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La Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) y la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura (AGEDREX) han valorado positivamente la aprobación y publicación del decreto de ayudas a la regeneración de terrenos adehesados.

 

La Junta de Extremadura ha publicado esta semana el decreto que regula el régimen de subvenciones destinadas a apoyar la regeneración de terrenos adehesados mediante inversiones que permitan reforzar el sistema de dehesa de alto valor natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta medida para cuya convocatoria se prevé una dotación económica de ocho millones de euros, tiene como finalidad impulsar el desarrollo sostenible de uno de los sistemas característicos de la comunidad autónoma. Desde el gobierno extremeño, su portavoz, destacaba el valor de estas ayudas por la generación de mano de obra y de puestos de trabajo, insistiendo en la necesidad de crear empleo digno como medio para vertebrar la región. La Dehesa es uno de los pilares del modelo de economía verde y circular que se pretende implementar y desarrollar en la comunidad autónoma de Extremadura.

 

Desde la Federación Española de la Dehesa se ha valorado muy positivamente todo ello, destacando la importancia de estas ayudas "para la dehesa extremeña, para su mantenimiento y mejora, puesto que se encuentra en un alto grado de envejecimiento y es necesaria su continua regeneración", indicaba la Presidenta de la Federación, María Pía Sánchez Fernández.

En esa misma línea se han expresado desde la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, su Presidente Demetrio Cáceres Murillo, ha valorado de manera positiva y necesaria esta convocatoria “tanto por el apoyo que significa a los propietarios para la realización de actividades de manejo en sus fincas, como por los numerosos puestos de trabajo que las labores que han de realizarse van a generar”. Por su parte el Director Ejecutivo de la Asociación, Raúl Cabello Bravo, ha afirmado que invertir en este ecosistema es apostar por el futuro, "ya que las dehesas son un activo que hay que preservar y mejorar continuamente, siendo un patrimonio extremeño y español que debe estar a la cabeza de las prioridades de la administración pública". Cabello ha incidido en la necesidad de que los gobiernos autonómicos y estatal destinen recursos a la dehesa por su gran faceta socioeconómica, puesto que es el “sustento de numerosos pueblos y regiones, fijando población y generando empleo y riqueza”. El director ejecutivo señalaba que este ecosistema agrosilvopastoral y ganadero "es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, de ahí la necesidad de mejorar su rentabilidad, haciéndola sostenible económicamente, a la vez que se debe trabajar en su regeneración". Para ello, aboga por analizar y elaborar un plan integral de la dehesa en su conjunto, que coordine y analice en profundidad las posibilidades y recomendaciones que pueden realizarse con la mayor eficacia y eficiencia, dando respuesta a los distintos retos presentes y futuros a los que debe hacer frente este singular ecosistema español.

 

Desde la Asociación de Gestores de la Dehesa (AGEDREX) se aboga por el desarrollo de planes de mejora y gestión individualizada con mecanismos concretos que persigan objetivos definidos y compromisos a medio y largo plazo teniendo como fin la rentabilidad económica, medioambiental, y social de estos ecosistemas únicos. La Asociación de Gestores de la Dehesa es miembro participante del grupo operativo "Repoblex", centrado en el estudio y desarrollo de buenas prácticas y TICs para optimizar los aprovechamientos de las repoblaciones de encina y alcornoque, tan necesarias para el mantenimiento y conservación de la dehesa extremeña.

 

Consideraciones importantes para mejorar la Dehesa

Ambas organizaciones han mostrado su satisfacción porque la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo haya aprobado recientemente la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, reconociendo a la Dehesa como superficie de pasto permanente, lo que sin duda ayudará a este ecosistema en la percepción de ayudas comunitarias, dejando de ser injustamente penalizados en sus solicitudes de PAC los productores que tienen dehesa. En base a todo ello estas entidades han argumentado una serie de consideraciones necesarias que la administración estatal y autonómica deben tener en cuenta al poner en marcha medidas de apoyo como es que las dehesas son fundamentalmente sistemas ganaderos (exceptuando las fincas destinadas exclusivamente a la producción de corcho o a la explotación cinegética), de forma que las medidas de ayudas a las dehesas han de perseguir el objetivo de mejora de los recursos naturales de la propia dehesa en relación a la ganadería que sustentan, propiciando un incremento de la rentabilidad económica de las mismas. El incremento futuro del arbolado que debería darse con las medidas publicadas, chocan en muchos casos con el interés económico de los ganaderos de dehesas, debido a que actualmente la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) penaliza las superficies con mayor densidad de pies al descontar la superficie de estos árboles, incluida la proyección de su copa sobre el suelo en el cálculo final de las ayudas europeas de la Política Agraria Comunitaria, puesto que de manera objetiva cuanto mayor sea la fracción de cabida cubierta, menor es el pago único.

El desbroce de matorral contemplado en la medida para posibilitar la regeneración de los chirpiales incipientes es cuanto menos discutible. Tradicionalmente el matorral propio de las dehesas ejerce una protección nada desdeñable a diversos elementos como la erosión del suelo, servir de resguardo al ganado y a especies silvestres, garantizar la biodiversidad y por tanto la todavía desconocida necesaria interacción entre especies de flora y fauna. Señalan que mayor eficacia y eficiencia en términos económicos sería tratar de acotar superficies al pasto durante periodos de tiempo suficientes para conseguir la regeneración de vuelo y suelo, y por supuesto sin excluir de las ayudas por superficies. A su vez han indicado, que la sucesiva promulgación de decretos que contemplan ayudas para diversas actuaciones consideradas de forma aisladas y susceptibles de ser aplicadas por igual a todas las dehesas con independencia de factores tan importantes como la vocación, ubicación geográfica, características edafológicas, condiciones medioambientales y en fin la idiosincrasia de cada dehesa en particular, no es un camino adecuado. Se aboga por realizar actuaciones acorde a las condiciones particulares, con ayudas de manera individualizadas puesto que hay que estudiar y dar respuesta a muchos problemas diferentes.

Por último se insiste en la necesidad de aprovechar los fondos europeos para mejorar y dar viabilidad a las dehesas, para ponerlas en situación de ser rentables económicamente como principal garantía de su supervivencia, puesto que existen fincas que nunca pueden acceder a las ayudas, otras en las que se hace innecesario o ineficaz determinadas inversiones y existen otros terrenos adehesados que han perdido de vista la razón de su existencia y se convierten en meros parques o lugares de disfrute.

La Alianza UPA-COAG solicita a la Junta de Castilla y León que "de forma urgente" abone ayudas pendientes de pago de campañas pasadas en líneas fundamentales como incorporación, mejora, agroambientales y ecológicas, según ha subrayado en un comunicado.
Según la Alianza, "la grave situación que sufre el sector actualmente debido a la sequía que ha afectado a la totalidad de cultivos y a los pastos, y a las heladas que han generado también importantes daños requiere de actuaciones urgentes por parte del Gobierno regional".
Además, según la nota de prensa, "la falta de tesorería que sufren los agricultores y ganaderos por los precios tan bajos percibidos la campaña pasada hacen absolutamente necesario que la Administración regional agilice ya mismo el pago pendiente a los profesionales del sector".
La Alianza UPA-COAG recuerda que la Junta de Castilla y León aún tiene pendiente de abonar a los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma una partida económica muy importante correspondiente a campañas pasadas, a lo que habría que sumar la cofinanciación del Magrama y de la Unión Europea.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha insistido hoy en que el Gobierno de España no puede mirar para otro lado "y cargar el mochuelo a las CCAA" en la multa que la Unión Europea ha impuesto a España por incumplir los criterios en ayudas a superficie admisible de pastos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz extremeña ha indicado que se está a la espera de que a lo largo de hoy o mañana el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que Extremadura y otras CCAA presentaron contra la decisión del Gobierno de que sean las regiones las que abonen la multa.
Sin embargo, Gil Rosiña ha asegurado que "diga lo que diga la sentencia" y lo que ayer adelantó la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, al respecto, el Gobierno extremeño mantiene que las CCAA "no estamos en disposición de asumir esa multa".
García Tejerina aseguró ayer en el Senado que son las comunidades autónomas "las responsables" de la multa impuesta por Bruselas (262,8 millones de euros) a España por incumplir los criterios en ayudas a superficie admisible de pastos.
Gil Rosiña, que prefiere ser prudente hasta que se conozca la sentencia, sí ha mostrado su satisfacción por los avances que se están logrando en Bruselas en la elaboración del nuevo reglamento "Omnibus", que regulará en el futuro estos programas.
Han indicado que gracias a una enmienda de los diputados socialistas "los que nunca han pisado una dehesa ni los pastos no pueden elaborar un reglamento, porque luego vienen las multas".
"Desde el papel es complicado saber como funciona la dehesa", ha dicho la portavoz, que está satisfecha "con el cambio de rumbo".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en 94 millones de euros el impacto que tendrá en el campo andaluz las reducciones de los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos.
En un encuentro con representantes de Asaja-Cádiz, Sanz ha destacado el alcance que tendrán para la comunidad las medidas contenidas en la Orden Ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado sobre reducciones de índices de rendimiento neto del IRPF del año 2016.
En un comunicado de prensa, Sanz ha recordado que el objetivo de estas iniciativas es "atenuar la presión fiscal sobre agricultores y ganaderos, en atención a las excepcionales circunstancias climatológicos del año pasado".
El delegado del Gobierno entiende que "esta medida de minoración de la presión fiscal para agricultores y ganaderos, con reducciones significativas en los módulos del IRPF" evidencia "el compromiso del Gobierno con un sector vital para la economía andaluza, tanto en términos de aportación al PIB como por su contribución al empleo".
En esta ocasión, los agricultores y ganaderos andaluces "se encontrarán con novedades que suponen una atenuación de la presión fiscal, en atención a las circunstancias excepcionales del año", con reducciones a escala regional para los cereales y la ganadería extensiva, entre otras.
Según ha precisado el delegado, a partir de la información fiscal y agraria disponible, se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con respecto a un año normal, "una rebaja de la base imponible de unos 94 millones de euros para Andalucia".
La mayor parte de estas minoraciones se establecen para dar respuesta a la sequía que afectó a grandes áreas de la Península, entre ellas el sureste peninsular, con reducciones en los módulos de la ganadería para paliar la falta de pastos.
En lo referente a los cultivos, se ha reducido el módulo de los cereales, con objeto de tener en cuenta la situación de precio de los cereales reduciendo su índice de rendimiento neto a nivel nacional.
Los efectos de otras adversidades climáticas sobre los cultivos en 2016, como las heladas de enero, los excesos de lluvia primaverales y los diferentes pedriscos producidos, se ven igualmente reflejados en la propuesta de reducción de módulos para aquellos municipios en los que ha habido incidencia. 

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha recibido "con mucha prudencia" la aprobación por parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) de la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes.
Santalla prefiere mantener esa prudencia mientras esa decisión no sea ratificada por el Parlamento Europeo.
Bajo su punto de vista, incluir los pastos mediterráneos dentro de los permanentes es una "necesidad a gritos" y un acto de "justicia" hacia las zonas pastables del sur de Europa, que "no tienen nada que ver" con las centroeuropeas.
Según ha señalado, será necesario hacer una "labor didáctica" ante los dirigentes europeos para que entiendan que estas superficies son zonas en las que los animales "han habitado y han pastado históricamente". 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) aprobó la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, lo que puede ayudar a ecosistemas como la dehesa española en la percepción de ayudas comunitarias, entre ellas las de la Política Agrícola Común (PAC).
Se trata de dos enmiendas presentadas por el PP y el PSOE para modificar esta definición, lo que supone "el pleno reconocimiento de la dehesa española como beneficiaria de las ayudas de la PAC", afirmó la eurodiputada popular española Esther Herranz a través de un comunicado.
"La legislación europea actual sólo reconoce como pastos permanentes aquellos en donde predominan los herbáceos, sin tener en cuenta las especies leñosas presentes en los pastos mediterráneos, lo que se ha traducido en un agravio comparativo entre el Sur y el Norte de Europa", indicó la eurodiputada al término del voto.
Esa disposición se ha traducido "en penalizaciones injustificadas sobre los pastos leñosos, que además tienen un gran valor ecológico, lo que se contradice con el espíritu de la última reforma de la PAC, en la que se ha querido promover una mayor aportación del campo a los requisitos medioambientales de la sociedad", según Herranz.
La eurodiputada afirmó que "el informe de la comisión parlamentaria será tenido en cuenta en el voto final del próximo pleno del Parlamento y en las negociaciones con el Consejo de la UE" sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) de revisión de los textos legislativos conocida como "ómnibus".
Se trata de una serie de modificaciones legislativas planteadas por la CE, que busca simplificar las políticas europeas, entre ellas la Política Agrícola Común (PAC), que conllevaría cambios en los pagos directos y en los reglamentos de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), de desarrollo rural y financieros.
Entre otras mejoras, España espera un mayor reconocimiento del uso y aprovechamiento de los pastos leñosos -presentes en ecosistemas como las dehesas- para mejorar así los coeficientes de admisibilidad, determinantes en la percepción de ayudas.
El reglamento "Ómnibus" se aplicaría hacia 2018, antes de la futura reforma de la PAC.
En el último consejo de ministros de Agricultura celebrado en Luxemburgo, la ministra española Isabel García Tejerina pidió que este reglamento incluya una nueva definición de pastos "más adecuada a la realidad española". 

La organización profesional agraria ASAJA Extremadura ha presentado una denuncia contra Agroseguro por una supuesta "estafa" en el seguro de sequía de pastos ya que la entidad ha declarado el pasado mes de marzo como "un mes normal y sin sequía alguna", y, por lo tanto, "no indemnizará a los ganaderos".
Según ha explicado en una rueda de prensa en Cáceres el presidente de la entidad, Ángel García Blanco, Agroseguro "ha tenido la desfachatez de considerar marzo como un mes normal" y, según informaciones de su organización "intentan que en el mes de abril sólo se declare algo de sequía moderada".
En este sentido, Blanco ha subrayado que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "son claros y se van a utilizar".
Ha explicado que de las nueve comarcas de Extremadura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) califica de normal tres de ellas, cuatro de seco y tres de muy seco.
Las indemnizaciones que, según Asaja, habría de pagar Agroseguro como consecuencia de la sequía giran en torno a 1,80 euros por oveja para el caso de declaración de sequía normal y de 2,25 euros para el caso de sequía severa".
Ahora "se ha presentado la primavera más catastrófica de los últimos cuarenta años", ha expresado Blanco.
En cuanto al procedimiento a seguir, se iniciará un procedimiento individual a través de la póliza de un asociado para que, posteriormente, "se unan todos aquellos interesados".
Igualmente, Asaja instará a la Junta de Extremadura a que se persone en este procedimiento.
Y también se dará traslado al Ministerio de Agricultura para que vigile y sancione a esta entidad, que es "el hazmerreír del sector asegurador", ha criticado Blanco, ya que "nadie se cree los datos de Agroseguro y esperemos demostrar ante la justicia la verdad de la realidad del campo extremeño". 

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha situado hoy en primer lugar las ayudas de "minimis" que concede la Unión Europea para poder paliar los efectos de la sequía en el ámbito agrícola y ganadero de la Comunidad.
"Las ayudas de 'minimis' son la única medida importante que el sector quiere, a partir de ahí todas las siguientes, pero esos 15.000 euros por explotación que la Unión Europea permite tiene que ser una realidad si es una catástrofe la cosecha de Castilla y León", ha manifestado Dujo en declaraciones a los periodistas.
Para el líder de Asaja en la Comunidad, en estos momentos la situación por la sequía es "crítica" en Castilla y León y, si en los próximos quince o veinte días no llueve, va a ser catastrófica tanto para los secanos como para los regadíos y pastos, para el sector agrícola y ganadero.
"Ante esta situación catastrófica tiene que haber medidas económicas y políticas conjuntas" de la Administración regional y nacional, ayudas de 'minimis', préstamos a interés cero con años de carencia, supresión de tasas y pagos fiscales y de la Seguridad Social en el próximo año y un plan para mejorar la reestructuración de regadíos y sobre todo del seguro agrario, ha subrayado.
Dujo ha precisado que estas peticiones ya han sido recogidas por la Consejería, desde la que les han dicho que están en conversaciones con el Ministerio, que aún es pronto ya que hay que seguir analizando las cosechas, "pero no han descartado ninguna medida".
"No es la primera vez que se ponen las ayudas de "minimis" para sectores y más que nunca, si siguen así las cosas, el sector agrícola y ganadero de esta Comunidad este año las necesita", ha resumido Donaciano Dujo. 

Las áreas afectadas por incendios no autorizados no serán admisibles para recibir ayudas agrarias financiadas por la UE a través de la Política Agrícola Común (PAC), según ha comunicado el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado.
Según ha informado este departamento, esas zonas quemadas deberán asimilarse al suelo desnudo (sin vegetación) y los solicitantes de subvenciones deben descontarlas por el coeficiente de admisibilidad de pastos o por la delimitación de un recinto Sigpac (sistema de información geográfica de parcelas agrícolas) de uso improductivo.
Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio ha precisado que la superficie declarada ha de ser admisible, es decir, tiene que estar en buenas condiciones todo el año natural.
Así, una vez que la Consejería de Desarrollo Rural declare que se ha restaurado la cubierta vegetal y que la superficie vuelve a tener un uso agrario, el FEGA estimará que ese terreno es admisible para la percepción de las ayudas directas de la PAC a partir del 1 de enero del año siguiente.
Además, cuando la superficie vuelva a ser admisible se deberá mantener el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que tenía el recinto de manera previa al incendio, que refleja la situación normal de la zona de pasto, y hacia la que tenderá de nuevo la superficie tras el fuego.
Según la comunicación del Ministerio, un incendio no autorizado no debe producir, a medio o largo plazo, un incremento de la superficie admisible a efectos del cobro de las ayudas de la PAC y, de lo contrario, se podría tratar la situación como un caso de "creación de condiciones artificiales" con las correspondientes penalizaciones.
Asimismo, el FEGA indica que únicamente en el caso de incendios de origen natural se podría aplicar la cláusula de circunstancias excepcionales y fuerza mayor siempre que haya declaración expresa por parte de la autoridad competente reconociendo la catástrofe natural y una delimitación de la zona afectada. 

La organización Asaja propondrá mañana doce medidas al Consejo Regional Agrario, entre consultivo principal entre el sector y la Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar unos "mínimos de supervivencia" para el sector agroganadero, ante una sequía "sin precedentes".
Tras dos tercios de la campaña de secano, "hundido" el regadío por la imposibilidad de sembrar en "muchas" zonas, y con el pasto "ya agostado", habrá "daños y pérdidas en la práctica totalidad de las 72.000 explotaciones de Castilla y León", ha augurado Asaja mediante un comunicado.
Los problemas "excepcionales" exigen "medidas excepcionales", ha subrayado Asaja, que ha demandado a las administraciones que den la "talla" para proteger al sector en un momento "crítico".
Entre las doce actuaciones que propone, se encuentran las ayudas de "minimis", para los agricultores profesionales que cotizan a la Seguridad Social, unos apoyos que autoriza Bruselas para "reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional".
También demanda la consignación de una partida bianual en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2017 de cien millones de euros, destinados a préstamos subvencionados, a siete años, con dos de carencia, mediante convenios con la banca privada.
Reducciones fiscales, exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y el aplazamiento del pago a los regantes tanto de la tarifa de riego como del canon de regulación de la campaña 2017 se encuentran también entre las propuestas de esta organización.
Asaja reclama además, entre otras medidas, el compromiso de anticipar todas las ayudas de la PAC, a todos los agricultores y ganaderos, en la segunda quincena de octubre, y modificar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el "pago verde" y las medidas agroambientales. 

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