La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) advierte de que la actual redacción de la Ley de Deforestación de la Unión Europea pone en riesgo el suministro de soja para la alimentación animal en Europa. Si la norma entra en vigor tal como está prevista el 1 de enero de 2026, solo podría importarse el 30% del volumen necesario, lo que generaría un encarecimiento medio de 40 euros por tonelada.
La ley obliga a los productores de soja a demostrar que su cultivo procede de tierras no deforestadas después del 30 de diciembre de 2020; a geolocalizar sus parcelas; a enviar imágenes de estas; a segregar la soja certificada del resto, a demostrar que no utilizan mano de obra infantil, y estar al día con la Hacienda de su país.
“Estamos a favor de proteger los bosques, pero la norma no es realista”, señala José Luis Rey, presidente de Agafac. “El problema no es el objetivo, sino la imposibilidad práctica de certificar todo esto en Brasil o Argentina. Muchos productores no querrán acogerse, porque no hay incentivos y sí sanciones: los importadores europeos podrían perder el 4% de su facturación si algo falla. El comercio podría paralizarse”, continúa.
“Es algo impensable”, asegura José Luis Rey, presidente de Agafac. “Europa consume entre 30 y 34 millones de toneladas de soja al año, España otras seis y Galicia 600.000 toneladas. Sin abastecimiento suficiente, el impacto económico será enorme y no podremos garantizar una alimentación adecuada para los animales”, explica.
Según los cálculos de la asociación, el impacto económico ascendería a 1.300 millones de euros en la UE, 240 millones en España y 30 millones en Galicia, cifras que podrían incrementarse si también suben los precios de otras proteínas alternativas como la colza o el guisante.
“El impacto sería directo en granjas, cooperativas y fabricantes. No queremos traer soja a cualquier precio: queremos cumplir, pero con una ley viable. Pedimos una revisión que garantice el equilibrio entre sostenibilidad y suministro”, añade Rey.
Rey explica que, tras la pandemia y la guerra de Ucrania, “los precios empezaban a estabilizarse”, pero las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y los aranceles estadounidenses han vuelto a generar incertidumbre.
“La soja llegó a duplicar su precio y el maíz subió un 60%. Somos un sector altamente dependiente del mercado global: cualquier movimiento geopolítico nos afecta de forma inmediata”, recuerda.
Por ello, Agafac insiste en que la Ley Europea de Deforestación debe aplicarse “con sentido común”, retrasándose y adaptándose a la realidad del mercado para evitar un desabastecimiento que pondría en riesgo a miles de explotaciones y a la industria de alimentación animal.
Mientras persisten las incertidumbres legislativas, Agafac avanza en la construcción de su nueva sede en el Puerto Exterior de A Coruña, un proyecto pionero que reforzará la seguridad alimentaria en la entrada de materias primas en Europa.
Las obras finalizarán a mediados de 2026 y supondrán “una gran inversión”, según señala Rey. El centro incluirá un laboratorio dotado con tecnología avanzada para detectar micotoxinas, insecticidas y contaminantes en tiempo real. “Será un hito europeo. Todo lo que entre por el puerto será analizado y cualquier materia prima que no cumpla la normativa será rechazada. Es el primer gran paso para blindar la cadena de seguridad alimentaria.”
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