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El Gobierno de Castilla-La Mancha realizará mañana un pago de 2,8 millones de euros en ayudas a la mejora de explotaciones agrarias y, antes de que finalice 2018, prevé haber abonado 13 millones de euros para tal fin.
Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de los planes de mejora de explotaciones agrarias que, presentado por el grupo popular, se ha celebrado hoy en el pleno del Parlamento autonómico.
Un debate que ha finalizado con el rechazo de las Cortes de Castilla-La Mancha a la propuesta de resolución del PP de instar al Gobierno regional a cumplir los compromisos de pago establecidos en las convocatorias de 2016 y 2018 para las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
También proponía establecer un calendario de pago y garantizar presupuesto en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para abonar las ayudas resueltas positivamente.
Martínez Arroyo ha explicado que estas subvenciones se abonan una vez que los profesionales han hecho la inversión y han solicitado la certificación correspondiente y ha aseverado que "se va a pagar todo", a medida que los agricultores y ganaderos vayan pidiendo dichas certificaciones.
El consejero ha adelantado que mañana se va a hacer un pago de 2,8 millones de euros para la mejora de explotaciones agroganaderas y ha añadido que antes de que acabe el año se habrán abonado, previsiblemente, 13 millones de euros.
Asimismo, ha negado que haya "insuficiencia presupuestaria" -como ha asegurado el PP- para hacer frente a los compromisos del PDR y ha señalado que, a diferencia de lo que ocurría en la anterior legislatura, ahora los jóvenes reciben 27.000 euros "directamente" para su incorporación al sector sin tener que hacer una inversión previa.
Ha añadido que se han abonado 19,5 millones de euros de la convocatoria de 2016 a todos los jóvenes y que no hay "ni uno solo que no haya cobrado las ayudas".
Martínez Arroyo ha detallado que en la convocatoria de 2016 se aprobaron 1.218 solicitudes de ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos y 2.140 de planes de mejora.
Y ha agregado que en la primera línea se van a invertir 36 millones de euros y, en el segundo caso, 71 millones, lo que supone, ha dicho, "tres veces más" que en la legislatura del PP.
De igual modo, ha recordado que en 2018 se ha sacado una segunda convocatoria para la que se han recibido 3.128 solicitudes de mejora de explotaciones y 1.650 de jóvenes, que tienen de plazo hasta mayo de 2019 y junio de 2019, respectivamente, para justificar sus inversiones.
Sin embargo, la parlamentaria del PP Lola Merino ha criticado que, a día de hoy, el Gobierno regional tenga a los agricultores y ganaderos esperando para cobrar los 71 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2016, al tiempo que ha considerado "imposible" que abone los más de 42 millones de la convocatoria de 2018 porque, como ha advertido, "no tiene dinero".
Por su parte, el diputado socialista Emilio Sáez ha afirmado que los 'populares' "no están en disposición de criticar" el volumen de pago de planes de mejora, dado que éste ha sido 5,5 veces superior al del anterior mandato.
Además, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha achacado el hecho de que aún no se hayan pagado estas ayudas a "una razón administrativa", ya que el plazo de solicitudes ha estado abierto hasta el 12 de noviembre y "no ha dado tiempo a justificarlas", a la vez que ha pedido explicaciones de por qué el año pasado el presupuesto abonado fue de "cero euros", según los datos de los que dispone.

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La enfermedad de Johne o paratuberculosis es una infección bacteriana contagiosa endémica de rumiantes prevalente en muchos países del mundo. Puede reducir los rendimientos financieros en las granjas infectadas al reducir la productividad de la granja a través de las pérdidas de producción y los gastos de control de la propia enfermedad.

En este contexto, se llevó a cabo un análisis de la enfermedad a nivel de granja en el Reino Unido teniendo en cuenta la variabilidad de la granja y los diferentes niveles de prevalencia de la enfermedad. El objetivo era evaluar los impactos financieros de una enfermedad del ganado en las granjas y determinar la vulnerabilidad financiera de las granjas si se eliminan los pagos de apoyo a las granjas en el marco de una futura PAC.

Los resultados muestran que se estima que las fincas incurren en una pérdida de hasta el 51% del promedio en su beneficio neto bajo diferentes niveles de prevalencia de la paratuberculosis. Se estimó que las explotaciones en las categorías de ‘bajo riesgo’ y ‘riesgo medio’ tienen un menor impacto financiero de la enfermedad lo que, junto con su menor dependencia de los pagos de apoyo directo a la granja, indica que estas fincas son más resistentes a la enfermedad en futuros cambios en la granja. Por el contrario, el 18% de las fincas se agruparon en la categoría de ‘alto riesgo’, que depende sustancialmente del pago de apoyo directo a la finca para mantenerse rentable. Se proyecta que estas fincas tendrán un mayor impacto económico de la enfermedad, lo que las hace más vulnerables si se realizan cambios en los pagos de la PAC.

Un artículo sobre este estudio se va a publicar en la revista científica Frontiers in Veterinary Science, con la firma de los siguientes autores: Shailesh Shrestha, Bouda Vosough Ahmadi, Alyson Barratt, Steven G. Thomson y Alistair W. Stott.

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El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado una tasa de reembolso de la disciplina financiera del 1,37 % para devolver a agricultores y ganaderos españoles, a partir del 1 de diciembre, 56 millones de euros deducidos de los pagos directos para la reserva de crisis agrícola, que no ha sido utilizada al completo.
El FEGA ha calculado dicho coeficiente tras la publicación ayer del Reglamento de Ejecución 2018/1848 de la Comisión, que fija el techo de los importes de los créditos que serán prorrogados del ejercicio financiero 2018 en 56.644.658 euros para España, 444 millones para el conjunto de los agricultores y ganaderos europeos.
El coeficiente provisional de reembolso establecido por el FEGA se aplicará a los pagos superiores a 2.000 euros para los beneficiarios sujetos a la reducción de la disciplina financiera en el ejercicio financiero 2019.
La Comisión Europea (CE), a propósito del reglamento comunitario publicado ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), precisaba en un comunicado que "a pesar de que el sector agrícola y ganadero enfrentó situaciones críticas este año, como el clima extremo durante el verano, no ha sido necesario utilizar la reserva de crisis en 2018".
La CE detalla que con el presupuesto disponible de la Política Agrícola Común (PAC) se han financiado medidas de apoyo adicionales tomadas para enfrentar la difícil situación del mercado en ciertos sectores, como las frutas y hortalizas, lácteos y enfermedades animales.
"Los daños causados por las condiciones climáticas adversas durante esta primavera y verano han sido abordados por otras medidas disponibles para ayudar a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias", añade.
La decisión implica que los Estados miembros pueden reembolsar a los agricultores los montos deducidos de los pagos directos de este año a partir del 1 de diciembre.
Este sistema de reembolso de pagos y de reserva de crisis fue implantado en 2013, en la última reforma de la PAC, y se aplica a todos los Estados comunitarios excepto Croacia, el último país en adherirse al a UE, en ese mismo año, debido a su "proceso de incorporación gradual". 

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MINISTRO LUIS PLANAS

España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en el Consejo de Ministros la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.

Se establecen así las prioridades de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar.

En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores

España apoya la reforma de la PAC, ya que una política tan importante debe reflejar los grandes desafíos globales, particularmente los ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario.

Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.

España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

PLAN ESTRATÉGICO COMÚN

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

PAGOS DIRECTOS

España es uno de los Estados miembros que apuestan firmemente por los pagos directos, ya que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores.

Además, para impulsar el relevo generacional en la agricultura y luchar contra el despoblamiento del medio rural, se apoya el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial.

En relación con las explotaciones medianas y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los mercados y la falta de rentabilidad, se apoyará la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Otro aspecto de interés en el marco de la negociación de la reforma es la nueva arquitectura medioambiental. España apuesta por un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello es necesario preservar el presupuesto de la PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.

Por otra parte, España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“greening”) dentro de la línea de base de la “Condicionalidad” actual. Una integración que deberá realizarse sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

También se apoya la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

AYUDAS ASOCIADAS Y APOYOS SECTORIALES

En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento.

También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Por otra parte, considera necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola.

RELEVO GENERACIONAL E IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER

Para facilitar el relevo generacional, España aboga desde la posición española por el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la igualdad de género, prioridad transversal de primer orden en toda la acción del Gobierno, resulta esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC

El informe destaca la importancia de la simplificación de la PAC para los Estados miembros y, sobre todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido.

Para ello España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, España aboga por la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

CALENDARIO

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

 

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Según un dictamen publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, la reforma propuesta de la Política Agrícola Común a partir de 2020 no llega a satisfacer las ambiciones de la UE con respecto a un enfoque más ecológico y más sólido basado en el rendimiento. Los auditores señalan asimismo otras cuestiones en la propuesta, en particular por lo que se refiere a la rendición de cuentas.Ovina Raza Merina Negra web

Cuando la Comisión Europea publicó su propuesta para la nueva PAC a partir de 2020, insistió en que los objetivos medioambientales y climáticos tendrían una alta prioridad. Los auditores reconocen que la reforma propuesta contiene instrumentos para responder a estos objetivos, pero estos no están definidos claramente ni se plasman en unos valores cuantificados, por lo que persiste la imprecisión en cuanto a la manera de evaluar o medir el grado de ecologización de la PAC. Por otra parte, los auditores consideran que la estimación efectuada por la Comisión de la contribución de la PAC a los objetivos de la UE sobre el cambio climático resulta poco realista.

Señalan que muchas de las opciones propuestas para esta política son muy similares a las de la actual PAC. En particular, la mayor parte del presupuesto continuaría financiando pagos directos a los agricultores sobre la base de un número determinado de hectáreas de tierra poseída o cultivada. No obstante, este instrumento no es apropiado para responder a numerosas preocupaciones de carácter medioambiental, ni resulta el modo más eficiente de apoyar unos ingresos viables, indican los auditores.

La propuesta introduce cambios fundamentales en la aplicación práctica de la política. Se observa que la orientación a la conformidad se desplaza a una mayor orientación al rendimiento, lo cual celebran los auditores. No obstante, consideran que la propuesta no contiene los elementos necesarios de un sistema de rendimiento eficaz. La nueva PAC necesitaría más incentivos para el rendimiento y objetivos claramente vinculados a las realizaciones, los resultados y el impacto.

Otro cambio clave es la redefinición de las normas de la UE sobre la subvencionabilidad de los pagos de la PAC pero, dadas las limitaciones del modelo propuesto, es posible que ello dé lugar a un debilitamiento del marco de garantía. Los auditores señalan que los controles y las auditorías serán menos numerosos y menos eficaces.

En palabras de João Figueiredo, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del dictamen, «la transición a una evaluación basada en el rendimiento no significa que no sea necesario comprobar la legalidad y la regularidad. Es de temer que una disposición jurídica que establezca que solo una pequeña parte de los gastos deberá efectuarse de conformidad con las normas de la Unión podría privar de sentido a dichas normas y socavar la aplicación del Derecho de la UE».

Los auditores subrayan asimismo la ausencia de un sistema de control externo sólido. Con arreglo a la propuesta, la Comisión no recibiría estadísticas de control de los organismos pagadores, ni garantías de los organismos de certificación sobre los pagos efectuados a los distintos agricultores, lo que afectaría negativamente a la obligación de rendir cuentas por parte de la Comisión, advierten los auditores. Esta situación también dificultaría la aplicación de un enfoque de auditoría único, en particular debido al papel reducido de los organismos de certificación.

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Esta cantidad se corresponde con el adelanto del 50% de las ayudas asociadas al sector ganadero de la campaña 2018

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado el pago de 24 millones de euros entre 8.991 ganaderos y ganaderas en concepto de anticipo del 50% de las ayudas asociadas a la ganadería de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2018. Por vez primera, el anticipo de las ayudas asociadas a la ganadería incluye al sector ovino y caprino, que percibe unos 13,2 millones de euros entre 6.510 ganaderos y ganaderas.

Del montante global de las ayudas a la ganadería abonadas en este segundo pago de la campaña 2018, Córdoba es la provincia con más beneficiarios (1.966 ganaderos), alcanzando los 6 millones de euros; seguida por Sevilla (4,1 millones para 1.265 ganaderos); Cádiz (casi 3,5 millones para 1.292 ganaderos); Huelva (casi 2,4 millones para 1.309 ganaderos); Granada (2,3 millones para 1.012 ganaderos); Málaga (casi 2,3 millones para 889 ganaderos); Almería (2 millones para 619 ganaderos); y Jaén (1,5 millones para 639 ganaderos).

En este pago se incluyen las ayudas asociadas a los ganaderos de vacuno de leche y ganaderos de ovino-caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico, así como las subvenciones a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas y de leche. Como novedad, en esta campaña se incorporan también las ayudas asociadas a las explotaciones de ovino y caprino.

Este segundo pago de la campaña 2018 se une al ya realizado el pasado 16 de octubre, con más 558 millones de euros, por lo que el sector agrícola y ganadero ha percibido ya 582 millones de euros entre 210.125 beneficiarios. El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha destacado el esfuerzo realizado para que el sector reciba cuanto antes el dinero que le corresponde, a la vez que ha anunciado que se sigue trabajando para abonar el pago del saldo de la campaña 2018 a partir del 1 de diciembre, fecha a partir de la cual el reglamento comunitario lo permite.

Para mayor comodidad de los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, desde el mes de marzo está disponible la app InfoPacAndalucía, desarrollada por la Consejería de Agricultura para facilitar información de una forma rápida y fácil. Esta aplicación permite al interesado conocer, a través de dispositivos móviles, el estado de su expediente de la Solicitud Única de ayuda, así como el de sus pagos, recibiendo notificaciones cuando se produzcan eventos de interés.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha adelantado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el pago de 2.365 millones de euros en ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) a partir del 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre.

El MAPA ha detallado hoy en un comunicado que estos pagos directos constituyen aproximadamente el 90 % de los totales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

En total, el montante de ayudas asciende a 4.936 millones de euros, del que se podrán beneficiar 717.591 agricultores que han presentado la solicitud única.

Dentro de esta cifra, destaca el anticipo del régimen de pago básico que, junto con el pago verde, los denominados regímenes desacoplados de la producción pueden suponer un adelanto de más de 2.044 millones de euros.

Los anticipos se pueden pagar en todas las comunidades autónomas, aunque se trata de una decisión que debe tomar cada Gobierno Autonómico: de momento ocho regiones lo han solicitado para comenzar a pagar la semana que viene, de acuerdo a los datos del MAPA.

Entre los regímenes de ayudas que se pueden beneficiar de estos anticipos se encuentran -además del pago básico y el pago verde- el destinado a jóvenes agricultores y las ayudas asociadas al arroz, a los cultivos proteicos, a los frutos de cáscara y las algarrobas.

También a las legumbres de calidad, la remolacha azucarera, el tomate para industria, a las vacas nodrizas, vacuno de leche (con y sin derechos especiales), al ovino y al caprino (con y sin derechos especiales) y para el régimen simplificado de pequeños agricultores.

El reglamento permite que estos anticipos sean de hasta un 50 % de los regímenes de ayuda en los que se hayan finalizado los controles, y el resto se abonarán a partir del 1 de diciembre.

El Ministerio ha precisado que, si bien el adelanto de las ayudas directas puede ascender hasta los 2.365 millones de euros, de momento no todas las comunidades autónomas las han solicitado, por lo que durante la próxima semana (primera de anticipo) se facilitarán 1.326 millones de euros.

Estas son las comunidades autónomas que ya han pedido el anticipo de las ayudas para abonar la semana que viene por ese importe de 1.326 millones de euros.

                  

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                   Comunidad Autónoma                               TOTAL (EUROS)

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                   ANDALUCÍA                                                550.281.165,01

                   ARAGÓN                                                                    0,00

                   ASTURIAS                                                                  0,00

                   BALEARES                                                     8.156.620,90

                   CANTABRIA                                                                0,00

                   CASTILLA-LA MANCHA                                 230.822.415,62

                   CASTILLA Y LEÓN                                       357.386.518,77

                   CATALUÑA                                                                 0,00

                   EXTREMADURA                                           106.947.581,38

                   GALICIA                                                                     0,00

                   MADRID                                                                      0,00

                   MURCIA                                                          1.945.664,93

                   NAVARRA                                                      40.097.942,33

                   PAIS VASCO                                                                0,00

                   LA RIOJA                                                                     0,00

                   C. VALENCIANA                                              30.894.234,10

                   -----------------------------------------------------------

 

                   TOTAL                                                      1.326.532.143,04

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Jueves, 11 Octubre 2018 12:38

La mujer rural quiere estar en la PAC

El 15 de octubre se celebra un año más el Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada que sirve para llamar la atención sobre un colectivo que además quiere tener voz y voto en los órganos de decisión del sector productivo y, por tanto, en la nueva programación de la Política Agraria Común (PAC).
Aún sin saber cómo quedará el presupuesto para la próxima programación, lo que sí está claro es que la Comisión Europea tendrá que hacer frente en esta nueva PAC al "agujero" que deja Reino Unido al salirse del proyecto comunitario y a otros desafíos, como el relevo generacional.
Y en ese punto no sólo hay que mirar a los jóvenes y motivarlos, también las mujeres tienen un papel fundamental en las explotaciones y para mantener los pueblos vivos; por ello, todas las organizaciones que las aglutinan coinciden en reclamar su espacio.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo ha recalcado también en más de una ocasión, la última este mismo lunes: "la presencia de la mujer rural no es sólo una cuestión de igualdad de género, lo es también de dinamización y modernización del conjunto del sector".
A partir de hoy se sucederán los encuentros por toda España para llamar la atención sobre la desigualdad de género en los pueblos, cómo se vive la lacra de la violencia, los "frenos" de la ley de titularidad compartida y, sobre todo, para mostrar los testimonios de todas las valientes que se abren paso en este mundo especialmente masculinizado.
Oficialmente, el Ministerio ya ha hecho públicos los nombres de sus galardonadas en la edición de los Premios a la Innovación de las Mujeres Rurales, que se entregarán el 18 de octubre.
El premio honorífico "Extraordinario de innovación a las mujeres rurales" ha sido para la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), Jerónima Bonafé.
En declaraciones a Efeagro explica que el 25 % de la base social de las cooperativas son mujeres y que es el momento de "reclamar los puestos que nos corresponden en nuestras empresas", que además darían lugar a contar con "cooperativas más fuertes".
Bonafé se muestra también esperanzada en que la propuesta de España de hacer una mención especial a las mujeres en el reto del relevo generacional en el campo encuentre más apoyos en otros países de la UE.
La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, reclama en este sentido una PAC que "implemente medidas para contribuir a reducir la brecha de género del medio rural y favorezca el relevo generacional femenino en las explotaciones agrarias y ganaderas".
Por su parte, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ha elegido como lema para este día "Las Mujeres Rurales deciden", toda una declaración de intenciones en una jornada para homenajear a los seis millones de mujeres que habitan en los pueblos y que reclaman "su protagonismo en las nuevas políticas de desarrollo rural".
En cuanto a las celebraciones, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) da hoy el pistoletazo de salida con un foro en Córdoba en el que reune a unas 400 mujeres; con el título "El papel de las mujeres productoras y del medio rural en la PAC", se busca conseguir la primera PAC con perspectiva de género en sus más de 55 años de historia.
El Área de la Mujer de COAG celebrará este día con el lema "es la hora de las mujeres" con el que quieren subrayar que "no es una moda" el trabajo que están haciendo en diferentes órganos estatales para llevar la perspectiva de género, explica su responsable, Inmaculada Idáñez.
Y apunta que tiene que ser el Gobierno el que lidere el "giro" que debe dar la PAC para incorporar a la mujer.
El 15 de octubre es un Día Internacional para poner el foco en las mujeres rurales de todo el mundo, un colectivo muy amplio, pues según datos de la FAO el 46 % de la población vive en zonas rurales y sólo el 20 % de los propietarios de la tierra son mujeres.
Es a ellas a quienes más afecta la pobreza y, por eso, en la Europa "desarrollada" alzan su voz para que los legisladores reconozcan sus dificultades para acceder a tierra, a los órganos de decisión y, en definitiva, para poder desarrollar una carrera profesional y una vida digna en los entornos rurales. 

 

 

Lucía Ruiz Simón- Efe

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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha calificado hoy como un "alivio temporal" el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ante el incremento de los costes en las explotaciones y la climatología adversa.
En un comunicado de prensa, la organización agraria ha dicho que es "acertado" el anuncio de la Consejería de Agricultura respecto al anticipo de la PAC y ha resaltado que esto se produce pocos días después de que UPA lo solicitara de manera formal.
En este sentido, ha recordado que la solicitud para el adelanto del pago de las ayudas directas tiene como objetivo "atenuar en lo posible" una serie de circunstancias que están condicionando el año agrícola y ganadero del sector, y ha celebrado que el Gobierno regional proceda al pago a partir del primer día hábil, el 16 de octubre, como ya sucediera el año pasado.
Además, la organización agraria ha indicado que la Administración tiene la posibilidad de realizar el anticipo del pago y así aliviar las economías de los agricultores de manera temporal, derivadas del incremento de determinados gastos en las explotaciones agroalimentarias y de algunas condiciones climatológicas adversas.
Por tanto, ha reiterado que el anticipo de las ayudas directas de la PAC puede suponer un "alivio temporal" de muchos agricultores y ganaderos, en concreto 90.000 profesionales del sector agroalimentario que percibirán cerca de 230 millones.
Un montante económico, ha precisado UPA, que será destinado por completo a la mejora y continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a potenciar la labor que desarrolla el sector en el mundo rural, generando empleo y potenciando las economías de las zonas rurales.

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En el caso del ovino la situación provocada por "la pésima aplicación de la PAC", -ha dicho el consejero-, vigente en España resulta especialmente sangrante, siendo la causa principal de la evolución regresiva del censo ovino en Aragón, que en los últimos 20 años se ha reducido a la mitad, perdiendo más de 1,5 millones de cabezas.

"Resulta obvio que la posibilidad de percibir ayudas por un ganado que se tuvo pero que ya no se tiene, que es la consecuencia práctica de los derechos históricos, incentiva la reducción del censo, sobre todo, en una actividad que sufre ese fallo de mercado que no es creíble que nadie sea capaz de resolver, al menos en un horizonte razonable", ha lamentado el consejero.

Unos hechos que se han visto agravados por la aplicación del "pago básico" de la PAC a través de superficies de pasto afectadas por un controvertido Coeficiente de Admisibilidad de Pasto (CAP), que provoca problemas "irresolubles" porque no se pensó para apoyar a los ganaderos sino para mantener el statu quo en la percepción de las ayudas, de una "ayuda asociada" que, aunque se paga por cabeza, resulta completamente insuficiente y de una pretendida compensación a través de unas medidas.

En este sentido, el consejero ha recordado que es preciso concienciarse de que el problema más grave que sufre el sector ovino es la insuficiencia de renta de sus ganaderos y que eso no puede resolverse sin un sistema de apoyo directo a la renta que, para que sea justo y eficaz, debe concentrar las ayudas en quienes tienen cuidando su ganado cuidan también otras muchas cosas. "Esto no se logrará dejando la PAC como esta, que es lo que pasará si se mantienen unos derechos históricos que es preciso eliminar", ha recalcado.

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