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Asaja Baleares ha planteado la nulidad de la declaración de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) propuesta por el Govern en marzo porque considera que carece de "evidencias científicas que la justifiquen" y que supondría "una expropiación encubierta y sin indemnización".
La entidad agraria ha presentado alegaciones contra el acuerdo del Consell de Govern del pasado 17 de marzo por el que el ejecutivo autonómico inició la tramitación de la declaración de 9 nuevas ZEPA y la ampliación de dos ya existentes para aumentar lo que supondría aumentar un 8,4 % la superficie de las islas con este tipo de protección hasta 11.775 hectáreas.
Asaja se ha opuesto a esta ampliación de las zonas declaradas ZEPA y ha detallado en un comunicado que más de 10.000 hectáreas son suelo rústico de aprovechamiento agrícola, ganadero, silvícola y cinegético.
El gerente de Asaja en Baleares, Joan Simonet, ha explicado que dichas alegaciones plantean que el acuerdo del Consell de Govern "carece de motivación y resulta manifiestamente arbitrario" porque la propuesta de declaración y ampliación de ZEPA "carece de evidencias científicas que la justifiquen".
Según la asociación agraria, la declaración de una ZEPA únicamente puede sustentarse en criterios ornitológicos científicamente fundados que demuestren "con absoluta claridad" la necesidad de declarar esa zona como de especial protección, por existir especies de aves cuya conservación no esté totalmente garantizada por las ZEPA ya existentes en Baleares, y añaden que "el Govern no ha podido justificar tal condición".
La entidad considera insuficiente la memoria justificativa redactada por el Govern para justificar esta propuesta de declaración y ampliación de ZEPA, porque carece de informes técnicos sobre el hábitat, la determinación de las poblaciones de aves, sus necesidades y extensión, así como datos que demuestren un seguimiento, avistamientos de aves o de sus nidos.
Según Asaja, los únicos documentos a los que hace referencia la propuesta "son unas guías turísticas de avistamiento de aves".
Simonet ha añadido que los valores ornitológicos de "gran parte de las zonas" que el Govern pretende declarar ZEPA tampoco quedan amparadas en los denominados inventarios IBA (Áreas de Especial Interés para las AVES), que definen territorios relevantes para la conservación, supervivencia y reproducción de las especies importantes.
Asaja ha alegado además que la declaración como ZEPA de las áreas propuestas por el Govern, "tendría una enorme trascendencia para los agricultores y ganaderos" de Baleares afectados por el régimen de usos y aprovechamientos permitidos en esos espacios, algo que consideran que "atenta contra su destino primordial, entrañando previsiblemente una expropiación encubierta y sin indemnización".

Las cabras y las ovejas no deben compartir el mismo redil ni los pastos. La convivencia de ambas especies potencia las infecciones, tanto para una como para la otra. Esta es una de las conclusiones de una tesis que defendió el veterinario de la Asociación de Defensa Sanitaria de A Fonsagrada, Juan Pablo Béjar González, centrándose en el ganado de Galicia, en el que funcionan todavía 2.672 explotaciones mixtas, en las que conviven 21.873 cabras y 45.627 ovejas, según publica La Voz de Galicia

Pablo Béjar constató en su tesis que en los rebaños de ganado caprino de Galicia existe una elevada seroprevalencia de infección por ‘Toxoplasma gondii’. En este estudio constataron que existe un elevado porcentaje de rebaños de caprino que padecen infecciones parasitarias que afectan a su aparato digestivo, pulmonar e incluso reproductor. El veterinario también recoge también que entre los principales factores de riesgo para reducir las cifras medias de eliminación de la mayoría de los parásitos está la presencia de ovejas en los rebaños de caprino. Así, aquellos ganaderos que siguen teniendo explotaciones mixtas van a tener que optar por ovejas o por cabras, pero no por ambas, dados los riesgos que supone de propagación de enfermedades.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que impulse el diálogo con las autonomías para revisar el cálculo del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La PNL, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha sido sometida a votación con una enmienda transaccional con la que ha tenido el visto bueno de todos los componentes de la Comisión.
En dicha transaccional, se pide que en la revisión del CAP se tengan en cuenta las especificidades de las parcelas en las que el ganadero haya presentado una alegación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) por considerar que su coeficiente no refleja la realidad de superficie pastable.
Solicita al Ejecutivo que mantenga el impulso para que las regiones realicen la declaración del pastoreo como "práctica local" y que continúe con el esfuerzo para sacar de la Política Agraria Común (PAC) las parcelas que "estén abandonadas o en las que no se lleva a cabo la actividad agraria exigida".
Y reclama aplicar sistemas semejantes al 'bonus dehesa' en otros sistemas silvopastorales y buscar la forma de identificar dentro del REGA un registro especial de ganadería extensiva.
Desde Unidos Podemos, la diputada Eva García ha defendido los sistemas ganaderos en extensivo porque "tienen relación muy directa" con la gestión sostenible del territorio, tras lamentar que la Comisión Europea "no haya entendido" su "valor" ecológico, social o cultural.
A su juicio, esta "falta de apoyo" de Bruselas se une a la "ausencia de voluntad política" por parte de las autoridades españolas para hacer una "interpretación adecuada" de los pastos que pueden ser admisibles para las ayudas.
El Grupo Popular ha presentado enmiendas a la PNL y su diputada Carmen Quintanilla ha expresado la voluntad de la formación para alcanzar acuerdos en el área agroganadera y ahí entra, según ha recordado, la ganadería extensiva, por su repercusión económica en el entorno rural y por el "valor añadido" que aporta a la conservación del medioambiente o la prevención de incendios.
Quintanilla ha añadido que, "desde el primer momento" que su grupo tuvo conocimiento de esta iniciativa, ha "tenido claro" que "teníamos que trabajar" en un "gran acuerdo" al respecto.
Desde el Grupo Socialista, también proponente de la transaccional, su portavoz adjunto Gonzalo Palacín ha defendido la PNL porque ve "evidente" que "algo no se está haciendo bien" con este tipo de ganadería, como "refleja" el "abandono" de zonas que antes eran pastos.
El actual sistema de cálculo del CAP "no recoge la realidad" del sector y "hace que no sean admisibles muchas hectáreas" que deberían serlo, ha insitido Palacín.
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Toni Cantó, ha defendido la transaccional de su grupo y el contenido de la PNL porque defiende a un sector de "importancia" para el medio rural, tras resaltar que el ganado en extensivo es un modelo de producción que aporta valor ambiental, económico y social a lo pueblos.
Por otro lado, la Comisión también ha aprobado una PNL del PP -también transaccionada por todos los grupos- por la que se pide a las administraciones que se busquen soluciones para el problema de la "seca" de las encinas.
El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro ha recordado que la enfermedad de la "seca" la provoca un hongo que se propaga desde las raíces al resto del árbol hasta provocar su muerte y ha urgido a "actuar ya" de forma "más coordinada" entre las administraciones.
La diputada socialista Pilar Lucio ha asegurado que esta defensa del encinar es necesaria y "demuestra que el Gobierno del PP no ha hecho nada hasta ahora" para combatirla, mientras que las comunidades autónomas "llevan año afrontándolo".
Desde Ciudadanos, Cantó ha señalado el momento "especialmente duro" que vive la dehesa y la necesidad que hay "de ayudar a que sea sostenible" y erradicar estas enfermedades.
La diputada de Unidos Podemos Eva García ha mostrado, por su parte, su acuerdo con la iniciativa del PP porque se trata de un "problema grave" que acecha al "capital ecológico" del país. 

 

 

La Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) y la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura (AGEDREX) han valorado positivamente la aprobación y publicación del decreto de ayudas a la regeneración de terrenos adehesados.

 

La Junta de Extremadura ha publicado esta semana el decreto que regula el régimen de subvenciones destinadas a apoyar la regeneración de terrenos adehesados mediante inversiones que permitan reforzar el sistema de dehesa de alto valor natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta medida para cuya convocatoria se prevé una dotación económica de ocho millones de euros, tiene como finalidad impulsar el desarrollo sostenible de uno de los sistemas característicos de la comunidad autónoma. Desde el gobierno extremeño, su portavoz, destacaba el valor de estas ayudas por la generación de mano de obra y de puestos de trabajo, insistiendo en la necesidad de crear empleo digno como medio para vertebrar la región. La Dehesa es uno de los pilares del modelo de economía verde y circular que se pretende implementar y desarrollar en la comunidad autónoma de Extremadura.

 

Desde la Federación Española de la Dehesa se ha valorado muy positivamente todo ello, destacando la importancia de estas ayudas "para la dehesa extremeña, para su mantenimiento y mejora, puesto que se encuentra en un alto grado de envejecimiento y es necesaria su continua regeneración", indicaba la Presidenta de la Federación, María Pía Sánchez Fernández.

En esa misma línea se han expresado desde la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, su Presidente Demetrio Cáceres Murillo, ha valorado de manera positiva y necesaria esta convocatoria “tanto por el apoyo que significa a los propietarios para la realización de actividades de manejo en sus fincas, como por los numerosos puestos de trabajo que las labores que han de realizarse van a generar”. Por su parte el Director Ejecutivo de la Asociación, Raúl Cabello Bravo, ha afirmado que invertir en este ecosistema es apostar por el futuro, "ya que las dehesas son un activo que hay que preservar y mejorar continuamente, siendo un patrimonio extremeño y español que debe estar a la cabeza de las prioridades de la administración pública". Cabello ha incidido en la necesidad de que los gobiernos autonómicos y estatal destinen recursos a la dehesa por su gran faceta socioeconómica, puesto que es el “sustento de numerosos pueblos y regiones, fijando población y generando empleo y riqueza”. El director ejecutivo señalaba que este ecosistema agrosilvopastoral y ganadero "es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, de ahí la necesidad de mejorar su rentabilidad, haciéndola sostenible económicamente, a la vez que se debe trabajar en su regeneración". Para ello, aboga por analizar y elaborar un plan integral de la dehesa en su conjunto, que coordine y analice en profundidad las posibilidades y recomendaciones que pueden realizarse con la mayor eficacia y eficiencia, dando respuesta a los distintos retos presentes y futuros a los que debe hacer frente este singular ecosistema español.

 

Desde la Asociación de Gestores de la Dehesa (AGEDREX) se aboga por el desarrollo de planes de mejora y gestión individualizada con mecanismos concretos que persigan objetivos definidos y compromisos a medio y largo plazo teniendo como fin la rentabilidad económica, medioambiental, y social de estos ecosistemas únicos. La Asociación de Gestores de la Dehesa es miembro participante del grupo operativo "Repoblex", centrado en el estudio y desarrollo de buenas prácticas y TICs para optimizar los aprovechamientos de las repoblaciones de encina y alcornoque, tan necesarias para el mantenimiento y conservación de la dehesa extremeña.

 

Consideraciones importantes para mejorar la Dehesa

Ambas organizaciones han mostrado su satisfacción porque la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo haya aprobado recientemente la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, reconociendo a la Dehesa como superficie de pasto permanente, lo que sin duda ayudará a este ecosistema en la percepción de ayudas comunitarias, dejando de ser injustamente penalizados en sus solicitudes de PAC los productores que tienen dehesa. En base a todo ello estas entidades han argumentado una serie de consideraciones necesarias que la administración estatal y autonómica deben tener en cuenta al poner en marcha medidas de apoyo como es que las dehesas son fundamentalmente sistemas ganaderos (exceptuando las fincas destinadas exclusivamente a la producción de corcho o a la explotación cinegética), de forma que las medidas de ayudas a las dehesas han de perseguir el objetivo de mejora de los recursos naturales de la propia dehesa en relación a la ganadería que sustentan, propiciando un incremento de la rentabilidad económica de las mismas. El incremento futuro del arbolado que debería darse con las medidas publicadas, chocan en muchos casos con el interés económico de los ganaderos de dehesas, debido a que actualmente la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) penaliza las superficies con mayor densidad de pies al descontar la superficie de estos árboles, incluida la proyección de su copa sobre el suelo en el cálculo final de las ayudas europeas de la Política Agraria Comunitaria, puesto que de manera objetiva cuanto mayor sea la fracción de cabida cubierta, menor es el pago único.

El desbroce de matorral contemplado en la medida para posibilitar la regeneración de los chirpiales incipientes es cuanto menos discutible. Tradicionalmente el matorral propio de las dehesas ejerce una protección nada desdeñable a diversos elementos como la erosión del suelo, servir de resguardo al ganado y a especies silvestres, garantizar la biodiversidad y por tanto la todavía desconocida necesaria interacción entre especies de flora y fauna. Señalan que mayor eficacia y eficiencia en términos económicos sería tratar de acotar superficies al pasto durante periodos de tiempo suficientes para conseguir la regeneración de vuelo y suelo, y por supuesto sin excluir de las ayudas por superficies. A su vez han indicado, que la sucesiva promulgación de decretos que contemplan ayudas para diversas actuaciones consideradas de forma aisladas y susceptibles de ser aplicadas por igual a todas las dehesas con independencia de factores tan importantes como la vocación, ubicación geográfica, características edafológicas, condiciones medioambientales y en fin la idiosincrasia de cada dehesa en particular, no es un camino adecuado. Se aboga por realizar actuaciones acorde a las condiciones particulares, con ayudas de manera individualizadas puesto que hay que estudiar y dar respuesta a muchos problemas diferentes.

Por último se insiste en la necesidad de aprovechar los fondos europeos para mejorar y dar viabilidad a las dehesas, para ponerlas en situación de ser rentables económicamente como principal garantía de su supervivencia, puesto que existen fincas que nunca pueden acceder a las ayudas, otras en las que se hace innecesario o ineficaz determinadas inversiones y existen otros terrenos adehesados que han perdido de vista la razón de su existencia y se convierten en meros parques o lugares de disfrute.

La Alianza UPA-COAG solicita a la Junta de Castilla y León que "de forma urgente" abone ayudas pendientes de pago de campañas pasadas en líneas fundamentales como incorporación, mejora, agroambientales y ecológicas, según ha subrayado en un comunicado.
Según la Alianza, "la grave situación que sufre el sector actualmente debido a la sequía que ha afectado a la totalidad de cultivos y a los pastos, y a las heladas que han generado también importantes daños requiere de actuaciones urgentes por parte del Gobierno regional".
Además, según la nota de prensa, "la falta de tesorería que sufren los agricultores y ganaderos por los precios tan bajos percibidos la campaña pasada hacen absolutamente necesario que la Administración regional agilice ya mismo el pago pendiente a los profesionales del sector".
La Alianza UPA-COAG recuerda que la Junta de Castilla y León aún tiene pendiente de abonar a los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma una partida económica muy importante correspondiente a campañas pasadas, a lo que habría que sumar la cofinanciación del Magrama y de la Unión Europea.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha insistido hoy en que el Gobierno de España no puede mirar para otro lado "y cargar el mochuelo a las CCAA" en la multa que la Unión Europea ha impuesto a España por incumplir los criterios en ayudas a superficie admisible de pastos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz extremeña ha indicado que se está a la espera de que a lo largo de hoy o mañana el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que Extremadura y otras CCAA presentaron contra la decisión del Gobierno de que sean las regiones las que abonen la multa.
Sin embargo, Gil Rosiña ha asegurado que "diga lo que diga la sentencia" y lo que ayer adelantó la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, al respecto, el Gobierno extremeño mantiene que las CCAA "no estamos en disposición de asumir esa multa".
García Tejerina aseguró ayer en el Senado que son las comunidades autónomas "las responsables" de la multa impuesta por Bruselas (262,8 millones de euros) a España por incumplir los criterios en ayudas a superficie admisible de pastos.
Gil Rosiña, que prefiere ser prudente hasta que se conozca la sentencia, sí ha mostrado su satisfacción por los avances que se están logrando en Bruselas en la elaboración del nuevo reglamento "Omnibus", que regulará en el futuro estos programas.
Han indicado que gracias a una enmienda de los diputados socialistas "los que nunca han pisado una dehesa ni los pastos no pueden elaborar un reglamento, porque luego vienen las multas".
"Desde el papel es complicado saber como funciona la dehesa", ha dicho la portavoz, que está satisfecha "con el cambio de rumbo".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en 94 millones de euros el impacto que tendrá en el campo andaluz las reducciones de los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos.
En un encuentro con representantes de Asaja-Cádiz, Sanz ha destacado el alcance que tendrán para la comunidad las medidas contenidas en la Orden Ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado sobre reducciones de índices de rendimiento neto del IRPF del año 2016.
En un comunicado de prensa, Sanz ha recordado que el objetivo de estas iniciativas es "atenuar la presión fiscal sobre agricultores y ganaderos, en atención a las excepcionales circunstancias climatológicos del año pasado".
El delegado del Gobierno entiende que "esta medida de minoración de la presión fiscal para agricultores y ganaderos, con reducciones significativas en los módulos del IRPF" evidencia "el compromiso del Gobierno con un sector vital para la economía andaluza, tanto en términos de aportación al PIB como por su contribución al empleo".
En esta ocasión, los agricultores y ganaderos andaluces "se encontrarán con novedades que suponen una atenuación de la presión fiscal, en atención a las circunstancias excepcionales del año", con reducciones a escala regional para los cereales y la ganadería extensiva, entre otras.
Según ha precisado el delegado, a partir de la información fiscal y agraria disponible, se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con respecto a un año normal, "una rebaja de la base imponible de unos 94 millones de euros para Andalucia".
La mayor parte de estas minoraciones se establecen para dar respuesta a la sequía que afectó a grandes áreas de la Península, entre ellas el sureste peninsular, con reducciones en los módulos de la ganadería para paliar la falta de pastos.
En lo referente a los cultivos, se ha reducido el módulo de los cereales, con objeto de tener en cuenta la situación de precio de los cereales reduciendo su índice de rendimiento neto a nivel nacional.
Los efectos de otras adversidades climáticas sobre los cultivos en 2016, como las heladas de enero, los excesos de lluvia primaverales y los diferentes pedriscos producidos, se ven igualmente reflejados en la propuesta de reducción de módulos para aquellos municipios en los que ha habido incidencia. 

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha recibido "con mucha prudencia" la aprobación por parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) de la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes.
Santalla prefiere mantener esa prudencia mientras esa decisión no sea ratificada por el Parlamento Europeo.
Bajo su punto de vista, incluir los pastos mediterráneos dentro de los permanentes es una "necesidad a gritos" y un acto de "justicia" hacia las zonas pastables del sur de Europa, que "no tienen nada que ver" con las centroeuropeas.
Según ha señalado, será necesario hacer una "labor didáctica" ante los dirigentes europeos para que entiendan que estas superficies son zonas en las que los animales "han habitado y han pastado históricamente". 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) aprobó la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, lo que puede ayudar a ecosistemas como la dehesa española en la percepción de ayudas comunitarias, entre ellas las de la Política Agrícola Común (PAC).
Se trata de dos enmiendas presentadas por el PP y el PSOE para modificar esta definición, lo que supone "el pleno reconocimiento de la dehesa española como beneficiaria de las ayudas de la PAC", afirmó la eurodiputada popular española Esther Herranz a través de un comunicado.
"La legislación europea actual sólo reconoce como pastos permanentes aquellos en donde predominan los herbáceos, sin tener en cuenta las especies leñosas presentes en los pastos mediterráneos, lo que se ha traducido en un agravio comparativo entre el Sur y el Norte de Europa", indicó la eurodiputada al término del voto.
Esa disposición se ha traducido "en penalizaciones injustificadas sobre los pastos leñosos, que además tienen un gran valor ecológico, lo que se contradice con el espíritu de la última reforma de la PAC, en la que se ha querido promover una mayor aportación del campo a los requisitos medioambientales de la sociedad", según Herranz.
La eurodiputada afirmó que "el informe de la comisión parlamentaria será tenido en cuenta en el voto final del próximo pleno del Parlamento y en las negociaciones con el Consejo de la UE" sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) de revisión de los textos legislativos conocida como "ómnibus".
Se trata de una serie de modificaciones legislativas planteadas por la CE, que busca simplificar las políticas europeas, entre ellas la Política Agrícola Común (PAC), que conllevaría cambios en los pagos directos y en los reglamentos de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), de desarrollo rural y financieros.
Entre otras mejoras, España espera un mayor reconocimiento del uso y aprovechamiento de los pastos leñosos -presentes en ecosistemas como las dehesas- para mejorar así los coeficientes de admisibilidad, determinantes en la percepción de ayudas.
El reglamento "Ómnibus" se aplicaría hacia 2018, antes de la futura reforma de la PAC.
En el último consejo de ministros de Agricultura celebrado en Luxemburgo, la ministra española Isabel García Tejerina pidió que este reglamento incluya una nueva definición de pastos "más adecuada a la realidad española". 

La organización profesional agraria ASAJA Extremadura ha presentado una denuncia contra Agroseguro por una supuesta "estafa" en el seguro de sequía de pastos ya que la entidad ha declarado el pasado mes de marzo como "un mes normal y sin sequía alguna", y, por lo tanto, "no indemnizará a los ganaderos".
Según ha explicado en una rueda de prensa en Cáceres el presidente de la entidad, Ángel García Blanco, Agroseguro "ha tenido la desfachatez de considerar marzo como un mes normal" y, según informaciones de su organización "intentan que en el mes de abril sólo se declare algo de sequía moderada".
En este sentido, Blanco ha subrayado que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "son claros y se van a utilizar".
Ha explicado que de las nueve comarcas de Extremadura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) califica de normal tres de ellas, cuatro de seco y tres de muy seco.
Las indemnizaciones que, según Asaja, habría de pagar Agroseguro como consecuencia de la sequía giran en torno a 1,80 euros por oveja para el caso de declaración de sequía normal y de 2,25 euros para el caso de sequía severa".
Ahora "se ha presentado la primavera más catastrófica de los últimos cuarenta años", ha expresado Blanco.
En cuanto al procedimiento a seguir, se iniciará un procedimiento individual a través de la póliza de un asociado para que, posteriormente, "se unan todos aquellos interesados".
Igualmente, Asaja instará a la Junta de Extremadura a que se persone en este procedimiento.
Y también se dará traslado al Ministerio de Agricultura para que vigile y sancione a esta entidad, que es "el hazmerreír del sector asegurador", ha criticado Blanco, ya que "nadie se cree los datos de Agroseguro y esperemos demostrar ante la justicia la verdad de la realidad del campo extremeño". 

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