Conservacionistas: el plan del lobo solo piensa en los cazadores y ganaderos

El Consejo del Lobo dio ayer el visto bueno al nuevo plan de gestión de la especie en Asturias, una vez que el texto ya ha sido debatido en la Junta General del Principado.
El documento se remitirá ahora al Consejo Consultivo, como trámite preceptivo antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, según informó ayer la Consejería de Agroganadería.
La directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez, que ha presidido esta tarde la reunión del órgano asesor, considera que el texto actual "no solo da cumplimiento a un compromiso electoral, sino que atiende una reclamación que emanaba de la sociedad y de la que se hicieron eco todos los partidos políticos con representación parlamentaria".
En este sentido, ha subrayado que el nuevo Plan de Gestión del Lobo, que sustituirá al aprobado en 2002, "es la herramienta necesaria para seguir cumpliendo con la obligación legal de mantener la población de esta especie en un estado de conservación favorable y compatibilizar este mandato, recogido en el anexo V de la Directiva Hábitats, con la garantía de desarrollo ganadero".
El plan permitirá contar con un censo real de la especie en cada zona de gestión y controlar su distribución en manadas e individuos flotantes, además de vigilar el comportamiento predatorio de cada grupo, con el propósito de dirigir de manera más eficaz los controles sobre los ejemplares que originan daños en el ganado.
Esta información se pondrá a disposición del comité consultivo y de la Guardería del Medio Natural para asegurar el máximo nivel de calidad en el ejercicio de las tareas que el propio plan les encomienda.
El texto establece que el Gobierno del Principado deberá desarrollar un reglamento de tramitación de los daños ocasionados por la fauna silvestre.
Además, en colaboración con los ayuntamientos, diseñará un programa de erradicación de los perros asilvestrados en el que se contemplará la indemnización de los perjuicios que ocasionan al sector ganadero.
La directora general ha explicado que el Ejecutivo autonómico continuará estableciendo mecanismos para agilizar la tramitación de las indemnizaciones por daños, de modo que el pago se realice en un período de 15 días cuando exista acuerdo entre la Administración y el damnificado o, en caso contrario, que el expediente se resuelva en un plazo máximo de 45 días.
En el caso del Parque Nacional de los Picos de Europa, se aplicará lo dispuesto en las normas de este espacio protegido.
El nuevo plan de gestión recoge que se realizarán controles de población del lobo allí donde su presencia comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, teniendo como objetivo el resultado de daños cero por ataques de esta especie.
Además, se promoverá el máximo consenso con los ayuntamientos y todos los sectores afectados -entre ellos, ganaderos y cazadores- para que las medidas que se lleven a cabo sean producto de un amplio debate y acuerdo entre las partes.
El documento también contempla la creación de una base de datos del lobo en Asturias, de libre acceso, que reúna toda la información vinculada a la especie e incluya registros de manadas de lobos censados, de la mortalidad no natural, de ataques a animales en explotaciones ganaderas y de indemnizaciones concedidas y denegadas, así como de avistamientos e indicios.
El Plan de Gestión del Lobo de Asturias se revisará de nuevo a los cinco años de su aprobación. Organizaciones conservacionistas han calificado hoy de "disparatado" la aprobación del nuevo Plan del Lobo que, a su juicio, es un "despropósito al no tener en cuenta las propuestas ambientales y no contar con consenso".
En un comunicado, Alberto Fernández Gil, vocal de las entidades conservacionistas en el Comité Consultivo del lobo en el Principado de Asturias, ha rechazado el visto bueno dado ayer por el Consejo del Lobo, presidido por la directora general de Recursos Naturales del Principado, Fina Álvarez.
El nuevo plan, una vez que el texto ya ha sido debatido en la Junta General del Principado, se remitirá ahora al Consejo Consultivo, como trámite preceptivo antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno.
Gil indica que todos los indicadores, ya sean sociales, como económicos señalan que los daños de la fauna salvaje y de los lobos en particular "no afectan a la viabilidad del sector ganadero en Asturias"
"Teniendo en cuenta, además, que el sector está fuertemente subsidiado con fondos públicos, consideramos que no se puede aseverar que un factor (el lobo) que afecta a menos del 1 % de la cabaña y a apenas al 5 % de las explotaciones sea un problema para el desarrollo de las explotaciones agrarias", subraya.
Por tanto, considera que el planteamiento, el diagnóstico, sus actuaciones y herramientas del presente borrador de plan han de ser "profundamente modificadas".
Gil señala que el desarrollo del Plan se basa en el pago a los daños y los controles de población que, en su opinión "son deficientes y están suponiendo de hecho un incremento de la conflictividad que se pretenden solventar".
Precisa que el sistema de pago por daños que se ha aplicado en los últimos 25 años es el mismo que se pretende en el nuevo plan y, según subraya, "se presta a conductas poco responsables en el manejo del ganado extensivo, e incluso en ocasiones, a la estafa y al fraude, como lo demuestran las actuales investigaciones en trámites judiciales".
Añade que "existen a su vez numerosos síntomas de que los daños reclamados por los ganaderos y efectivamente compensados por la administración regional están sobredimensionados".
Gil asegura que el actual sistema de peritación de los daños es "arbitrario" y está "obsoleto", y, además", "conduce a su vez a numerosas irregularidades".
"Consideramos que insistir únicamente en un sistema de pago de daños directos tiene además graves efectos en la gestión y conservación de la naturaleza en general, y de los lobos en particular, porque no contribuye a minimizar la conflictividad por supuestos daños", asevera.
Aboga por condicionar las compensaciones por daños a compromisos verificables de manejo de ganado y reemplazar progresivamente las indemnizaciones por daños, por remuneraciones asociadas a la implantación de medidas de conservación concretas sobre la población de lobos.
Para los conservacionistas, los controles poblacionales son "inaceptables tanto desde un punto de vista ético, como técnico o científico, ya que tienen efecto de "cascada en el conjunto de los ecosistemas o reducen el tamaño de la población eliminando ejemplares de forma indiscriminada y no selectiva".
Por último, considera que "la pretensión de que los cazadores participen en los controles no es admisible desde un punto de vista técnico, jurídico y social".