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El Gobierno de Navarra ha anunciado que inicia el control por satélite del sistema de ayudas de la Política Agraria Común, sustituyendo así el que se efectuaba sobre el terreno.
La monitorización se basa en una fotointerpretación automática de las imágenes de los satélites Sentinel del Programa Copernicus, lo que supone un cambio de paradigma en la forma de entender los controles sobre el terreno de las superficies agrarias declaradas.
Además, incluye un sistema de alarmas previas, que tienen por objeto evitar que el agricultor cometa errores al presentar la declaración, y un sistema de avisos para que pueda aportar pruebas concluyentes o incluso modificar su solicitud de ayudas, a fin de evitar reducciones y sanciones.
De forma progresiva este sistema se irá extendiendo y a él se sumará la utilización de otras nuevas tecnologías como los drones, las fotos geoetiquetadas o la inteligencia artificial.
El objetivo marcado por la Comisión Europea es que en unos años se controlen por este método la mayoría de ayudas de la PAC y el 100% de las superficies por la que se solicitan estas ayudas para ganar eficacia y rebajar costes, al necesitar menos tiempo para las operaciones.
Hasta el próximo 30 de abril está abierta la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2019, que permitirá a más de 13.000 personas en Navarra presentar la Solicitud Única de las ayudas directas.
El presupuesto total de las subvenciones asciende a 100 millones de euros, que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir del 1 de diciembre.
La presentación de la solicitud única deberá hacerse vía telemática y comprende el régimen de pago básico, el pago para prácticas beneficiosas con el medio ambiente (pago verde), el pago para jóvenes que comiencen su actividad, así como las ayudas pertenecientes al régimen de pequeños agricultores y ganderos..
También se incluyen ayudas asociadas a profesionales del agro, los cultivos proteicos, los frutos de cáscara, las legumbres de calidad y la remolacha azucarera, las ayudas asociadas a los ganaderos y ganaderas de vacuno, a nodrizas, leche y cebo, y de ovino y caprino, entre otras.
También se ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control (por superficie y ayudas ganaderas), la solicitud de cesión de derechos de pago básico y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Pago Básico.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado ya ha abonado a los ganaderos asturianos 63,6 millones de euros de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a 2018.
De esta cantidad, 49,1 millones de euros pertenecen al pago básico, un 77,3%, y 14,5 millones a las subvenciones del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un 94%.
El plazo de las comunidades autónomas para abonar estas partidas finaliza el 30 de junio de 2019, según ha informado este domingo la Consejería en un comunicado.
Los pagos directos de la PAC son ayudas de apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos, financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).
Estas partidas van destinados a las subvenciones desacopladas, es decir, no vinculadas a la producción, como el pago básico, el pago verde, las subvenciones para jóvenes y las ayudas acopladas o vinculadas a la producción.
Estas últimas se destinan, en su gran mayoría, a aquellas explotaciones que mantengan vacas nodrizas, de vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.
El objetivo de estos pagos directos es proporcionar un nivel de vida razonable a los agricultores y ganaderos con el fin de asegurar sus niveles de renta y, al mismo tiempo, ayudar al sector a modernizar sus explotaciones en un contexto de contribución a la conservación del medio ambiente y del paisaje rural.
Para poder abonarse se requiere tener realizados previamente los controles administrativos y sobre el terreno, así como grabadas las actas correspondientes en la aplicación del sistema de gestión de ayudas.
Cada año, un municipio de Asturias es seleccionado aleatoriamente por la Unión Europea para realizar los controles sobre el terreno de los pastos comunales.
En 2018 esta inspección, que se realiza sobre el terreno de pasto comunal y afecta a todos los beneficiarios que declaran superficie en dicho recinto, correspondió Cangas del Narcea.
Este municipio dispone de una gran superficie de este tipo de estos pastos, por lo que el control afectó a un mayor número de ganaderos que en años anteriores, en los que las inspecciones se realizaron en concejos más pequeños.
Estos controles se realizan a finales de año y, por este motivo, cuando se ejecutó el pago de diciembre de las ayudas vinculadas a la superficie no estaban procesadas todas las actas, razón por la que no se pudo realizar el ingreso a todos los beneficiaros de Cangas del Narcea.
A pesar de que el plazo para abonar estas ayudas está abierto hasta el 30 de junio, salvo imprevistos, una vez que ya están procesadas todas las actas de control se procederá a realizar el pago de las mismas durante el primer trimestre de 2019.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León espera recibir desde este viernes, 1 de febrero, y hasta el 30 de abril unas 70.000 solicitudes de ayudas de la PAC, que supondrán unos mil millones de euros a sus beneficiarios, con novedades para favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos.
El boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, publica este viernes la orden de convocatoria y de procedimiento para efectuar las solicitudes, que busca la simplificación normativa.
Los agricultores y ganaderos de la Comunidad podrán llevar a cabo la petición de todas las ayudas directas de la PAC a través de la solicitud única y pedir, al mismo tiempo, la ayuda anual a las medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, a las zonas de montaña o con limitaciones específicas y al mantenimiento de las superficies forestadas.
Además, junto a la solicitud única de ayuda, podrán comunicar las transmisiones de derechos de pago básico en las que haya podido participar el solicitante por compraventa, arrendamiento, herencias, fusiones o escisiones de explotación en el último año, así como efectuar las diferentes alegaciones al contenido del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) relativas a cambios de usos, tipo de cultivo o coeficientes de regadío o de pastos.
Como novedades de la campaña 2019, la Consejería ha destacado que a partir de este año habrá que declarar para cada titular quién es el "jefe de la explotación", que la nueva norma define como "la persona física responsable de las operaciones financieras y de producción habituales y diarias de la explotación agraria".
Se refuerza la definición de actividad agraria, en el sentido de que se no se admitirán las actividades de mantenimiento en el caso de los pastos permanentes de uso común, buscando que exista una actividad ganadera real mediante pastoreo.
Y el concepto de riesgo de abandono se extiende, además de a la actividad de barbecho, a cualquier otra actividad de mantenimiento que suponga riesgo de abandono si se llevan a cabo más de cinco años consecutivos.
Así, según las mismas fuentes, establece que todas las superficie de barbecho que se quieran que sean SIE -el 5 % de tierras que hay que dejar de barbecho o con cultivos fijadores de nitrógeno (leguminosas) y que sirven para cobrar la parte de los pagos directos, que corresponde a la capa verde (greening)- no pueden haber estado precedidas de ningún cultivo fijador de nitrógeno.
Se cambian las condiciones de mantenimiento de la titularidad de las explotaciones para el cobro de las ayudas asociadas a la ganadería, en cuanto a la fecha de determinación de la elegibilidad de los animales en los casos de cambio de titularidad de explotaciones ganaderas que se hayan producido antes del fin del plazo de modificación de la solicitud única.
De esta forma, será el nuevo titular quien cobrará la ayuda por todos los animales presentes en la explotación, independientemente de quién fuese el titular en las fechas de determinación de la elegibilidad de los animales, para las diferentes especies.
Con esta modificación, se persigue el objetivo de favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad y de jóvenes ganaderos a nuevas explotaciones, en condiciones mejores a campañas anteriores.
Con ello, los jóvenes ganaderos que comiencen la actividad y que se incorporen a una explotación tras el 1 de enero, los animales con derecho a cobro serán los de la explotación a 30 de abril de 2019.
Se trata de la ayuda asociada a las explotaciones con vacas nodrizas y las explotaciones de vacuno de leche o los elegibles de la última declaración censal disponible a fecha de modificación de solicitud única, en el casos del ovino y caprino, evitando duplicidades de la ayuda entre anterior y nuevo titular.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha publicado la orden que establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla-La Mancha para el año 2019, cuyo plazo de presentación comienza este primer día de febrero y finalizará el 30 de abril.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha recogido este viernes la orden de la Consejería con la forma y plazos habilitados para la solicitud única de la PAC a los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.
El plazo de presentación de la solicitud única se inicia el 1 de febrero y finalizará el día 30 de abril, ambos días incluidos. 

Trabajar por contrarrestar la despoblación, avanzar en la titularidad compartida de las explotaciones agroganaderas y lograr una "buena" Política Agraria Común (PAC) son los retos que se ha marcado para 2019 la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) en Ciudad Real.
La Asamblea General de Amfar-Ciudad Real, que ha contado con la participación de las presidentas locales de la organización en la provincia, ha aprobado por unanimidad este lunes centrar el trabajo en estos tres ejes principales durante el 2019.
La presidenta de Amfar, Lola Merino, ha mostrado su preocupación por el dato de que Ciudad Real sea la segunda provincia en pérdida de población de España, por detrás de Zamora, y ha considerado "alarmantes" las cifras del INE, por lo que ha avanzado que Amfar trabajará para prevenir la "sangría" demográfica en las zonas rurales.
"Las mujeres rurales son claves para combatir la despoblación", según Merino, quien ha agregado que son "la pieza angular" para devolver la vida y el dinamismo a la provincia y a una comunidad autónoma en la que más del 90 por ciento de la superficie es rural.
Ha demandado, en este sentido, políticas "efectivas que fijen población", como las que se pueden conseguir a través del segundo pilar de la PAC, que se ocupa del desarrollo rural y que "bien aplicado puede garantizar los servicios sociales, las nuevas tecnologías, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y la incorporación de mujeres y jóvenes al campo".
Amfar también impulsará la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agroganaderas para conseguir una mayor incorporación de mujeres al sector, ya en España tan sólo existen 500 mujeres dadas de alta, 162 de ellas en Castilla-La Mancha. 

Las tres organizaciones con representación en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias se han unido para protestar el próximo 31 de enero contra los principales problemas del campo, entre ellos, los precios "ruinosos" de los productos.
UPA-UCE, Asaja Cáceres y APAG Extremadura Asaja serán las tres organizaciones agrarias representadas.
La manifestación ha sido presentada este jueves en el marco de Agroexpo-Feria Internacional de la Agricultura, en Don Benito (Badajoz).
Los convocantes reivindicarán el fin de la especulación con los precios de sus productos en un mercado libre "que no funciona", ha señalado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
En los últimos años, "son unos pocos los que deciden los precios, apartan sus costes y beneficios y así, en cadena, hasta que llega el dinero a los agricultores", ha lamentado.
A su juicio, "debería ser al revés" y ser el productor el que se encuentre el primero en la cadena de valor, una situación que "no implica que el consumidor tenga que pagar mas".
"Debe haber una regulación de la cadena de valor", del mismo modo que sucede en Francia, ha apuntado Huertas, y que el agricultor y el ganadero tenga capacidad de negociar los precios de mercado y fijar los costes de producción.
Al término de la manifestación, que partirá a las diez de la mañana de la Plaza de Toros, intentarán trasladar sus reivindicaciones a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.
Los principales problemas que tiene el campo extremeño son, según Huertas, la liberación de las plantaciones de cava, la existencia de una ley de etiquetado o la recuperación de un mecanismo de regulación de la PAC, además del aumento de los costes de producción por el IVA, el gasóleo o los abonos y fertilizantes.
El objetivo de esta protesta es conseguir que los agricultores y ganaderos vean "recompensados su esfuerzo" y que los representantes políticos "den soluciones inmediatas" y de futuro al campo extremeño, ha apuntado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri.
Las tres entidades han destacado la importancia de la "unidad de acción" de todas las organizaciones, con el fin de conseguir extrapolar el debate.
Para conseguir una gran participación las oficinas e instalaciones de las entidades convocantes permanecerán cerradas el próximo jueves y facilitarán el traslado de los agricultores y ganaderos que quieran asistir a la manifestación.
Por último, han adelantado que si no hay respuesta por parte de las administraciones, trasladarán esta problemática a las organizaciones nacionales, pues es un problema de los agricultores y ganaderos a nivel estatal. 

El sindicato agrario UAGA apremia a las instituciones a aprovechar los fondos de la Política Agraria Común (PAC), mientras espera a que la reforma elimine los derechos históricos, para mejorar las estructuras productivas, apoyar el sector primario o fomentar la transformación de las materias primas en el territorio.
Así lo han expresado hoy en una rueda de prensa los miembros de la nueva comisión ejecutiva del sindicato, en su primera comparecencia en Teruel, que además han aprovechado para hacer el balance de 2018 en la provincia.
"Los derechos históricos tienen que desaparecer", ha dicho el secretario general, José María Alcubierre, y en eso van a trabajar desde el sindicato para que la próxima reforma de la PAC a partir de 2023 así lo contemple, porque las ayudas, ha destacado, no pueden estar condicionadas a producciones de 2000 o 2002.
Los derechos históricos, ha asegurado Marco Garcés, miembro de la Comisión Ejecutiva por Teruel, provocan discriminaciones no solo entre las provincias de España por la calificación de estratos, algo que denunciaron los agricultores y ganaderos turolenses en las calles, sino "incluso en el mismo pueblo".
Alcubierre ha destacado que este planteamiento de acabar con los derechos históricos, que comenzó en Aragón, se está extendiendo a otras comunidades autónomas.
Por eso creen que es una buena medida la planteada por Aragón de "dar una ayuda a la renta", según ha explicado David Andreu, miembro también de la Comisión, y por eso esperan que la propuesta se eleve al Ministerio de Agricultura y que la haga suya ante la Unión Europea.
Pero mientras se trabaja en la reforma de la PAC "se pueden hacer cosas", ha destacado Garcés, como mejorar las estructuras agrarias, apoyar la agricultura ecológica o acelerar los trámites de la concentración parcelaria, entre otras medidas.
En este sentido, la provincia de Teruel tiene muchas posibilidades para ofrecer "lo que demanda el mercado" como son productos con valor añadido, con marca y criterios ecológicos.
En cuanto al balance agrario de 2018, Alcubierre ha destacado que la cifra final de producción agraria en Aragón el pasado año alcanzó 3.833 millones de euros, un 2% más respecto al año pasado. Todo ello, ha dicho, a pesar de tener un invierno seco y suave que, de hecho, llevó a un record de siniestralidad de 93 millones de euros.
Pero el aumento de la producción agraria no ha repercutido en mayores beneficios para agricultores y ganaderos, especialmente por los altos costes de producción, como los carburantes, la energía, los fertilizantes, las semillas o los piensos.
David Andreu ha resaltado el aumento de la producción de la almendra pero un descenso del 40% en el precio por la "especulación" y la entrada de almendra americana, que se utiliza para el turrón a pesar de la obligación, ha dicho, de utilizar la nacional.
Sobre las herbáceas en la provincia, el pasado año fue muy "irregular" tras un otoño y un invierno muy secos, para tener luego una primavera húmeda, según Garcés. El pasado año aumentó la producción en un 58%, pero en 2017 se registraron pérdidas entre el 50 y el 80 por ciento de la cosecha, por lo que se llegaron a cifras similares a las habituales.
Así, la producción de cereales de invierno en secano y regadío alcanzó en la provincia las 556.000 toneladas, frente a las 351.612 del año anterior. También se recuperaron los precios pero se mantienen bajos, todavía lejos de los registrados en 2015.
En cuanto al porcino, en la provincia está creciendo de manera similar al resto de Aragón, ha dicho Garcés, y el retroceso del cordero también sigue el mismo patrón que en el resto de la Comunidad.

La Comunidad de Madrid ha abonado a agricultores y ganaderos de la región un total de 23,5 millones de euros en ayudas anticipadas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, correspondientes a los regímenes de pago básico, pago verde y jóvenes agricultores, señala la Comunidad de Madrid en un comunicado
El Gobierno regional colabora con el campo madrileño en la gestión de las ayudas de la PAC, que en la campaña de 2018 beneficiará con unos 37 millones de euros en ayudas directas a 5.143 profesionales del sector en la región.
El pago de la PAC es un proceso muy complejo, sometido a numerosos controles, considera el Gobierno regional.
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid se ocupa de la gestión de las solicitudes, las cuales representan el número de peticionarios de las ayudas.
La cifra de ayudas puede experimentar variaciones en función de las alegaciones estimadas (con efecto en el pago), recursos o modificaciones de diversa índole.
En ese sentido, y puesto que el plazo oficial para el abono de las subvenciones de la PAC se extiende a lo largo del primer semestre de 2019, la Comunidad ha anticipado en el mes de diciembre 23,5 millones de euros.
Paralelamente al pago de las ayudas de la campaña de 2018, del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año se abrirá el plazo para solicitar las correspondientes a la campaña de 2019.
En la región, más de 334.500 hectáreas se dedican a cultivos, prados y pastos, según datos de la Comunidad de Madrid.
En total, hay registradas alrededor de 16.400 explotaciones agrarias y ganaderas en la región, además de 1.527 industrias alimentarias. 

 

EL OVINO ES UNO DE LOS EJEMPLOS MÁS CLAROS DE ESA FALTA DE DINAMISMO DE LAS AYUDAS DE LA UE 

 

Almudena Álvarez


La ingeniera agrónomo francesa Elodie Martín Abad ha realizado un trabajo de campo en la provincia de Palencia para analizar el impacto que ha tenido la aplicación de la PAC en España y concluye que la última reforma no es una herramienta real de desarrollo rural ya que fomenta las mismas dinámicas establecidas desde hace medio siglo.
Su trabajo forma parte de un proyecto global para comparar en distintos países de Europa el impacto que ha tenido la aplicación de la última PAC (2014-2020) en la agricultura y la ganadería del país, ha explicado en una entrevista a la Agencia Efe.
El territorio elegido en España para realizar esta comparativa ha sido la provincia de Palencia y en concreto una zona de transición entre la Tierra de Campos y la Vega de Saldaña donde pueden encontrarse los cultivos más representativos de secano y regadío y ganaderías de ovino y vacuno, de carne y de leche.
"Esta es una zona con mucha diversidad de producción y concentra todas las actividades agrícolas y ganaderas de interés para este estudio", ha explicado, aclarando que, a su vez, son las producciones más afectadas porque son las que más dependen de las ayudas europeas.
Una vez establecido el territorio y con la misma metodología que se ha empleado en otros países, para que la comparativa sea fiable, ha realizado un diagnóstico agrario y un trabajo de campo que le ha llevado por treinta pueblos de esta comarca palentina, entre los meses de marzo y agosto, con entrevistas a más de setenta agricultores y ganaderos en activo y jubilados.
Según explica la autora del estudio, la primera fase consistió en conocer el medio, las parcelas, el paisaje, la historia de la Agricultura y la Ganadería en la zona y la influencia de las políticas europeas a lo largo de las décadas "para poder entender la situación actual".
Completó este estudio previo con entrevistas a más treinta personas mayores, hombres ya jubilados y mujeres, "que son como bibliotecas vivas" y que le han permitido reflejar también el "importante papel productivo que tuvo la mujer en el pasado en la explotación agrícola o ganadera y que hoy se ha perdido".
Además, para dibujar la situación actual del campo realizó entrevistas a 45 agricultores y ganaderos en activo que le han dado las claves sobre el funcionamiento técnico y económico de la explotación, con muchos datos cuantitativos y cualitativos.
Con todo, ha hecho unos modelos de sistemas de producción en agricultura y ganadería que le han permitido comparar los resultados económicos y "la dependencia de la PAC".
Entre las conclusiones obtenidas afirma que los procesos de selección y especialización de las explotaciones agrarias, iniciados por las políticas franquistas y ampliados con la entrada de España en la Unión Europea en 1986, han provocado un éxodo rural y una destrucción del tejido agrario que sigue hasta hoy.
Asimismo concluye que la PAC es un importante soporte de las rentas de explotaciones casi inviables en muchos casos, sometidos a evoluciones desfavorables de los precios.
"La agricultura española es muy dependiente de la PAC, de los precios internacionales y de insumos externos que vienen de otros países", ha afirmado, asegurando que la última reforma de la PAC sigue fomentando las mismas dinámicas en España y Castilla y León desde hace medio siglo.
"Se sigue incitando a los agricultores a aumentar sus superficies de cultivo y las inversiones mediante una política agrícola basada en ayudas por hectárea y ayudas a la inversión", ha señalado.
Además, asegura que la definición de agricultor activo es demasiado laxa, lo que hace que más de la mitad de los beneficiarios de las ayudas sean jubilados y personas que viven en las ciudades, hasta el punto de que "la mayoría de las ayudas PAC se van a las ciudades".
Tampoco las ayudas a los jóvenes han contribuido a crear nuevas instalaciones, debido al difícil acceso a la tierra y se evidencia "un débil" apoyo a la producción ecológica, la inexistencia de "una cadena" con una estructura de transformación y comercialización y falta formación agronómica.
Por último, su trabajo ha revelado "una falta de conexión real entre la situación del campo y las decisiones que toman nuestros representantes en Bruselas. Son dos mundos distintos", afirma.
Con todo considera que la PAC no es una herramienta real de desarrollo rural y considera que con los mecanismos de la Política Agraria se podrían financiar medidas que favorecieran una mayor diversificación en el campo, la fijación de población en el medio rural y prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Por eso, con este trabajo ha pretendido "tender un puente entre el campo y Bruselas" y está ahora presentando sus conclusiones en la zona de estudio y en Madrid a agricultores, políticos, grupos ecologistas, investigadores, y a los agentes implicados en el desarrollo rural que necesariamente camina paralelo al desarrollo agrícola y ganadero.

La organización agraria UPA ha calificado de "mal año" el 2018 para los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos debido a los bajos precios y a una "inusitada" subida de los costes de producción.
En un comunicado, los responsables de UPA han asegurado que el ejercicio ha estado marcado por "la falta de equilibrio", y han advertido de que los positivos datos macroeconómicos esconden y "maquillan" una "dramática realidad" en el campo.
A pesar de que en muchas producciones se ha registrado una campaña óptima, las cotizaciones "desfasadamente bajas de los precios percibidos" por agricultores y ganaderos han tenido un impacto negativo en su bolsillo.
Además, éste también se ha visto afectado por el aumento de los costes de producción, derivado sobre todo de los mayores precios de la energía, los fertilizantes y los piensos.
Desde UPA han reconocido la "mejora" de las condiciones meteorológicas de 2018 en comparación con un año antes, cuando la Península vivió "la peor sequía de su historia".
La organización agraria ha criticado "las injusticias de la cadena agroalimentaria" y ha lamentado que el Gobierno se haya quedado "muy corto" al ligar la prohibición de venta a pérdida a supuestos de competencia desleal, ya que en dificulta que cada comunidad autónoma persiga estas prácticas e imponga sanciones.
Por este motivo, de cara a 2019 la entidad instará al Ejecutivo a modificar la Ley de la Cadena para incluir medidas de protección para agricultores y ganaderos, considerados el eslabón más débil.
Además, los responsables de UPA han incidido en que el sector primario trabaja "con la espada de Damocles sobre su cabeza" a la espera de conocer el presupuesto con el que contará la próxima PAC a nivel europeo, ya que "un descenso desencadenaría un futuro muy oscuro para la agricultura y la ganadería familiar".
En este sentido, la organización agraria ha apuntado que las propuestas de la Comisión Europea encaminadas a exigir más requisitos medioambientales al campo "sólo pueden acometerse con incrementos del presupuesto o mediante la puesta en marcha de medidas de carácter voluntario".

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