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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado en 843.000 euros la indemnización que debe pagar el Gobierno regional por los lobos abatidos en la temporada 2016-17, tras anular los planes anuales cinegéticos de esa especie, y ha rechazado ampliar el pago por el daño causado en la temporada 2017-18.

En concreto, según ha informado el TSJCyL a través de un comunicado, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado la petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) de aumentar la indemnización por entender que esa petición no se incluyó en el pleito principal.

El TSJ estimó en diciembre el recurso interpuesto por el colectivo conservacionista, anuló el plan que regula la caza del lobo aprobado por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta y la condenó al pago de una indemnización de 843.000 euros por los daños medioambientales causados, como consecuencia del plan anulado, en la temporada 2026/17 en la que fueron cazados 91 ejemplares protegidos.

El Alto Tribunal ha precisado que esa indemnización es para "reparar el daño causado" y no para retribuir el importe de cada lobo abatido.

Y ha recordado que para dar cumplimiento a la sentencia, la Junta debe "presentar un programa que, como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie".

Ese programa "deberá especificar de manera individualizada las concretas actuaciones que se llevaran a cabo, su duración, coste (dentro de la cantidad de 842.751 euros en que se estiman los daños) así como su financiación, motivándose adecuadamente tanto los objetivos concretos, como la idoneidad de los medios para alcanzarlos, teniendo siempre presente que la finalidad es reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calculado este martes que en la provincia de Ávila hay actualmente trece manadas de lobo, mientras que en la de Salamanca se han reducido a tres, después de desaparecer una y desplazarse otra a la provincia de Zamora.

Suárez-Quiñones ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por el procurador de Por Ávila Pedro José Pascual, quien le ha preguntado por las razones de que exista "tanta diferencia" entre la presencia de lobos en las provincias abulense y salmantina, ya que en su opinión ambos territorios tienen características similares.

Tras quejarse el procurador abulense de la falta de información actualizada, ya que los censos oficiales vigentes en la actualidad datan de 2013, el consejero ha matizado que se actualizan constantemente con la observación y el análisis de expertos, que determinan que frente a las ocho manadas que figuran en el último censo para la provincia de Ávila, en realidad hay actualmente 13, además de lobos que viven de manera independiente de las manadas.

Sobre las razones de esta diferencia de población de lobo entre ambas provincias, el consejero ha considerado que se debe fundamentalmente al tipo de ganado, más vacas en Ávila y más ovejas en Salamanca, y al paisaje, con más vegetación en territorio abulense.

"Que se empiece a notar de verdad que Ávila les importa", ha retado Pascual, quien ha denunciado una "desidia" que ha negado el consejero, quien ha subrayado que las normas europeas implican que las administraciones tienen que tomar medidas para conservar el lobo en su territorio, para responder a la demanda de Por Ávila para que haya un control de la población de lobos.

En total, el consejero ha informado de que la población de lobo en Castilla y León es de unos 1.600 animales, según el último dato oficial.

La Plataforma de la Comisión Europea sobre la presencia del lobo en la provincia de Ávila sugiere "mejorar" los criterios de control poblacional, así como las condiciones de trabajo de los ganaderos, "respetando las normas nacionales e internacionales".

Se trata de dos de las conclusiones de esta plataforma, financiada por la Comisión Europea, dados a conocer a los periodistas por la coordinadora de este proyecto, Valeria Salvatore, antes de la reunión mantenida este jueves en Ávila por los sectores implicados.

Entre ellos se encontraba el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, quien ha recordado que el problema del lobo es "histórico" y sucede "en Castilla y León y en Europa".

En este contexto, ha señalado que esta plataforma "auspiciada" por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Unión Europea, pretende "sentar" a ganaderos, ecologistas y administración, para "tratar de buscar soluciones" que a su juicio "no son fáciles".

Tanto Arranz como Salvatore se han referido a la singularidad de la provincia de Ávila, cuyos ganaderos sufren la mitad de los ataques del lobo en toda Castilla y León, lo que el año pasado supuso en torno a 900.000 euros en compensaciones.

Consciente de que la situación es "particularmente delicada" entre los ganaderos abulenses, la coordinadora de este proyecto ha señalado que una de las propuestas que se realiza consiste en "mejorar los criterios de aplicación del control poblacional".

"No es una medida que se ha excluido. Se quiere mantener, pero quizá aplicada de una forma que sea aceptable para todos", ha argumentado Valeria Salvatore, sin ofrecer más detalles en esta dirección.

Por su parte, José Ángel Arranz ha explicado que los controles planteados en la actualidad "están reglados en la Directiva Hábitat, trasladados al ordenamiento jurídico español y en ese marco de excepciones están todas las autorizaciones que son legales y acordes con el marco" en el que se mueve la Junta.

Al respecto, ha reconocido que "para algunos" la Administración autonómica se quedará "corta en los controles porque los daños continúan", pero desde la Junta se sigue "con unos parámetros estrictos para seguir haciendo controles si hay daños".

Valeria Salvatore se ha mostrado consciente de que "la situación no se soluciona en el sentido de que el lobo no va a desaparecer y los ataques, quizá, nunca van a ser bajados a cero".

"Lo que sí se puede hacer", ha dicho, "es mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos, respetando las normas nacionales e internacionales, dándoles un soporte concreto a los ganaderos" tanto "socioeconómico" como "técnico".

En este contexto, ha admitido la existencia de "una situación crítica a nivel general en Europa", que a su juicio tiene que afrontar la ganadería extensiva, al "no haber recibido el apoyo suficiente y necesario para poder seguir de una forma florida en las últimas décadas".

A esta situación general, se suma la presencia del lobo como un problema más que deben afrontar los ganaderos en esta zona de Castilla y León, si bien ha dicho que "hay medios que se pueden aplicar, tanto aquí como en otros lugares de Europa, que pueden mejorar la situación, hacerla menos complicada", ha apostillado. 

 

 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Ávila ha lamentado "profundamente" que el juicio que desde el jueves se celebra en el Juzgado de lo Penal de Ávila por la supuesta caza ilegal de un lobo, "esté tapando la realidad de que las únicas víctimas son los ganaderos".
Esta organización agraria ha constatado en nota de prensa la "dramática situación económica, familiar y personal" que viven los ganaderos abulenses "en primera persona", al ser "víctimas de los más de 1.000 ataques anuales que sufren por parte de los lobos en sus explotaciones".
"Más allá de sentar en el banquillo a dos cazadores, desde UPA nos preguntamos cómo es posible que sigamos sufriendo en primera persona la criminalización mediática y social, cuando somos las únicas víctimas de la expansión descontrolada de lobos", ha argumentado UPA.
Asimismo, ha señalado que son los ganaderos "en primera persona" los que "padecen continuas provocaciones por parte de colectivos ecologistas, administraciones e incluso decisiones judiciales, con argumentos tan irresponsables y provocadores como los hechos por Ecologistas en Acción a raíz de este juicio".
En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores hace referencia al hecho de que se afirme que "la población de lobos está sujeta a una constante presión por la alteración y destrucción de los hábitats debido a la intensificación de la ganadería y la caza".
Esta organización agraria ha recordado que los ganaderos ponen de su parte "todo, incluida la comida para los lobos", al mismo tiempo que se sienten "los malos de una película con argumentos torticeros, retorcidos y ofensivos por parte de determinados ecologistas, amparados y reforzados por decisiones políticas y judiciales".
Unas decisiones que a su juicio resultan "surrealistas, llegando a considerar al hombre como el intruso, cuando está demostrado, con datos, que el único que está en peligro de extinción actualmente es el ganadero".
"A pesar de esta persecución política, judicial e incluso de una parte de la sociedad, UPA-ÁVILA va a continuar defendiendo la labor de los ganaderos, puesto que contribuye a la economía de los núcleos rurales, al mantenimiento de la población y del medio natural, a la prevención de incendios y a la producción de alimentos únicos", ha concluido UPA. 

El presidente de Asaja en Burgos, Esteban Martínez, ha pedido medidas para controlar los daños que ocasionan el exceso de animales salvajes sin control, y sobre todo un censo para conocer la población de cada especie y que se establezca periodos más largos de caza, incluso durante todo el año, en los casos más extremos.
En declaraciones a Efe, ha estimado que con los dos últimos años se han incrementado los ataques de animales salvajes al ganado y los daños en los cultivos en torno al 45%, lo que supone "un coste muy elevado para la Junta de Castilla y León, que se hace cargo de parte de los daños, aunque sobre todo un perjuicio inasumible para ganaderos y agricultores".
Ha explicado que los animales que más perjuicios están ocasionando son los lobos y los jabalíes, aunque también los corzos dañan cultivos y transmiten enfermedades al ganado y la proliferación de conejos en zonas cada vez más amplias daña de forma severa muchos cultivos.
A todo ello se suman los más de 10.000 accidentes de tráfico provocados por fauna salvaje

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la resolución por la cual se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas económicas para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico al ganado doméstico en la región.
Estas ayudas se enmarcan en la política agroambiental del Gobierno regional que apuesta por compatibilizar el desarrollo de la actividad ganadera con la preservación de la biodiversidad, ha informado la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en nota de prensa.
El lobo ibérico es una de las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como especie en peligro de extinción en el regional.
Con esta nueva convocatoria, el departamento que dirige Francisco Martínez da continuidad a estas ayudas con un presupuesto de 60.000 euros para 2020 que, unidos a los de ejercicios anteriores, suponen cerca de 200.000 euros destinados por el Ejecutivo regional para este fin desde 2017.
Las cuantías previstas, tal y como consta en la resolución de la Dirección General de Políticas Agroambientales, oscilan entre un máximo 1.500 euros para ganado caprino y ovino, y 2.000 euros para vacuno.
A estas ayudas paliativas se suman otras medidas preventivas puestas en marcha por el Ejecutivo regional e incluidas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para la instalación de nuevos cercados fijos o arreglo de los ya existentes que tengan por objeto la mejora de la seguridad de los corrales y apriscos ganaderos y que hagan inaccesible su interior frente a intrusiones de lobo ibérico.
Asimismo, otras medidas han conllevado inversiones en vallados portátiles para el ganado (teleras) o en pastores eléctricos, así como en adquisición de perros de raza mastín. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid (UPA Madrid) ha participado en la reunión de la Mesa del Lobo convocada por la Comunidad de Madrid, la primera desde que la mesa fue constituida hace tres años.

Durante la reunión, la Consejería ha expuesto un informe de elaboración propia sobre los ataques del lobo al ganado de la región. “El documento recoge dos cuestiones muy preocupantes”, han dicho los ganaderos. Por un lado, advierte de que los ataques siguen siendo el principal problema de la ganadería madrileña (es el primer o segundo problema para el 63,1% de los ganaderos de vacuno y el primer problema del 71’4% de los ganaderos de ovino y caprino).

Por el otro, los datos proporcionados por la Comunidad de Madrid en el documento indican que los ataques se han incrementado en un 2.060% en cinco años, pasando de quince durante 2013 a 324 en el año 2018. Hay que recordar que esta cantidad no recoge las pérdidas de los ataques de lobo por el lucro cesante y “la Comunidad sigue sin hablar de controlar la población de lobo a pesar de que los datos demuestran que los ejemplares se están multiplicando precipitadamente”, han afirmado fuentes de UPA Madrid.

Además, UPA Madrid ha criticado que el informe “da a entender” que los ganaderos son los responsables de los ataques del lobo. “Nos proponen pastorear los rebaños 24/7, como si los ganaderos obtuviésemos una rentabilidad para contratar más ayuda o no tuviésemos derecho a la conciliación familiar”, han denunciado los ganaderos.

Otra medida planteada por la Administración autonómica en el documento es que todos los ganaderos de la Comunidad planifiquen los partos del ganado para que sucedan en otoño e invierno (cuando se producen más ataques de lobo). “Se nota que no tienen ni idea de manejo del ganado, de las infraestructuras del sector y del propio funcionamiento del mercado”, han señalado desde UPA Madrid. La organización ha explicado que “esto es absurdo porque habría que modificar y ampliar las infraestructuras -¿con qué dinero?- además de dejar de consumir carne de proximidad durante el resto del año”.

Sin embargo, y a pesar de las críticas, en UPA Madrid “quieren centrarse en lo positivo y aprovechar esta primera reunión, y el grupo de trabajo que se ha logrado en ella, para seguir avanzando en solucionar la situación de los ganaderos de la Sierra Norte”.

COAG-Asturias ha reclamado este lunes a la Dirección General del Medio Natural del Principado la adopción de "medidas inmediatas y urgentes" ante "los constantes ataques" que sufre el ganado en el municipio de El Franco.
En un comunicado, la organización agraria y ganadera ha subrayado que la situación es "insostenible" y se ve agravada por el hecho de que los ataques ya no solo se producen en la zona de montaña sino que han llegado a la costa.
La secretaria general de COAG-Asturias ha remarcado que "no se puede tolerar más" la "gravísima situación de los ganaderos asturianos".
Cruzado ha precisado que la organización no reclama "exterminios de ninguna especie", pero sí más controles.
Por ello, ha reclamado una reunión con los responsables de la Dirección General del Medio Natural para exponer esta situación y buscar soluciones.

Colmenar Viejo reclamará a la Comunidad de Madrid que instale comederos en el entorno del vertedero local, donde puedan alimentarse los buitres que de forma habitual consumen desperdicios del basurero y que, ante la falta eventual de esos restos, atacan las explotaciones ganaderas.
La medida ha sido aprobada en el pleno municipal (con el apoyo de todos los vecinos excepto Ganemos, que votó en contra), a raíz de una moción del PSOE que advierte del "grave problema" que supone a los ganaderos los numerosos buitres que han fijado su lugar de alimentación en el vertedero situado en Colmenar.
Fuentes del PSOE han explicado a Efe que los ganaderos de la zona llevan años denunciando que, cuando las bandadas de buitres no encuentran alimento suficiente en el vertedero, producen daños a crías de animales de la cabaña ovina y vacuna.
También subrayan que durante los últimos 20 años la población de buitres en la zona se ha multiplicado por 2,5.
En concreto, el texto de la moción propone que la Comunidad instale comederos que satisfagan la demanda de alimento de las aves, de forma que se evite el ataque a las explotaciones ganaderas de las proximidades.
También insta a realizar un estudio para la reubicación de parte de la población de buitres en otras zonas de la sierra, apremia a la Comunidad de Madrid para "agilizar los pagos" de las indemnizaciones a los ganaderos víctimas de ataques, y que la indemnización "sea justa y suficiente para que cubrir el coste del ejemplar perdido".
La portavoz del PSOE, Paloma Maroñas, apunta en un comunicado que con estas medidas "ganan los ganaderos", a quienes esta situación les provoca "indefensión y sufrimiento" y "ahoga sus economías", porque las indemnizaciones que perciben actualmente "son insuficientes y llegan de forma tardía".
Maroñas matiza que la propuesta también "es beneficiosa para los propios buitres", porque dejarán de alimentarse de las basuras del vertedero, lo que "implica riesgos para su supervivencia"; y para los vecinos de Colmenar, que dejarán de correr "riesgos de propagación de enfermedades procedentes de estos asentamientos de buitres". 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha denunciado que "varias lobadas" han causado en diferentes puntos de la provincia de Ávila "decenas de animales muertos y malheridos", a lo que se suma los "numerosos abortos" que se produce en el seno de la cabaña ganadera que sufre este tipo de ataques.
Según ha denunciado esta organización agraria en una nota de prensa, los últimos ataques han tenido lugar en explotaciones de la zona de Pinares y del puerto de Navalmoral, lo que ha sido calificado como un "drama" para los ganaderos de extensivo de la provincia.
Al respecto, considera "un desastre para la actividad ganadera extensiva" de la provincia de Ávila que el censo de lobos "se siga incrementando", al mismo tiempo que las manadas han aumentado "sustancialmente, dado el altísimo número de ataques que se producen".
Para UPA, se trata de una situación "escandalosa" para una provincia que es puesta "como ejemplo en el resto de la región y como caso extraordinario, por el excesivo número de lobos y de ataques a las ganaderías extensivas".
"El enorme incremento de la población de lobos en los últimos años al sur del Duero, pero especialmente y de forma tan excepcional en Ávila, debe hacer recapacitar a los responsables políticos de esta provincia", ha argumentado esta organización agraria, teniendo en cuenta que "lejos de una gestión adecuada, la especie se está multiplicando a ritmo vertiginoso".
Desde su punto de vista, la proliferación de esos cánidos y de sus ataques está haciendo "imposible la viabilidad económica de decenas de explotaciones ganaderas en zonas de montaña y sierra de la provincia".
Por ello, UPA ha hecho un "llamamiento" a la Junta de Castilla y León para que "asuma la responsabilidad en este asunto a nivel de gestión, control y compensación justa por los daños que ocasionan los lobos, no solo en muertes, sino también por animales heridos, por costes veterinarios y por daños ocasionados en forma de abortos.
En este contexto, ha apelado a la administración autonómica para que emprenda "actuaciones contundentes, además de sentido común", ya que de lo contrario las ganaderías extensivas abulenses y las producciones de calidad vinculadas a esta actividad profesional "acabarán desapareciendo en muy poco tiempo, con un medio rural plagado de fauna salvaje, sin ganaderos y totalmente despoblado". 

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