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El “Reglamento Ómnibus” aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, reconoce a los árboles y arbustos como productores de alimento para los animales, no pudiéndose restar admisibilidad en las hectáreas incluidas en la PAC.

Desde las distintas asociaciones y organizaciones sectoriales se va a solicitar al Gobierno de España que se aplique la corrección del CAP correspondiente a la parte del territorio nacional afectada, fundamentalmente en aquellas zonas de dehesa y sierra.

Después de varios años de intenso trabajo y reivindicaciones por parte de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, así como por distintas organizaciones del sector agroganadero y forestal que han trabajado intensamente en ello, por fin en el “Reglamento Ómnibus” aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, se reconocen a los árboles y arbustos como productores de alimento para los animales, no pudiéndose restar admisibilidad en las hectáreas que son objeto de subvención en la Política Agraria Comunitaria (PAC), según lo dispuesto en el Real Decreto 27/2018, de 26 de enero.

En los años 2012 y 2013, las entidades y organizaciones del sector al conocer los borradores de la reforma de la PAC alertaron de ello, puesto que dichos documentos indicaban que para mantener el máximo de hectáreas nacionales admisibles habría que reducir de alguna forma, y con la disculpa de las sanciones por declaraciones de pastos irreales, una reducción de hectáreas aplicando el sistema técnico “Lidar”, que restaba aquellos elementos que recogían los reglamentos europeos como eran peñas, roquedales, pendiente y matorral impenetrable. Pero como dicho sistema no discriminaba a los árboles y arbustos de más de 40 cm de altura, se comprobó que estos también eran objeto de eliminación, considerando que debajo de la copa de los árboles no existía hierba, y sin tener en cuenta que además muchos de ellos producen bellotas y ramo que sirve de alimento esencial para la ganadería. Todo ello suponía una penalización al árbol, elemento fundamental en todas las políticas medioambientales y que debía ser objeto de ayuda al propietario para su mantenimiento y no por el contrario de penalización, perjudicando claramente a las superficies de dehesa y arboladas de sierra, y por ende a la ganadería extensiva, tratándose ésta de un sistema de producción generadora de beneficios medioambientales incuantificables. Para corregir dicho despropósito desde el conjunto de asociaciones y organizaciones se han mantenido continuas reuniones con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Comunidades Autónomas insistiendo en la incoherencia e injusticia de restar hectáreas admisibles por el hecho de ser superficies arboladas o arbustivas, reivindicándose los derechos de los productores y ganaderos, a los cuales se les aconsejó que realizaran alegaciones al SIGPAC. 

El Parlamento Europeo y el Consejo en el reciente “Reglamento Ómnibus” han establecido que no pueden restarse los árboles y arbustos, y el Gobierno de España así lo ha tenido que recoger en el reciente Real Decreto 27/2018, reconociendo esas hectáreas admisibles a los ganaderos que realizaron alegaciones al SIGPAC. Aunque esta normativa reciente indica que los árboles y arbustos no restan admisibilidad y debe considerarse toda la superficie como pastos permanentes, lo cierto es que previsiblemente desde la administración estatal no se va a elaborar una nueva capa en el SIGPAC fijando un nuevo CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), pero la administración si tendrá que admitir que el productor que reclame revisión del CAP, mediante alegaciones al SIGPAC, será atendido en su declaración de la PAC del presente año 2018.

El “Reglamento Ómnibus” establece un plazo límite hasta el 31 de marzo de 2018 para que los Estados Miembros notifiquen a la Comisión cualquier decisión sobre esta cuestión, esperando que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente adopte una decisión adecuada, ya que de lo contrario habrá que continuar trabajando en la reivindicación y reclamación de esas hectáreas injustamente restadas en la admisibilidad, por un CAP incorrecto, que debe corregirse para la aplicación de la PAC en los próximos años. Desde las distintas asociaciones y entidades se va continuar insistiendo y  solicitando al Gobierno de España, que se aplique la corrección del CAP correspondiente a la parte del territorio nacional que proceda según los criterios actuales, sin restar árboles y arbustos, fundamentalmente en aquellas zonas de dehesa y sierra con el objetivo de corregir los derechos de PAC  y reconocer la superficie a los productores y ganaderos afectados.

La Alianza UPA-COAG ha urgido a la Junta de Castilla y León que realice los pagos acoplados de ovino y caprino pendientes de la PAC de 2017 después de que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) haya comunicado el importe unitario provisional de estas ayudas.

Se trata de ayudas solicitadas con la PAC de 2017, hace aproximadamente un año, y que van acopladas a la producción y, por tanto, en su mayoría corresponden a profesionales a título principal, cuya percepción es clave por su contribución a la rentabilidad de las explotaciones, ha informado esta organización agraria en un comunicado.

En el caso del ovino, el FEGA ha aceptado un total de 5.991 solicitudes en Castilla y León, que se corresponden con 2.351.952 animales, resultando un importe de ayuda de 11,5 euros por animal. El importe global en la comunidad autónoma asciende a 27,11 millones de euros (siendo su 90% unos 24 millones de euros).
En el caso del caprino el FEGA ha aceptado un total de 817 solicitudes en nuestra comunidad autónoma, que se corresponden con 85.255 animales, resultando un importe de ayuda de 8,4 euros por animal en zonas de montaña y de 6,7 en el resto de zonas.

El importe global en Castilla y León asciende a 0,67 millones de euros (siendo su 90% unos 0,60 millones de euros).
Ha recordado que 2017 ha sido "extremadamente complicado" para los agricultores y ganaderos profesionales y a título principal como consecuencia de las adversidades climáticas padecidas, con cifras oficialmente reconocidas por la Administración que sobrepasan en todas las comarcas el 30 % de pérdidas de producción.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes unitarios provisionales para las ayudas asociadas a las explotaciones de ovino y de caprino, por lo que se podrán comenzar a pagar los primeros anticipos por parte de las comunidades autónomas, con un máximo del 90% del total de las ayudas.

Ayudas asociadas al ovino

El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y Región Insular.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en región Peninsular, se establece un importe unitario provisional de 11,526447 euros por animal.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en región España

Insular, el importe es de 20,021131 euros por animal.

Con ellos, se podrá realizar un primer pago de la ayuda asociada correspondiente, que no podrá superar el 90% del total a pagar. Antes del 30 de abril, las comunidades autónomas realizarán un segundo envío al FEGA de las solicitudes aceptadas para el pago con la que calcularán los importes unitarios definitivos.

Ayudas asociadas al caprino

El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de caprino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: Zonas de Montaña junto con la región Insular, y el resto del territorio nacional.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de caprino en región Peninsular (resto del territorio nacional), se establece un importe unitario provisional de 6,718708 euros por animal.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de caprino en la región España Insular y Zonas de Montaña, el importe es de 8,425761 euros por animal.

Con ellos, se podrá realizar un primer pago de la ayuda asociada correspondiente, que no podrá superar el 90% del total a pagar. Con los datos comunicados por las comunidades autónomas a partir del 30 de abril, se tendrán los importes definitivos.

 

Este martes inicia el ingreso de 53,7 millones de euros que beneficiarán a 59.245 agricultores y ganaderos e incluye los expedientes con incidencias

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León comienza a pagar más de 90 millones de euros para liquidar los pagos correspondientes a las superficies declaradas en la Política Agrícola Común (PAC) y finalizar, de esta manera, todos los pagos en el mes de marzo con las ayudas asociadas al sector ovino y caprino y la liquidación de los sectores de vacuno de leche y de cebo.

De este modo, este martes se empiezan a abonar 53,7 millones de euros en ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña de solicitud de 2017 que beneficiarán a 59.245 agricultores  y ganaderos del régimen general, a los que se liquidan los porcentajes del 5 % del pago básico, del pago por el componente verde y del pago asociado a jóvenes, así como del 10% de las ayudas asociadas a los cultivos proteicos, remolacha y legumbres de calidad. Cabe recordar que los agricultores del régimen simplificado de pequeños agricultores recibieron la totalidad de la ayuda en el mes de diciembre de 2017.

En esta cuantía se incluye, además, el importe asignado a 510 expedientes de jóvenes agricultores y aquellos que han iniciado la actividad agraria y que han recibido derechos procedentes de la reserva nacional en la primera asignación efectuada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). En este sentido, Castilla y León es de nuevo, en el conjunto de España, la Comunidad que más expedientes de solicitud de derechos ha tramitado, representado en torno al 21 % del total nacional, y más importe ha recibido con un total que supera los 2,4 millones de euros, esto es, el 25 % del total asignado.

Este alto porcentaje, en el que Comunidad autónoma vuelve a alzarse como la que más cuantía recibe en este concepto, es fruto del compromiso del Gobierno de Herrera en el desarrollo de una política activa que favorece el rejuvenecimiento del sector y, de forma especial, los programas de incorporación de jóvenes que se llevan a cabo en Castilla y León.

Con los nuevos pagos, la Junta de Castilla y León habrá abonado al sector, en el mes de marzo, una cifra cercana a 900 millones de euros, lo que supone un adelanto de tres meses al periodo estipulado para finalizar los pagos y que está fijado en el próximo 30 de junio. No obstante, la Comunidad autónoma siempre mantiene en sus objetivos transferir al sector los ingresos de las ayudas directas en el menor plazo posible, ejemplo de ello son los pagos anticipados en el mes de octubre, lo que permite a Castilla y León liderar en España la ejecución de pagos de la PAC 2017, con una ejecución actual de más 10 puntos porcentuales respecto a la media de España.

Ayudas asociadas al ovino y caprino y otros sectores ganaderos

Además, a finales del mes de marzo está previsto el pago de las ayudas asociadas al sector ovino y caprino por un importe cercano a los 30 millones de euros, una vez fije el FEGA los importes unitarios correspondientes por oveja y cabra.

Del mismo modo, y cuando el Fondo Español de Garantía Agraria establezca los importes definitivos de los diferentes pagos asociados a otros sectores ganaderos como el vacuno de leche, vaca nodriza y vacuno de cebo correspondientes a 2017, la Junta de Castilla y León efectuará las liquidaciones que resulten de los porcentajes del 10 % restante que en estos momentos está pendiente de liquidar.

 

Las cooperativas han defendido ante la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, una Política Agraria Común (PAC) post 2020 bien dotada presupuestariamente y rechazan cualquier "renacionalización" que rompa con las reglas del mercado único.
Así lo ha destacado a el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, tras la reunión que ha mantenido ayer el Consejo Rector de esta organización con García Tejerina, para abordar diversos asuntos de actualidad.
Las cooperativas han apuntando, en este encuentro, que una reducción del presupuesto de la futura PAC supondría para España una posible merma de entre 900 y 1.800 millones anuales -teniendo en cuenta algunos escenarios restrictivos que se barajan-, sin contar con la rebaja prevista para las políticas de cohesión.
Para Villafranca, la PAC necesita de un presupuesto suficiente para cumplir con sus cometidos y no debe tolerarse que "se vayan quitando porciones" del cheque agrícola para sufragar las políticas de defensa, de respuesta a los refugiados e inmigración u otros capítulos, que también son necesarios, pero con fondos propios.
En este contexto, ha abogado por que el régimen de pago único (ayudas directas) siga siendo "una columna vertebral" en el diseño de la futura PAC, pero que sirvan "para que haya producción" y que ésta, además de sostenible medioambientalmente, sea competitiva.
Villafranca se ha mostrado preocupado por que la aplicación de la futura PAC pueda depender de la que haga cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea -la temida "renacionalización"-, y que derive en medidas específicas diferentes para los productos en los distintos países que puedan afectar a la competitividad y a la unidad de mercado comunitario.
Ha apuntado que en España, por ejemplo, las competencias en agricultura están transferidas a las comunidades autónomas y no sería positivo que en cada una de ellas las ayudas se destinen a unos sectores frente a otros, con la consiguiente distorsión del mercado y el abandono de la "PAC única".
En su opinión, la futura PAC debe incluir instrumentos públicos de gestión de mercados para prevenir crisis como las que han afectado en el pasado a leche o a las frutas y hortalizas, y también privados, permitiendo realizar intervenciones a los sectores por sí mismos, a través de las organizaciones de productores o de las interprofesionales.
En materia hídrica, el Consejo Rector ha pedido que "el agua debe ser de todos y para todos" y confían en que pueda materializarse cuanto antes el pacto de Estado entre Gobierno y autonomías, al tiempo que reclama más apoyos para innovación y regadíos.
Sobre el plan estratégico para la fruta dulce que elabora el Mapama con el sector, Villafranca entiende que "es el momento de actuar para responder a un problema que es estructural" y urge la creación de una interprofesional para "ponerse a trabajar" y, entre otras actuaciones, realizar campañas de promoción del consumo.

 

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, rechazó ayer en Bruselas que se produzcan recortes a la Política Agrícola Común (PAC) en su reforma a partir de 2020, una negociación que no será "sencilla", afirmó, y que España "ya ha empezado".
España insistió ayer en Bruselas, durante el Consejo de ministros del ramo, en "defender una PAC con un presupuesto adecuado" que permita "seguir llevando desarrollo al medio rural", afirmó la representante del Gobierno, que admitió que la "situación es extremadamente compleja".
Tejerina recordó que "la salida del Reino Unido conlleva la pérdida de fondos importantes para las políticas europeas" pero aseguró que defenderá "un presupuesto importante para los agricultores para dar estabilidad a esta actividad tan importante para el conjunto de España".
El comisario europeo de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, calificó la reunión como "muy positiva" y consideró que los países "entienden mejor qué pretende hacer la CE y hay un amplio apoyo a la orientación" planteada por el Ejecutivo comunitario en una primera comunicación, presentada en noviembre.
Además, Hogan destacó que los ministros se muestran de acuerdo en impulsar "más sinergias" entre la PAC y otras políticas europeas, como las de cohesión, una idea que defendió la titular española, quien consideró que las futuras inversiones destinadas al mundo rural "no deben recaer solo en la PAC" sino también en otros fondos y programas financieros de la UE.
Por su parte, el ministro de agricultura búlgaro, Rumen Porodzanov, dijo en representación de la presidencia del Consejo que los ministros acordaron simplificar los pagos directos y "llegar a los agricultores activos" y defendió que el nuevo sistema sea "más flexible".
"Un solución para todos no es una solución óptima. Los Estados miembros deben poder elegir cuáles son las mejores soluciones en función de sus circunstancias", continuó.
Los ministros debatieron sobre el futuro diseño de los pagos de la futura PAC así como el papel que puede desarrollar el sector para conseguir los objetivos climáticos europeos, aunque la propuesta no se fijará hasta que esté sobre la mesa el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF), en mayo.
Tejerina indicó que defenderá "especialmente a las regiones que tienen un nivel de renta menor, porque esa es la filosofía de los fondos estructurales".
"Pero pedimos garantías. Creo que es absolutamente vital mantener una PAC común porque sobre esta base, en gran medida la UE ha construido su mercado único", dijo, e insistió en que sin políticas comunes "es mucho mas fácil que haya distorsiones del mercado".
Durante el debate público sobre el futuro de la PAC, defendió la necesidad de que se reorienten los pagos directos (las ayudas en la renta a los agricultores) para enfocarlos en aquellas explotaciones que realizan una "verdadera actividad agraria".
"En España, gracias a la última reforma de la PAC, el número de beneficiarios se ha reducido en un 19 % desde 2013. Nos gustaría poder seguir avanzando para centrar los pagos en quienes de verdad ejercen actividad agraria", manifestó.
La ministra destacó la importancia de los pagos acoplados como herramienta de apoyo a "sectores que están en riesgo de desaparecer" y dijo que su diseño debe ser simplificado.
También aseguró que España incidirá en objetivos medioambientales "ambiciosos" en línea con los compromisos de París aunque alertó de que se deben ofrecer "medios e incentivos" para que los agricultores puedan adaptarse al nuevo modelo sin poner en riesgo su actividad.
Además, advirtió de que los objetivos medioambientales de la nueva PAC, un tema también abordado en la reunión, deben tener un "enfoque simplificado" para los pequeños agricultores con el objetivo de contribuir a la economía rural.

 

La Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid (Ugama) ha denunciado el retraso de la Comunidad de Madrid en resolver cerca de 2.000 solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del año 2017.
En un comunicado, la organización precisa que, de las aproximadamente 3.500 solicitudes presentadas, solo unas 3.500 han recibido algún pago de la PAC.
El montante global de estas ayudas asciende a 28,5 millones de euros, de los que a fecha de hoy solo se han abonado 20,5 millones, de manera que los agricultores y ganadores madrileños no han podido disponer de 8 millones de euros para afrontar los gastos para la siembra, el abonado o la compra de piensos.
Ugama considera "inaceptable" que los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid estén recibiendo ahora notificaciones de posibles incidencias en sus expedientes de las ayudas de la PAC de 2017, un año después de presentar su solicitud y cuando en las demás autonomías la mayoría de los pagos están realizados desde hace meses.
La organización explica que no se ejecuta el pago de expedientes "por falta de medios humanos", lo que, a su juicio, supone "una falta de previsión y dejadez del Gobierno regional nunca visto en el sector y que está causando un grave perjuicio a muchos profesionales".
La entidad subraya que 2017 ha sido un año marcado por una sequía severa que está generando situaciones dramáticas de liquidez en las explotaciones madrileñas, además de desigualdad y pérdida de competitividad frente a explotaciones ubicadas en otras comunidades como la vecina Castilla y León, donde ya han cobrado el 95 por ciento de las ayudas comunitarias al sector agropecuario.
A esta situación se suma la existencia de unos setecientos expedientes pendientes de 2016 y los setenta aproximadamente de 2015 que tampoco se han resuelto.
El presidente de Ugama, Alfredo Berrocal, señala que resulta muy difícil explicar al sector agrario que estos problemas se derivan de "la falta de previsión del Ejecutivo madrileño, que no cubre las plazas vacantes por jubilación".
Berrocal explica que la falta de medios humanos lleva a que los recursos europeos no lleguen a los profesionales del sector o incluso que se pierdan como ha ocurrido con el último Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad.
La organización solicita agilidad y medios para resolver esta situación de inmediato y anuncia que no va a resignarse hasta que cobren los afectados.

 

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró hoy que España "vigilará" que la reforma de la nueva Política Agrícola Común (PAC) "en ningún caso distorsione ni rompa" el mercado único europeo y pidió "garantías" para mantener que esta política sea "común".
"España pedirá y vigilará que todas las reformas que la nueva PAC en ningún caso distorsionen el mercado ni rompan nuestro mercado único", afirmó Tejerina en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de ministros de Agricultura que se celebra hoy en Bruselas.
La ministra defendió que el Gobierno ya ha empezado las negociaciones para la reforma de la PAC a partir de 2020, cuya primera propuesta se fijará una vez planeado el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF), en mayo, "antes incluso de que empiecen en el ámbito comunitario".
"Ya tenemos un grupo de trabajo interministerial y de la misma manera que nosotros pondremos nuestra experiencia en la defensa de la agricultura y la ganadería, trabajaremos para el desarrollo conjunto de la economía del país", agregó.
La ministra subrayó que defenderá "especialmente a las regiones que tienen un nivel de renta menor, porque esa es la filosofía de los fondos estructurales".
"Pero pedimos garantías. Creo que es absolutamente vital mantener una PAC común porque sobre esta base, en gran medida la UE ha construido su mercado único", dijo, e insistió en que sin políticas comunes "es mucho mas fácil que haya distorsiones del mercado".
La representante del Gobierno remarcó que su prioridad es "defender una PAC con un presupuesto adecuado que nos permita seguir llevando desarrollo al medio rural" aunque admitió que la "situación es extremadamente compleja".
Tejerina recordó que "la salida del Reino Unido conlleva pérdida de fondos importantes para las políticas europeas" pero aseguró que defenderá "un presupuesto importante para los agricultores para dar estabilidad a esta actividad tan importante para el conjunto de España".
"Somos conscientes de que la situación de negociación no es precisamente sencilla. Tampoco lo era en 2013", dijo.
En concreto, la ministra defendió la necesidad de centrar la negociación en los pagos directos, "el eje de la PAC", que dan "estabilidad a la renta" así como los pagos acoplados que "permiten atender situaciones que necesitan un apoyo especifico para mantener su competitividad".
También mencionó la importancia de hacer "más sencillas y eficientes" las medidas para defender el medio ambiente establecidas en la última reforma.
El secretario general de Agricultura y sus homólogos de Francia, Italia y Portugal han decidido elaborar una propuesta con los "puntos comunes" de cara a la reforma de la PAC, para defenderlos ante la Comisión Europea (CE) y el Consejo de Ministros del ramo de la UE, en marzo. 

 

La Comisión Europea (CE) presentó ayer una comunicación con su propuesta para el marco financiero plurianual para la Unión Europea (UE) post 2020 que prevé tres opciones para el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC): mantener su cuantía, reducirla un 15 % o recortarla hasta un 30 %.
En el documento, de 22 páginas, la Comisión argumenta que el presupuesto de la PAC, que aún representa junto al gasto para cohesión el 70 % del total comunitario, ha bajado paulatinamente desde 1988 y lanza la pregunta de "qué nivel de ambición para una política agrícola eficiente" quiere la UE a partir de 2020.
Defiende una nueva PAC "modernizada" que propicie "un sector agrícola plenamente sostenible" y "zonas rurales dinámicas", con "mayor ambición medioambiental y climática" y que garantice "el acceso a alimentos seguros".
Su primera alternativa para la PAC post 2020 es mantener el mismo nivel de gasto que en el periodo 2014/20 (unos 400.000 millones de euros, el 37 % del actual marco plurianual de la UE), pero con una "mejor selección de beneficiarios" que pondría más el foco en las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias.
Su segunda opción es reducir un 30 % el presupuesto -unos 120.000 millones de euros, el 11 % del actual marco de la UE- lo que, a su juicio, "podría provocar una caída del ingreso agrícola promedio de más del 10 % en varios Estados miembros y una reducción de ingresos potencialmente más pronunciada en sectores específicos.
Como tercer escenario apunta la bajada del 15 % del apoyo a la PAC -unos 60.000 millones menos, el 5,5 % del marco financiero plurianual actual-, lo que se traduciría en "una reducción más limitada de los ingresos agrícolas promedio, pero podría tener un impacto notable en ciertos sectores dependiendo de las elecciones realizadas".
"Estos escenarios no se pueden ver de forma aislada", precisa la CE antes de insistir en que "cualquier reducción en los pagos directos debería ir acompañada de una mejor focalización del presupuesto restante, por ejemplo, mediante un mayor enfoque en las granjas pequeñas y medianas y una mejor coordinación con las medidas de desarrollo rural".
Recuerda que la PAC financia actualmente medidas de mercado, pagos directos a los agricultores y programas de desarrollo rural con el fin de promover una agricultura sostenible y economías rurales viables.
Califica como "objetivos clave" la creación de nuevas cadenas de valor, como la energía limpia y la bioenergía, y la ayuda a las zonas rurales para beneficiarse de su valor paisajístico.
Confirma que "se están llevando a cabo discusiones sobre cómo hacer el mejor uso de los pagos directos" -de los que a día de hoy "el 80 % se destinan al 20 % de los agricultores"- y sobre las "formas de reducir las diferencias de apoyo agrícola entre los Estados Miembros".
Defiende que los cambios en el sistema de pagos directos se dirijan a la producción agrícola sostenida en regiones menos rentables o montañosas, explotaciones pequeñas y medianas, inversiones en sistemas de producción sostenibles y de eficiencia de recursos y una mejor coordinación con medidas de desarrollo rural.
El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, advirtió ayer en Bruselas a los gobiernos de los Estados miembros que deben aportar más del actual 1 % que dedican de su PIB a las cuentas comunitarias para poder encarar a partir de 2020 los retos futuros y la ausencia de la aportación británica.
"El 1 % del PIB no será suficiente para cerrar el círculo. Con un 1 % habrá que tomar difíciles decisiones entre agricultura, política de cohesión, etc.", dijo Oettinger, que trasladó su demanda a los líderes para discusión en la próxima cumbre informal del 23 de febrero, en la que estará sobre la mesa la comunicación de la CE.

 

Las OPAS de Castilla y León, Asaja, UPA-COAG y UCCL apuntaron ayer a las negociaciones de las nuevas condiciones de la futura Política Agrícola Común (PAC) de 2020 como principal reto tras conocer los resultados del proceso electoral, que no ha estado exento de críticas.
Con casi el 96% ciento de los votos escrutados en esa consulta de evaluación de la representatividad de las OPAS en la Comunidad, que ha ganado Asaja con un 42,31 por ciento de los sufragios, los tres principales representes de las organizaciones han valorado la participación, que ha sido del 64,85 por ciento, aunque también han manifestado sus críticas al proceso electoral.
El primero en comparecer ha sido el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, quien ha manifestado su alegría por la victoria de su organización en estos comicios, al haber obtenido el 42,3 por ciento de los votos, unas cifras "muy sabias" que evidencian que Asaja está "unida y fuerte" en Castilla y León y "legitimada" gracias a los más de 10.500 votos de agricultores y ganaderos que ha obtenido hoy.
Asimismo, Dujo también ha manifestado que con estos datos, Asaja se convierte en la única organización agraria profesional con representación en las nueve provincias, un resultado que también ha servido para "callar aquellas bocas" que "han intentado difamar" a la organización.
Finalmente, el presidente ha asegurado que a partir de hoy mismo Asaja seguirá manteniendo "como hasta ahora", su carácter "reivindicativo", tanto en las labores de negociación como en la "lucha en la calle", especialmente ante los retos que se plantea el sector para los próximos años, como "la sequía" y la negociación de las condiciones de la nueva PAC del 2020.
La segunda de OPA con mayor representatividad ha sido la Alianza UPA-COAG, con un 30%, y su portavoz Aurelio Pérez se ha mostrado más comedido en cuanto a la valoración de los resultados pues, aunque la participación ha sido "alta", se ha producido "importantes desequilibrios" entre algunas provincias como entre Salamanca y Valladolid, con diferencias de "más de 15 puntos", ha lamentado.
También el representante de UPA-COAG ha sido el que más ha criticado la situación de "desigualdad" de la que partían las tres organizaciones, donde "una de ellas", en referencia a Asaja, ha "destinado muchos recursos" a este proceso, un dinero que "ha aparecido a última hora" y que no ha permitido concurrir en "igualdad de condiciones".
Por este motivo, Pérez ha explicado que con estos resultados la representatividad es "prácticamente la misma", algo que ha valorado de manera positiva debido a que ha sido "la campaña más económica" que ha desarrollado su organización en estas consultas a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Finalmente, el representante de UPA-COAG también ha criticado con dureza el censo que se utiliza en este tipo de consultas, ya que en él también están presentes y por lo tanto, pueden votar, agricultores y ganaderos que "no viven en Castilla y León", al mismo tiempo que las personas jurídicas "gozan de una influencia determinante" en los comicios, algo también "injusto" bajo su punto de vista.
Por último, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que ha obtenido el 25,9 por ciento de los votos, José Manuel González Palacín, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con los resultados conocidos, pues reflejan el aumento de un punto porcentual de su organización y constatan el "afianzamiento" de la UCCL en cuatro provincias de la Comunidad.
Sin embargo, González Palacín sí que ha confesado que su organización "esperaba más" de estas consultas que, a pesar de que "se puede y se debe mejorar algunas cosas", son "esenciales" para el futuro de los profesionales del sector en Castilla y León, pues "dan fuerza" a las organizaciones para "seguir peleando" por un sector "vital" para el futuro de la Comunidad.
Es por ello que el coordinador regional ha apostillado que a partir de aquí "la vida sigue" y hay que centrarse en los "verdaderos problemas" de los agricultores y ganaderos, como los precios del ovino de leche, la postura del Gobierno Central y del ministerio ante la nueva PAC o el "blindaje" del gasto en los Presupuestos Autonómicos en Agricultura y Ganadería, ha sentenciado.
La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, que ha detallado los datos del proceso electoral en rueda de prensa junto a las organizaciones agrarias, ha dicho que desde mañana mismo comienzan a trabajar con este reparto, que "es el mismo que hasta ahora".
El miércoles, ha anunciado, se reunirá la mesa del Consejo Regional Agrario con el censo definitivo y se pedirán los representantes a nivel provincial y regional para convocarlo de inmediato.

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