El sistema de cálculo para repartir las ayudas directas de la Unión Europea (UE) al campo ha abierto una polémica entre los grupos parlamentarios, que exteriorizaron ayer sus diferencias durante el debate del denominado ‘Punto 4’ que recogía una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular. La obligación de votar toda la PNL de forma agrupada -y no por partes- permitió que prosperara la moción, incluido el ‘punto 4’ (con una adición de CiU) que hacía referencia al sistema de cálculo de las ayudas agrícolas (6.851,9 millones de euros en 2010), con la paradoja de que buena parte de la Cámara se pronunció en contra.
En el resto de la PNL, casi total unanimidad de sus señorías en sus demandas al Ejecutivo: apoyo a una Política Agraria Común (PAC) fuerte, con mantenimiento de presupuesto y defensa de sus dos pilares (ayudas directas y al desarrollo rural), mecanismos frente a la volatilidad o reciprocidad en las importaciones, entre otros.
En la iniciativa original, el PP defiende mantener los pagos directos al campo en función de derechos consolidados en el pasado -aunque la UE ya ha advertido que cambiará el modelo actual- y rechaza un pago igualado que baraja la Comisión Europea en función de la superficie, una especie de ‘café para todos’ sin tener en cuenta las peculiaridades de cada sector.
Tras la enmienda de CiU, se añade en la PNL aprobada que el sistema de ayudas “no debe comportar competencia desleal” ni un tipo único para todas las hectáreas que no atienda las condiciones económicas y diversidad de las zonas productivas.
De los fondos comunitarios al campo dependerá la viabilidad de casi un millón de perceptores que reciben de media 6.300 euros por titular, el 24% de sus rentas, fondos que les aportan mayor seguridad y, en muchos casos, la supervivencia en un escenario de bajos precios en origen y de gran volatilidad.