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(OVIESPAÑA publica durante la presente semana las características extensivas de la producción de pequeños rumiantes en diferentes comunidades autónomas de España, según un estudio de la Fundación Entretantos ofrecido en una jornada técnica organizada por el Ministerio de Agricultura)

La mayor parte de las explotaciones de ovino de leche en Castilla y León son puramente intensivas, aunque también hay ejemplos de ganaderías con un mayor o menor grado de extensificación.

Tamaño de las explotaciones

Grandes explotaciones de más de 1.100 ovejas de raza Assaf, y con un promedio de unas 700 hembras en lactación en cualquier momento del año.

Productos a la venta

La leche es el principal producto, con grandes volúmenes que se venden a empresas transformadoras que elaboran principalmente queso, pero también yogures, etc. Los lechazos, corderos que se sacrifican con unos 10-12 kilos y un mes de vida, son criados habitualmente con leche materna, aunque hay una tendencia creciente al uso de lactoreemplazantes.

Pastos y alimentación del ganado

El grueso de la alimentación del ganado se realiza en pesebre: todos los animales disponen de forraje y concentrado a su disposición todos los días del año. La alimentación del pastoreo se realiza principalmente en rastrojeras de cereal y otras zonas de cultivo, si bien se aprovechan también pastos de algunas zonas de monte y pinar próximas.

Calendario del uso de pastos

Las ovejas en lactación y las crías no suelen salir de la nave, y son las ovejas vacías o gestantes quienes aprovechan los pastos agrícolas y de monte disponibles.

Manejo del ganado

Un pastor suele conducir a la parte del ganado que sale de la nave a rastrojeras y otros pastos disponibles en las proximidades. Al alimentarse principalmente en pesebre, la importancia de estos recorridos que realiza el ganado radica en el bienestar animal y la prevención de enfermedades.

Estrategias diferenciadoras

Las explotaciones más extensificadas de esta región tienen las siguientes características:

- Alimentación del ganado. Más de un 45% de los animales en régimen mixto de pastoreo y alimentación en pesebre.

- Manejo de pastos. Utilización preferente de barbechos, rastrojeras y monte, aprovechando residuos y pastos sin otro uso alternativo.

La Unión Extremadura ha exigido a las administraciones competentes que el reglamento Omnibus recoja la superficie de dehesa y bosque mediterráneo como "pastables" y no se descuenten de la superficies total de pastos permanentes.
En una rueda de prensa, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha asegurado que, de no reflejar de manera explícita esta situación, en el futuro "se producirán nuevos malentendidos y otra batería de sanciones a agricultores y ganaderos de la región".
Cortés ha recordado que la región deberá pagar una multa de 10,4 millones de euros por no descontar, en el periodo 2007-2008, la superficie que ocupan encinas y alcornoques a la destinada al aprovechamiento como pastos.
Además, Extremadura se enfrenta a otra sanción de 80 millones de euros por no aplicar estos descuentos durante el periodo 2009-2013, ha advertido.
El responsable de La Unión ha mostrado su rechazo a las declaraciones de algunos cargos de la Administración que afirman que, tanto la Comisión Europea como el Parlamento, han reconocido el error y se va a rectificar en el Reglamento Omnibús que entrará en vigor la campaña que viene.
En este sentido, ha aseverado que, en el informe publicado el pasado 12 de mayo por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que informa de las modificaciones propuestas y las enmiendas aprobadas, propone "exactamente la misma definición que en el reglamento causante de dichas multas", ha precisado Cortés.
Cortés ha pedido que no se hagan declaraciones "en base a promesas" y ha exigido que en los reglamentos tanto de la Comisión como del Parlamento "las superficies ocupadas por encinares y otras especies compatibles con la alimentación animal como pastos permanentes".
Por último, ha instado a las administraciones regionales, nacionales y comunitarias a ser claros en las definiciones "para evitar las situaciones descritas".
"Si la superficie de dehesa se computa como superficie pastable, que se ponga en el reglamento, y si no, que se ponga claro también", ha añadido. 

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar de la multa de 6,4 millones de euros impuesta a Cantabria por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea en las subvenciones por pastos.
En un auto difundido hoy, el TS suspende cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros que impuso a Cantabria el pago de esa cuantía, al igual que hizo la semana pasada con las multas impuestas a Extremadura, Galicia y La Rioja.
Cantabria argumentó el "pernicioso efecto" que tendría no suspender el pago sobre los datos macroeconómicos de la Hacienda Pública de la comunidad autónoma y el "devastador escenario" en el que situaría a la administración regional para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y para hacer frente a los pagos de las ayudas a agricultores y ganaderos de 2016, 2017 y 2018.
El abogado del Estado no se ha opuesto a la petición al recordar que España, en coordinación con las comunidades autónomas, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa contra la decisión de la UE de la que deriva esta multa por pastos, por considerarla desproporcionada y no ajustada a derecho. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha calificado hoy de "razonable" que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado la suspensión cautelar de la multa de Bruselas a varias autonomías por incumplir la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.
"Compartimos la resolución del Tribunal Supremo, es razonable, pero ahora hay que esperar hasta que se produzca la decisión final", ha declarado a los medios de comunicación el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, al término de una reunión entre los Gobiernos y viticultores de España y Francia.
La suspensión cautelar afecta a la sanción financiera comunitaria que concierne a Extremadura, Galicia, Castilla y León, y La Rioja.
Para Cabanas, ahora hay que "ser prudentes" y esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que determinará exactamente si la multa "es adecuada o no".
De momento, ha añadido, no se aplicará la "corrección financiera" a las autonomías y, una vez que se tengan las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal comunitario, "se tomarán las decisiones" sobre dicha penalización.
Según recogen los respectivos autos, el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa de Bruselas por los pastos es "desproporcionada y no ajustada a derecho".
Fuentes judiciales han apuntado a Efeagro que se espera que el Supremo resuelva próximamente las peticiones cautelares interpuestas por otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León considera "muy positiva" la suspensión cautelar de la multa de 58 millones de euros por parte del Tribunal Supremo y espera que en una resolución definitiva admita su recurso en relación con el Coeficiente de Admisibilidad Pastos (CAP).
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la multa por importe de 58 millones de euros que, procedente de la Unión Europea, el Gobierno repercutió a Castilla y León por incumplimientos en la aplicación del CAP a la hora de pagar ayudas a ganaderos.
Esta resolución suspende en la práctica el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 que aprobó la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a varias autonomías españolas, entre ellas Castilla y León, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad.
El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas, consideró ayer como "muy positiva" la resolución del Tribunal Supremo dada la cuantía de la multa impuesta, 58 millones de euros, que evita una "repercusión directa" sobre las arcas de la comunidad autónoma.
Después de advertir que aún falta la resolución judicial definitiva, el secretario general ha señalado que el alto tribunal no podía tratar a Castilla y León de manera diferente a otras comunidades, cuando un día antes había mostrado su conformidad con la suspensión cautelar a Extremadura, expuesta a una multa de 79,7 millones, Galicia -7,7 millones- y La Rioja -4 millones-.
Par reclamar la suspensión cautelar, la Consejería de Agricultura y Ganadería arguyó que su denegación ocasionaría una perturbación grave y daños irreparables a los intereses generales, con lo que se perdería la finalidad del recurso.
Cabanillas ha insistido en que el recurso de Castilla y León, cuyo resolución definitiva no se producirá previsiblemente antes de un año, se basa en que el Gobierno de la Nación no puede repercutir la multa impuesta por la UE en las comunidades autónomas, puesto que es el coordinador de la política agrícola nacional.
Este es uno de los argumentos que espera la Consejería de Agricultura que el Tribunal admita para la suspensión de la multa a la Comunidad autónoma. 

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar de la multa procedente de la Unión Europea (UE) que el Gobierno repercutió a Extremadura, Galicia y La Rioja por incumplimientos en la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS ha suspendido la cuantía de 79,7 millones de euros impuesta a Extremadura; la de 7,7 millones a Galicia; y la de 4 millones a La Rioja, según el auto de la sala de lo Contencioso Administrativo.
Fuentes judiciales han apuntado que se espera que el Tribunal resuelva próximamente las peticiones cautelares interpuestas por otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Según recogen los respectivos autos, la Abogacía del Estado no se ha opuesto a la concesión de dicha suspensión cautelar ya que el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa es "desproporcionada y no ajustada a derecho".
Esta posición de la Abogacía del Estado ha hecho que el Supremo haya acordado la suspensión cautelar "sin entrar en mayores análisis".
En el caso de Extremadura, la comunidad autónoma reclamó la suspensión alegando los efectos "perniciosos" con consecuencias "irreparables" que tendría el desembolso sobre sus presupuestos.
El auto de la Xunta de Galicia y el Fondo Galego de Garantía Agraria planteaba que la denegación de la medida cautelar ocasionaría una "perturbación grave" a los intereses de esta región y sus ciudadanos.
La Rioja, por su parte, argumentó que si no se procedía a la suspensión cautelar se produciría un "grave impacto" en las cuentas públicas.

La noticia de que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha solicitado al Ejecutivo comunitario medidas de apoyo para la ganadería extensiva de la dehesa y del monte mediterráneo, es una excelente noticia. Es un primer paso tras la declaración de consenso que todo el sector ovino caprino europeo logró tras cuatro sesiones de trabajo entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, a iniciativa del comisario Phill Hogan.
En el citado documento se reclama la necesidad de un apoyo especial a las zonas de interés ganadero para el pastoreo, ya que si las mismas desaparecen el impacto ambiental es desastroso como, desgraciadamente, ya ocurre en amplias áreas con embastecimiento de pastos, degradación y mayor riesgo de incendios.
Inmediatamente a la aportación del documento, desde INTEROVIC nos pusimos manos a la obra presentándolo a la delegación del Gobierno español en Bruselas así como a los grupos parlamentarios del PSOE, PP y los Verdes en el Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo acaba de aprobar la citada resolución por iniciativa del PP y PSOE.
La labor institucional realizada por la presidencia de INTEROVIC en Bruselas ha sido complementaria a la presión de los organizadores agrarios y cooperativas en España.
Una buena noticia que debe animarnos a continuar trabajando de la mano y en la misma dirección porque tras el golpe del CAP eliminando de las ayudas, determinadas zonas de arboleado, piedras y pendientes, la ganadería corre el peligro de abandonar estas zonas. Y no podemos esperar a la reforma de la PAC que podría retrasarse a 2022.

Los ganaderos extremeños precisarán de alimentación complementaria este año al menos dos meses antes de lo habitual, debido a la situación de escasez de lluvias a lo largo de este año, lo que ha perjudicado a los pastos.

Las pocas precipitaciones en los primeros meses del año han hecho que no haya ya prácticamente hierba en el campo, la cual se mantiene hasta junio o julio en años normales, ha dicho a Efe el presidente de la asociación Ganaderos del Reino, Enrique de Muslera.

Ante estas circunstancias, el ganadero deberá utilizar alimentación complementaria antes de que acabe la primavera, en vez de esperar a mediados de verano.

Esta situación hace que el sector se enfrente a "importantes" costes de alimentación complementaria, ha advertido.

En este sentido, el ganadero invertirá una media de 60 euros más por cada vaca y 48 euros más por oveja, por esos dos meses de más respecto a una campaña normal.

La ausencia de lluvia de meses atrás ha hecho que la hierba se haya secado en muchas zonas de la comunidad autónoma, ha indicado.

Además, ha señalado que la primavera mitad de la primavera ha sido por tanto "seca", pues a la escasez de precipitaciones se unen temperaturas más altas de lo habitual.

A su juicio, las lluvias de los últimos días "ya no sirven para nada en cuanto a la hierba", pues son prácticamente "ineficaces" tanto en el caso de la vegetación animal como para los cereales, excepto en el caso del girasol.

Además, estas lluvias ya no son buenas para el heno, ha apuntado Muslera.

En el heno se espera una producción media, en primer lugar porque las precipitaciones caídas a final de año no fueron del todo malas, y en segundo porque muchos cereales para grano se han quedado para heno debido a la sequía de este 2017.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura solicitará un programa de actividades para EA Group, colaborando por segundo año consecutivo con esta entidad, en la convocatoria de ayudas a las actividades de demostración y las acciones de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, según publica Agroextremadura.

La jornada ‘Técnicas genéticas aplicadas a ganadería extensiva para ayudar a seleccionar los animales de renuevo’ permitirá trabajar sobre la selección de los machos de la explotación, pudiendo de este modo determinar los ejemplares que se quieren dejar en la explotación o derivar a cebadero y, a su vez, efectuar una evaluación morfológica para el renuevo de la ganadería.

En las sesiones de demostración ‘Técnicas de evaluación del estado sanitario a través de la EAP’ los participantes podrán conocer el modo correcto de tomar muestras y con un kit de laboratorio poder hacer una primera analítica para orientación del problema presente en la explotación antes de que lleguen los resultados finales del laboratorio. Este año además se harán demostraciones sobre el control de coccidios en corderos y una valoración de la eficacia de las desparasitaciones efectuadas en la ganadería.

Por último, en las ediciones de demostración ‘Técnicas de Gestión de Pastos y cultivos accesibles a través de EA Group’ se mostrará una vez más cómo digitalizar una finca y analizar el momento óptimo de los recursos presentes en la misma.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las jornadas demostrativas se realizarán en explotaciones ganaderas, por lo que en esta ocasión el carácter práctico es aún mayor, ya que se trabajará sobre los animales presentes en la finca o sobre las cercas de pastos y cultivos en su caso.

Asaja Baleares ha planteado la nulidad de la declaración de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) propuesta por el Govern en marzo porque considera que carece de "evidencias científicas que la justifiquen" y que supondría "una expropiación encubierta y sin indemnización".
La entidad agraria ha presentado alegaciones contra el acuerdo del Consell de Govern del pasado 17 de marzo por el que el ejecutivo autonómico inició la tramitación de la declaración de 9 nuevas ZEPA y la ampliación de dos ya existentes para aumentar lo que supondría aumentar un 8,4 % la superficie de las islas con este tipo de protección hasta 11.775 hectáreas.
Asaja se ha opuesto a esta ampliación de las zonas declaradas ZEPA y ha detallado en un comunicado que más de 10.000 hectáreas son suelo rústico de aprovechamiento agrícola, ganadero, silvícola y cinegético.
El gerente de Asaja en Baleares, Joan Simonet, ha explicado que dichas alegaciones plantean que el acuerdo del Consell de Govern "carece de motivación y resulta manifiestamente arbitrario" porque la propuesta de declaración y ampliación de ZEPA "carece de evidencias científicas que la justifiquen".
Según la asociación agraria, la declaración de una ZEPA únicamente puede sustentarse en criterios ornitológicos científicamente fundados que demuestren "con absoluta claridad" la necesidad de declarar esa zona como de especial protección, por existir especies de aves cuya conservación no esté totalmente garantizada por las ZEPA ya existentes en Baleares, y añaden que "el Govern no ha podido justificar tal condición".
La entidad considera insuficiente la memoria justificativa redactada por el Govern para justificar esta propuesta de declaración y ampliación de ZEPA, porque carece de informes técnicos sobre el hábitat, la determinación de las poblaciones de aves, sus necesidades y extensión, así como datos que demuestren un seguimiento, avistamientos de aves o de sus nidos.
Según Asaja, los únicos documentos a los que hace referencia la propuesta "son unas guías turísticas de avistamiento de aves".
Simonet ha añadido que los valores ornitológicos de "gran parte de las zonas" que el Govern pretende declarar ZEPA tampoco quedan amparadas en los denominados inventarios IBA (Áreas de Especial Interés para las AVES), que definen territorios relevantes para la conservación, supervivencia y reproducción de las especies importantes.
Asaja ha alegado además que la declaración como ZEPA de las áreas propuestas por el Govern, "tendría una enorme trascendencia para los agricultores y ganaderos" de Baleares afectados por el régimen de usos y aprovechamientos permitidos en esos espacios, algo que consideran que "atenta contra su destino primordial, entrañando previsiblemente una expropiación encubierta y sin indemnización".

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