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La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, rechazó ayer en Bruselas que se produzcan recortes a la Política Agrícola Común (PAC) en su reforma a partir de 2020, una negociación que no será "sencilla", afirmó, y que España "ya ha empezado".
España insistió ayer en Bruselas, durante el Consejo de ministros del ramo, en "defender una PAC con un presupuesto adecuado" que permita "seguir llevando desarrollo al medio rural", afirmó la representante del Gobierno, que admitió que la "situación es extremadamente compleja".
Tejerina recordó que "la salida del Reino Unido conlleva la pérdida de fondos importantes para las políticas europeas" pero aseguró que defenderá "un presupuesto importante para los agricultores para dar estabilidad a esta actividad tan importante para el conjunto de España".
El comisario europeo de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, calificó la reunión como "muy positiva" y consideró que los países "entienden mejor qué pretende hacer la CE y hay un amplio apoyo a la orientación" planteada por el Ejecutivo comunitario en una primera comunicación, presentada en noviembre.
Además, Hogan destacó que los ministros se muestran de acuerdo en impulsar "más sinergias" entre la PAC y otras políticas europeas, como las de cohesión, una idea que defendió la titular española, quien consideró que las futuras inversiones destinadas al mundo rural "no deben recaer solo en la PAC" sino también en otros fondos y programas financieros de la UE.
Por su parte, el ministro de agricultura búlgaro, Rumen Porodzanov, dijo en representación de la presidencia del Consejo que los ministros acordaron simplificar los pagos directos y "llegar a los agricultores activos" y defendió que el nuevo sistema sea "más flexible".
"Un solución para todos no es una solución óptima. Los Estados miembros deben poder elegir cuáles son las mejores soluciones en función de sus circunstancias", continuó.
Los ministros debatieron sobre el futuro diseño de los pagos de la futura PAC así como el papel que puede desarrollar el sector para conseguir los objetivos climáticos europeos, aunque la propuesta no se fijará hasta que esté sobre la mesa el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF), en mayo.
Tejerina indicó que defenderá "especialmente a las regiones que tienen un nivel de renta menor, porque esa es la filosofía de los fondos estructurales".
"Pero pedimos garantías. Creo que es absolutamente vital mantener una PAC común porque sobre esta base, en gran medida la UE ha construido su mercado único", dijo, e insistió en que sin políticas comunes "es mucho mas fácil que haya distorsiones del mercado".
Durante el debate público sobre el futuro de la PAC, defendió la necesidad de que se reorienten los pagos directos (las ayudas en la renta a los agricultores) para enfocarlos en aquellas explotaciones que realizan una "verdadera actividad agraria".
"En España, gracias a la última reforma de la PAC, el número de beneficiarios se ha reducido en un 19 % desde 2013. Nos gustaría poder seguir avanzando para centrar los pagos en quienes de verdad ejercen actividad agraria", manifestó.
La ministra destacó la importancia de los pagos acoplados como herramienta de apoyo a "sectores que están en riesgo de desaparecer" y dijo que su diseño debe ser simplificado.
También aseguró que España incidirá en objetivos medioambientales "ambiciosos" en línea con los compromisos de París aunque alertó de que se deben ofrecer "medios e incentivos" para que los agricultores puedan adaptarse al nuevo modelo sin poner en riesgo su actividad.
Además, advirtió de que los objetivos medioambientales de la nueva PAC, un tema también abordado en la reunión, deben tener un "enfoque simplificado" para los pequeños agricultores con el objetivo de contribuir a la economía rural.

 

La Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid (Ugama) ha denunciado el retraso de la Comunidad de Madrid en resolver cerca de 2.000 solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del año 2017.
En un comunicado, la organización precisa que, de las aproximadamente 3.500 solicitudes presentadas, solo unas 3.500 han recibido algún pago de la PAC.
El montante global de estas ayudas asciende a 28,5 millones de euros, de los que a fecha de hoy solo se han abonado 20,5 millones, de manera que los agricultores y ganadores madrileños no han podido disponer de 8 millones de euros para afrontar los gastos para la siembra, el abonado o la compra de piensos.
Ugama considera "inaceptable" que los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid estén recibiendo ahora notificaciones de posibles incidencias en sus expedientes de las ayudas de la PAC de 2017, un año después de presentar su solicitud y cuando en las demás autonomías la mayoría de los pagos están realizados desde hace meses.
La organización explica que no se ejecuta el pago de expedientes "por falta de medios humanos", lo que, a su juicio, supone "una falta de previsión y dejadez del Gobierno regional nunca visto en el sector y que está causando un grave perjuicio a muchos profesionales".
La entidad subraya que 2017 ha sido un año marcado por una sequía severa que está generando situaciones dramáticas de liquidez en las explotaciones madrileñas, además de desigualdad y pérdida de competitividad frente a explotaciones ubicadas en otras comunidades como la vecina Castilla y León, donde ya han cobrado el 95 por ciento de las ayudas comunitarias al sector agropecuario.
A esta situación se suma la existencia de unos setecientos expedientes pendientes de 2016 y los setenta aproximadamente de 2015 que tampoco se han resuelto.
El presidente de Ugama, Alfredo Berrocal, señala que resulta muy difícil explicar al sector agrario que estos problemas se derivan de "la falta de previsión del Ejecutivo madrileño, que no cubre las plazas vacantes por jubilación".
Berrocal explica que la falta de medios humanos lleva a que los recursos europeos no lleguen a los profesionales del sector o incluso que se pierdan como ha ocurrido con el último Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad.
La organización solicita agilidad y medios para resolver esta situación de inmediato y anuncia que no va a resignarse hasta que cobren los afectados.

 

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró hoy que España "vigilará" que la reforma de la nueva Política Agrícola Común (PAC) "en ningún caso distorsione ni rompa" el mercado único europeo y pidió "garantías" para mantener que esta política sea "común".
"España pedirá y vigilará que todas las reformas que la nueva PAC en ningún caso distorsionen el mercado ni rompan nuestro mercado único", afirmó Tejerina en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de ministros de Agricultura que se celebra hoy en Bruselas.
La ministra defendió que el Gobierno ya ha empezado las negociaciones para la reforma de la PAC a partir de 2020, cuya primera propuesta se fijará una vez planeado el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF), en mayo, "antes incluso de que empiecen en el ámbito comunitario".
"Ya tenemos un grupo de trabajo interministerial y de la misma manera que nosotros pondremos nuestra experiencia en la defensa de la agricultura y la ganadería, trabajaremos para el desarrollo conjunto de la economía del país", agregó.
La ministra subrayó que defenderá "especialmente a las regiones que tienen un nivel de renta menor, porque esa es la filosofía de los fondos estructurales".
"Pero pedimos garantías. Creo que es absolutamente vital mantener una PAC común porque sobre esta base, en gran medida la UE ha construido su mercado único", dijo, e insistió en que sin políticas comunes "es mucho mas fácil que haya distorsiones del mercado".
La representante del Gobierno remarcó que su prioridad es "defender una PAC con un presupuesto adecuado que nos permita seguir llevando desarrollo al medio rural" aunque admitió que la "situación es extremadamente compleja".
Tejerina recordó que "la salida del Reino Unido conlleva pérdida de fondos importantes para las políticas europeas" pero aseguró que defenderá "un presupuesto importante para los agricultores para dar estabilidad a esta actividad tan importante para el conjunto de España".
"Somos conscientes de que la situación de negociación no es precisamente sencilla. Tampoco lo era en 2013", dijo.
En concreto, la ministra defendió la necesidad de centrar la negociación en los pagos directos, "el eje de la PAC", que dan "estabilidad a la renta" así como los pagos acoplados que "permiten atender situaciones que necesitan un apoyo especifico para mantener su competitividad".
También mencionó la importancia de hacer "más sencillas y eficientes" las medidas para defender el medio ambiente establecidas en la última reforma.
El secretario general de Agricultura y sus homólogos de Francia, Italia y Portugal han decidido elaborar una propuesta con los "puntos comunes" de cara a la reforma de la PAC, para defenderlos ante la Comisión Europea (CE) y el Consejo de Ministros del ramo de la UE, en marzo. 

 

La Comisión Europea (CE) presentó ayer una comunicación con su propuesta para el marco financiero plurianual para la Unión Europea (UE) post 2020 que prevé tres opciones para el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC): mantener su cuantía, reducirla un 15 % o recortarla hasta un 30 %.
En el documento, de 22 páginas, la Comisión argumenta que el presupuesto de la PAC, que aún representa junto al gasto para cohesión el 70 % del total comunitario, ha bajado paulatinamente desde 1988 y lanza la pregunta de "qué nivel de ambición para una política agrícola eficiente" quiere la UE a partir de 2020.
Defiende una nueva PAC "modernizada" que propicie "un sector agrícola plenamente sostenible" y "zonas rurales dinámicas", con "mayor ambición medioambiental y climática" y que garantice "el acceso a alimentos seguros".
Su primera alternativa para la PAC post 2020 es mantener el mismo nivel de gasto que en el periodo 2014/20 (unos 400.000 millones de euros, el 37 % del actual marco plurianual de la UE), pero con una "mejor selección de beneficiarios" que pondría más el foco en las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias.
Su segunda opción es reducir un 30 % el presupuesto -unos 120.000 millones de euros, el 11 % del actual marco de la UE- lo que, a su juicio, "podría provocar una caída del ingreso agrícola promedio de más del 10 % en varios Estados miembros y una reducción de ingresos potencialmente más pronunciada en sectores específicos.
Como tercer escenario apunta la bajada del 15 % del apoyo a la PAC -unos 60.000 millones menos, el 5,5 % del marco financiero plurianual actual-, lo que se traduciría en "una reducción más limitada de los ingresos agrícolas promedio, pero podría tener un impacto notable en ciertos sectores dependiendo de las elecciones realizadas".
"Estos escenarios no se pueden ver de forma aislada", precisa la CE antes de insistir en que "cualquier reducción en los pagos directos debería ir acompañada de una mejor focalización del presupuesto restante, por ejemplo, mediante un mayor enfoque en las granjas pequeñas y medianas y una mejor coordinación con las medidas de desarrollo rural".
Recuerda que la PAC financia actualmente medidas de mercado, pagos directos a los agricultores y programas de desarrollo rural con el fin de promover una agricultura sostenible y economías rurales viables.
Califica como "objetivos clave" la creación de nuevas cadenas de valor, como la energía limpia y la bioenergía, y la ayuda a las zonas rurales para beneficiarse de su valor paisajístico.
Confirma que "se están llevando a cabo discusiones sobre cómo hacer el mejor uso de los pagos directos" -de los que a día de hoy "el 80 % se destinan al 20 % de los agricultores"- y sobre las "formas de reducir las diferencias de apoyo agrícola entre los Estados Miembros".
Defiende que los cambios en el sistema de pagos directos se dirijan a la producción agrícola sostenida en regiones menos rentables o montañosas, explotaciones pequeñas y medianas, inversiones en sistemas de producción sostenibles y de eficiencia de recursos y una mejor coordinación con medidas de desarrollo rural.
El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, advirtió ayer en Bruselas a los gobiernos de los Estados miembros que deben aportar más del actual 1 % que dedican de su PIB a las cuentas comunitarias para poder encarar a partir de 2020 los retos futuros y la ausencia de la aportación británica.
"El 1 % del PIB no será suficiente para cerrar el círculo. Con un 1 % habrá que tomar difíciles decisiones entre agricultura, política de cohesión, etc.", dijo Oettinger, que trasladó su demanda a los líderes para discusión en la próxima cumbre informal del 23 de febrero, en la que estará sobre la mesa la comunicación de la CE.

 

Las OPAS de Castilla y León, Asaja, UPA-COAG y UCCL apuntaron ayer a las negociaciones de las nuevas condiciones de la futura Política Agrícola Común (PAC) de 2020 como principal reto tras conocer los resultados del proceso electoral, que no ha estado exento de críticas.
Con casi el 96% ciento de los votos escrutados en esa consulta de evaluación de la representatividad de las OPAS en la Comunidad, que ha ganado Asaja con un 42,31 por ciento de los sufragios, los tres principales representes de las organizaciones han valorado la participación, que ha sido del 64,85 por ciento, aunque también han manifestado sus críticas al proceso electoral.
El primero en comparecer ha sido el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, quien ha manifestado su alegría por la victoria de su organización en estos comicios, al haber obtenido el 42,3 por ciento de los votos, unas cifras "muy sabias" que evidencian que Asaja está "unida y fuerte" en Castilla y León y "legitimada" gracias a los más de 10.500 votos de agricultores y ganaderos que ha obtenido hoy.
Asimismo, Dujo también ha manifestado que con estos datos, Asaja se convierte en la única organización agraria profesional con representación en las nueve provincias, un resultado que también ha servido para "callar aquellas bocas" que "han intentado difamar" a la organización.
Finalmente, el presidente ha asegurado que a partir de hoy mismo Asaja seguirá manteniendo "como hasta ahora", su carácter "reivindicativo", tanto en las labores de negociación como en la "lucha en la calle", especialmente ante los retos que se plantea el sector para los próximos años, como "la sequía" y la negociación de las condiciones de la nueva PAC del 2020.
La segunda de OPA con mayor representatividad ha sido la Alianza UPA-COAG, con un 30%, y su portavoz Aurelio Pérez se ha mostrado más comedido en cuanto a la valoración de los resultados pues, aunque la participación ha sido "alta", se ha producido "importantes desequilibrios" entre algunas provincias como entre Salamanca y Valladolid, con diferencias de "más de 15 puntos", ha lamentado.
También el representante de UPA-COAG ha sido el que más ha criticado la situación de "desigualdad" de la que partían las tres organizaciones, donde "una de ellas", en referencia a Asaja, ha "destinado muchos recursos" a este proceso, un dinero que "ha aparecido a última hora" y que no ha permitido concurrir en "igualdad de condiciones".
Por este motivo, Pérez ha explicado que con estos resultados la representatividad es "prácticamente la misma", algo que ha valorado de manera positiva debido a que ha sido "la campaña más económica" que ha desarrollado su organización en estas consultas a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Finalmente, el representante de UPA-COAG también ha criticado con dureza el censo que se utiliza en este tipo de consultas, ya que en él también están presentes y por lo tanto, pueden votar, agricultores y ganaderos que "no viven en Castilla y León", al mismo tiempo que las personas jurídicas "gozan de una influencia determinante" en los comicios, algo también "injusto" bajo su punto de vista.
Por último, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que ha obtenido el 25,9 por ciento de los votos, José Manuel González Palacín, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con los resultados conocidos, pues reflejan el aumento de un punto porcentual de su organización y constatan el "afianzamiento" de la UCCL en cuatro provincias de la Comunidad.
Sin embargo, González Palacín sí que ha confesado que su organización "esperaba más" de estas consultas que, a pesar de que "se puede y se debe mejorar algunas cosas", son "esenciales" para el futuro de los profesionales del sector en Castilla y León, pues "dan fuerza" a las organizaciones para "seguir peleando" por un sector "vital" para el futuro de la Comunidad.
Es por ello que el coordinador regional ha apostillado que a partir de aquí "la vida sigue" y hay que centrarse en los "verdaderos problemas" de los agricultores y ganaderos, como los precios del ovino de leche, la postura del Gobierno Central y del ministerio ante la nueva PAC o el "blindaje" del gasto en los Presupuestos Autonómicos en Agricultura y Ganadería, ha sentenciado.
La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, que ha detallado los datos del proceso electoral en rueda de prensa junto a las organizaciones agrarias, ha dicho que desde mañana mismo comienzan a trabajar con este reparto, que "es el mismo que hasta ahora".
El miércoles, ha anunciado, se reunirá la mesa del Consejo Regional Agrario con el censo definitivo y se pedirán los representantes a nivel provincial y regional para convocarlo de inmediato.

 

El comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, garantiza que la Política Agraria Común (PAC) no se va a desmontar, pero avanza que los fondos de cohesión y los agrícolas sufrirán recortes, de entre el 5 y el 10 %, a partir de 2021, con el nuevo marco financiero de la UE.
En una entrevista con el dominical alemán "Welt am Sonntag", Oettinger se dirige a sus compatriotas agricultores y ganaderos  para advertirles de que tendrán a ajustarse a los recortes financieros.
Según sus cifras, la Comisión Europea planea reducir los fondos de cohesión y los fondos para la agricultura y ganadería en el próximo presupuesto plurianual entre un 5 y un 10 %.
Entre las propuestas para efectuar esos recortes se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que los pagos directos por hectárea sean decrecientes, es decir, que en el futuro, los agricultores, a partir de una cierta superficie, recibirían menos apoyo financiero por hectárea, según apunta.
Está previsto que la Comisión Europea (CE) presente su primera propuesta para el presupuesto plurianual entre 2021 y 2017 el próximo mes de mayo.
La Comisión ya ha advertido de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea obligará a hacer recortes en casi todas las partidas del presupuesto comunitario, así como a aumentar las contribuciones de los Estados miembros a partir de 2020. 

 

Los responsables políticos deberían acometer "cambios fundamentales" en la actual Política Agraria Común (PAC) y orientarla hacia un modelo de pagos agrarios basado en resultados agroecológicos, según el informe de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (Ifoam-UE).
Ifoam-UE señala que una nueva PAC alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y centrada en recompensar resultados tangibles, ambientales y sociales de la producción agraria ayudaría a mantener a los productores en activo, un medio rural vivo y combatiría el cambio climático.
Sería, a su juicio, un modelo de "pago emblemático" que compensaría el esfuerzo de los productores para mitigar y adaptarse al cambio climático, pero también el realizado por ofrecer otros bienes públicos relacionados con la biodiversidad, la calidad del suelo y del agua, el capital social y la viabilidad del campo.
El estudio "Producción ecológica, mitigación del cambio climático y más", traducido al castellano por Ecovalia, habla de la necesidad de abordar un enfoque sistémico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas a la producción y consumo de alimentos en la Unión Europea (UE).
Para la entidad, hay que ayudar al sector agrario a adaptarse al cambio climático, sin poner en peligro la seguridad en el abastecimiento de alimentos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Reconoce que "es invevitable" que la producción agroalimentaria tenga efectos sobre el medio ambiente, pero considera que la "producción agraria ecológica puede reducir esos efectos en comparación con la convencional".
Un aumento lineal de la presencia de la producción eco en la superficie agraria de la Unión Europea (UE), del 6 % en 2016 al 50 % en 2030, reduciría las emisiones acumuladas de GEI de la producción agraria durante ese periodo en un 7,5-8,5 %, mediante el aumento del secuestro de carbono en el suelo (-5,5 %) y la reducción de la proporción de fertilizantes nitrogenados aplicados (entre -2 y -3%).
Según sus datos, conduciría a una reducción de las emisiones vinculadas a la producción de fertilizantes minerales, equivalente al 4-5 % de las emisiones relacionadas con la agricultura.
Además, apunta que un mayor uso de los pastos europeos y la reducción de la dependencia de materias primas importadas reducirían significativamente las emisiones vinculadas a la producción de piensos y al cambio del uso de la tierra, en los países donde se producen dicho alimentos animal.
Sin embargo, estos beneficios podrían producirse a costa de la reducción de rendimientos agrarios, que se necesitara más superficie para producir la misma cantidad, por lo que una mayor producción eco y de ganadería basada en pastos debería ir de la mano de cambios en los patrones de consumo, con una evolución hacia dietas basadas en proteína vegetal y una reducción en el desperdicio de alimentos.
Insiste el informe en la incorporación de "fondos públicos para bienes públicos" requeriría que "cambios fundamentales en la actual PAC con la introducción de un modelo de pago emblemático para estimular los servicios ambientales y socioeconómicos prestados a nivel de explotación.

 

La nueva definición de pasto permanente que contempla el nuevo texto de los pagos directos de la PAC para el año 2018, amplia el espectro de los pastos, considerando como elegibles los pastos arbustivos y arbolados típicos del área mediterránea. Hasta ahora solo se consideraban elegibles si dichos pastos tenían más de un 50% de su superficie cubierta con especies herbáceas o si formaban parte de las denominadas “prácticas tradicionales locales”.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pide a la administración competente que de oficio incluya esta modificación en la definición de pastos para que tenga un efecto práctico y se amplíe la superficie considerada como admisible en los pastos de Castilla y León.

Esta organización agraria recogió con satisfacción la decisión de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de incluir los pastos arbolados y arbustivos dentro de pastos permanentes, pero solo si ello tiene efecto práctico y no se queda en papel mojado. Ahora es turno de las Administraciones competentes llevarlo a la práctica, apunta UCCL.

Del mismo modo UCCL recomienda a los ayuntamientos que disponga de pastos propios o comunales que estén alerta y hagan la solicitud para que se revisen la superficie de pastos y se corrija el CAP, para que los ganaderos dispongan de los pastos donde siempre han estado pastando sus vacas para justificar sus derechos.

En el año 2015, el primer año de aplicación de la PAC, la superficie admisible de pastos en Castilla y León se redujo considerablemente llegando la reducción enalgunas zonas a más del 70% y encontrando los ganaderos grandes dificultades para poder justificarlos derechos con la superficie pastable.

En  la actualidad siguen existiendo muchos pastos en Castilla y León que no se consideran como superficie admisible pero donde nuestros animales no solo pastan, sino que además se alimentan de los frutos suponiendo un alimento extra para el ganado, además de tratarse de un práctica ganadera beneficiosa para el medio ambiente, ayudando a prevenir los incendios forestales y a conservar la biodiversidad de la zona, entre otra serie de beneficios medioambientales.

 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2018-2019 con un importe global de más de 513 millones de euros.
La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha detallado que dentro de este presupuesto global se incluyen partidas de 12,9 millones para la producción integrada, 4,8 millones para la agricultura ecológica, 1,5 millones para tabaco, 16 millones para compensatorias para zonas de montaña y 1,2 millones para apicultura.
Ha recordado que en esta nueva convocatoria entra en vigor la modificación, que incluye una mayor superficie de pastos en la dehesa extremeña y corrige el perjuicio que se ocasionaba a la región, que además era sancionada.
En este sentido, ha señalado que la posición defendida por el grupo socialista en el Parlamento europeo, se reconoce el derecho de los estados miembro a considerar pastos permanentes a las superficies en las que predominan arboles y arbustos, con lo que se pone en valor la dehesa extremeña.
Para Gil Rosiña, hay que tener en cuenta que la región cuenta con un 1.600.000 hectáreas de dehesa, donde pastan más de 2,7 millones de animales.
Otra novedad es que se refuerzan la ayudas a los jóvenes agricultores para favorecer a renovación generacional en el campo y se autoriza que puedan duplicarlas, pasando del 25 al 50 por ciento, y se flexibilizan las condiciones para percibir el llamado pago verde.
Gil Rosiña ha puesto de manifiesto que en 2017 Extremadura fue una de las primeras CCAA en pagar por adelantado estas ayudas de la PAC.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado, dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, un decreto que modifica la regulación de las ayudas a la repoblación en explotaciones de bovino, caprino y ovino que hayan sido objeto de vaciado sanitario por cualquier enfermedad animal.
Esta modificación se deriva de la hecha por el Ministerio de Agricultura e implica que los beneficiarios podrán realizar esa repoblación en una finca distinta a la de vaciado sanitario del que sean también titulares.
Además, la ayuda que era de hasta el 75 por ciento pasa al 85 por ciento, y la convocatoria se hará "en el menor tiempo posible", según Rosiña, contará con un presupuesto de 300.000 euros y con una ayuda máxima de 40.000 euros.
También se ha aprobado un convenio entre esta consejería y la Universidad de Extremadura para hacer un proyecto de investigación sobre la epidemiología de la tuberculosis y la brucelosis en ganado extremeño durante los años 2018 y 2019, con un presupuesto de 120.000 euros. 

 

La Comunidad de Castilla y León ha anticipado 790 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a 69.000 agricultores y ganaderos, lo que representa setenta millones de euros más que el pasado año, han informado fuentes de la Consejería de este área.
La Consejería precisó el sábado que se han pagado además las ayudas agroambientales, de agricultura ecológica e indemnización en zonas de montaña en el mismo año de solicitud 2017.
Las condiciones climáticas adversas vividas en el campo, especialmente la sequía, fueron la causa de que la Unión Europea (UE) autorizase a más de diez Estados miembros la anticipación del pago de ayudas de la PAC, entre ellos España.
Debido a estas circunstancias excepcionales, la UE autorizó adelantar hasta el setenta por ciento de las ayudas, frente al cincuenta por ciento previsto en el reglamento.
En diciembre de 2017, la Consejería de Agricultura y Ganadería ya había transferido a la cuenta de los 69.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad casi el 98 por ciento de las ayudas correspondientes tanto por superficies, que comprende el pago básico, verde, a jóvenes, a oleaginosas, proteaginosas, a la remolacha azucarera y a pequeños agricultores, como las ayudas vinculadas con el sector ganadero.
En este apartado, la excepción fue el vacuno de cebo y del ovino caprino, que se abonarán el próximo febrero, ya que el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) no permite los anticipos en estos dos casos por que se necesitan datos relacionados con el número de animales sacrificados en todo el año y la cantidad de leche de oveja o cabra producida.
De esta forma, Castilla y León se convierte en la "única" Comunidad autónoma que ha pagado todas las líneas posibles con un nivel tan alto de ejecución, once puntos porcentuales más que la media de España, han detallado dichas fuentes en un comunicado.
Será el primer trimestre de 2018 cuando se efectúen los pagos relativos a las ayudas asociadas al vacuno de cebo por un importe calculado en nueve millones de euros y al ovino caprino, cuya cuantía representa más de treinta millones de euros.
Antes de que acabe el primer semestre del próximo año, se ejecutarán las liquidaciones que resulten de los porcentajes hasta ahora retenidos del cinco por ciento del pago básico, pago verde y de las ayudas directas a jóvenes, así como el diez por ciento de las diferentes ayudas asociadas a los sectores agrícolas y ganaderos.
Por primera vez, la Consejería ha ejecutado en el mismo año de solicitud los pagos de las medidas el Programa de Desarrollo Rural (PDR) correspondientes al agroambiente, la agricultura ecológica y las indemnizaciones compensatorias a zonas de montaña.

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