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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para las ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, con novedades como que pueden ser plurianuales o que se valora que se adscriban en territorios con poca población.
Estas ayudas, descritas en el Real Decreto que publicó este sábado el BOE tras su aprobación el viernes por el Consejo de Ministros, están destinadas a la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.
Los criterios de valoración se han modificado "para dar mayor relevancia al desarrollo de actividades en aquellos territorios donde la densidad de población es inferior a la media, en consonancia con el Reto frente al Reto Demográfico", y potenciar la participación de mujeres jóvenes en las actividades, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Además, hay modificaciones de carácter técnico como los límites de los gastos subvencionables, menos complejos a la hora del reparto del presupuesto, y la simplificación de la posterior justificación.
Los fondos están orientados a reforzar el papel de las mujeres en el medio rural y frenar el despoblamiento, a fomentar el emprendimiento de las mujeres rurales, a impulsar la incorporación de las mujeres en la actividad económica del medio rural.
También se busca divulgar las oportunidades que brindan los instrumentos de la Política Agraria Común (PAC), además de difundir la figura de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y favorecer el acceso de las mujeres a los órganos de gobernanza de las entidades relacionadas con la actividad agroganadera y el desarrollo rural.
Las pueden solicitar las entidades asociativas de mujeres rurales que estén legalmente constituidas como entidades asociativas de mujeres del medio rural y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Entre los requisitos, realizar actividades en al menos tres comunidades autónomas, carecer de ánimo de lucro y tener entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción de las mujeres rurales. 

La Junta de Castilla y León y Asaja han abogado por un Plan Estratégico Nacional "cómodo, sencillo, común y que se entienda" para la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y han lamentado el "parón" que sufrirán las conversaciones con la convocatoria de las elecciones europeas.
Lo han señalado este lunes en Salamanca en declaraciones a los periodistas el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Juan Pedro Medina, y los presidentes nacional, Pedro Barato, y autonómico, Donaciano Dujo, de ASAJA antes de participar en la asamblea ordinaria de esta organización agraria en la provincia salmantina.
Medina, que ha abogado por la confección de un Plan Estratégico Nacional ante las negociaciones de la nueva Política Agraria Comunitaria, ha reconocido que los trabajos "siguen pero a un ritmo muy lento" y ha alertado de que ahora sufrirán "un parón" por la convocatoria de elecciones europeas.
Ha insistido en que las normas "tienen que ser nacionales" porque, en su opinión, "no hay tanta diferencia entre un territorio y otro".
A su juicio, ese plan, con el que "atraer jóvenes al campo y alcanzar el objetivo de la rentabilidad" debe ser "cómodo, sencillo, común y que se entienda, sin pensar tanto en la letra pequeña a la que hemos estado sometidos mucho tiempo en la PAC".
"Ahora tenemos la ocasión los estados de hacer un plan estratégico a la medida de lo que los agricultores y ganaderos de España y Castilla y León necesiten, sin escudarnos en Europa, por lo que vamos a hacerlo bien", ha demandado.
Por su parte, Barato, que ha anunciado que el Consejo Nacional de ASAJA se celebrará el próximo día 4 de abril en Jaén con la asistencia del rey Felipe VI, ha respaldado la puesta en marcha de ese plan aún reconociendo su complejidad al igual que la negociación de la nueva PAC con la incorporación de nuevos partidos al Parlamento Europeo.
Ha calificado de "inconcebible" que se pretenda rebajar el presupuesto de la Política Agraria Común, mientras que Dujo ha criticado no haya gobierno en Europa, España y Castilla y León, en clara alusión a la convocatoria de las elecciones y que los agricultores y ganaderos tengan que "estar a expensas de esta incertidumbre".
Por ello, ha reclamado "políticas profesionales con presupuestos ligados a la producción, que se reconozcan nuestros precios y que tengamos futuro".
También Barato ha reclamado "una política de seguros agrarios con un presupuesto más amplio y sin problemas en las provincias con menos seguros" y la revisión urgente de los rendimientos en provincias como Ávila, Salamanca o León, en las que exigió "una revisión urgente de los rendimientos".
En relación a la sanidad animal, Dujo se ha mostrado partidario de que sea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que marque "las mismas reglas para todos" y ha exigido que la actividad ganadera "sea compatible con el saneamiento".
Por otro lado, Medina ha anunciado que la Junta de Castilla y León abonará esta semana a 66.000 agricultores y ganaderos de la región 65 millones de euros del saldo pendiente de la PAC de 2018, correspondientes al 5% del pago básico y verde y al 10% de las actividades asociadas a superficies.
Con ello, se alcanzará una cifra cercana de pago de 900 millones de euros correspondientes a la PAC de 2018, "el mayor importe de España en términos porcentuales de ejecución", ha concluido el director general.

Los grupos popular y socialista en las Cortes regionales han discrepado respecto al pago de las ayudas acopladas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2018, ya que mientras el PP dice que hay casi 20.000 ganaderos sin cobrarlas, el PSOE sostiene que tienen que justificarlas.
Así se han pronunciado en sendas ruedas de prensa la diputada del PP Lola Merino y la portavoz del PSOE en el parlamento autonómico, Blanca Fernández, después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya abogado este fin de semana en Rumanía por que la Unión Europea tenga el objetivo "irrenunciable" de mantener el 100 por cien de los fondos de la PAC.
Merino ha denunciado que en 2018, cerca de 20.000 ganaderos no han cobrado las ayudas acopladas de la Política Agraria Común y ha especificado que se debe más de 12 millones de euros a 4.000 ganaderos de ovino, más de 2 millones a más de 2.000 profesionales del caprino y 11 millones de euros a 1.500 ganaderos de vacas nodrizas.
La parlamentaria 'popular' también ha instado al Gobierno regional a pagar las ayudas a zonas con limitaciones naturales que, según Merino, se presupuestaron entre los años 2015 y 2018 y hasta este último ejercicio no fueron convocadas y que, como ha apuntado, contaban con una cuantía de 64 millones de euros que se ha reducido a 47 millones.
La diputada regional también ha instado a abonar las ayudas correspondientes a las convocatorias para la incorporación al campo de jóvenes agricultores y a los planes de mejora de explotaciones y ha acusado a García-Page de irse "de vacaciones" a Rumanía y de utilizar al sector agrario "para justificar ese viaje".
Por contra, la portavoz socialista ha respondido a las críticas del PP recordando que la Administración paga las subvenciones "cuando se justifican".
En este sentido, ha lamentado que ahora que el Gobierno regional está invirtiendo más para la incorporación de jóvenes agricultores al campo, se critique, mientras que los 'populares' "aplaudían" los recortes en el mundo rural llevados a cabo durante el anterior mandato de la expresidenta María Dolores de Cospedal.
Fernández ha incidido en que en la Administración "se pagan las subvenciones cuando se justifican" -en relación a los planes de mejora o la incorporación de jóvenes agricultores-, salvo que se pida el adelanto, el cual han solicitado unos 300 o 400 jóvenes agricultores.
Ha precisado que el adelanto se les ha concedido a todos y ha insistido en que los demás cobrarán "cuando se ejecuten las mejoras".
También ha destacado, en relación a la PAC, que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que antes paga de todas, por lo que ha considerado que hay "motivos para estar satisfechos" porque la región está "fuerte" y el sector agrario "se está modernizando" y está dando "una buena lección a otros sectores". 

Las Cortes de Castilla y León ha dejado este miércoles en manos de las organizaciones profesionales agrarias la posibilidad de que los agricultores y ganaderos reciban ayudas o un complemento económico para la sustitución temporal del titular de una explotación.
El pleno de las Cortes de Castilla y león ha aceptado una proposición no de Ley presentado por el Grupo Ciudadanos, modificada por el PP, para habilitar líneas de ayuda y un complemento económico que permita la sustitución temporal del titular de una explotación agraria o ganadera.
En la propuesta alternativa del PP se deja en la manos de las organizaciones profesionales la articulación de estas ayudas y se delimita que la sustitución del titular debe ser por enfermedad, paternidad, maternidad o vacaciones. 

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes la orden por la que se convocan para este año las ayudas directas de la Política Agrícola Común con una cuantía de 46,26 millones de euros.
Estas subvenciones serán abonadas a través del organismo pagador de la comunidad autónoma con cargo al fondo comunitario y las solicitudes se podrán presentar en las oficinas comarcales agrícolas hasta el próximo 30 de abril.
Entre las partidas hay 11,5 millones para las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, y otras destinadas a jóvenes agricultores y ganaderos que inician su actividad.
El Gobierno Vasco reclama desde hace tiempo ante las autoridades europeas que estas ayudas se adapten lo máximo posible a la realidad de Euskadi y estén en consonancia con el plan de desarrollo rural vasco 2015-2020 que busca el relevo generacional, la modernización del mundo rural, la formación y potenciar el valor añadido de los distintivos de calidad.
Euskadi también apuesta por la protección del medio ambiente, la dotación de servicios básicos en las zonas rurales y la diversificación y creación de empleo en el medio rural.

El Gobierno de Navarra ha anunciado que inicia el control por satélite del sistema de ayudas de la Política Agraria Común, sustituyendo así el que se efectuaba sobre el terreno.
La monitorización se basa en una fotointerpretación automática de las imágenes de los satélites Sentinel del Programa Copernicus, lo que supone un cambio de paradigma en la forma de entender los controles sobre el terreno de las superficies agrarias declaradas.
Además, incluye un sistema de alarmas previas, que tienen por objeto evitar que el agricultor cometa errores al presentar la declaración, y un sistema de avisos para que pueda aportar pruebas concluyentes o incluso modificar su solicitud de ayudas, a fin de evitar reducciones y sanciones.
De forma progresiva este sistema se irá extendiendo y a él se sumará la utilización de otras nuevas tecnologías como los drones, las fotos geoetiquetadas o la inteligencia artificial.
El objetivo marcado por la Comisión Europea es que en unos años se controlen por este método la mayoría de ayudas de la PAC y el 100% de las superficies por la que se solicitan estas ayudas para ganar eficacia y rebajar costes, al necesitar menos tiempo para las operaciones.
Hasta el próximo 30 de abril está abierta la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2019, que permitirá a más de 13.000 personas en Navarra presentar la Solicitud Única de las ayudas directas.
El presupuesto total de las subvenciones asciende a 100 millones de euros, que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir del 1 de diciembre.
La presentación de la solicitud única deberá hacerse vía telemática y comprende el régimen de pago básico, el pago para prácticas beneficiosas con el medio ambiente (pago verde), el pago para jóvenes que comiencen su actividad, así como las ayudas pertenecientes al régimen de pequeños agricultores y ganderos..
También se incluyen ayudas asociadas a profesionales del agro, los cultivos proteicos, los frutos de cáscara, las legumbres de calidad y la remolacha azucarera, las ayudas asociadas a los ganaderos y ganaderas de vacuno, a nodrizas, leche y cebo, y de ovino y caprino, entre otras.
También se ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control (por superficie y ayudas ganaderas), la solicitud de cesión de derechos de pago básico y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Pago Básico.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado ya ha abonado a los ganaderos asturianos 63,6 millones de euros de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a 2018.
De esta cantidad, 49,1 millones de euros pertenecen al pago básico, un 77,3%, y 14,5 millones a las subvenciones del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un 94%.
El plazo de las comunidades autónomas para abonar estas partidas finaliza el 30 de junio de 2019, según ha informado este domingo la Consejería en un comunicado.
Los pagos directos de la PAC son ayudas de apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos, financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).
Estas partidas van destinados a las subvenciones desacopladas, es decir, no vinculadas a la producción, como el pago básico, el pago verde, las subvenciones para jóvenes y las ayudas acopladas o vinculadas a la producción.
Estas últimas se destinan, en su gran mayoría, a aquellas explotaciones que mantengan vacas nodrizas, de vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.
El objetivo de estos pagos directos es proporcionar un nivel de vida razonable a los agricultores y ganaderos con el fin de asegurar sus niveles de renta y, al mismo tiempo, ayudar al sector a modernizar sus explotaciones en un contexto de contribución a la conservación del medio ambiente y del paisaje rural.
Para poder abonarse se requiere tener realizados previamente los controles administrativos y sobre el terreno, así como grabadas las actas correspondientes en la aplicación del sistema de gestión de ayudas.
Cada año, un municipio de Asturias es seleccionado aleatoriamente por la Unión Europea para realizar los controles sobre el terreno de los pastos comunales.
En 2018 esta inspección, que se realiza sobre el terreno de pasto comunal y afecta a todos los beneficiarios que declaran superficie en dicho recinto, correspondió Cangas del Narcea.
Este municipio dispone de una gran superficie de este tipo de estos pastos, por lo que el control afectó a un mayor número de ganaderos que en años anteriores, en los que las inspecciones se realizaron en concejos más pequeños.
Estos controles se realizan a finales de año y, por este motivo, cuando se ejecutó el pago de diciembre de las ayudas vinculadas a la superficie no estaban procesadas todas las actas, razón por la que no se pudo realizar el ingreso a todos los beneficiaros de Cangas del Narcea.
A pesar de que el plazo para abonar estas ayudas está abierto hasta el 30 de junio, salvo imprevistos, una vez que ya están procesadas todas las actas de control se procederá a realizar el pago de las mismas durante el primer trimestre de 2019.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León espera recibir desde este viernes, 1 de febrero, y hasta el 30 de abril unas 70.000 solicitudes de ayudas de la PAC, que supondrán unos mil millones de euros a sus beneficiarios, con novedades para favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos.
El boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, publica este viernes la orden de convocatoria y de procedimiento para efectuar las solicitudes, que busca la simplificación normativa.
Los agricultores y ganaderos de la Comunidad podrán llevar a cabo la petición de todas las ayudas directas de la PAC a través de la solicitud única y pedir, al mismo tiempo, la ayuda anual a las medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, a las zonas de montaña o con limitaciones específicas y al mantenimiento de las superficies forestadas.
Además, junto a la solicitud única de ayuda, podrán comunicar las transmisiones de derechos de pago básico en las que haya podido participar el solicitante por compraventa, arrendamiento, herencias, fusiones o escisiones de explotación en el último año, así como efectuar las diferentes alegaciones al contenido del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) relativas a cambios de usos, tipo de cultivo o coeficientes de regadío o de pastos.
Como novedades de la campaña 2019, la Consejería ha destacado que a partir de este año habrá que declarar para cada titular quién es el "jefe de la explotación", que la nueva norma define como "la persona física responsable de las operaciones financieras y de producción habituales y diarias de la explotación agraria".
Se refuerza la definición de actividad agraria, en el sentido de que se no se admitirán las actividades de mantenimiento en el caso de los pastos permanentes de uso común, buscando que exista una actividad ganadera real mediante pastoreo.
Y el concepto de riesgo de abandono se extiende, además de a la actividad de barbecho, a cualquier otra actividad de mantenimiento que suponga riesgo de abandono si se llevan a cabo más de cinco años consecutivos.
Así, según las mismas fuentes, establece que todas las superficie de barbecho que se quieran que sean SIE -el 5 % de tierras que hay que dejar de barbecho o con cultivos fijadores de nitrógeno (leguminosas) y que sirven para cobrar la parte de los pagos directos, que corresponde a la capa verde (greening)- no pueden haber estado precedidas de ningún cultivo fijador de nitrógeno.
Se cambian las condiciones de mantenimiento de la titularidad de las explotaciones para el cobro de las ayudas asociadas a la ganadería, en cuanto a la fecha de determinación de la elegibilidad de los animales en los casos de cambio de titularidad de explotaciones ganaderas que se hayan producido antes del fin del plazo de modificación de la solicitud única.
De esta forma, será el nuevo titular quien cobrará la ayuda por todos los animales presentes en la explotación, independientemente de quién fuese el titular en las fechas de determinación de la elegibilidad de los animales, para las diferentes especies.
Con esta modificación, se persigue el objetivo de favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad y de jóvenes ganaderos a nuevas explotaciones, en condiciones mejores a campañas anteriores.
Con ello, los jóvenes ganaderos que comiencen la actividad y que se incorporen a una explotación tras el 1 de enero, los animales con derecho a cobro serán los de la explotación a 30 de abril de 2019.
Se trata de la ayuda asociada a las explotaciones con vacas nodrizas y las explotaciones de vacuno de leche o los elegibles de la última declaración censal disponible a fecha de modificación de solicitud única, en el casos del ovino y caprino, evitando duplicidades de la ayuda entre anterior y nuevo titular.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha publicado la orden que establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla-La Mancha para el año 2019, cuyo plazo de presentación comienza este primer día de febrero y finalizará el 30 de abril.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha recogido este viernes la orden de la Consejería con la forma y plazos habilitados para la solicitud única de la PAC a los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.
El plazo de presentación de la solicitud única se inicia el 1 de febrero y finalizará el día 30 de abril, ambos días incluidos. 

Trabajar por contrarrestar la despoblación, avanzar en la titularidad compartida de las explotaciones agroganaderas y lograr una "buena" Política Agraria Común (PAC) son los retos que se ha marcado para 2019 la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) en Ciudad Real.
La Asamblea General de Amfar-Ciudad Real, que ha contado con la participación de las presidentas locales de la organización en la provincia, ha aprobado por unanimidad este lunes centrar el trabajo en estos tres ejes principales durante el 2019.
La presidenta de Amfar, Lola Merino, ha mostrado su preocupación por el dato de que Ciudad Real sea la segunda provincia en pérdida de población de España, por detrás de Zamora, y ha considerado "alarmantes" las cifras del INE, por lo que ha avanzado que Amfar trabajará para prevenir la "sangría" demográfica en las zonas rurales.
"Las mujeres rurales son claves para combatir la despoblación", según Merino, quien ha agregado que son "la pieza angular" para devolver la vida y el dinamismo a la provincia y a una comunidad autónoma en la que más del 90 por ciento de la superficie es rural.
Ha demandado, en este sentido, políticas "efectivas que fijen población", como las que se pueden conseguir a través del segundo pilar de la PAC, que se ocupa del desarrollo rural y que "bien aplicado puede garantizar los servicios sociales, las nuevas tecnologías, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y la incorporación de mujeres y jóvenes al campo".
Amfar también impulsará la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agroganaderas para conseguir una mayor incorporación de mujeres al sector, ya en España tan sólo existen 500 mujeres dadas de alta, 162 de ellas en Castilla-La Mancha. 

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