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La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca destinará 540.000 euros a una convocatoria de ayudas para programas de sanidad ganadera que tiene como finalidad subvencionar controles sanitarios, diagnósticos, análisis de laboratorio y medidas para detectar enfermedades.
El Consell de Govern ha autorizado hoy al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (Fogaiba) a iniciar este expediente de gasto.
Los destinatarios de estas ayudas serán las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) de las islas, entidades asociativas integradas por ganaderos de la misma especie animal y que tienen por finalidad conseguir la "mejora sanitaria y productiva de las explotaciones ganaderas" a través de un programa sanitario común, ha indicado el Govern en un comunicado.
Según ha expresado la institución balear, las ayudas destinadas al sector ganadero "compensarán el coste de las actuaciones de prevención, control y lucha" para erradicar las enfermedades de los animales que están incluidas en los programas de las ADS.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de ayudas para 2019 a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la región.
La Junta de Extremadura ha informado hoy mediante un comunicado que los beneficiarios de las ayudas son las ADS reconocidas mediante una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con el Decreto 160/2014, de 15 de julio, y el Decreto 194/2005, de 30 de agosto.
La finalidad de estas subvenciones es la financiación de los programas y actuaciones sanitarias llevadas a cabo en el período comprendido entre el día siguiente al de presentación de la solicitud de ayudas y el 15 de octubre de 2019.
El importe total de la ayuda no podrá superar la cuantía máxima de 15.000 euros por ADS y en ningún caso se subvencionarán actividades realizadas por la ADS con anterioridad a la presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que comenzará a contar desde mañana martes, día 15. 

El sindicato agrario UAGA apremia a las instituciones a aprovechar los fondos de la Política Agraria Común (PAC), mientras espera a que la reforma elimine los derechos históricos, para mejorar las estructuras productivas, apoyar el sector primario o fomentar la transformación de las materias primas en el territorio.
Así lo han expresado hoy en una rueda de prensa los miembros de la nueva comisión ejecutiva del sindicato, en su primera comparecencia en Teruel, que además han aprovechado para hacer el balance de 2018 en la provincia.
"Los derechos históricos tienen que desaparecer", ha dicho el secretario general, José María Alcubierre, y en eso van a trabajar desde el sindicato para que la próxima reforma de la PAC a partir de 2023 así lo contemple, porque las ayudas, ha destacado, no pueden estar condicionadas a producciones de 2000 o 2002.
Los derechos históricos, ha asegurado Marco Garcés, miembro de la Comisión Ejecutiva por Teruel, provocan discriminaciones no solo entre las provincias de España por la calificación de estratos, algo que denunciaron los agricultores y ganaderos turolenses en las calles, sino "incluso en el mismo pueblo".
Alcubierre ha destacado que este planteamiento de acabar con los derechos históricos, que comenzó en Aragón, se está extendiendo a otras comunidades autónomas.
Por eso creen que es una buena medida la planteada por Aragón de "dar una ayuda a la renta", según ha explicado David Andreu, miembro también de la Comisión, y por eso esperan que la propuesta se eleve al Ministerio de Agricultura y que la haga suya ante la Unión Europea.
Pero mientras se trabaja en la reforma de la PAC "se pueden hacer cosas", ha destacado Garcés, como mejorar las estructuras agrarias, apoyar la agricultura ecológica o acelerar los trámites de la concentración parcelaria, entre otras medidas.
En este sentido, la provincia de Teruel tiene muchas posibilidades para ofrecer "lo que demanda el mercado" como son productos con valor añadido, con marca y criterios ecológicos.
En cuanto al balance agrario de 2018, Alcubierre ha destacado que la cifra final de producción agraria en Aragón el pasado año alcanzó 3.833 millones de euros, un 2% más respecto al año pasado. Todo ello, ha dicho, a pesar de tener un invierno seco y suave que, de hecho, llevó a un record de siniestralidad de 93 millones de euros.
Pero el aumento de la producción agraria no ha repercutido en mayores beneficios para agricultores y ganaderos, especialmente por los altos costes de producción, como los carburantes, la energía, los fertilizantes, las semillas o los piensos.
David Andreu ha resaltado el aumento de la producción de la almendra pero un descenso del 40% en el precio por la "especulación" y la entrada de almendra americana, que se utiliza para el turrón a pesar de la obligación, ha dicho, de utilizar la nacional.
Sobre las herbáceas en la provincia, el pasado año fue muy "irregular" tras un otoño y un invierno muy secos, para tener luego una primavera húmeda, según Garcés. El pasado año aumentó la producción en un 58%, pero en 2017 se registraron pérdidas entre el 50 y el 80 por ciento de la cosecha, por lo que se llegaron a cifras similares a las habituales.
Así, la producción de cereales de invierno en secano y regadío alcanzó en la provincia las 556.000 toneladas, frente a las 351.612 del año anterior. También se recuperaron los precios pero se mantienen bajos, todavía lejos de los registrados en 2015.
En cuanto al porcino, en la provincia está creciendo de manera similar al resto de Aragón, ha dicho Garcés, y el retroceso del cordero también sigue el mismo patrón que en el resto de la Comunidad.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha convocado ayudas para la gestión de los libros genealógicos y la realización de programas de mejora de las razas ganaderas autóctonas españolas.
Mediante un comunicado, la Junta ha informado hoy de que podrán solicitar las ayudas las asociaciones y las organizaciones de criadores de razas ganaderas autóctonas puras sin ánimo de lucro que hayan sido reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Esto para la gestión de los Libros Genealógicos, razas definidas en el artículo 2 del Decreto 80/2016, modificado por Decreto 191/2018, así como las asociaciones de ámbito autonómico reconocidas.
Serán subvencionables las actuaciones relacionadas con las tareas propias y necesarias para la gestión y funcionamiento de los libros genealógicos y recibirán ayudas para sufragar, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, los gastos de personal, de locomoción, informáticos, por actuaciones genéticas y difusión de las razas y de electricidad, agua y otros costes generales de los centros u oficinas de trabajo.
La cuantía de las ayudas será del 100 por ciento, con un límite máximo de 80.000 euros por asociación u organización.
Por otro lado, en el caso de la realización de los programas de mejora, podrán ser beneficiarios de estas ayudas las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas autóctonas puras definidas en el artículo 2 del Decreto 81/2016, de 21 de junio, modificado por Decreto 190/2018, de 27 de noviembre.
Deben carecer de ánimo de lucro y haber sido reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para el desarrollo de las pruebas de mejora.
También podrán ser beneficiarias las asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autoridad competente y colaboradoras en la realización de dichas actividades.
Tendrán la consideración de actividades subvencionables las relacionadas con las tareas propias y necesarias para la realización y desarrollo de los programas de mejora.
Podrán recibir subvención para pagar gastos de personal, de locomoción, informáticos, por actuaciones genéticas y difusión de las razas, de electricidad, agua y otros generales de los centros u oficinas de trabajo, entre otros.
La cuantía de las ayudas será del 70 por ciento del coste de la actividad, sin superar en ningún momento la cantidad de 60.000 euros por asociación u organización.
El plazo de presentación de solicitudes para estas líneas de ayuda será de 20 días, a partir del próximo día 10. 

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (Fogaiba) ha abierto la convocatoria de ayudas, correspondientes a 2019 para el fomento de las razas autóctonas de las islas y destinará un importe máximo de 180.000 euros con posibilidad de ampliación.
Con estas ayudas, podrá ser subvencionables las actuaciones de creación o mantenimiento de libros genealógicos, las pruebas destinadas a determinar la calidad genética y el rendimiento de los animales, ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en un comunicado.
El Govern ha indicado que podrán ser beneficiarios de las ayudas, las organizaciones o asociaciones ganaderas de las islas que están reconocidas oficialmente por la Comunidad Autónoma.
Los interesados podrán presentar las solicitudes de ayudas hasta el 28 de febrero.
El plazo para justificar la ejecución de la actuación y los gastos que son objetos de la subvención finaliza el 31 de marzo de 2020 y son elegibles las actividades o inversiones realizadas y pagadas desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre del 2019, ha explicado el Govern. 

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado hoy la Orden de ayudas de la Consellería de Medio Rural para indemnizar a los ganaderos por el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de los programas y actuaciones oficiales de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades.
Medio Rural destina una partida de 750.000 euros a indemnizar esos sacrificios obligatorios de animales en el año 2019.
Los beneficiarios de esas ayudas serán los titulares de explotaciones ganaderas correctamente registradas en la Comunidad Autónoma que, por orden de la Consellería de Medio Rural -autoridad competente en materia de sanidad animal- y con motivo de la aplicación de los protocolos para erradicar enfermedades que afectan al ganado, se vean en la obligación de sacrificar animales de su cabaña.
Para tener derecho a percibir esas indemnizaciones "es imprescindible cumplir la normativa en vigor sobre sanidad e identificación animal, movimiento pecuario, bienestar y alimentación", precisa Medio Rural en un comunicado.
Además, será también de "obligado cumplimiento" estar al día en los programas nacionales de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades animales; que las explotaciones estén correctamente registradas, y que se haga efectivo el sacrificio ordenado por la Consellería.
El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto desde mañana, día 5 de enero, hasta el 29 de noviembre de 2019, ambas fechas incluidas. 

La Unión de Ganaderos, Agricultores de la Comunidad de Madrid (Ugama) ha reclamado hoy una normativa para que la ganadería madrileña no tenga que soportar "responsabilidades y daños que no le corresponden" a causa de los ataques de lobos.
En un comunicado, los ganaderos madrileños critican que el Gobierno regional trate de solucionar el problema de la convivencia de las explotaciones ganaderas con la presencia del lobo en la región de forma "unilateral", sin contar con el sector y ajeno a la realidad.
Lamentan que la Comunidad sea "incapaz" de reunir a todas las partes afectadas, analizar el problema, escuchar las propuestas y establecer una normativa de común acuerdo, según el presidente de Ugama, Alfredo Berrocal.
El lobo ibérico ('canis lupus signatus') está protegido al sur del Duero, mientras que al norte sí están permitidas las batidas para reducir su población.
Ugama subraya que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha autorizado un aumento del 20% del gasto, hasta los 300.000€ para el año 2019, para hacer frente a las ayudas a los ganaderos por el daño que sufran sus animales por ataques de lobos que, según la organización, han aumentado más de un 60 % desde 2016.
Además, los ganaderos madrileños estiman que ese incremento de presupuesto irá destinado a las reclamaciones vía patrimonial que surgirán para incrementar las indemnizaciones, tras varias sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que condena a la Comunidad a cuadruplicarlas.
En esta línea, rechazan que las ayudas anuales a los ganaderos se hayan quintuplicado, al pasado de los 60.000 euros en 2016 a los 300.000 que se destinarán en 2019, ya que lo que aumenta es el presupuesto destinado a las indemnizaciones por ataques de lobos, pero no la cuantía que reciben.

La Comunidad de Madrid ha abonado a agricultores y ganaderos de la región un total de 23,5 millones de euros en ayudas anticipadas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, correspondientes a los regímenes de pago básico, pago verde y jóvenes agricultores, señala la Comunidad de Madrid en un comunicado
El Gobierno regional colabora con el campo madrileño en la gestión de las ayudas de la PAC, que en la campaña de 2018 beneficiará con unos 37 millones de euros en ayudas directas a 5.143 profesionales del sector en la región.
El pago de la PAC es un proceso muy complejo, sometido a numerosos controles, considera el Gobierno regional.
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid se ocupa de la gestión de las solicitudes, las cuales representan el número de peticionarios de las ayudas.
La cifra de ayudas puede experimentar variaciones en función de las alegaciones estimadas (con efecto en el pago), recursos o modificaciones de diversa índole.
En ese sentido, y puesto que el plazo oficial para el abono de las subvenciones de la PAC se extiende a lo largo del primer semestre de 2019, la Comunidad ha anticipado en el mes de diciembre 23,5 millones de euros.
Paralelamente al pago de las ayudas de la campaña de 2018, del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año se abrirá el plazo para solicitar las correspondientes a la campaña de 2019.
En la región, más de 334.500 hectáreas se dedican a cultivos, prados y pastos, según datos de la Comunidad de Madrid.
En total, hay registradas alrededor de 16.400 explotaciones agrarias y ganaderas en la región, además de 1.527 industrias alimentarias. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León destinará un millón de euros en ayudas para la conservación del patrimonio genético que suponen las razas autóctonas, fomentando así la cría de estos ejemplares de raza pura y su inscripción en los libros genealógicos.
Esta subvención se dirige a aumentar los censos ganaderos de razas autóctonas de la Comunidad y ampliar la distribución geográfica a nuevas explotaciones, han informado hoy fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería en un comunicado.
La ayuda también pretende compensar a aquellos ganaderos que apuestan por este tipo de reses frente a las razas foráneas y, al mismo tiempo, potenciar los programas de mejora gestionados por las asociaciones oficialmente reconocidas para los libros genealógicos.
El objetivo central consiste en que aumente el número de hembras y machos de razas autóctonas de Castilla y León, estableciendo dos tipos de ayudas por su inscripción en el Registro Definitivo del Libro Genealógico.
En concreto, se fija una de 300 euros por unidad de ganado para el ganado ovino de raza Castellana Negra y Ojalada; para el caprino de raza Cabra de las Mesetas.
Establece otra de 200 euros por unidad de ganado para el ovino de raza Castellana y Churra.

Los ganaderos deberán cumplir una serie de requisitos para optar a estas ayudas, entre ellos que la explotación figure inscrita en el registro de Castilla y León, formar parte de la asociación de criadores de la raza autóctona pura que tenga asignada la llevanza del libro genealógico y colaborar con el programa de mejora de la raza.
Para la adopción de esta iniciativa, la Consejería argumenta que las razas autóctonas poseen una "excelente" adaptación al medio y tienen una gran importancia en el mantenimiento de la biodiversidad y en la gestión sostenible del medio ambiente.
Considera también que contribuyen a la creación de riqueza y fijación de población en el medio rural, obteniéndose de los animales criados en pureza e inscritos en los libros genealógicos productos de una calidad organoléptica "excelente". 

 

EL OVINO ES UNO DE LOS EJEMPLOS MÁS CLAROS DE ESA FALTA DE DINAMISMO DE LAS AYUDAS DE LA UE 

 

Almudena Álvarez


La ingeniera agrónomo francesa Elodie Martín Abad ha realizado un trabajo de campo en la provincia de Palencia para analizar el impacto que ha tenido la aplicación de la PAC en España y concluye que la última reforma no es una herramienta real de desarrollo rural ya que fomenta las mismas dinámicas establecidas desde hace medio siglo.
Su trabajo forma parte de un proyecto global para comparar en distintos países de Europa el impacto que ha tenido la aplicación de la última PAC (2014-2020) en la agricultura y la ganadería del país, ha explicado en una entrevista a la Agencia Efe.
El territorio elegido en España para realizar esta comparativa ha sido la provincia de Palencia y en concreto una zona de transición entre la Tierra de Campos y la Vega de Saldaña donde pueden encontrarse los cultivos más representativos de secano y regadío y ganaderías de ovino y vacuno, de carne y de leche.
"Esta es una zona con mucha diversidad de producción y concentra todas las actividades agrícolas y ganaderas de interés para este estudio", ha explicado, aclarando que, a su vez, son las producciones más afectadas porque son las que más dependen de las ayudas europeas.
Una vez establecido el territorio y con la misma metodología que se ha empleado en otros países, para que la comparativa sea fiable, ha realizado un diagnóstico agrario y un trabajo de campo que le ha llevado por treinta pueblos de esta comarca palentina, entre los meses de marzo y agosto, con entrevistas a más de setenta agricultores y ganaderos en activo y jubilados.
Según explica la autora del estudio, la primera fase consistió en conocer el medio, las parcelas, el paisaje, la historia de la Agricultura y la Ganadería en la zona y la influencia de las políticas europeas a lo largo de las décadas "para poder entender la situación actual".
Completó este estudio previo con entrevistas a más treinta personas mayores, hombres ya jubilados y mujeres, "que son como bibliotecas vivas" y que le han permitido reflejar también el "importante papel productivo que tuvo la mujer en el pasado en la explotación agrícola o ganadera y que hoy se ha perdido".
Además, para dibujar la situación actual del campo realizó entrevistas a 45 agricultores y ganaderos en activo que le han dado las claves sobre el funcionamiento técnico y económico de la explotación, con muchos datos cuantitativos y cualitativos.
Con todo, ha hecho unos modelos de sistemas de producción en agricultura y ganadería que le han permitido comparar los resultados económicos y "la dependencia de la PAC".
Entre las conclusiones obtenidas afirma que los procesos de selección y especialización de las explotaciones agrarias, iniciados por las políticas franquistas y ampliados con la entrada de España en la Unión Europea en 1986, han provocado un éxodo rural y una destrucción del tejido agrario que sigue hasta hoy.
Asimismo concluye que la PAC es un importante soporte de las rentas de explotaciones casi inviables en muchos casos, sometidos a evoluciones desfavorables de los precios.
"La agricultura española es muy dependiente de la PAC, de los precios internacionales y de insumos externos que vienen de otros países", ha afirmado, asegurando que la última reforma de la PAC sigue fomentando las mismas dinámicas en España y Castilla y León desde hace medio siglo.
"Se sigue incitando a los agricultores a aumentar sus superficies de cultivo y las inversiones mediante una política agrícola basada en ayudas por hectárea y ayudas a la inversión", ha señalado.
Además, asegura que la definición de agricultor activo es demasiado laxa, lo que hace que más de la mitad de los beneficiarios de las ayudas sean jubilados y personas que viven en las ciudades, hasta el punto de que "la mayoría de las ayudas PAC se van a las ciudades".
Tampoco las ayudas a los jóvenes han contribuido a crear nuevas instalaciones, debido al difícil acceso a la tierra y se evidencia "un débil" apoyo a la producción ecológica, la inexistencia de "una cadena" con una estructura de transformación y comercialización y falta formación agronómica.
Por último, su trabajo ha revelado "una falta de conexión real entre la situación del campo y las decisiones que toman nuestros representantes en Bruselas. Son dos mundos distintos", afirma.
Con todo considera que la PAC no es una herramienta real de desarrollo rural y considera que con los mecanismos de la Política Agraria se podrían financiar medidas que favorecieran una mayor diversificación en el campo, la fijación de población en el medio rural y prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Por eso, con este trabajo ha pretendido "tender un puente entre el campo y Bruselas" y está ahora presentando sus conclusiones en la zona de estudio y en Madrid a agricultores, políticos, grupos ecologistas, investigadores, y a los agentes implicados en el desarrollo rural que necesariamente camina paralelo al desarrollo agrícola y ganadero.

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