un precedente" para otros ganaderos cuyas explotaciones se vean o se hayan visto afectadas por ataques de lobos, y así "pierdan el miedo a reclamar" indemnizaciones "más justas".
Ha lamentado además la decisión de la Comunidad de recurrir porque, en su opinión, solo va a retrasar el cobro de las ayudas.
Desde octubre de este año, la Consejería de Medio Ambiente ha elevado a 300.000 euros el presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones de ganaderos por ataques de lobos o buitres.
La partida hasta septiembre era de 250.000 euros, de los cuales no se han gastado 95.370 euros, han indicado fuentes de la consejería.

MINISTRO LUIS PLANAS

España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en el Consejo de Ministros la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.

Se establecen así las prioridades de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar.

En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores

España apoya la reforma de la PAC, ya que una política tan importante debe reflejar los grandes desafíos globales, particularmente los ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario.

Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.

España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

PLAN ESTRATÉGICO COMÚN

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

PAGOS DIRECTOS

España es uno de los Estados miembros que apuestan firmemente por los pagos directos, ya que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores.

Además, para impulsar el relevo generacional en la agricultura y luchar contra el despoblamiento del medio rural, se apoya el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial.

En relación con las explotaciones medianas y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los mercados y la falta de rentabilidad, se apoyará la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Otro aspecto de interés en el marco de la negociación de la reforma es la nueva arquitectura medioambiental. España apuesta por un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello es necesario preservar el presupuesto de la PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.

Por otra parte, España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening”) dentro de la línea de base de la “Condicionalidad” actual. Una integración que deberá realizarse sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

También se apoya la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

AYUDAS ASOCIADAS Y APOYOS SECTORIALES

En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento.

También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Por otra parte, considera necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola.

RELEVO GENERACIONAL E IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER

Para facilitar el relevo generacional, España aboga desde la posición española por el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la igualdad de género, prioridad transversal de primer orden en toda la acción del Gobierno, resulta esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC

El informe destaca la importancia de la simplificación de la PAC para los Estados miembros y, sobre todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido.

Para ello España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, España aboga por la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

CALENDARIO

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

 

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