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El director general del Medio Natural, David Villar, ha firmado este lunes el protocolo  Reciella en red con las denominaciones de origen protegidas (DOP) Cabrales y Gamonéu para hacer un seguimiento de los rebaños de cabras y ovejas que pastorean en Picos de Europa y recabar información que permita mejorar la coexistencia de la ganadería extensiva con sus depredadores.

Este proyecto usará las nuevas tecnologías para realizar el seguimiento de animales seleccionados, a los que se colocarán collares de actividad con geolocalización, informa la Consejería de Desarrollo Rural. 

De este modo, se podrá conocer mejor la dinámica y forma de campeo del ganado en extensivo, en distintas zonas y con diferentes manejos y recabar información de valor sobre la interacción de la ganadería extensiva con grandes carnívoros.

Las acciones se ejecutarán este año y los datos obtenidos se analizarán el próximo, con el objetivo de innovar en la adopción de prácticas de manejo y la utilización de nuevas tecnologías que permitan mejorar la coexistencia entre depredadores y la ganadería extensiva a nivel autonómico.

La iniciativa se desarrollará en la vertiente asturiana del parque nacional, donde la práctica del pastoreo extensivo con ganado menor está muy arraigada para la elaboración de quesos.

Ganaderos de las sierras alavesas de Bajerro y Gibijo han acusado a la Diputación de "darles la espalda" por suspender de manera temporal las batidas para cazar al "único" ejemplar de lobo del territorio y han anunciado la presentación de un informe jurídico para solicitar que se revoque esta decisión.

Ganaderos de estas zonas se han concentrado este sábado frente a la institución foral, donde han ofrecido una comparecencia de prensa para exponer sus demandas, después de que la Diputación optase por dejar en suspenso estas batidas, una vez que el Gobierno Vasco anunciase que incluiría a esta especie en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

La institución foral había autorizado la caza de este ejemplar ante el incremento de los ataques y muertes sufridos por el ganado en 2019 en las sierras de Arkamo, Gibijo y Urkabustaiz, con 153 animales muertos, 78 heridos y 67 desaparecidos entre el ganado ovino, caprino, vacuno y equino.

 Los ganaderos de Bajerro y Gibijo ha considerado que la presencia del lobo se trata con "sensacionalismo" y dando una "imagen distorsionada de la realidad" en la que "se olvida la insustituible función ambiental de la ganadería extensiva en Álava".

En un comunicado, han asegurado que los informes técnicos corroboran que los lobos que llegan a las sierras más occidentales de Álava proceden de Castilla y León, donde han asegurado que su censo creció un 20 % entre 2001 y 2014.

Han denunciado la "imposición pura y dura" para incluir al lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que, a su juicio, "más parece responder a intereses electorales de un partido con presencia testimonial en el ámbito rural (PSE) que al estado actual de conservación de la especie".

También han criticado a la Diputación alavesa por "lo cambiante e injustificado de su actuación", que han considerado un "acto de cobardía sin justificación técnica ni legal alguna", y han acusado a la institución de "haberles dado la espalda".

"El diputado general en un auténtico beso de Judas, mientras loa la función y el trabajo de los ganaderos les da la espalda y los abandona a su suerte", han insistido.

Ante esta situación "de emergencia", han anunciado que la próxima semana presentarán un informe jurídico ante la Diputación, en el que solicitarán la revocación de la suspensión de la autorización de medidas de control y la reunión de urgencia del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Gestión del Lobo en Álava.

"Señor Ramiro González no se puede soplar y sorber a la vez", han concluido dirigiéndose al diputado general del territorio. 

 

El plan cinegético de la temporada 2020-2021 en la reserva de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, autoriza abatir doce ejemplares de lobo la próxima campaña, once de ellos en la modalidad de aguardo o espera y uno en la de rececho.

El plan técnico de la próxima temporada incluye además la caza de 42 ciervos macho de distintas categorías, así como doce corzos y otros ochenta ejemplares de cérvidos como control poblacional para prevenir daños, según ha informado este jueves la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

De los ciervos que se permitirá la caza, doce serán de tipo A-1, diez de tipo A2, y veinte de tipo C, a los que se sumarán veinte ciervos macho selectivos y sesenta hembras con el fin de prevenir los daños en cultivos y la siniestralidad en las carreteras por atropello de fauna cinegética que causa la especie.

El plan se ha presentado este jueves en la reunión mantenida en Villardeciervos por la junta consultiva de esa reserva de caza ubicada entre las comarcas de Aliste y Sanabria, al noroeste de la provincia de Zamora.

En el encuentro también se ha analizado la ejecución del plan técnico de caza de las dos últimas temporadas, en las que se ha mantenido una excelente puntuación fiscal media del trofeo de ciervo categoría A1.

También se han fijado las condiciones para concurrir a los permisos de caza mayor a rececho o aguardo para cazadores que sean vecinos de la zona, para lo que será obligatorio estar empadronado en alguno de los municipios de la zona.

La junta consultiva también ha conocido las inversiones de mejora del hábitat cinegético de esta reserva que, según la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, es "uno de los mejores terrenos cinegéticos abiertos de toda España para la caza del ciervo". 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado en 843.000 euros la indemnización que debe pagar el Gobierno regional por los lobos abatidos en la temporada 2016-17, tras anular los planes anuales cinegéticos de esa especie, y ha rechazado ampliar el pago por el daño causado en la temporada 2017-18.

En concreto, según ha informado el TSJCyL a través de un comunicado, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado la petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) de aumentar la indemnización por entender que esa petición no se incluyó en el pleito principal.

El TSJ estimó en diciembre el recurso interpuesto por el colectivo conservacionista, anuló el plan que regula la caza del lobo aprobado por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta y la condenó al pago de una indemnización de 843.000 euros por los daños medioambientales causados, como consecuencia del plan anulado, en la temporada 2026/17 en la que fueron cazados 91 ejemplares protegidos.

El Alto Tribunal ha precisado que esa indemnización es para "reparar el daño causado" y no para retribuir el importe de cada lobo abatido.

Y ha recordado que para dar cumplimiento a la sentencia, la Junta debe "presentar un programa que, como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie".

Ese programa "deberá especificar de manera individualizada las concretas actuaciones que se llevaran a cabo, su duración, coste (dentro de la cantidad de 842.751 euros en que se estiman los daños) así como su financiación, motivándose adecuadamente tanto los objetivos concretos, como la idoneidad de los medios para alcanzarlos, teniendo siempre presente que la finalidad es reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calculado este martes que en la provincia de Ávila hay actualmente trece manadas de lobo, mientras que en la de Salamanca se han reducido a tres, después de desaparecer una y desplazarse otra a la provincia de Zamora.

Suárez-Quiñones ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por el procurador de Por Ávila Pedro José Pascual, quien le ha preguntado por las razones de que exista "tanta diferencia" entre la presencia de lobos en las provincias abulense y salmantina, ya que en su opinión ambos territorios tienen características similares.

Tras quejarse el procurador abulense de la falta de información actualizada, ya que los censos oficiales vigentes en la actualidad datan de 2013, el consejero ha matizado que se actualizan constantemente con la observación y el análisis de expertos, que determinan que frente a las ocho manadas que figuran en el último censo para la provincia de Ávila, en realidad hay actualmente 13, además de lobos que viven de manera independiente de las manadas.

Sobre las razones de esta diferencia de población de lobo entre ambas provincias, el consejero ha considerado que se debe fundamentalmente al tipo de ganado, más vacas en Ávila y más ovejas en Salamanca, y al paisaje, con más vegetación en territorio abulense.

"Que se empiece a notar de verdad que Ávila les importa", ha retado Pascual, quien ha denunciado una "desidia" que ha negado el consejero, quien ha subrayado que las normas europeas implican que las administraciones tienen que tomar medidas para conservar el lobo en su territorio, para responder a la demanda de Por Ávila para que haya un control de la población de lobos.

En total, el consejero ha informado de que la población de lobo en Castilla y León es de unos 1.600 animales, según el último dato oficial.

La Plataforma de la Comisión Europea sobre la presencia del lobo en la provincia de Ávila sugiere "mejorar" los criterios de control poblacional, así como las condiciones de trabajo de los ganaderos, "respetando las normas nacionales e internacionales".

Se trata de dos de las conclusiones de esta plataforma, financiada por la Comisión Europea, dados a conocer a los periodistas por la coordinadora de este proyecto, Valeria Salvatore, antes de la reunión mantenida este jueves en Ávila por los sectores implicados.

Entre ellos se encontraba el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, quien ha recordado que el problema del lobo es "histórico" y sucede "en Castilla y León y en Europa".

En este contexto, ha señalado que esta plataforma "auspiciada" por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Unión Europea, pretende "sentar" a ganaderos, ecologistas y administración, para "tratar de buscar soluciones" que a su juicio "no son fáciles".

Tanto Arranz como Salvatore se han referido a la singularidad de la provincia de Ávila, cuyos ganaderos sufren la mitad de los ataques del lobo en toda Castilla y León, lo que el año pasado supuso en torno a 900.000 euros en compensaciones.

Consciente de que la situación es "particularmente delicada" entre los ganaderos abulenses, la coordinadora de este proyecto ha señalado que una de las propuestas que se realiza consiste en "mejorar los criterios de aplicación del control poblacional".

"No es una medida que se ha excluido. Se quiere mantener, pero quizá aplicada de una forma que sea aceptable para todos", ha argumentado Valeria Salvatore, sin ofrecer más detalles en esta dirección.

Por su parte, José Ángel Arranz ha explicado que los controles planteados en la actualidad "están reglados en la Directiva Hábitat, trasladados al ordenamiento jurídico español y en ese marco de excepciones están todas las autorizaciones que son legales y acordes con el marco" en el que se mueve la Junta.

Al respecto, ha reconocido que "para algunos" la Administración autonómica se quedará "corta en los controles porque los daños continúan", pero desde la Junta se sigue "con unos parámetros estrictos para seguir haciendo controles si hay daños".

Valeria Salvatore se ha mostrado consciente de que "la situación no se soluciona en el sentido de que el lobo no va a desaparecer y los ataques, quizá, nunca van a ser bajados a cero".

"Lo que sí se puede hacer", ha dicho, "es mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos, respetando las normas nacionales e internacionales, dándoles un soporte concreto a los ganaderos" tanto "socioeconómico" como "técnico".

En este contexto, ha admitido la existencia de "una situación crítica a nivel general en Europa", que a su juicio tiene que afrontar la ganadería extensiva, al "no haber recibido el apoyo suficiente y necesario para poder seguir de una forma florida en las últimas décadas".

A esta situación general, se suma la presencia del lobo como un problema más que deben afrontar los ganaderos en esta zona de Castilla y León, si bien ha dicho que "hay medios que se pueden aplicar, tanto aquí como en otros lugares de Europa, que pueden mejorar la situación, hacerla menos complicada", ha apostillado. 

 

 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Ávila ha lamentado "profundamente" que el juicio que desde el jueves se celebra en el Juzgado de lo Penal de Ávila por la supuesta caza ilegal de un lobo, "esté tapando la realidad de que las únicas víctimas son los ganaderos".
Esta organización agraria ha constatado en nota de prensa la "dramática situación económica, familiar y personal" que viven los ganaderos abulenses "en primera persona", al ser "víctimas de los más de 1.000 ataques anuales que sufren por parte de los lobos en sus explotaciones".
"Más allá de sentar en el banquillo a dos cazadores, desde UPA nos preguntamos cómo es posible que sigamos sufriendo en primera persona la criminalización mediática y social, cuando somos las únicas víctimas de la expansión descontrolada de lobos", ha argumentado UPA.
Asimismo, ha señalado que son los ganaderos "en primera persona" los que "padecen continuas provocaciones por parte de colectivos ecologistas, administraciones e incluso decisiones judiciales, con argumentos tan irresponsables y provocadores como los hechos por Ecologistas en Acción a raíz de este juicio".
En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores hace referencia al hecho de que se afirme que "la población de lobos está sujeta a una constante presión por la alteración y destrucción de los hábitats debido a la intensificación de la ganadería y la caza".
Esta organización agraria ha recordado que los ganaderos ponen de su parte "todo, incluida la comida para los lobos", al mismo tiempo que se sienten "los malos de una película con argumentos torticeros, retorcidos y ofensivos por parte de determinados ecologistas, amparados y reforzados por decisiones políticas y judiciales".
Unas decisiones que a su juicio resultan "surrealistas, llegando a considerar al hombre como el intruso, cuando está demostrado, con datos, que el único que está en peligro de extinción actualmente es el ganadero".
"A pesar de esta persecución política, judicial e incluso de una parte de la sociedad, UPA-ÁVILA va a continuar defendiendo la labor de los ganaderos, puesto que contribuye a la economía de los núcleos rurales, al mantenimiento de la población y del medio natural, a la prevención de incendios y a la producción de alimentos únicos", ha concluido UPA. 

El presidente de Asaja en Burgos, Esteban Martínez, ha pedido medidas para controlar los daños que ocasionan el exceso de animales salvajes sin control, y sobre todo un censo para conocer la población de cada especie y que se establezca periodos más largos de caza, incluso durante todo el año, en los casos más extremos.
En declaraciones a Efe, ha estimado que con los dos últimos años se han incrementado los ataques de animales salvajes al ganado y los daños en los cultivos en torno al 45%, lo que supone "un coste muy elevado para la Junta de Castilla y León, que se hace cargo de parte de los daños, aunque sobre todo un perjuicio inasumible para ganaderos y agricultores".
Ha explicado que los animales que más perjuicios están ocasionando son los lobos y los jabalíes, aunque también los corzos dañan cultivos y transmiten enfermedades al ganado y la proliferación de conejos en zonas cada vez más amplias daña de forma severa muchos cultivos.
A todo ello se suman los más de 10.000 accidentes de tráfico provocados por fauna salvaje

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la resolución por la cual se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas económicas para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico al ganado doméstico en la región.
Estas ayudas se enmarcan en la política agroambiental del Gobierno regional que apuesta por compatibilizar el desarrollo de la actividad ganadera con la preservación de la biodiversidad, ha informado la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en nota de prensa.
El lobo ibérico es una de las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como especie en peligro de extinción en el regional.
Con esta nueva convocatoria, el departamento que dirige Francisco Martínez da continuidad a estas ayudas con un presupuesto de 60.000 euros para 2020 que, unidos a los de ejercicios anteriores, suponen cerca de 200.000 euros destinados por el Ejecutivo regional para este fin desde 2017.
Las cuantías previstas, tal y como consta en la resolución de la Dirección General de Políticas Agroambientales, oscilan entre un máximo 1.500 euros para ganado caprino y ovino, y 2.000 euros para vacuno.
A estas ayudas paliativas se suman otras medidas preventivas puestas en marcha por el Ejecutivo regional e incluidas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para la instalación de nuevos cercados fijos o arreglo de los ya existentes que tengan por objeto la mejora de la seguridad de los corrales y apriscos ganaderos y que hagan inaccesible su interior frente a intrusiones de lobo ibérico.
Asimismo, otras medidas han conllevado inversiones en vallados portátiles para el ganado (teleras) o en pastores eléctricos, así como en adquisición de perros de raza mastín. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid (UPA Madrid) ha participado en la reunión de la Mesa del Lobo convocada por la Comunidad de Madrid, la primera desde que la mesa fue constituida hace tres años.

Durante la reunión, la Consejería ha expuesto un informe de elaboración propia sobre los ataques del lobo al ganado de la región. “El documento recoge dos cuestiones muy preocupantes”, han dicho los ganaderos. Por un lado, advierte de que los ataques siguen siendo el principal problema de la ganadería madrileña (es el primer o segundo problema para el 63,1% de los ganaderos de vacuno y el primer problema del 71’4% de los ganaderos de ovino y caprino).

Por el otro, los datos proporcionados por la Comunidad de Madrid en el documento indican que los ataques se han incrementado en un 2.060% en cinco años, pasando de quince durante 2013 a 324 en el año 2018. Hay que recordar que esta cantidad no recoge las pérdidas de los ataques de lobo por el lucro cesante y “la Comunidad sigue sin hablar de controlar la población de lobo a pesar de que los datos demuestran que los ejemplares se están multiplicando precipitadamente”, han afirmado fuentes de UPA Madrid.

Además, UPA Madrid ha criticado que el informe “da a entender” que los ganaderos son los responsables de los ataques del lobo. “Nos proponen pastorear los rebaños 24/7, como si los ganaderos obtuviésemos una rentabilidad para contratar más ayuda o no tuviésemos derecho a la conciliación familiar”, han denunciado los ganaderos.

Otra medida planteada por la Administración autonómica en el documento es que todos los ganaderos de la Comunidad planifiquen los partos del ganado para que sucedan en otoño e invierno (cuando se producen más ataques de lobo). “Se nota que no tienen ni idea de manejo del ganado, de las infraestructuras del sector y del propio funcionamiento del mercado”, han señalado desde UPA Madrid. La organización ha explicado que “esto es absurdo porque habría que modificar y ampliar las infraestructuras -¿con qué dinero?- además de dejar de consumir carne de proximidad durante el resto del año”.

Sin embargo, y a pesar de las críticas, en UPA Madrid “quieren centrarse en lo positivo y aprovechar esta primera reunión, y el grupo de trabajo que se ha logrado en ella, para seguir avanzando en solucionar la situación de los ganaderos de la Sierra Norte”.

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