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El comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, garantiza que la Política Agraria Común (PAC) no se va a desmontar, pero avanza que los fondos de cohesión y los agrícolas sufrirán recortes, de entre el 5 y el 10 %, a partir de 2021, con el nuevo marco financiero de la UE.
En una entrevista con el dominical alemán "Welt am Sonntag", Oettinger se dirige a sus compatriotas agricultores y ganaderos  para advertirles de que tendrán a ajustarse a los recortes financieros.
Según sus cifras, la Comisión Europea planea reducir los fondos de cohesión y los fondos para la agricultura y ganadería en el próximo presupuesto plurianual entre un 5 y un 10 %.
Entre las propuestas para efectuar esos recortes se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que los pagos directos por hectárea sean decrecientes, es decir, que en el futuro, los agricultores, a partir de una cierta superficie, recibirían menos apoyo financiero por hectárea, según apunta.
Está previsto que la Comisión Europea (CE) presente su primera propuesta para el presupuesto plurianual entre 2021 y 2017 el próximo mes de mayo.
La Comisión ya ha advertido de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea obligará a hacer recortes en casi todas las partidas del presupuesto comunitario, así como a aumentar las contribuciones de los Estados miembros a partir de 2020. 

 

Los responsables políticos deberían acometer "cambios fundamentales" en la actual Política Agraria Común (PAC) y orientarla hacia un modelo de pagos agrarios basado en resultados agroecológicos, según el informe de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (Ifoam-UE).
Ifoam-UE señala que una nueva PAC alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y centrada en recompensar resultados tangibles, ambientales y sociales de la producción agraria ayudaría a mantener a los productores en activo, un medio rural vivo y combatiría el cambio climático.
Sería, a su juicio, un modelo de "pago emblemático" que compensaría el esfuerzo de los productores para mitigar y adaptarse al cambio climático, pero también el realizado por ofrecer otros bienes públicos relacionados con la biodiversidad, la calidad del suelo y del agua, el capital social y la viabilidad del campo.
El estudio "Producción ecológica, mitigación del cambio climático y más", traducido al castellano por Ecovalia, habla de la necesidad de abordar un enfoque sistémico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas a la producción y consumo de alimentos en la Unión Europea (UE).
Para la entidad, hay que ayudar al sector agrario a adaptarse al cambio climático, sin poner en peligro la seguridad en el abastecimiento de alimentos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Reconoce que "es invevitable" que la producción agroalimentaria tenga efectos sobre el medio ambiente, pero considera que la "producción agraria ecológica puede reducir esos efectos en comparación con la convencional".
Un aumento lineal de la presencia de la producción eco en la superficie agraria de la Unión Europea (UE), del 6 % en 2016 al 50 % en 2030, reduciría las emisiones acumuladas de GEI de la producción agraria durante ese periodo en un 7,5-8,5 %, mediante el aumento del secuestro de carbono en el suelo (-5,5 %) y la reducción de la proporción de fertilizantes nitrogenados aplicados (entre -2 y -3%).
Según sus datos, conduciría a una reducción de las emisiones vinculadas a la producción de fertilizantes minerales, equivalente al 4-5 % de las emisiones relacionadas con la agricultura.
Además, apunta que un mayor uso de los pastos europeos y la reducción de la dependencia de materias primas importadas reducirían significativamente las emisiones vinculadas a la producción de piensos y al cambio del uso de la tierra, en los países donde se producen dicho alimentos animal.
Sin embargo, estos beneficios podrían producirse a costa de la reducción de rendimientos agrarios, que se necesitara más superficie para producir la misma cantidad, por lo que una mayor producción eco y de ganadería basada en pastos debería ir de la mano de cambios en los patrones de consumo, con una evolución hacia dietas basadas en proteína vegetal y una reducción en el desperdicio de alimentos.
Insiste el informe en la incorporación de "fondos públicos para bienes públicos" requeriría que "cambios fundamentales en la actual PAC con la introducción de un modelo de pago emblemático para estimular los servicios ambientales y socioeconómicos prestados a nivel de explotación.

 

La nueva definición de pasto permanente que contempla el nuevo texto de los pagos directos de la PAC para el año 2018, amplia el espectro de los pastos, considerando como elegibles los pastos arbustivos y arbolados típicos del área mediterránea. Hasta ahora solo se consideraban elegibles si dichos pastos tenían más de un 50% de su superficie cubierta con especies herbáceas o si formaban parte de las denominadas “prácticas tradicionales locales”.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pide a la administración competente que de oficio incluya esta modificación en la definición de pastos para que tenga un efecto práctico y se amplíe la superficie considerada como admisible en los pastos de Castilla y León.

Esta organización agraria recogió con satisfacción la decisión de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de incluir los pastos arbolados y arbustivos dentro de pastos permanentes, pero solo si ello tiene efecto práctico y no se queda en papel mojado. Ahora es turno de las Administraciones competentes llevarlo a la práctica, apunta UCCL.

Del mismo modo UCCL recomienda a los ayuntamientos que disponga de pastos propios o comunales que estén alerta y hagan la solicitud para que se revisen la superficie de pastos y se corrija el CAP, para que los ganaderos dispongan de los pastos donde siempre han estado pastando sus vacas para justificar sus derechos.

En el año 2015, el primer año de aplicación de la PAC, la superficie admisible de pastos en Castilla y León se redujo considerablemente llegando la reducción enalgunas zonas a más del 70% y encontrando los ganaderos grandes dificultades para poder justificarlos derechos con la superficie pastable.

En  la actualidad siguen existiendo muchos pastos en Castilla y León que no se consideran como superficie admisible pero donde nuestros animales no solo pastan, sino que además se alimentan de los frutos suponiendo un alimento extra para el ganado, además de tratarse de un práctica ganadera beneficiosa para el medio ambiente, ayudando a prevenir los incendios forestales y a conservar la biodiversidad de la zona, entre otra serie de beneficios medioambientales.

 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2018-2019 con un importe global de más de 513 millones de euros.
La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha detallado que dentro de este presupuesto global se incluyen partidas de 12,9 millones para la producción integrada, 4,8 millones para la agricultura ecológica, 1,5 millones para tabaco, 16 millones para compensatorias para zonas de montaña y 1,2 millones para apicultura.
Ha recordado que en esta nueva convocatoria entra en vigor la modificación, que incluye una mayor superficie de pastos en la dehesa extremeña y corrige el perjuicio que se ocasionaba a la región, que además era sancionada.
En este sentido, ha señalado que la posición defendida por el grupo socialista en el Parlamento europeo, se reconoce el derecho de los estados miembro a considerar pastos permanentes a las superficies en las que predominan arboles y arbustos, con lo que se pone en valor la dehesa extremeña.
Para Gil Rosiña, hay que tener en cuenta que la región cuenta con un 1.600.000 hectáreas de dehesa, donde pastan más de 2,7 millones de animales.
Otra novedad es que se refuerzan la ayudas a los jóvenes agricultores para favorecer a renovación generacional en el campo y se autoriza que puedan duplicarlas, pasando del 25 al 50 por ciento, y se flexibilizan las condiciones para percibir el llamado pago verde.
Gil Rosiña ha puesto de manifiesto que en 2017 Extremadura fue una de las primeras CCAA en pagar por adelantado estas ayudas de la PAC.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado, dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, un decreto que modifica la regulación de las ayudas a la repoblación en explotaciones de bovino, caprino y ovino que hayan sido objeto de vaciado sanitario por cualquier enfermedad animal.
Esta modificación se deriva de la hecha por el Ministerio de Agricultura e implica que los beneficiarios podrán realizar esa repoblación en una finca distinta a la de vaciado sanitario del que sean también titulares.
Además, la ayuda que era de hasta el 75 por ciento pasa al 85 por ciento, y la convocatoria se hará "en el menor tiempo posible", según Rosiña, contará con un presupuesto de 300.000 euros y con una ayuda máxima de 40.000 euros.
También se ha aprobado un convenio entre esta consejería y la Universidad de Extremadura para hacer un proyecto de investigación sobre la epidemiología de la tuberculosis y la brucelosis en ganado extremeño durante los años 2018 y 2019, con un presupuesto de 120.000 euros. 

 

La Comunidad de Castilla y León ha anticipado 790 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a 69.000 agricultores y ganaderos, lo que representa setenta millones de euros más que el pasado año, han informado fuentes de la Consejería de este área.
La Consejería precisó el sábado que se han pagado además las ayudas agroambientales, de agricultura ecológica e indemnización en zonas de montaña en el mismo año de solicitud 2017.
Las condiciones climáticas adversas vividas en el campo, especialmente la sequía, fueron la causa de que la Unión Europea (UE) autorizase a más de diez Estados miembros la anticipación del pago de ayudas de la PAC, entre ellos España.
Debido a estas circunstancias excepcionales, la UE autorizó adelantar hasta el setenta por ciento de las ayudas, frente al cincuenta por ciento previsto en el reglamento.
En diciembre de 2017, la Consejería de Agricultura y Ganadería ya había transferido a la cuenta de los 69.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad casi el 98 por ciento de las ayudas correspondientes tanto por superficies, que comprende el pago básico, verde, a jóvenes, a oleaginosas, proteaginosas, a la remolacha azucarera y a pequeños agricultores, como las ayudas vinculadas con el sector ganadero.
En este apartado, la excepción fue el vacuno de cebo y del ovino caprino, que se abonarán el próximo febrero, ya que el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) no permite los anticipos en estos dos casos por que se necesitan datos relacionados con el número de animales sacrificados en todo el año y la cantidad de leche de oveja o cabra producida.
De esta forma, Castilla y León se convierte en la "única" Comunidad autónoma que ha pagado todas las líneas posibles con un nivel tan alto de ejecución, once puntos porcentuales más que la media de España, han detallado dichas fuentes en un comunicado.
Será el primer trimestre de 2018 cuando se efectúen los pagos relativos a las ayudas asociadas al vacuno de cebo por un importe calculado en nueve millones de euros y al ovino caprino, cuya cuantía representa más de treinta millones de euros.
Antes de que acabe el primer semestre del próximo año, se ejecutarán las liquidaciones que resulten de los porcentajes hasta ahora retenidos del cinco por ciento del pago básico, pago verde y de las ayudas directas a jóvenes, así como el diez por ciento de las diferentes ayudas asociadas a los sectores agrícolas y ganaderos.
Por primera vez, la Consejería ha ejecutado en el mismo año de solicitud los pagos de las medidas el Programa de Desarrollo Rural (PDR) correspondientes al agroambiente, la agricultura ecológica y las indemnizaciones compensatorias a zonas de montaña.

 

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado este domingo la puesta en marcha de nuevas medidas para los agricultores y ganaderos de la región, con la convocatoria este año de una ayuda específica para las zonas de montaña, dotada con 25 millones.
Así se lo ha trasladado Martínez Arroyo a un grupo de agricultores y ganaderos de la organización profesional agraria COAG en La Solana, con los que se reunió el sábado coincidiendo con la festividad de San Antón, con los que trató la necesidad de acceso al agua, "asunto prioritario para los cultivos de La Mancha" y las novedades incluidas en la convocatoria de ayudas a la Política Agraria Común (PAC) cuyo plazo de solicitud se abre en febrero.
En este sentido, Martínez Arroyo ha asegurado que la Consejería "tiene toda la maquinaria preparada, a la espera de la publicación de un Real Decreto por parte del Ministerio de Agricultura, para sacar la convocatoria cuanto antes en Castilla-La Mancha".
A través de la solicitud única, el consejero ha destacado la puesta en marcha de nuevas medidas para los agricultores y ganaderos de la región, "se va a convocar este año una ayuda específica para las zonas con limitaciones naturales, zonas de montaña, dotada con 25 millones de euros".
Además, para los ganaderos, "también se va a convocar una ayuda específica de 10 millones de euros, para el bienestar de los animales, dirigida a los ganaderos de extensivo de ovino y caprino, que son los que mantienen nuestro territorio, nuestro paisaje y la vida en nuestros pueblos", ha dicho Martínez Arroyo.
Por otra parte, Martínez Arroyo ha aprovechado su encuentro para pedir a la organización profesional agraria que se sume a la Comisión de la Sequía impulsada por el Gobierno, dado que "el agua es fundamental para la agricultura y esto aquí lo saben bien los regantes en el Alto Guadiana".
El consejero ha ido más allá, al afirmar que "es absolutamente necesario resolver la situación de los expedientes de las explotaciones prioritarias, regularizar esos pozos y permitir, sobre todo, que los jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura puedan hacerlo sabiendo que van a tener acceso al agua".
Por ello, el titular regional de Agricultura ha confiado en que COAG esté en ese foro del agua en defensa de los intereses de la región.

 

 

Además de su producción agrícola, el sector ovino proporciona bienes públicos importantes. De esta forma, destaca el papel de la cría de ovejas en términos de proporcionar alimentos asequibles de alta calidad, así como el importante papel socioeconómico en las zonas rurales en lo que respecta al empleo y las actividades económicas. Así, la propia Unión Europea reconoce que estos aspectos no son completamente remunerados por el mercado. Además, el análisis económico muestra que cada euro de apoyo directo para el sector ovino respalda 2,70 euros de producción y 1,72 euros de ingreso familiar. Por lo tanto, en futuras reformas de la política agrícola, el Foro de Carne de Ovino de la UE señala que los pagos directos deben mantenerse completamente ya que son un componente crítico de los ingresos de los ganaderos ovinos. Además, considera que la opción de apoyo voluntario acoplado dirigido a ovejas debe mantenerse y fortalecerse.

Por otra parte, desde la propia UE se es conscientes de las diferencias considerables entre los Estados miembros de la UE en lo que respecta a la elegibilidad de pastos extensivos para pagos directos. El Foro recomienda que la Comisión y los Estados miembros trabajen juntos y apliquen discrecionalidad administrativa al permitir a los Estados miembros designar áreas en las que el pastoreo extensivo tradicional de ovejas es una práctica establecida para seguir siendo elegibles para los pagos directos.

Por otra parte, también se afirma que las medidas de desarrollo rural deben estar más directamente dirigidas a la ganadería activa de ovino, especialmente en las áreas de transferencia de conocimientos y asesoramiento, asistencia social y ayuda para la concesión de inversiones de capital.

 

 

La Comisión Europea ha presentado en Bruselas la comunicación ‘El futuro de los alimentos y de la agricultura’. En la misma, se analiza el actual contexto en el que se ubican el sector agro-ganadero y el medio rural de la Unión Europea. Así, se ponen los pilares de la PAC desde el año 2020, que debe asegurar la transición hacia una agricultura más sostenible y resiliente, capaz de adaptarse a los cambios, y a su vez, adoptar normas más sencillas y un enfoque más flexible para prestar un verdadero apoyo a agricultores y ganaderos, como destaca el último número de la revista Consorcio Manchego.

De esta forma, se plantean una serie de objetivos

1. Fomentar la innovación y la investigación como base del progreso. El desarrollo tecnológico y la digitalización permiten un uso más eficiente de los recursos, reduciendo costes y reduciendo el impacto de las actividades agro-ganaderas en el medio ambiente.

2. Promover un sector agro-ganadero resiliente e inteligente. Para mantener la actividad agraria es necesario que agricultores y ganaderos obtengan una renta comparable a otros sectores de la economía. Para saldar esa brecha entre los ingresos agrícolas y dichas rentas, los pagos directos han de ajustarse a las distintas realidades de las explotaciones, fomentándose una distribución más equilibrada de la ayuda.

3. Intensificar el cuidado del medio ambiente y del clima. La actual ‘arquitectura verde’ será sustituida y todas las operaciones (condicionalidad, prácticas beneficiosas y medidas voluntarias) se integrarán en un enfoque más específico, ambicioso y flexible, que permitirá a cada país diseñar una combinación de medidas obligatorias y voluntarias para cumplir los objetivos en materia medioambiental y climática, formulando planes estratégicos a escala local.

4. Fortalecer el tejido socio-económico en áreas rurales, a través de dos líneas, el desarrollo del medio rural y crecimiento del empleo y la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos.

5. Abordar las preocupaciones de los ciudadanos sobre producción sostenible. La nueva PAC debe seguir respondiendo a las expectativas sociales en lo que respecta a la seguridad alimentaria, calidad de los alimentos y las normas en materia de bienestar de los animales y de medio ambiente.

El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) publica hoy un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que introduce modificaciones técnicas en varias normas anteriores relativas al desarrollo rural y jóvenes agricultores, pagos directos, cadena alimentaria o salud animal y vegetal, entre otras.
Se trata del Reglamento UE 2017/2393 de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
También el 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común; y el 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda.
E introduce cambios en los reglamentos 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios; y en el 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal. 

 

Para ver el texto completo del reglamento pinche el siguiente enlace

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2017:350:TOC

 

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, dijo hoy que corresponderá a los estados determinar el impacto que tendrá en la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2020-2027 la pérdida de las contribuciones del Reino Unido por el "brexit".
Hogan, que participó en París en una reunión organizada por Francia para preparar el diseño de la PAC a partir de 2020, subrayó en conferencia de prensa que serán los países miembros los que deben decidir si quieren o no contribuir más para suplir el descenso de fondos por el fin de la aportación británica.
Añadió que serán ellos los que determinarán mediante la negociación a qué partidas dan prioridad.
En cualquier caso, reconoció que el "brexit" va a tener "un gran impacto", dado que restará a las arcas europeas entre 12.000 y 14.000 millones de euros.
El comisario precisó que los agricultores y ganaderos británicos seguirán recibiendo las ayudas de la PAC mientras Londres abone su contribución, y que contempla "flexibilidad" sobre la fecha final, a la cuestión de si coincidirá exactamente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en marzo de 2019.
El ministro francés de Agricultura, Stéphane Travert, reconoció que el "brexit" supone "un contexto presupuestario incierto" que "pesará" sobre la PAC.
Pero Travert -cuyo país es el principal beneficiario de las ayudas agrícolas comunitarias- insistió en que "la PAC no podrá ser la variable de ajuste" del próximo periodo presupuestario, y eso aún admitiendo que hay también prioridades en materia inmigratoria o de defensa.
"Para Francia, la PAC es una política muy integrada con un excelente retorno para los agricultores y ganadeos. Por eso queremos mantener este nivel de exigencia", argumentó antes de precisar que sobre esa cuestión París tiene "una serie de aliados", que no nombró.
En este encuentro en París participaron, además de Hogan y Travert, los titulares de Agricultura de España, Isabel García Tejerina; Polonia, Krysztof Jurgiel; Austria, Andrä Rupprechter; Estonia, Tarmo Tamm; Holanda, Carola Schouten, e Irlanda, Michael Creed, y un secretario de Estado rumano.
El ministro francés señaló su país no aceptará en la negociación para el próximo periodo presupuestario de la PAC una posible nacionalización de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos.
"No queremos que haya cofinanciación", entre el presupuesto comunitario y el de los países miembros, subrayó antes de descartar incluso la posibilidad de que esa cuestión se plantee en la mesa de negociaciones.
"La cofinanciación del primer pilar (las ayudas directas) está totalmente excluida", remachó.
Preguntado por esa misma cuestión, Hogan confirmó que "no habrá una nacionalización de la PAC", y que se mantendrá una política común financiada por el presupuesto comunitario.
Recordó, además, que uno de los objetivos manifestados por la Comisión Europea en su comunicación del pasado 29 de noviembre sobre la futura PAC es una simplificación de los procedimientos que "son demasiado complejos", así como "imponer alguna condicionalidad en los pagos".

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