Teresa Jordà, Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: "Un punto clave de la PAC son los derechos históricos, en los que pienso que debería haber un amplio consenso para eliminarlos"
La nueva Política Agraria Común que se está definiendo en estos momentos regirá en el campo europeo y español durante el periodo 2023-2027. Durante el mes de febrero y marzo semanas estamos dando a conocer a través de una serie de entrevistas temáticas, la visión que tienen sobre este tema algunas de las comunidades autónomas más representativas dentro de la agricultura y la ganadería que se practican en España. En la segunda entrega hablamos con la consejera en funciones del ramo en Cataluña, Teresa Jordà, que defiende una eliminación de los derechos históricos en la nueva PAC y considera imprescindible la necesidad de un plan estratégico territorializado para acercarlo a las necesidades específicas de cada región.
Para el sector agrario de Cataluña es muy importante definir una PAC que se ajuste a sus necesidades, que en muchos casos son diferentes a las de otros territorios del Estado español. Y la PAC del próximo periodo, por el hecho de que gira sobre el establecimiento de un Plan Estratégico para cada uno de los Estados miembros, puede ser que se aleje de las necesidades de nuestro sector. Pero en ello estamos trabajando, defendiendo la necesidad de un plan estratégico territorializado, precisamente para acercarlo a esas necesidades.
Un punto clave de la PAC son los derechos históricos, en los que pienso que debería haber un amplio consenso para eliminarlos, puesto que es una figura que en estos momentos no tiene mucha justificación.
No parece muy coherente que las ayudas a las empresas agrarias partan de las que cobraron en el periodo 2000-2002 de referencia, a pesar de que a lo largo de los años se han establecido mecanismos correctores. Y no puede ser porque este sistema ha llevado a que se pueda dar el caso que dos beneficiarios, por hacer la misma actividad, haya uno que tenga ayudas directas y otro que no, porque se considera que el primero dispone de unos derechos adquiridos.
Es necesario que el sector agrario consiga cumplir con todos los objetivos del Pacto Verde. Y es necesario porque este Pacto va más allá del sector agrario e interpela a toda la sociedad, y, por lo tanto, no puede ser menos, y ha de contribuir como el resto de sectores.
En todo caso, la necesidad de aplicar nuevos requerimientos ambientales hace necesario establecer incentivos para facilitar su aplicación, y asegurar el éxito de las medidas que establece el Pacto Verde.
En el tema de los eco-esquemas, que son obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para las empresas agrarias, es donde está habiendo más debate porque se definen desde el Ministerio, y por tanto creemos que nos dejarán decidir mucho.
En todo caso, para nosotros, los eco-esquemas que se tendrían que incluir en esta clasificación son aquellos que más contribuyan a mejorar la sostenibilidad de nuestras empresas agrarias, y esta es la propuesta que hicimos.
Esta propuesta incluye la gestión de la fertilización para incrementar el uso de fertilizantes orgánicos y reducir los inorgánicos; la valorización de las basuras y de la biomasa de origen forestal para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero; la implantación de cobertura vegetal en los cultivos para mejorar la fertilidad y la biodiversidad de los suelos; la incorporación de los restos de poda a los suelos para evitar la quema con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera; la realización de rotaciones con cultivos mejorantes y fijadores de nitrógeno; el establecimiento de planes de uso sostenible de fitosanitarios, para un mejor uso de estos productos; la conservación de márgenes e islas de vegetación para la mejora de la biodiversidad; la conservación del suelo y el agua, el apoyo a los cultivos leñosos permanentes, adaptados en el territorio para evitar la erosión a partir de terrazas, con reducción del consumo de agua y para la prevención de incendios (medida orientada a los cultivos mediterráneos); el fomento de los pastos para la ganadería extensiva como una medida de apoyo al sector vacuno, ovino y equino, y también de gestión territorial para el mantenimiento de los pastos, y de prevención de incendios; la gestión de los cultivos en zonas húmedas, como una medida para potenciar los cultivos en zonas húmedas para impulsar los servicios ecosistémicos de los hábitats del entorno y de mejora de la biodiversidad; y, finalmente, trabajar las franjas perimetrales de los cultivos de cereales para la prevención de incendios, después de identificar las zonas de riesgo.
Las ayudas asociadas, de acuerdo con lo que establece el Reglamento, van destinadas a sectores con dificultades tanto coyunturales como por la zona geográfica donde desarrollan su actividad. Y todos estos sectores que denomina son sectores que se encuentran en dificultades. Echamos de menos, en estas ayudas, el sector del equino, que tiene las mismas condiciones que los sectores comentados y no tienen ayudas asociadas, y por eso propusimos al Ministerio que lo incorporaran entre los sectores beneficiarios de las ayudas asociadas. La respuesta fue negativa. Quizás porque fuimos los únicos que lo propusimos.
Debemos tener claro que los eco-esquemas no son ayudas sectoriales, sino que son medidas para realizar actuaciones para mejorar la sostenibilidad de las producciones agrarias y el buen uso de los recursos que se utilizan en su proceso productivo. Por lo tanto, el apoyo a la producción extensiva tiene que venir por la gestión que hacen de los pastos y, a la vez, del territorio.
La producción extensiva tiene un componente muy importante de gestión del territorio puesto que permite el mantenimiento de unos espacios abiertos, entre una masa forestal cada vez más continua, y que son un punto de mejora de la biodiversidad, a la vez que actúan también de cortafuegos, contribuyendo a la prevención de incendios.
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