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Diferentes sectores ganaderos han pedido que la futura Política Agraria Común (PAC) -más allá de 2020- otorgue más fuerza al sector y facilite el equilibrio entre todos los eslabones de la cadena de valor alimentaria.
Desde la organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic), su gerente Tomás Rodríguez ha remitido un comunicado elaborado recientemente por el Foro de la Carne Ovina de la UE en el que demandan una PAC "fuerte" que sirva de apoyo a los ganaderos del ovino.
Asimismo, el sector pide la creación de un nuevo pago verde que reconozca el rol principal que juega el ovino en la mejora medioambiental de los sistemas extensivos de producción en los que se asienta.
El congreso de Madrid será inaugurado el lunes por el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan; por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y por la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera. 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha precisado en la Comisión del Parlamento Europeo en Bruselas que la dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral de “gran valor ecológico" que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria (PAC) al objeto de preservar sus características medioambientales.

En la misma Comisión ha participado la directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Yolanda García Seco.

En su comparecencia en Bruselas, la consejera ha señalado que estas características integran de forma inseparable, el mantenimiento de la actividad ganadera con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.

A juicio de la consejera, la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental. Begoña García ha señalado además que la aplicación de la PAC a los pastos arbolados y arbustivos, incluida la dehesa ibérica, “viene generando dificultades en cuanto a su consideración como superficie pastable".

De ahí, la responsable de Medio Ambiente ha destacado las sanciones a diferentes Comunidades Autónomas como Extremadura con 20 millones de multa por los coeficientes de las campañas de la PAC de 2007 y 2008, y 79 millones de euros de 2010, 2011, 2012 y 2013. “La Junta de Extremadura junto al resto de comunidades han marcado una posición conjunta ante el Gobierno de España, que es quien debe asumir dicha multa" ha subrayado Begoña García.

Por ello, García ha manifestado que es necesario, por tanto, contar en la normativa europea con un tratamiento “diferenciado y adecuado a la dehesa y otros pastos arbolados y arbustivos que recoja sus especiales características en la aplicación del régimen de ayudas de la PAC".

Begoña García también ha hablado de la reforma de la PAC, de cara al 2021, donde en su opinión, se debe contemplar un régimen de pagos directos que entre otros objetivos, permita la financiación suficiente para su conservación y mantenimiento en el primer pilar “debido a que se trata de explotaciones agrarias de muy baja productividad pero de una elevada rentabilidad ambiental".

Sobre dicha reforma, García ha dado a conocer la creación del grupo de expertos en Extremadura para elaborar un documento que refleje la postura y las necesidades de Extremadura de cara a una nueva Política Agraria Común.

En esta Comisión del Parlamento Europeo han estado presentes, además de la directora general de la PAC, Yolanda García, representantes europeos de organizaciones como UPA, Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias y Asociación de Ganaderos, miembros del Parlamento Europeo, y la consejera para asuntos autonómicos en la Representación Permanente de España ante la UE, Yolanda Ortiz, entre otros.

 

La Junta de Castilla y León ha aprobado llevar a cabo a finales del mes de marzo el pago de las ayudas asociadas al sector ovino caprino por un importe cercano a los 30 millones de euros, una vez fije el FEGA los importes unitarios correspondientes por oveja y cabra.

Del mismo modo, y cuando el Fondo de Garantía Agraria establezca los importes definitivos de los diferentes pagos correspondientes a 2016, la Junta de Castilla y León efectuará las liquidaciones que resulten de los porcentajes del 5 por ciento del Pago Básico, Pago Verde y de la ayuda directa a jóvenes, así como del 10 por ciento de las diferentes ayudas asociadas, han concluido desde la Consejería.

 

Ayudas al vacuno de cebo y al ovino y caprino

 

Provincia

Nº de perceptores

Cabezas

Importes (euros)

Ávila

826

53.530

1.151.395

Burgos

228

13.858

264.736

León

509

30.520

612.117

Palencia

208

12.635

238.150

Salamanca

1.777

116.785

2.686.843

Segovia

676

82.098

1.438.625

Soria

78

4.605

94.432 

Valladolid

218

25.850

469.133

Zamora

544

35.761

748.574

Total

5.064

375.642

7.704.008

Según publica EFEAGRO, en una información de Lucia Ruiz Simón, la Política Agraria Común tiene encomendada la misión de lograr una producción suficiente de alimentos seguros y con los mayores estándares de calidad. Para ello pone el foco legislativo, político y administrativo en la regulación de las normas, entre otras, de sanidad animal y vegetal. Y la ciencia es una gran aliado.

En el caso de la sanidad y el bienestar animal, la Unión Europea se ha marcado como prioridades cuestiones como la modernización de las granjas, las normas relativas al transporte y el control y la prevención de enfermedades, entre otras cuestiones.

 Además de trabajar en la reducción del uso de antibióticos en los animales destinados a consumo humano. Es un tema que cada vez reviste más gravedad. La resistencia a un tipo de antibiótico que se suele utilizar como última opción en pacientes infectados por bacterias multirresistentes se ha detectado por primera vez en cerdos en la Unión Europea (UE).

Por ello, las empresas tienen que trabajar con estas premisas, como es el caso de la empresa murciana JISAP. En su explotación de Pulpí (en Almería) albergan 3.000 cerdas reproductoras, en diferentes fases de gestación y crianza, y plantean la tecnificación como su aliada para lograr los máximos estándares. La vacunación sin agujas, que evita hacer daño al animal -además del contagio de enfermedades- y cuyo fin es preventivo, al colaborar en la reducción del uso de antibióticos, es una de sus herramientas. Además de estrictos protocolos estrictos de higiene y limpieza les han permitido reducir casi a cero algunas patologías y, por tanto, disminuir la necesidad de medicamentos. Y el control ambiental garantiza el bienestar de los animales, que tienen la temperatura que necesitan: las crías a 35 grados y las reproductoras entre 18 y 20.

Alrededor de medio millar de agricultores y ganaderos de la provincia de Teruel se han manifestado hoy en Zaragoza para reclamar una PAC "igualitaria y justa", además de medidas compensatorias al Gobierno de Aragón por la pérdida de renta que han sufrido los profesionales del sector.

La protesta, convocada por la plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel (Agrigate) ha congregado a los manifestantes en la plaza del Pilar de la capital aragonesa y ha recorrido las calles de la ciudad hasta llegar a las puertas de la sede del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en la plaza de San Pedro Nolasco, donde se ha leído un comunicado.

Los tambores de una "batucada", en la que sus miembros iban disfrazados de oveja, y sonoros silbatos anunciaban el paso de esta manifestación en la que se han mostrado pancartas con lemas como "Dignidad e igualdad para Teruel" o "No somos más pero tampoco menos".

El presidente de Agrigate, Julián Sancho, ha explicado a los medios de comunicación que desde la plataforma reclaman una PAC "igualitaria y justa", por lo que ha incidido en que es necesaria su modificación.

Sancho, además, ha exigido al Gobierno de Aragón que "al menos" destine medidas compensatorias para los agricultores y ganaderos de Teruel como, ha apuntado, "se aprobó en su momento en las Cortes".

Así, el presidente de la plataforma ha anunciado que seguirán manifestándose hasta que se consigan sus propósitos y ha juzgado que al movimiento "se deberían unir más agricultores y ganaderos" de otras partes del país, "ya que esta PAC no tiene ningún sentido" mientras que una PAC "justa e igualitaria" beneficiará "a todo el sector".

Por ello, ha pedido "que se hagan reformas, que las ayudas se reciban" ya que éstas "son necesarias para sostener el sistema", unas ayudas que, según ha reivindicado, se deben recibir "en función de la actividad que cada profesional ejerza en cada momento", ya que "no hay ninguna lógica" en agricultores "con explotaciones idénticas" reciban distintas ayudas "por estar en territorios diferentes".

Por su parte, el presidente de Asaja Teruel, José Manuel Cebollada, ha anunciado que iban a ofrecer un ramo a la Virgen del Pilar para que les ayude con el "serio problema" que vive la agricultura y la ganadería de Teruel y con la "gran despoblación", ya que, ha afirmado, en la provincia no se encuentran "en las mismas condiciones de juego que el resto de la Comunidad".

Cebollada ha añadido que le van a entregar las flores "para ver si hace cambiar las ideas de algún político de Zaragoza y hace que Teruel tenga la misma agricultura que el resto de Aragón".

"No hay ninguna razón de ser para que los agricultores de Teruel sean menos que los demás", ha concluido.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Manuel Roche, ha aseverado que "esta no es la PAC que querían los agricultores y ganaderos de Aragón" y que Teruel "es una de las provincias más perjudicadas" por el reparto de la PAC realizado en 2014.

Roche ha solicitado, en consecuencia, que "de una vez por todas" se cumplan "todas las promesas por parte de partidos políticos y la Administración que se han hecho" y las Proposiciones No de Ley "que se aprobaron por unanimidad en las Cortes" que instaban a buscar "medidas estructurales para compensar la pérdida de renta" de los agricultores y ganaderos turolenses. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) dejará un agujero de entre 1.200 y 3.100 millones de euros en el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), según un informe, al que tuvo hoy acceso Efe, elaborado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (PE).
Se trata de una evaluación realizada por los eurodiputados expertos en el sector, que evalúa el impacto que tendrá en la agricultura europea "el supuesto" de que el Reino Unido deje de ser un Estado miembro de la UE.
"Es difícilmente concebible que el Reino Unido siga formando parte de la PAC si no forma parte del Mercado interior", consideran los eurodiputados, que recuerdan que el vínculo entre ambos está estipulado en los tratados europeos.
Por ello, el "brexit" tendría varias consecuencias en el mercado agrícola europeo, en primer lugar en la financiación de la PAC, dado que el Reino Unido es un contribuyente neto al presupuesto global de la UE (incluso con el descuento del "cheque británico") y también en el de la política agraria.
"El 'brexit' abrirá una brecha significativa en la financiación de la PAC", alertan los eurodiputados en el análisis, que evalúa este agujero entre 1.200 millones y 3.100 millones si la UE quiere mantener los actuales niveles de gasto para los restantes 27 Estados miembros.
El asunto se complica si la salida del Reino Unido se hace efectiva, según lo previsto, en 2019, dado que los países restantes tendrán que ajustar el actual marco financiero plurianual (vigente hasta 2020), salvo que el "brexit" coincida con la entrada en vigor del siguiente, para el periodo 2021-2027.
La comisión de Agricultura muestra su preocupación por los "sobres" financieros disponibles para los países y por cómo el nuevo reparto dependerá de tres factores: si los países deciden o no incrementar sus contribuciones, si se mantiene el mismo presupuesto para la PAC (cerca del 39 % del total de la UE) y de la reforma de la nueva política, que entrará en vigor a partir de 2020.
"No hay razón por la que los mecanismos actuales de la PAC deban modificarse para los 27 Estados", añaden los eurodiputados, que no ven "excesivas complicaciones" en la continuidad de los pagos directos, pero sí "algo más complicada" la regulación de las ayudas al desarrollo rural.
Desde el punto de vista económico, el 'brexit' puede tener un impacto "en los precios y las cantidades" de los productos en el mercado, y "variará de un sector a otro en función del peso relativo de la producción del Reino Unido".
Por ejemplo, los efectos serán significativos en la producción de ovino y caprino, dado que el Reino Unido ostenta el 33% del total de la UE.
Otro asunto a debate es el reconocimiento de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas: el Reino Unido cuenta con 59 nombres registrados (de un total de 1.110), que dejarían de estar reconocidos en la legislación europea.
"En la hipótesis de que el Reino Unido, como país tercero, entre en una nueva relación con los 27 basada en un acuerdo de libre comercio, sería importante incluir un reconocimiento mutuo de las indicaciones en acuerdos como el reciente CETA (con Canadá)", apuntan los diputados.
El "brexit" también plantea cuestiones como cuál será la relación del Reino Unido con países terceros, que puede "alterar el equilibrio económico establecido en los acuerdos ya alcanzados".
"Los países terceros pueden quejarse legítimamente de la reducción unilateral del mercado de la UE al que tuvieron acceso; pero, al mismo tiempo, la UE puede quejarse legítimamente si tiene que aceptar las mismas cantidades de bienes (...) aunque el tamaño de su mercado se haya reducido", plantean.
Sobre el impacto que tendrá este nuevo escenario en Londres, los eurodiputados se preguntan si el Gobierno británico "tendrá la capacidad de hacer frente a tantas negociaciones comerciales de urgencia con una administración que ha perdido experiencia y saber hacer en este tipo de negociaciones desde los años setenta".

Miles agricultores y ganaderos de toda España pueden ya presentar su solicitud de ayudas de la PAC para 2017. El plazo de petición de ayudas se abre hoy 1 de febrero y durará –más allá de posibles prórrogas- hasta el próximo 30 de abril.

La campaña incluye, según señalan desde UPA, una serie de cambios de índole técnica, motivados por sugerencias de la Comisión Europea, aunque en la práctica nos encontramos ante el mismo escenario del año 2016.

 

Los cambios más importantes son quizá los que se han introducido en las ayudas asociadas para el ganado ovino y caprino. Por un lado han subido los umbrales mínimos para cobrar. Ahora el requisito exigido será de 0,6 corderos o cabritos por hembra reproductora (antes era 0,4), o en su caso de 80 o 200 litros (antes 60 o 100 litros), también por hembra reproductora. Además se ha modificado la fecha de comprobación, lo que es en opinión de UPA “muy positivo”, porque así podrán cobrar antes los ganaderos de estos sectores.

La organización Asaja de Castilla y León ha recordado hoy que mañana, 1 de febrero, se abre el plazo de presentación de solicitudes de la Política Agrícola Común (PAC) 2017, y ha advertido de los cambios que introduce esta convocatoria en temas como el agricultor activo.
Ha explicado en un comunicado que esta convocatoria incluye la modificación de los umbrales mínimos para percibir la ayuda asociada al ovino caprino, tanto en el caso de producción de leche como de carne, así como el cambio de las fechas tope para cumplir con las ayudas de vacuno.
Asaja se ha referido también a la variación en la ayuda de jóvenes y acceso a la reserva, ya que a partir de ahora "se apoyarán más las incorporaciones a través de personas jurídicas" y se incorporarán algunas aclaraciones vinculadas con el 'pago verde'.
Ha considerado esta organización que el punto "más negativo" de estos cambios tiene que ver con el tratamiento que recibe el agricultor activo y ha recordado que desde hace "muchos años" Asaja trabaja para que Bruselas concentre el sistema de ayudas en el agricultor y ganadero "verdaderamente" profesional, mientras en la última reforma "se ha avanzado poco en este sentido".
Ha explicado en el escrito que igualmente mañana, 1 de febrero, hasta que acabe el plazo de solicitudes de las ayudas de la PAC, se pueden ceder derechos de pago básico a otros agricultores, en compraventa o en arrendamiento.

El director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Mirando, ha insistido en que los cambios para solicitar de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a este año "son más jurídicos que efectivos".
Durante su intervención en el "Consultorio de la PAC" en el programa Agropopular (Cadena Cope) del pasado sábado, Miranda subrayó que se mantienen los requisitos generales que se han aplicado en los dos últimos años.
Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, está abierto el plazo para solicitar estas ayudas, que ascenderán a 4.900 millones de euros, con algunos cambios en la normativa que se aprobaron en el último Consejo de Ministros de 2016, según recordó el director de Agropopular, César Lumbreras.
Hay modificaciones que afectan a la definición de agricultor activo o la superficie de interés ecológico, las ayudas acopladas o a los jóvenes, y se mantiene la obligación de que las explotaciones agrícolas y ganaderas por las que solicitan ayuda estén inscritas en los registros correspondientes.
Otro de los asuntos que se abordó en profundidad en Agropopular fue el efecto de las tormentas de nieve y frío en explotaciones ganaderas en la zona del Levante, que mantendrá a algunas explotaciones ganaderas sin suministro eléctrico hasta el 10 de febrero.
En este punto, el subsecretario del Mapama, Jaime Haddad, explicó las ayudas que aprobó el Gobierno el pasado viernes para paliar los efectos del temporal, que en el caso de los agricultores y ganaderos son medidas dirigidas a los asegurados, de carácter fiscal y laboral.
Para el Ministerio la herramienta más eficaz para luchar contra estos acontecimientos es el seguro agrario", enfatizó Haddad.
a subida escalada y sostenida de los precios de las hortalizas por la caída en la producción, las plantaciones de viñedos y un estudio para intentar "recuperar" el sabor del tomate fueron otros de los temas tratados en el programa.
En materia de política comunitaria, Lumbreras analizó que las ayudas al ovino tendrán que esperar a la próxima reforma de la PAC, según las últimas declaraciones del comisario de Agricultura, Phil Hogan.
Lumbreras recordó, además, que tres años y 37 semanas después de que el programa informara sobre la subida de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, "sigue la callada por respuesta". 

La Junta de Extremadura ha propuesto una reforma sobre la consideración de dehesa en la Política Agraria Común (PAC) que incluya un tratamiento diferenciado y adecuado para este ecosistema y otros pastos arbolados y arbustivos que están en una situación vulnerable en varios aspectos.
Así lo ha dicho hoy en Mérida la directora general de Política Agraria Comunitaria, Yolanda García Seco, que ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte de la Asamblea de Extremadura.
García Seco ha explicado que es precisa esa distinción para la dehesa y que pueda aplicarse al régimen de ayudas de la PAC.
Esta cuestión afecta a las actuales normativas europea y nacional, y se ha trasladado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y a otras regiones para elevarla a la Comisión Europea.
Para García, la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC pone en peligro la continuidad de este ecosistema, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y amenazado por otros problemas de índole sanitario y medioambiental.
A su juicio, el problema radica en las diferencias de criterio que, sobre la consideración de la dehesa como superficie pastable, han supuesto para el Estado sanciones que alcanzan los 300 millones de euros.
Con el fin de aplicar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) exigidos por la Comisión Europea, la Junta ha elaborado una capa de dehesa que se incorpora al registro de explotaciones.
En esa capa están incluidos terrenos cuya especie principal es el "quercus" en recintos declarados como pastos arbustivos, pastos arbolados y pastizales, y se excluyen los roquedos.
Además, se ha hecho una capa de pastos medioambientalmente sensibles y se han reconocido las prácticas locales establecidas en el norte de Cáceres y en las fincas comunales.
Según García, Extremadura ha perdido más de 333.000 hectáreas de superficies admisibles de pastos como consecuencia del CAP, por lo que salen del sistema y no podrán recibir ayudas más allá de 2020 en el caso de que la redistribución de ayudas fuera mediante una "tasa plana", como amenaza la UE.
"Es importante ampliar y consolidar las superficies admisibles en las explotaciones agrarias de cara a futuras reformas, así como implementar las hectáreas declaradas anualmente", ha agregado.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio expondrá los problemas de la dehesa en la Comisión del área del Parlamento europeo con la finalidad de sensibilizar a las instituciones comunitarias acerca de la necesidad de su protección.
Esta problemática está relacionada con la definición de pastos permanentes, que son aquellas superficies que tienen plantas como gramíneas y otros forrajes herbáceos en pastos naturales.
Las imposiciones de la normativa suponen un arduo trabajo del Ejecutivo regional puesto que hay que verificar un millón y medio de hectáreas.
Por todo esto, García ha asegurado que han realizado propuestas para la modificación de la normativa que mejoren la gestión de las dehesas y darles visibilidad.
Además, ha agregado que el Gobierno extremeño constituirá un grupo de trabajo de técnicos y expertos para la reforma de la PAC a partir de 2021 y tratará, también, la dehesa.
Los grupos políticos presentes en la comisión, los del PP, el PSOE y Podemos, han mostrado su apoyo a la Junta sobre la propuesta para la Comisión Europea y han ofrecido su colaboración.

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