Castilla y León defiende en Bruselas la actividad del pastoreo y el control del lobo

El director general de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, Jose Ángel Arranz Sanz, defendió hoy la actividad del pastoreo y un plan de gestión y control del lobo en España y en Europa.
En declaraciones a Efe, Arranz señaló que el lobo está generando unos "problemas muy importantes" en Castilla y León, especialmente en las zonas de Ávila, Segovia y Salamanca, donde "los daños están empezando a ser insostenibles".
En tal sentido indicó que en este primer trimestre, "se han duplicado los daños del lobo en estas provincias".
Según el director general de medioambiente de la Junta de Castilla y León, "las cifras son escalofriantes", ya que una sola manada puede llevar a cabo unos 150 ataques a la ganadería en seis meses.
Este fenómeno ha generado "un conflicto de intereses entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ya que los pastores ven que no pueden sacar su ganado adelante", explicó Arranz.
Por su parte, la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) plantean "una aplicación más flexible" de las medidas de conservación del lobo.
"El lobo no tiene ningún problema de conservación en España, especialmente en la zona del norte del río Duero", afirmó Arranz, quien agregó que "es una especie en expansión, que ha generado un conflicto legal", ya que al cruzar hacia la zona sur del río Duero son considerados como una especie protegida.
Hay zonas en las que existen medidas preventivas, pero en otras áreas "no solo con medidas somos capaces de controlar el problema", motivo por el que "esperamos poder gestionar la especie con normalidad" al sur del Duero, afirmó el director general de medioambiente de la Junta de Castilla y León.
Una de las medidas de control es "eliminar lobos de determinadas manadas, especialmente aquellas que se alimentan de ganado doméstico", declaró Arranz, quien añadió que este asunto "pone en riesgo la ganadería extensiva, que es muy importante para mantener la población en determinadas comarcas".
Su intervención en el Parlamento Europeo fue organizada por miembros de diferentes grupos políticos y contó con la participación de 80 europarlamentarios de la UE.