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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy tres órdenes con las condiciones de los seguros de compensación por pérdida de pastos, por la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones y de la tarifa general ganadera, comprendidas en el 38 Plan de Seguros Agrarios Combinados.
En concreto, se indican las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación, las fechas de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales.
El período de suscripción del seguro para la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones y de la tarifa general ganadera se iniciará el 1 de junio de 2017 y finalizará el día 31 de mayo de 2018.
En cuanto a los seguros de compensación por pérdida de pastos, el período de suscripción se inicia el 1 de julio y finaliza el 31 de diciembre próximos para la zona Pirineos, Cantábrico y resto de Aragón y Cataluña mientras que comienza el 1 de julio y culmina el 5 de septiembre para la zona Centro peninsular, Extremadura, Andalucía y Baleares. 

La organización agraria UPA-UCE ha reclamado hoy mediciones en el campo para que el seguro de compensación por pérdida de pastos reconozca como afecta la sequía actual a los ganaderos extremeños.
Este seguro es una herramienta para compensar a los ganaderos el mayor gasto derivado de la necesidad de suplemento de alimentación a consecuencia de una falta de pastos en explotaciones por la sequía, según UPA-UCE, que lamenta que en realidad se trata de un instrumento que no funciona, como se ha puesto de manifiesto en los últimos años.
Actualmente la ganadería extremeña vive una difícil situación ante la escasez de lluvias desde el pasado otoño, lo que lleva al secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, a calificar este año ganadero como "catastrófico" ante la ausencia de precipitaciones.
La situación, según Huertas, se ve agravada por el "deficiente" funcionamiento del satélite que determina la sequía en el campo, ya que las mediciones no se corresponden con la realidad, ya que en marzo el satélite no ha detectado sequía en ninguna comarca extremeña.
"Cualquiera que salga al campo puede ver que la realidad de las explotaciones es muy distinta, ya que hemos tenido una sequía preocupante en marzo y en este mes de abril cada día se agrava más la situación de los sectores ganaderos por este problema", lamenta el dirigente agrario.
Por ello, desde UPA-UCE reclaman que las Administraciones "tomen cartas en el asunto" y respalden a los ganaderos en esta reivindicación justa.
"Necesitamos que los datos del satélite se contrasten con visitas en campo de los técnicos de Agroseguro, para que comprueben las pérdidas de nuestras explotaciones", incide Huertas.
El secretario general de UPA-UCE recuerda que esta reivindicación no es nueva, ya que desde hace años se repite el mismo problema, por lo que demanda a la Consejería y al Ministerio que trabajen en dar una solución a los ganaderos, que únicamente quieren "un seguro que reconozca las pérdidas reales", concluye.

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha dicho hoy que el regadío ayuda a afrontar la siembra de nuevos cultivos y a mantener los permanentes, pero que prevén problemas "muy pronto" para el sector ganadero por la falta de lluvias y, por lo tanto, de pastos.
El dirigente agrario ha explicado que el regadío ayuda a afrontar las labores de siembra de los cultivos ante la situación meteorológica de falta de lluvias y que, asimismo, los permanentes se hallan en buenas condiciones por la disposición de reservas hidráulicas.
No obstante, ha continuado, se prevé que haya problemas "muy pronto" en el sector ganadero ya que la falta de precipitaciones hace que escaseen los pastos y haya que alimentar y abrevar al ganado de una forma artificial, esto de una manera más onerosa para los productores. 

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural por la que se levantan los acotamientos al pastoreo de terrenos afectados por incendios forestales.
El BOPA publica la resolución después de que el pleno del Parlamento asturiano aprobara el pasado 24 de marzo una modificación de la Ley de Montes para extender el aprovechamiento de los pastos quemados y que unas 15.000 hectáreas que hasta ahora se encontraban acotadas puedan ser utilizadas por los ganaderos de forma inmediata.
Las sanciones vigentes a ganaderos por tener ganado pastando en zonas acotadas también quedan sin efecto con la entrada en vigor de esta modificación normativa, una medida pionera en España e impulsada por el PP que contó con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, salvo de Podemos, que votó en contra.
De acuerdo a la modificación normativa, el acotamiento al pastoreo sólo se va a aplicar en zonas quemadas de arbolado y aprovechamiento maderero y el propietario del monte incendiado tendrá la responsabilidad de cercarlo para evitar la entrada del ganado.
La Coordinadora Ecologista de Asturias ha insistido hoy en su crítica a la modificación de la Ley de Montes que ha permitido el levantamiento de 311 acotamientos, al advertir de que, a partir de ahora, "los autores de los incendios saben que no van a sufrir ningún tipo de perjuicio por quemar un monte porque sus reses van a seguir pastando en ellos sin ningún tipo de restricción".
La organización conservacionista ha lamentado en un comunicado que Asturias se convierta en la única comunidad autónomas y en "la única región de toda la Unión Europea en la que no se acotarán al pastoreo las zonas arrasadas por incendios forestales".
Según la CEA, el cambio normativo supone "rebajar las medidas de lucha contra los incendios forestales en una región que bate los récords de fuegos provocados".

España pedirá en el próximo Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea un mayor reconocimiento del uso y aprovechamiento que tienen los pastos leñosos -presentes en ecosistemas como las dehesas- para mejorar así los coeficientes de admisibilidad, determinantes en la percepción de ayudas.
Así lo ha avanzado el secretario general de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, en declaraciones, tras finalizar el Consejo Consultivo presidido por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas.
En la reunión de ministros europeos del próximo lunes en Luxemburgo, la Comisión Europea (CE) seguirá avanzando en la revisión del reglamento conocido como 'Ómnibus' que conlleva modificaciones en los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) y en los reglamentos de la OCM, de desarrollo rural y financieros.
Una de las intenciones de la CE es introducir cambios en la definición de 'pasto permanente' y es en ese punto donde España quiere que se reconozca al leñoso como "un pasto que se utiliza adecuadamente para alimentación animal".
El objetivo es que "quede reflejado" en el nuevo texto ese reconocimiento a los pastos leñosos y "se puedan mejorar así los coeficientes de admisibilidad", ha señalado.
Con la revisión del 'Ómnibus' la CE pretende, asimismo, "flexibilizar" la definición de 'agricultor activo'.
España, según Cabanas, "mantendrá el sistema" instaurado en la actual reforma de la PAC, "porque ha servido para reducir, por ejemplo, el número de solicitudes en más de 113.000".
Con ello, se ha conseguido que las ayudas de la PAC "vayan a las explotaciones realmente activas", ha añadido.
En el encuentro de la próxima semana también se abordarán modificaciones en programas operativos de vino y frutas y hortalizas, y la Comisión presentará un informe sobre superficies ecológicas, entre otros asuntos. 

Jero Díaz Galán

La dehesa, ese ecosistema único creado por el hombre hace miles de años, se enfrenta en las últimas décadas a la enfermedad de la seca, un mal que puede ponerla en peligro y para el que, treinta años después de que saltaran la primeras alarmas, sigue sin existir "una estrategia clara de control".
Así lo indica, la coordinadora de un proyecto integral para el control de esta enfermedad que provoca el decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques, María del Carmen Rodríguez, representante del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).
Se trata de definir diferentes técnicas de control de la seca en encinas y alcornoques que, manejadas de forma integrada, permitan desarrollar estrategias de prevención y mitigación de los daños que esta enfermedad ocasiona en la dehesa, principalmente en Extremadura y Andalucía.
Aunque las primeras señales de alarma en torno a este mal surgieron en 1987 o 1988, no fue hasta los años 90 cuando se identifica el patógeno causante de la enfermedad, la "phytophthora cinnamomi", un hongo que daña la raíz del árbol y que, "una vez que se ha establecido en el suelo, es muy difícil de erradicar", ha explicado María del Carmen Rodríguez.
Desde entonces, la progresión de la seca ha ido a más. Así, según el Observatorio de La Dehesa de la Junta de Extremadura, mientras en el año 2000 se contabilizaron en la región 450 focos con síntomas de decaimiento o seca, actualmente existen más de 5.000 focos.
Además, se estima que el ritmo de crecimiento anual de la enfermedad en la región puede estar en torno al 0,16 por ciento, lo que "no es ninguna broma", según Rodríguez.
La investigadora de Citycex se niega a utilizar términos como "cáncer de la dehesa" por el miedo o la alarma que pueden generar, pero reconoce que, si la seca no se mitiga o controla de alguna forma, sí puede suponer un peligro para este ecosistema.
De hecho, también reconoce que los propietarios de fincas afectadas por la enfermedad "están muy preocupados", porque "agobia mucho el encontrarte con que esto va avanzando y que en un tiempo se te van 50 o 100 hectáreas de una dehesa".
En las investigaciones sobre la seca, en las que Extremadura es líder, hay todavía muchas incógnitas, aunque ya se sabe, según María del Carmen Rodríguez, que "hay factores que están asociados y que están favoreciendo el daño", entre los que se encuentran "el envejecimiento de la dehesa, la falta de regeneración, factores de gestión y de manejo".
Ello va asociado "a episodios de sequía quizás un poco más prolongadas o más frecuentes que en otras ocasiones, seguidas de episodios de lluvias fuertes".
En este proyecto trabajan 24 investigadores de distintos ámbitos pertenecientes a este centro y al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Andalucía, así como de las universidades de Extremadura y Córdoba y la empresa Tragsa.
Se aborda así el problema de forma multidisciplinar por parte de fitopatólogos, biotecnólogos o expertos en producción forestal o mejora vegetal, con un presupuesto de 496.000 euros, financiados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Rodríguez considera que la seca es "un problema tan complejo que no va tener una solución única" y reconoce que hasta el momento lo único que han podido hacer es recomendar medidas para que no haya dispersión del patógeno.
En ese sentido, ha manifestado que los productos químicos que se han podido probar consiguen una rehabilitación del árbol, pero no una eliminación de la infección y se ha mostrado convencida de que "no va a haber una producto mágico que controle la enfermedad".
Por ello, ha explicado que las investigaciones se centran ahora en "programas para seleccionar material de encina y alcornoque resistente o tolerante a la enfermedad, junto con la búsqueda de otras especies que pueden ser acompañantes y puedan actuar como barrera que impida la propagación, al ser especies resistentes".
Rodríguez explica que trabajan concretamente con pino silvestre, higuera, acebuche y algarrobo para intercalar estas especies en la dehesa como barrera que impida la dispersión de la seca.
A pesar de la complejidad del problema, dice ser optimista y se muestra convencida de que, "si esto se aborda de forma conjunta, como se está haciendo, con investigadores especializados en distintas áreas, en contacto con los propietarios y con los gestores, sí se pueden poner a punto medidas que de alguna manera nos permitan convivir con la enfermedad".
En ese sentido, Carmen Rodríguez aboga por asumir que tanto en la dehesa como en los sistemas agrícolas hay determinados patógenos que están establecidos y son difíciles de erradicar, por lo que se trata de "ver cómo podemos convivir con esto de manera que nuestra producción no descienda o se mantenga en unos niveles sostenibles". 

Extremadura recurrirá ante el Tribunal Supremo la multa 79 millones de euros relativa a la cuantificación de la superficie de pastos que conllevan ayudas de la Unión Europea, según ha anunciado hoy la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal
La Comisión Europea impone la multa al Estado español, que la ha derivado a las comunidades autónomas, Andalucía, Castilla la Mancha y Castilla y León, además de Extremadura, ha señalado a pregunta de los periodistas
"Extremadura va a pelear esta sanción como ya lo hizo con la anterior", ha aseverado la consejera.
En esta ocasión se refiere a las campañas de la Política Agraria Común (PAC) de 2010, 2011, 2012 y 2013 en relación con la cuantificación de la superficie de pastos.
Pero el Ministerio de Agricultura ya derivó otra sanción a la Junta de Extremadura de 10 millones respecto a los años 2007 y 2008, ha precisado la consejera.
"Consideramos que debe ser el Reino de España quien pague la sanción porque, además, es a él a quien Europa pone la multa y luego ellos la derivan a las comunidades autónomas", ha subrayado.
Además del recurso ante el Tribunal Supremo, la Junta, ha indicado García Bernal, ha presentado ante el Ministerio y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo una modificación para el futuro de la PAC en la dehesa.
A su juicio, el problema está en que según los reglamentos de la Unión Europea y la aplicación que ha hecho el Estado, "no han contado los pastos de debajo de las encinas, cuando allí pastan todos los animales de la dehesa".
"Nos equiparan a un bosque nórdico y no tenemos nada que ver", ha concluido la titular de Agricultura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy nueve resoluciones en las que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) precisa la multa que corresponde a nueve comunidades autónomas a propósito del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La cuantía de la multa comunitaria, que asciende a un total de 262,8 millones de euros, la asumirán las comunidades autónomas, según el acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero.
La multa más abultada corresponde a Extremadura (79.740.309,96), seguida de la de Andalucía (69.509.696,47 euros), Castilla y León (58.030.003,90), Castilla-La Mancha (33.160.317,06), Comunidad Valenciana (4.958.450,97), Cantabria (6.417.977,68), Asturias (2.338.442,36), Aragón (441.099,01) e Islas Baleares (204.604,30).
La sanción se refiere a los pagos de las ayudas de pastos del periodo 2010/14 y se debe a que la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho sobre la decisión del Ejecutivo central de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos, que "si Rajoy lo hizo mal, que lo pague Rajoy".
Durante su intervención este sábado en el acto de entrega de los premios Clara Campoamor que concede anualmente el PSOE, Díaz ha asegurado que los andaluces no van a pagar esa multa, para "que lo sepa" el presidente del Ejecutivo.
Ha argumentado que el Gobierno central puso unas condiciones para que los agricultores pudieran acceder a las ayudas a zonas de pasto y "se equivocó", lo que ha supuesto una multa de más de 200 millones de euros de la Comisión Europea.
"En vez de reconocer que se equivocaron, nos han dado tres días para que los gobiernos autonómicos paguemos nuestra parte de lo que a ellos les han multado y les exigen a Andalucía 67 millones de euros", ha señalado.
"Cuando un político actúa mal, que se haga cargo, que se responsabilice y que dé la cara", ha declarado Díaz, tras asegurar que la comunidad no pagará dicha multa.
El Gobierno andaluz acordó el pasado lunes recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Gobierno central de desviar a las comunidades la multa de 262,8 millones de euros que impuso la Comisión Europea.
La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal "de forma tardía e inadecuada" el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso, según explicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
Junto con Andalucía, las principales comunidades afectadas son Extremadura, que tendría que devolver 79,6 millones de euros; Castilla y León (57,6 millones), y Castilla-La Mancha (32,1).

El Gobierno de Navarra ha habilitado oficinas en Irurtzun, Urbasa y Estella para tramitar la solicitud de pastoreo en las sierras de Urbasa y Andía.
Las oficinas, que permanecerán abiertas hasta el 15 de junio, atenderán, en horario de 9 a 14 horas, los martes en la oficina comarcal de Ganadería de Irurtzun, los miércoles en la casa forestal-guardetxe de Urbasa y los jueves en la oficina comarcal de Ganadería de Estella.
A través de ellas se pretende facilitar a los ganaderos los trámites que deben seguir para poder hacer uso de los derechos tradicionales de pastoreo en el parque natural de Urbasa-Andía, ya que esta actividad está sujeta a control.
La entrada del ganado en el parque natural no podrá tener lugar antes del 15 de abril y se deberá retirar antes del 15 de diciembre.
Quienes lleven a pastorear su ganado a estos montes deben tener en cuenta la normativa de uso ganadero del Plan Rector de Uso y Gestión de esta sierra, que fue aprobado mediante decreto foral 340/2001, de 4 de diciembre.

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